Puntual como acostumbra ser para sus actividades laborales, el secretario de Estado Miguel Ángel Osorio Chong llegó a su cita con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Era la mañana del pasado 28 de junio. Traje oscuro impecable, corbata y zapatos lustrosos vestía el responsable de la política interna del país. En la sala de juntas ya lo esperaban senadores y diputados. Al titular de Gobernación lo acompañaba un equipo mínimo de asesores, de esos que acostumbran a elaborar tarjetas informativas ante preguntas incómodas o difíciles de responder. Sólo un fólder con documentos y notas al margen llevaba el funcionario.
Antes de iniciar la reunión de trabajo se puso de acuerdo con los legisladores sobre el carácter de dicho encuentro. La propuesta del secretario, que fue la que se impuso al final, era que la reunión se mantuviera en la confidencialidad, nada de prensa y nada de comunicados, sin importar que los ahí presentes sean representantes populares ni que el secretario de Gobernación sea un servidor público y que, por su mismo carácter, su trabajo también debe ser público, sobre todo cuando la reunión convocada era para explicar asuntos de seguridad nacional que interesan a todos los mexicanos.Tres temas estuvieron latentes en el encuentro sobre la vulnerada seguridad nacional mexicana: el espionaje por parte de los órganos de inteligencia de Estados Unidos, los cuales espían a los mexicanos y violan sistemáticamente sus derechos humanos; la cada vez más violenta acción de las bandas del crimen organizado que actúan impunemente en todo el país, y la opacidad con la que el gobierno federal maneja al principal órgano de seguridad nacional del país: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En la reunión de varias horas tocó el turno de hablar sobre la estructura del Cisen, del gasto desmedido y sin control que este órgano de inteligencia realiza y al cual ni la misma Auditoría Superior de la Federación (órgano dependiente del Congreso de la Unión) ha podido fiscalizar, así como los elevados salarios que perciben sus mandos superiores, similares al del presidente de la República.
A diferencia de otras agencias de inteligencia de países europeos o del mismo Estados Unidos, el Cisen y la Secretaría de Gobernación han rechazado sistemáticamente miles de solicitudes de ciudadanos y periodistas que intentan saber quiénes están al frente de ese órgano de seguridad nacional mexicano, cuánto ganan y el gasto que realizan con dinero público para el pago de informantes, viáticos, teléfonos y en general sobre el equipo de trabajo que utilizan.
A excepción del Cisen, desde siempre se ha conocido quiénes son los responsables de vigilar la seguridad nacional y la seguridad pública, sus estructuras, sus salarios y los presupuestos asignados a cada dependencia. Igualmente todo es auditable por el Congreso y eso los obliga a actuar con mayor transparencia y eficacia en su gasto público. Las secretarías de la Defensa Nacional, la Armada de México y Seguridad Pública, igual que la Procuraduría General de la República, han transparentado sus estructuras y organizaciones, su administración y se conoce a todos los funcionarios responsables de las áreas, por más sensibles que éstas sean. A fin de cuentas son servidores públicos y es el pueblo quien paga sus ingresos.
Sin embargo, el Cisen es el único órgano de seguridad nacional que no permite a los mexicanos ni siquiera conocer los nombres de funcionarios de mandos superiores, excepto su director general (Eugenio Ímaz Gispert), y tampoco los onerosos sueldos que perciben y el gasto desmedido que realizan bajo el emblema de la seguridad nacional. Toda la información sobre este órgano de inteligencia está oculta y eso conlleva una falta de rendición de cuentas y un gasto desmedido injustificable.
Cuando se trata de obtener información del Cisen, hasta el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) se ha vuelto cómplice de ese órgano para impedir que la ciudadanía conozca su estructura, identifique quiénes son sus coordinadores y directores de las diversas áreas, así como el gasto que realiza en salarios y en la adquisición de armas, de equipo de comunicaciones, de vehículos y en general de todos los bienes y servicios contratados.
Ante los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, fue el mismo secretario de Gobernación quien confirmó que toda esa información sobre la estructura orgánica del Cisen, así como los sueldos de sus funcionarios y el gasto en general deben ser públicos. Es más, precisó el titular de Gobernación ante las dudas de algunos legisladores, “esos datos siempre han sido públicos y se encuentran en internet, específicamente en los portales de transparencia”.
Seguramente, cuando Osorio Chong preparaba en su oficina los apuntes para la reunión oficial con diputados y senadores, sus asesores del Cisen le reportaron que la información solicitada por dos legisladoras, una del Partido Acción Nacional y otra del Partido de la Revolución Democrática, ya era del dominio público. Nadie lo alertó que desde la creación del Cisen éste mantiene oculta, por cuestiones de “seguridad nacional”, su estructura orgánica y los onerosos salarios que reciben sus directivos, a quienes lo que menos les importa es que se conozcan sus ingresos en un país en donde la mitad de su población vive en la miseria y una cuarta parte en la pobreza extrema. Y ya ni hablar del gasto de recursos públicos en la operación de alrededor de 3 mil 500 trabajadores que integran la nómina del Cisen.
Antes de responder las dudas de senadores y diputados sobre la opacidad del Cisen, Osorio Chong parecía desconocer la operación de ese Centro y ante todo que ese órgano de seguridad nacional nunca ha transparentado su estructura orgánica, sus sueldos y el gasto. Todo lo mantiene oculto bajo el velo de la “seguridad nacional”, lo que por sexenios ha permitido gastos desmedidos, desvío de recursos públicos, abuso de poder, tráfico de influencias, nepotismo, corrupción y, lo más grave, la violación de los derechos humanos.
Apenas en mayo pasado, en la edición 336 de Contralínea, dimos cuenta de esa estructura orgánica del Cisen, los nombres de sus 39 mandos superiores, sus salarios y algunos de los despilfarros cometidos por funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
Ahora, en su comparecencia ante la Comisión Bicameral, el secretario de Gobernación confirmó que toda esa información que ha estado oculta por muchos años debe ser pública. Así se lo dijo Osorio Chong a senadores y diputados de todos los partidos políticos, y aunque la reunión se celebró a puerta cerrada, ya no hay pretexto para que el Cisen no transparente y rinda cuentas de lo que gasta y de lo que hace.
En esa reunión del pasado 28 de junio en el Senado de la República, Osorio Chong se refirió directamente a lo publicado por Contralínea, y rechazó ante los legisladores que los datos publicados en la revista hubieran sido producto de “filtraciones”, como le insistieron dos diputadas integrantes de la Comisión durante la comparecencia.
A pesar de los reiterados cuestionamientos de los legisladores, Osorio Chong se mantuvo firme en asegurar que esos datos eran públicos e insistía, una y otra vez, en que no había ocurrido ninguna fuga de información desde el Centro, por lo cual aseguraba que la institución “seguía siendo ciento por ciento confiable” con la llegada del nuevo gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.
En esta reunión oficial con el Poder Legislativo –prevista en la Ley de Seguridad Nacional y su Reglamento–, el secretario de Gobernación dijo al general Raúl Macías Sandoval, diputado presidente de la Comisión; a las diputadas Adriana González Carrillo, secretaria, y Lizbeth Rosas Montero, integrante; y a los senadores Ismael Hernández Deras y Francisco Yunes Márquez, integrantes, que la información del Cisen debe ser pública y hasta los invitó a verificarla en internet.
Fue hasta días posteriores a esa comparecencia cuando el Cisen subió al portal de transparencia apenas algunos nombres de su estructura reclamada: Eugenio Ímaz Gispert, director general; Carla Alejandra Carrillo Hervert, titular de la Unidad de Enlace; Gerardo de la Cruz Castro Estrada, diretor de Recursos Materiales y Servicios Generales; Jesús Meza Zapata, titular del Órgano Interno de Control; Tomás Cuauhtencos Rosales, titular del Área de Auditoría Interna; Eduardo Castillo Monroy, titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Función Pública; y Ricardo López Lerín, titular del Área de Responsabilidades y Quejas.
Los últimos cuatro funcionarios de esta lista están adscritos a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y no al Cisen. Son los encargados de fiscalizar el gasto y el desempeño público. Todas las dependencias federales cuentan con esos cargos y pertenecen a la estructura de la SFP. Así, en los “portales de transparencia” del Cisen sólo son públicos los nombres del director general, la titular de la Unidad de Enlace y el director de Recursos Materiales y Servicios Generales. Es decir, apenas tres de los 39 altos funcionarios del Cisen que Contralínea dio a conocer en su edición 336. Todavía debe el Cisen 36 nombres de los directivos de esa estructura cerrada.
Ya se cumplió 1 mes de esa reunión entre el responsable de la política interna del país con representantes de las dos cámaras del Congreso de la Unión y hasta ahora las instrucciones de Osorio Chong no han sido cumplidas por el Cisen. Por eso en el escritorio del secretario de Gobernación hay una solicitud de una legisladora para que explique en qué portales de internet se encuentra la información solicitada. Y si no la hay por algún “error”, es momento de que la suban a su página, pues –en sus propias palabras– se trata de información que obligadamente debe ser pública, aunque haya algunos oficiosos que sostengan que esos datos ponen en riesgo la seguridad nacional.
En general, los legisladores de la Comisión Bicameral se quejaron de recibir a cuentagotas información atrasada, genérica y superficial de uno de los temas más importantes que preocupan al país: la seguridad nacional.
*Periodista
Fuente: Contralínea 345 / julio 2013
