Para estar en medio de un proceso penal por supuestos vínculos con el crimen organizado, concretamente con el cártel de Michoacán que dirige un viejo hombre apodado la Tuta, al hermano del gobernador de ese estado, el diputado federal Julio César Godoy Toscano, se le ve tranquilo haciéndole frente a la prensa. La seguridad que muestra el legislador ante las cámaras se debe, quizás, a las constantes torpezas que ha cometido la Procuraduría General de la República (PGR) para integrar las averiguaciones previas, lo que ha traído como consecuencia que jueces federales liberen a los acusados. Ahora Godoy cree que puede correr la misma suerte.
Ante esa incapacidad de las autoridades federales para lograr, con pruebas suficientes, procesar y encarcelar a los alcaldes perredistas de Michoacán, todos acusados de vínculos con el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón se ha dado a la tarea de filtrar a la prensa parte de las evidencias que ha encontrado en sus investigaciones, como es el caso de la grabación de una conversación entre Godoy Toscano y el líder de la banda de Michoacán, en donde es claro para la opinión pública la estrecha relación que mantenían; pero ante tribunales las denuncias han sido débiles.
Con estas revelaciones del proceso penal por parte de la autoridad, la PGR no sólo viola la confidencialidad que debe guardar la investigación ministerial, sino que comete otros delitos que además atentan en contra de los derechos humanos del legislador, quien aunque logre quedar en libertad por la impericia legal de la PGR y sus violaciones al secretismo del proceso, la sociedad ya lo juzgó y, al igual que la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo ha encontrado culpable (aunque a estas alturas lo que menos le importa es su imagen).
Otra circunstancia extraña en lo que se ha llamado el michoacanazo, son los motivos reales de la dirigencia nacional del PRD, a cargo de Jesús Ortega, para exigirle a Godoy su renuncia a ese organismo político, pues de manera contraria se actuó cuando se defendió el caso de Gregorio Sánchez, quien soñaba con convertirse en gobernador de Quintana Roo y terminó tras las rejas en un penal de máxima seguridad por acusaciones de vínculos con cárteles de las drogas y lavado de dinero.
¿Por qué el PRD defiende a Greg, quien aún en prisión sigue siendo perredista, y Godoy es abandonado a su suerte y obligado a renunciar a su militancia? Podría ser porque pertenecen a tribus distintas, aunque en la dirigencia del partido digan que la renuncia de Godoy fue para evitar ensuciar más su imagen.
Sin embargo, el problema de fondo no es qué pasará con este diputado federal, sino la enorme lista que incluye perredistas, priistas, petistas y hasta panistas, y engrosa los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ese órgano de la Secretaría de Hacienda que se ha convertido en una verdadera amenaza para los políticos, funcionarios y legisladores con aspiraciones electorales y con cuentas bancarias muy abultadas, cuyo origen ilícito nadie puede comprobar.
Pero como dicen que en política todo se vale, aunque la UIF también ha integrado expedientes de panistas con dudosas operaciones financieras y presunto lavado de dinero, el gobierno de Felipe Calderón sólo le da curso a las acusaciones penales en contra de políticos de oposición, principalmente del PRD y muy pronto del Partido del Trabajo. A los militantes panistas y algunos priistas, tiene órdenes de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa y sus expedientes financieros sospechosos y relevantes son enviados simplemente al archivo muerto. Como ejemplos –lo hemos comentado aquí–: los casos de Patricio Patrón Laviada, Emilio Chuayffet, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, a quienes la UIF les abrió investigaciones y la PGR sólo espera instrucciones.
Por eso llama mucho la atención que las dirigencias políticas de todos los partidos de oposición guarden silencio ante el perverso uso político por parte del gobierno federal, de uno de los órganos de inteligencia más importantes del país, o al menos que sí funciona, como es la UIF, pues ésta ha investigado los depósitos y retiros de políticos en sus cuentas bancarias y de familiares directos, transferencias a instituciones extranjeras, pago de seguros y compra de bienes muebles e inmuebles, en donde ha encontrado muchos indicios de dinero injustificable.
El plan calderonista es utilizar esos expedientes financieros contra miembros de la oposición conforme se agote el plazo hasta llegar al proceso electoral de 2012. Esto generaría el descrédito de la oposición entre la opinión pública y los panistas creen que les permitiría mantenerse un periodo más en Los Pinos.
Así, los partidos políticos de oposición (PRD, Partido Revolucionario Institucional, PT, Convergencia) habrían caído en la trampa del gobierno, al permitir que sólo sus militantes sean investigados –algunos de ellos por delitos graves como delincuencia organizada y lavado de dinero–, mientras que los panistas tienen la vía libre para delinquir.
Otra de las áreas fiscales que está alerta en las investigaciones de miembros de oposición es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que dirige el jefe Alfredo Gutiérrez Cortina y quien ha ordenado auditorías a varios políticos que han sido señalados por la UIF como posibles lavadores de dinero.
El responsable director de esas auditorías es Alberto Real Benítez, administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, quien ha iniciado ejercicio de facultades para comprobar no sólo evasión fiscal de muchos políticos, sino sus posibles vínculos con el crimen organizado y el blanqueo de capitales en los circuitos financieros del país.
Sólo es cuestión de tiempo para conocer nuevas denuncias penales de Hacienda contra militantes de la oposición.
