Cuando parece que todo está perdido; que la corrupción gubernamental y empresarial, el abuso de poder de la burocracia y el tráfico de influencias de los servidores públicos han ganado la batalla, aparece unida la crítica social y obliga a los abusadores a recular.
Éste es el caso de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encabezados por Alejandro Luna Ramos, quienes cabildearon con el gobierno federal y su partido (Revolucionario Institucional, PRI) para obtener un “haber de retiro”, que no es otra cosa que una pensión vitalicia después de que dejan el cargo, como ahora la cobran los 11 exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante el evidente abuso que pretendían también los responsables de ese Tribunal, la sociedad toda reprochó la descarada pretensión de los magistrados y obligó al Congreso de la Unión y a los siete “ofendidos” a dar marcha atrás en su cínica propuesta e impedir así que se cometiera un abuso más con dinero público.
Fue el mismo presidente del Tribunal, Luna Ramos, quien anunció que no cobrarían ningún bono por su retiro, y se lamentó que los medios de comunicación los ataquen y que la población haga juicios a partir de información “imprecisa, maliciosa y tendenciosa”.
Veamos ahora si lo que dice el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, es cierto.
Más de la mitad de la población en México tiene distintos niveles de pobreza, y la tercera parte –unos 40 millones de personas– vive con deficiencias extremas. Unos 80 millones de mexicanos sufren también problemas de alimentación, salud, educación y vivienda. A eso sumamos la inseguridad y violencia; el desempleo y subempleo; la pérdida del poder adquisitivo y la recesión económica; la corrupción gubernamental y privada; el abuso de poder y el tráfico de influencias.
En medio de esta crisis que ha llevado a la sociedad al borde del colapso, observamos el cinismo de los siete magistrados del TEPJF que creen merecer un trato especial por haber avalado las elecciones presidenciales de 2012.
Sin duda se trata de un ejemplo más de cómo servidores públicos asumen sus funciones con el propósito de enriquecerse ilícita e inmoralmente, ante la complacencia y complicidad de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, la población ya enjuició a los magistrados y los sancionó públicamente.
Esta forma de actuar, que se replica en todos los niveles de la función pública, explica el alto índice de pobreza en el que se encuentra el país y el riesgo alarmante de estallidos sociales, como ya ha sucedido en varios estados de la República (Guerrero, Oaxaca y Michoacán).
A esos siete magistrados abusivos, responsables de avalar la elección presidencial en 2012, les tiene sin cuidado que México sea uno de los países más pobres de América Latina y que en el primer trimestre de este año el país haya enfrentado una recesión económica, pues a ellos sólo les importa garantizarse un elevado salario de por vida pagado con el erario público.
Pero fue la protesta e inconformidad social la que obligó al PRI a proponer que esa pensión de por vida se reduzca a pagarles a los siete magistrados sus sueldos durante 2 años sin trabajar. Vaya canonjía para esos “servidores públicos”, mientras la clase obrera y campesina vive con salarios de hambre.
Esta prestación –que ya había sido aprobada por el Congreso en las leyes reglamentarias de la reforma política– sólo refleja el abuso en el que han vivido los magistrados del Tribunal Electoral durante muchos años.
Se trata de un evidente dispendio, pues además de los buenos sueldos que ahora reciben esos magistrados y mandos medios y superiores, también se asignaron en 2012 un bono por el “apoyo” al proceso electoral, que consistió entre 1 y 2 meses de sueldo a cada trabajador, dependiendo del cargo; otro bono de la misma dimensión les fue entregado después del 1 de julio de ese mismo año, nuevamente por “apoyo” a las elecciones presidenciales, y por si eso fuera poco, los magistrados del Tribunal Electoral han dispuesto que cada 4 meses se les pague un bono económico equivalente a 1 mes de salario.
En esta columna describimos en 2012 el abuso que desde entonces se vivía en el TEPJF: los siete magistrados se autorizaron camionetas blindadas modelo Grand Cherokee, con valor aproximado a 1.5 millones de pesos por cada vehículo; cada uno de ellos tiene asignado para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina y choferes; su ingreso mensual neto fluctúa entre los 230 mil y 250 mil pesos, el mismo sueldo que gana el presidente de la República; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa MetLife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento con dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.
Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, con cero coaseguro; es decir, que por cualquier gasto que genere el internamiento del magistrado o magistrada en algún hospital de lujo no desembolsará 1 solo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.
Como estos siete magistrados fueron los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su legalidad para declarar quién fue presidente electo, necesitaban más estímulos económicos que los alejaran de tentaciones de corrupción o de componendas política, por ello votaron a su favor para asignarse, antes del 1 de julio de 2012, un bono por riesgo de 500 mil pesos, lo que equivalió a 2 meses de sueldo.
El TEPJF también ha dispuesto que sus siete magistrados no gasten su sueldo en el consumo de alimentos, por lo cual les otorga 15 mil pesos mensuales, dinero equivalente al salario mínimo que recibirían en el mismo lapso de tiempo ocho trabajadores mexicanos. Si los 15 mil pesos no son suficientes para sus costosas comidas, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal pagará como “atención a magistrados”.
Entre los gastos “menores” en beneficio de los magistrados está la disposición de más de 100 mil pesos para comprarle a cada uno su iPad; también una moderna cafetera a un “mínimo” costo de 20 mil pesos; o la lujosa camioneta para el presidente Luna Ramos, una Toyota Sequoia, que tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos.
Pero los siete magistrados no sólo están interesados en su bienestar económico, su seguridad y sus alimentos, sino también en participar en la recomendación de su personal, de amistades y compadres en cargos de mandos superiores y medios del Tribunal. Es decir, el nepotismo.
En aquel año de 2012 escribí en esta columna: “Por ejemplo, Rolando de Lasse Cañas, coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del Tribunal, despidió al director de Proyectos, René Alvarado, y en su lugar entró Valentín Rosas García, quien entre pasillos presume su amistad con uno de los hijos del doctor Luna Ramos.
“Lo más grave de esa remoción del ingeniero Alvarado y que por lo menos debería preocupar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se dio porque el funcionario se negó a firmar y aceptar las nuevas estimaciones económicas para una obra de remodelación y ampliación de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey, Nuevo León, que tuvo un desembolso del erario de entre 55 [millones] y 60 millones de pesos, con deficiencias de tiempo y costo. Dicha obra estaba planeada para concluirse en marzo, pero demoró 4 meses más y tuvo un sobrecosto de 15 millones. El encargado de vigilar el buen uso de los recursos es Rolando de Lasse Cañas.
“Otro despido injustificado fue el del ingeniero Roberto Healty, quien tuvo que dejar la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal para que a su lugar llegara Ricardo Zetina, también recomendado de De Lasse Cañas, quien procura siempre estar atento a las peticiones del presidente Luna Ramos y de los magistrados Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza y Salvador Olimpo Nava Gomar.
“A la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del TEPJF le atribuyen algunos despidos injustificados de directores, coordinadores y asesores. Por ejemplo, a Carlos Sánchez, que era asesor del director general de Recursos Materiales, lo habían ascendido como director de Adquisiciones, pero sólo duró 1 semana en el cargo porque fue removido y despedido del Tribunal. El titular de dicha Coordinación de Adquisiciones es el doctor Rolando de Lasse Cañas, quien tuvo un desempeño polémico como director Jurídico del Instituto Federal Electoral y también se desempeñó como secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia”.
*Periodista
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Contralínea 387 / 25 de Mayo al 01 de Junio
