En la medida de sus posibilidades, el secretario Ernesto Cordero tiene aspiraciones de ocupar la silla presidencial. Para lograrlo, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está dispuesto a todo. Por lo pronto, ya cuenta con el aval de su jefe Felipe Calderón para convertirse en el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) para la contienda electoral de 2012.
Aunque está en todo su derecho de aspirar a ocupar la Residencia Oficial de Los Pinos, este funcionario debe sujetarse al marco legal, sobre todo por el cargo que desempeña en el gobierno federal. Por eso sorprende que el secretario de Hacienda utilice esa dependencia para buscar espantar a otros precandidatos presidenciales, incluidos algunos panistas que, como él, darán la batalla al interior del partido oficial.
Entre los que han manifestado su intención de ir a la contienda por la Presidencia de la República, destacan Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, por el Partido Revolucionario Institucional; Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, por el Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y Convergencia, y Santiago Creel y Alonso Lujambio, por el PAN.
Lo que hace diferente a Ernesto Cordero y le da algún poder es el órgano de inteligencia financiera que tiene bajo su control y que lo convierte en un lobo con piel de Cordero.
Ese órgano se llama Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y es similar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sólo que especializado en finanzas; además, éste sí funciona, pues tiene acceso a cualquier información o archivo de las instituciones financieras del país y también de las cuentas de mexicanos en el extranjero.
En los últimos años, ese órgano ha integrado miles de expedientes de políticos, burócratas, legisladores, gobernadores y líderes sociales, a quienes les ha revisado sus movimientos financieros y fiscales; aperturas de cuentas bancarias en México y en el extranjero, propias y de familiares; depósitos en efectivo en dólares y pesos; transferencias; compra de seguros, y la adquisición de bienes muebles e inmuebles en, por lo menos, la última década.
Son estos expedientes financieros los que tienen muy nerviosos a políticos y burócratas: unos, por cuentas pendientes con el fisco y, otros, por manejos poco claros de sus estados financieros, pues saben que ha llegado el momento en que dicha información podrá ser utilizada en su contra, como le sucedió al mexiquense Arturo Montiel cuando intentó convertirse en el candidato priista a la Presidencia de la República, pero la Hacienda panista lo impidió al hacer público su expediente fiscal y financiero, en donde se involucraba también a sus hijos. Hecho que mató las aspiraciones del mexiquense.
Algunos de esos expedientes, elaborados por la UIF, órgano dependiente de la SHCP, han sido publicados en Oficio de Papel, como las cuentas bancarias del presidente del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones; los movimientos financieros sin comprobar del líder mexiquense en la bancada priista en la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor; el presunto lavado de dinero de la familia del panista Patricio Patrón Laviada, procurador federal de Protección al Ambiente y amigo de Felipe Calderón, y las relaciones con el crimen organizado y el narcotráfico del perredista Gregorio Sánchez, exaspirante a la gubernatura de Quintana Roo y actualmente preso en un penal de máxima seguridad.
Pero eso no es todo. En la UIF han dispuesto de un equipo especial de investigadores para integrar nuevos expedientes financieros de los principales precandidatos presidenciales, de funcionarios y familiares que los rodean, como es el caso del priista Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México; su secretario General de Gobierno, Luis Miranda Nava; del exgobernador Arturo Montiel; del presidente municipal de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas, y otros políticos y funcionarios mexiquenses que rodean a Peña Nieto. De algunos, según fuentes hacendarias, ya tendrían información sobre supuesta defraudación fiscal y otros delitos financieros, como el lavado de dinero.
Aunque Ernesto Cordero es un político incipiente, sabe que, sin amarres políticos, sus aspiraciones presidenciales no tienen mucho futuro a pesar de contar con la venia presidencial. Por eso designó, en su primer equipo de Hacienda, como subsecretario de Ingresos a José Antonio González Anaya, quien es concuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari, por aquello de que no vaya a ser cierto lo que dice Andrés Manuel López Obrador, de que el innombrable es la mafia tras Los Pinos.
