Centro de Colaboraciones Solidarias

El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas exigió al Estado español que investigara de una vez los cientos de miles de desapariciones forzadas del franquismo. Porque son 133 mil desaparecidos, según Amnistía Internacional. España es el segundo país en desaparecidos forzados del mundo tras la Camboya de los jemeres rojos; mucho más que Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay juntos bajo las dictaduras militares.

La ONU también reclamó procesar a los responsables del franquismo de desapariciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho oídos sordos (como hizo el del Partido Socialista Obrero Español) y las víctimas de la dictadura franquista han de ir a Argentina a buscar justicia.

Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos, ha denunciado la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con las torturas y los malos tratos a detenidos por policías. Amnistía Internacional ha denunciado casos en España desde 2007 en tres informes. Y asegura que “no sólo hay malos tratos y torturas, sino impunidad de los torturadores”.

Cambiemos de tercio. Jueces, fiscales, catedráticos de derecho y abogados critican con dureza las propuestas del nuevo Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana, porque criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Incluso el Consejo del Poder Judicial lamenta que este gobierno supere a Franco y Primo de Rivera, pues va más lejos que esos dictadores, que nunca introdujeron la cadena perpetua en el sistema penitenciario. Y el Partido Popular (PP) sí lo hace, aunque la llame “prisión permanente revisable”.

Para Jueces por la Democracia esa reforma penal es ilegítima, porque la realidad de delitos del país no pide aumentar las conductas a castigar ni las penas. Las tasas de delitos disminuyen desde hace más de 10 años y, según Eurostat (la oficina europea de estadística), España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa.

Esta reforma es ilegítima por innecesaria y por crear un nuevo delincuente: el disidente político. Incluso desde la conservadora Asociación de Jueces Francisco de Vitoria se sostiene que las propuestas “atentan contra derechos fundamentales de las personas, criminalizan conductas sociales y tienen un contenido marcadamente ideológico y político”.

Se afianza el autoritarismo, cuando destacados dirigentes del PP, como Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid, afirma que la ley es muy permisiva con los derechos de reunión y manifestación. Y quiere “modularla”. ¿Modularla? Quieren hacer ilegal la protesta ciudadana para reprimirla a placer. Como en la dictadura franquista.

Pero no sólo de represión viven los autoritarios. Defienden a capa y espada sus intereses de clase. Según el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el nuevo Código Penal no hay instrumentos para acabar con la corrupción. La reforma, denuncia, creará amplios y peligrosos espacios de impunidad y será más difícil combatir la delincuencia organizada y la corrupción.

Si añadimos que la Fiscalía mira a otro lado ante los posibles delitos del partido del gobierno por su contabilidad B, se opone a que Mariano Rajoy declare en el caso Bárcenas, no investiga la destrucción de discos duros del imputado extesorero Bárcenas y se querella contra el juez Elpidio José Silva, que envió a prisión al expresidente de Caja Madrid (muy amigo de José María Aznar), el escenario resultante es el de un régimen autoritario y bananero. Pero no menos peligroso.

La minoría económica que tiene el poder provocó la crisis. Decidió que era buena ocasión para cargarse el llamado Estado de bienestar y convirtió la crisis en saqueo. Pero la gente reaccionó. Y la minoría empezó a vaciar la democracia, ya muy tocada. Se pasaron por el arco de triunfo la soberanía de los países, colocaron a sus tecnócratas en los gobiernos y forzaron a tirar por el retrete los compromisos electorales. Y gobernó la troika, mientras se violaban derechos cívicos, políticos, económicos y sociales de la gran mayoría ciudadana. Pero como la gente no se quedó quieta (aunque aún no ha reaccionado lo que debiera), ahora toca represión.

En esas estamos. No sólo en España. En toda Europa se cuecen habas represivas. Como ahora en Alemania. Parte de Hamburgo ha sido puesto en estado de excepción para que la policía identifique, registre y detenga cuando quiera. Así responden las autoridades a la magna protesta ciudadana contra el cierre de un centro cultural.

El reto es que la mayoría ciudadana pierda el miedo para que las cosas cambien.

 *Periodista y escritor