Angélica Gay Arellano* / Salomé Almaraz*

El tema de las patentes en México ha despertado recientemente un debate en materia de derechos humanos; sobre todo, porque está ligado a la inversión en tecnología y desarrollo que se realiza en el país. Parte de la discusión se centra en el término mismo de “desarrollo científico”, pues, para muchos, este “progreso” es parte de una ideología occidental que en el fondo minimiza, excluye o impide acceder a otras experiencias, perspectivas y creencias culturales con las cuales entra en conflicto.

El principal problema radica en que, hoy en día, bajo un sistema de acumulación de capital, el control de la tecnología y los avances científicos suponen mayor poder económico, político y social. Al concentrar en pocas manos los resultados del llamado progreso científico, se limita el acceso a los derechos a la salud y culturales de las mayorías por el simple hecho de que no cuentan con recursos económicos.

En México, la Ley de Propiedad Industrial es el instrumento jurídico nacional que protege todo lo referente a marcas y patentes. Su reglamento tiene por objeto su aplicación e interpretación y su regulación. No obstante, aun con instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas –que en su artículo 15, párrafo 1, inciso B, reconoce el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”–, en México sólo se protege la propiedad intelectual y no existe un verdadero fomento al desarrollo científico nacional ni se facilita el acceso a éste.

El estudio OECD regions at a glance, de 2009, señala que México dedicó sólo 0.4 por ciento de los recursos públicos al desarrollo de ciencia básica y aplicada. Recientemente se ha declarado que destina el 0.5 por ciento del producto interno bruto. Para la política pública actual basada en el crecimiento macroeconómico y la seguridad pública, la inversión para investigación científica y tecnológica no crece al ritmo de la población y de sus necesidades. Esto tiene graves impactos en los derechos humanos.

Tomemos como ejemplo el sector salud, el cual en 2008 contó con un presupuesto de 39 mil 86 millones de pesos para innovación científica y tecnológica. Se divulgó que, para 2009, su presupuesto había aumentado en 22 mil 236 millones de pesos… pero sólo en términos nominales, pues, descontando la inflación, el gasto real fue inferior. Y si el presupuesto nominal ha aumentado en el rubro de salud, el apoyo a la ciencia y la tecnología ni siquiera ha aumentado en este rubro; por el contrario, va a la baja. La labor que en esta materia se realiza en los institutos se hace en condiciones muy precarias.

La falta de apoyo beneficia a las empresas extranjeras, de las cuales México depende casi al ciento por ciento en cuestión de desarrollo y tecnología. Este rezago y esta dependencia se reflejan en las dos patentes por cada millón de habitantes que se registran al año en el país, cuestión que se agrava cuando el trabajo legislativo se vuelve en contra de la industria nacional.

Si retomamos el ejemplo del sector salud, podemos recordar que el año pasado la multinacional Novartis promovió un amparo contra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Con el argumento de la protección intelectual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de la trasnacional. La SCJN ordenó al IMPI publicar la patente de un medicamento como nuevo, aun cuando contiene el principio activo ciclosporina, cuya patente ya expiró por el hecho de ir mezclado con otros ingredientes. El tema de fondo es la protección de medicamentos de patente con un ingrediente o una sustancia activa a través de una nueva fórmula (reformulación), es decir, la protección por 20 años más a medicamentos compuestos por varios ingredientes, entre ellos, una sustancia activa cuya patente ya expiró y que pone fuera del alcance de producción genérica medicamentos con este ingrediente. Ello afecta a la industria farmacéutica nacional y el derecho de la población de acceder a medicamentos más baratos.

Pero la escasa inversión en investigación no sólo violenta el derecho al acceso a las nuevas tecnologías, sino que también violenta el derecho a la educación y a laborar en un empleo libremente elegido. Para empezar, podemos mencionar que cada día se invierte más en áreas de administración o en aquellas en las que se proporciona la idea de un avance monetario y social rápido, como en las carreras de derecho, medicina o finanzas. Por el contrario, las carreras relacionadas con las ciencias duras, como matemáticas, física, química o biología, sufren de un abandono gradual. Las principales razones: la poca disponibilidad y la falta de compromiso de las autoridades mexicanas para proporcionar los recursos y medios suficientes que garanticen el estudio e investigación en ciencias. No hay, en realidad, política pública social que incluya eficazmente a los estudiantes y científicos mexicanos, generalmente jóvenes, al sistema educativo y laboral.

Cientos de universitarios y universitarias tienen como percepción general que, ante la falta de oportunidades de estudios especializados, la única salida es conseguir becas para estudiar en el extranjero. Pese a ello, las autoridades no proporcionan ninguna estrategia real, a corto o mediano plazo, que genere condiciones para que quienes se capacitan fuera del país vuelvan a sus instituciones de educación superior y, mucho menos, para que se integren a la industria nacional. Muchos deciden instalarse en otros países.

El propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología advirtió que, de 1971 a febrero de 2008, se habían perdido más de 2 mil científicos. Carlos Arámburo de la Hoz, coordinador de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha reconocido que, actualmente, sólo hay 16 mil científicos en todas las áreas, mientras que existen casi 107 millones de habitantes. Se ha notado un incremento en la cantidad de mujeres en el Sistema Nacional de Investigación, aunque se enfrentan, también, a los problemas ya descritos que acarrea el desarrollo de la ciencia.

No se puede ver al desarrollo como un simple avance tecnológico que permita la acumulación del capital. Si bien es importante reconocer la protección de la propiedad intelectual, también lo es facilitar el acceso a los recursos necesarios para que en nuestro país las y los jóvenes puedan estudiar e investigar en el área de las ciencias. La obligación del Estado mexicano es garantizar y proteger el derecho de todas las personas a no ser privadas de los frutos del avance tecnológico y del progreso científico en todos los campos: salud, comunicaciones, investigación académica, desarrollo. Es imperante que las autoridades desarrollen nuevos métodos y programas que fomenten la educación y producción científica nacional, no sólo mirando al avance occidental, sino que al mismo tiempo recuperen y respeten la antigua tradición indígena, de tal forma que todos los sectores de la población alcancen una vida digna.

*Investigadoras del Área de Investigación y Análisis del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, AC

Contralínea 195 – 15 de Agosto de 2010