En España el movimiento ciudadano que culminó en la fundación del partido de izquierda Podemos tuvo en las quejas de usuarios de los créditos hipotecarios en aquel país uno de sus motores más poderosos.
Podemos y su secretario general, Pablo Iglesias, llevaron el tema de los desahucios al Congreso. Incluso, condicionó mesas de negociación a que el gobierno en turno y los legisladores tomaran cartas en el asunto ante la crisis social que las deudas millonarias con la banca por financiamientos hipotecarios. Suicidios y tragedias familiares ocuparon las primeras planas de los periódicos españoles. La crisis de los desahucios se convirtió en la punta del iceberg de una crisis económica que en España ha dejado muchas víctimas, entre ellas su propio sistema político que no termina de recomponerse. En fin, que la comparación viene al caso porque a esta columna le han hecho llegar información que deberían conocer los banqueros honestos y socialmente responsables. Me constan que sí existen y que se preocupan de que en México el negocio de la intermediación crediticia se desarrolle de manera socialmente responsable y transparente. Esa, al menos, es la línea de trabajo y filosofía que Luis Robles Miaja, ha marcado desde la Asociación de Bancos de México (ABM). Al presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Constanzo, seguramente le interesa esta situación que se está convirtiendo en un verdadero alud de irregularidades.
Sucede que las llamadas recuperadoras de crédito –tal y como sucedió en la crisis del Fobaproa, ¿se acuerda usted de Fénix que compraba deuda en centavos?– están protagonizando un negocio millonario a expensas de la tragedia económica, financiera y social de miles de familias. Es cierto que los bancos tienen derecho a recuperar el monto principal del crédito que otorgaron. Sin embargo, el problema se encuentra en los incentivos perversos que se tejen en este problema. Resulta que a las recuperadoras de crédito les interesan los bienes inmuebles que se ubican en zonas estratégicas de las principales ciudades y regiones del país. Tienen la encomienda de comprar deuda a toda costa de inmuebles bien ubicados con el objetivo de construir grandes edificios de oficinas, multifamiliares y, por supuesto, centros comerciales. Y es que el dinero fluye de instrumentos del mercado de valores y de fortunas personales de mexicanos “más afortunados”. Mala noticia para los dueños de casas a quienes la crisis los obligó a incumplir los pagos de sus créditos hipotecarios y a iniciar un juicio contra la banca para recuperar sus viviendas. Para ellos, aparentemente, no hay clemencia. El juicio lo pierden porque lo pierden y su deuda se vende –sin previo aviso– y, por supuesto, no pueden aspirar a pagar los 900 mil pesos (un ejemplo) que se paga cuando la deuda original era por tres o cuatro millones de pesos. Las recuperadoras, sin embargo, sí tienen ese derecho y posibilidad. Allí está el negocio. Para los deudores auténticos de la banca no hay clemencia mientras los accionistas de las recuperadoras de crédito que operan en el país hacen el negocio de la década. Muy bien, que pague quien deba pero que la banca responsable vigile que se elimine cualquier tráfico de información o corrupción en juzgados.
Trump, proteccionismo y negocios
Fue a principios de este gobierno cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Luis Videgaray, anunció que endurecería la vigilancia de las reglas, estímulos y condiciones que rigen al sector maquilador a través de un decreto.
La medida provocó que autoridades de varios estados de la Unión Americana ofrecieran incentivos para atraer inversiones que, desde hace varias décadas, habían preferido el territorio mexicano y a sus trabajadores.
Fue en octubre de 2013 cuando el fabricante de elevadores Ottis anunció que saldría de México ante los cambios de la reforma fiscal. En ese momento, se vaticinó una ola migratoria de maquiladoras hacia Estados Unidos. Es cierto, aumentaron los incentivos. La buena noticia para México fue que la mano de obra mexicana no pudo ser sustituida en muchos casos. No sólo es más barata sino altamente especializada. Así sucedió con otras maquiladoras que migraron a China.
Ahora que formalmente Donald Trump se convirtió en candidato a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, la industria maquiladora volverá a temblar porque el político antagonista del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha advertido que buscará el regreso de las inversiones estadounidenses para recuperar los empleos perdidos. Son malos tiempos, pero que pondrán a prueba los atractivos del modelo económico de México. La industria automotriz es un claro ejemplo de cómo la mano de obra mexicana y su conocimiento de este sector generó los incentivos adecuados para retener el capital.
Impuesto a refrescos
En el Hospital General de la Ciudad de México los especialistas que dan seguimiento a los casos mórbidos vinculados con la epidemia de la obesidad están convencidos que los impuestos y las políticas públicas vinculadas con la prevención del sobrepeso entre la población no están funcionando. Así de grave.
Para ellos, el impuesto de 10 por ciento que se aplica a las bebidas carbonatadas resulta insuficiente. Por ello, se suman a la propuesta de algunos senadores como Mario Delgado de elevar a 20 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a los productos de este sector. Además de elevar los impuestos, las políticas sanitarias tienen que incrementar la educación entre la población para sustituir el consumo de refrescos por bebidas preparadas en casa con poca azúcar. Es un hecho, por lo tanto, que en el próximo debate rumbo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 el debate en torno a los impuestos a los refrescos y a los alimentos con alto contenido calórico serán materia de trabajo para expertos en cabildeo y relaciones institucionales con el Congreso de la Unión. La propuesta genera ya una señal de alerta entre la llamada Industria de Coca-Cola y entre los embotelladores del sistema Pepsico, que argumentarán que un impuesto de 20 por ciento afectará la generación de empleos, el consumo de azúcar (la cadena que sostienen los ingenios azucareros) y, por supuesto, la rentabilidad de sus operaciones. Un tema que, sin duda, generará grandes acciones por parte de los equipos de lobbying de estas multinacionales.
El cotilleo del Inegi
Cuando en Argentina el gobierno federal decidió intervenir en las mediciones de precios para generar una imagen de estabilidad y prosperidad ante los mercados internacionales, los grandes operadores de fondos iniciaron una nueva etapa de desconfianza respecto a la administración pública de ese país. Mientras tanto en México, el gobierno de Felipe Calderón mostraba con transparencia los números de la economía respaldados por el Inegi y el Banco de México. Fueron buenos tiempos los de Eduardo Sojo y Guillermo Ortiz y se fortaleció el prestigio de México con dos instituciones que gozando de autonomía se apartaban de criterios políticos para privilegiar la transparencia en el manejo de cifras. Este fin de semana, sin embargo, el Inegi y su presidente Julio Santaella (un exfuncionario del Bando de México) se convirtieron en el objeto de comentarios y cotilleos, luego de que modificaron la metodología para medir el ingreso de las familias, lo que hace parecer que en México la pobreza disminuye. La pregunta obligada se dirigió hacia la autonomía del Inegi, el instituto que, por cierto, está encargado de medir la evolución de los precios, la inflación y el empleo, tres de los indicadores clave del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Claudia Villegas
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: IQ FINANCIERO]
Contralínea 498 / del 25 al 30 de Julio 2016
