Ante la protesta y desobediencia civil de maestros y ciudadanos en varios estados del país, principalmente en el sureste, personas que han sido reprimidas violentamente, en algunos casos hasta la muerte, por el gobierno federal en coordinación con autoridades estatales –como en el caso de Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de este año–, cabe preguntarse si el gobierno nacional encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) calculó (antes de dar la orden de desalojar y disparar sobre los inconformes) que hay maestros en todas las ciudades, pueblos y en muchas rancherías y otras comunidades del país. ¿Calcularía que, independientemente de que pertenecieran a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o directamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se afectarían a todos los docentes, incluidos aquellos no partidarios de algún grupo magisterial y que antes de la masacre de Nochixtlán no les interesaba la Reforma Educativa? ¿Calcularían además Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño Mayer que en lugares alejados de las grandes urbes la relación de miles de maestros –sobre todo los rurales– es más cohesionada con sus comunidades, lo que les permite mas participación como pilares de la colectividad y les confiere mayor respeto?

Las preguntas anteriores son importantes para el gobierno y para los grupos inconformes, pues ya no es sólo la CNTE: diversos sectores de base del SNTE, así como otros ciudadanos se han dado cuenta de lo lesiva que es la reforma educativa. Las respuestas a tales interrogantes son vitales, pues de ellas depende el desarrollo de este gran conflicto social. Si el gobierno no entiende que el “diálogo” al que accedió tras el fatídico 19 de junio debe implicar la revisión y negociación-modificación de la reforma educativa, incluso su abrogación y reformulación, se estaría ante un estancamiento del conflicto. Incluso, la no negociación abonaría a la expansión geográfica del mismo, pues la violenta represión que ha privilegiado el régimen puede escalar en intensidad y extenderse a lugares en que la protesta social del magisterio era hasta hace poco impensable, como en Monterrey, Nuevo León.

El gobierno federal sabía antes de instigar los violentos desbloqueos en Nochixtlán que hay maestros en todo el país. Lo que no calcularon en las altas esferas políticas fue que su fallido operativo, disfrazado de defensa del estado de derecho en los medios de comunicación alineados, sería expuesto a través de las redes sociales: el uso de gases lacrimógenos y armas, incluidas de alto poder por parte de uniformados contra los manifestantes, así como el asesinato de varias personas. En suma, la acción represora y asesina sobre una población desarmada. Acciones brutales ejercidas por un gobierno sin popularidad y, por el contrario, con una sociedad que se niega a aceptar sus políticas –privatizadoras– públicas. Tampoco calculó el gobierno que, tras el desproporcionado ataque contra maestros y ciudadanos, las imágenes de lo que parece ser un país en guerra civil se difundirían a través del internet a la par de análisis de académicos e intelectuales sobre la reforma educativa. Imágenes y análisis, que además han sido presentados en muchas plazas públicas del país, alcanzando así a sectores que no tienen acceso al internet.

El ataque del gobierno popularizó el conflicto magisterial, lo que permitió a otros sectores docentes y civiles menos politizados o ajenos al conflicto averiguar sobre la reforma educativa y, una vez entendida su gravedad laboral y administrativa, así como su nula conveniencia pedagógica, sumarse a la protesta social iniciada por la CNTE. Otro cálculo fallido del gobierno fue la decidida defensa que diversos grupos sociales en el sureste han hecho de sus maestros. Y durante las dos últimas semanas, los cierres en escuelas en la Ciudad de México y otras urbes por parte de padres de familia además de docentes. El gobierno no calculó el gran apoyo social que sus actos represores y asesinos desencadenarían entre la población para con los maestros.

La reforma “educativa”, no es tal, ya se ha dicho y, también que es laboral y administrativa; perniciosa laboralmente para el maestro y económicamente para la población. Pero también tiene como uno de sus objetivos controlar políticamente al sindicato de trabajadores más grande y organizado –SNTE y su disidencia, la CNTE–, mismo que ya ha favorecido a otros partidos políticos además del PRI. Ahí estuvo el apoyo de Elba Esther Gordillo al Partido Acción Nacional (PAN) y sus ofrecimientos a Andrés Manuel López Obrador –quien los declinó– y de la CNTE a Gabino Cué como candidato de una absurda alianza partidista antes de ser gobernador, por mencionar algunas de las desafortunadas intervenciones del sindicato de maestros en la política nacional. La reforma educativa busca sujetar con presiones laborales y económicas al magisterio, para restarle fuerza política en escenarios electorales adversos al PRI, como los que lo han llevado a compartir la hegemonía con el PAN. Y que, como todo parece indicar, lo pondrán en riesgo ante el blanquiazul o el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2018. Pero desde ahora el PRI puede asegurar su suicidio político presidencial, si reprime más al movimiento magisterial y social que ellos mismos han originado y agudizado.

Roberto E Galindo*

*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina; licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas; licenciado en diseño gráfico. Actualmente cursa la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lamm

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 496 / del 11 al 16 de Julio 2016