Ana Luisa Nerio Monroy*
Este 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, y más que señalar los problemas que existen en la materia, deseo destacar algunos de los resultados obtenidos por organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera comprometida para lograr su respeto y protección en México. La desaparición forzada de personas es uno de los delitos del pasado que continúan hasta hoy. El informe más reciente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que en los últimos años 3 mil personas han desaparecido en el país. En la década de 1970 aproximadamente 600 personas fueron desaparecidas, lo que motivó el surgimiento de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, de la que forma parte Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Cantú, desaparecido en 1974 por militares, en Guerrero. Tita llevó el caso de su padre hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que el Estado mexicano fuera condenado y obligado a dar cumplimiento a una sentencia que cambiará el panorama jurídico del país en los próximos años.
En México existe una cultura machista y patriarcal que tolera la violencia contra las mujeres, cuya expresión extrema es el feminicidio. En la última década al menos 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas de manera violenta. En 2010, se registraron 1 mil 400 casos, de los cuales 111 se cometieron en el Distrito Federal. Frente a la impunidad, incompetencia e insensibilidad de las autoridades, diversas organizaciones civiles se dedican a exigir justicia incluso ante instancias internacionales. Uno de estos esfuerzos está representado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Éste y otras organizaciones que forman parte de la Campaña Nacional por la Tipificación del Feminicidio lograron que en el Distrito Federal este crimen fuera tipificado en el Código Penal como un delito autónomo de acreditación objetiva y no como un agravante del delito de homicidio; que la investigación en casos de feminicidio se realizara por medio de protocolos con perspectiva de género; y la creación de un banco de datos de información genética que facilitará la búsqueda, mediante registros de ADN, de mujeres que están consideradas como desaparecidas o asesinadas no identificadas.
La violencia que se ejerce contra niños y adolescentes tienen diversas manifestaciones, como la violencia armada, la sexual y los castigos corporales. Un conjunto de organizaciones civiles, coordinadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México, dan respuesta a este problema mediante la campaña Infancia sin Violencia, que busca visibilizar el problema e incidir en la toma de decisiones para generar cambios en la legislación, las políticas públicas y el Poder Judicial. Los jóvenes se encuentran entre los grupos de población más discriminados por su forma de ser, hablar o vestir. No tienen oportunidades educativas ni laborales. Desde un enfoque adultista no pueden tomar decisiones por sí mismos y son vistos como “futuros delincuentes”.
En el contexto actual de violencia son víctimas del fuego cruzado entre los delincuentes y el Ejército, o son reclutados por el crimen organizado. Como una respuesta a esto, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, cuenta con la Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos que durante nueve años ha brindado una educación integral en materia de derechos humanos, en un espacio de formación dinámico, lúdico, crítico y propositivo. El objetivo es ayudar a que nuevas generaciones promuevan desde sus espacios de vida y trabajo una cultura por la paz y de respeto a la dignidad humana. Más de 250 egresados de “la escuelita” (como la llaman, con cariño, algunos exalumnos) respaldan un resultado exitoso.
Dentro del mercado laboral mexicano, las trabajadoras del hogar son uno de los grupos más discriminados. Se enfrentan a jornadas de trabajo de 10 horas, maltrato, abusos y tratos humillantes; sueldos muy bajos y sin acceso a los servicios médicos. El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y su directora Marcelina Bautista han desarrollado una importante labor desde hace más de 10 años para visibilizar a dichas trabajadoras, al capacitarlas y asesorarlas para que conozcan sus derechos y se defiendan ante los abusos de sus empleadores. El CACEH ha insistido en la importancia de que México ratifique el Convenio 189 de la Organización del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
En el país, 21 millones de personas no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, se ha perdido la soberanía alimentaria y el sector campesino se encuentra bajo condiciones de suma precariedad. Varias organizaciones civiles, entre éstas las que se agrupan en la campaña Sin Maíz No Hay País, han realizado este año distintas actividades con los siguientes resultados: el reconocimiento del derecho a la alimentación en el artículo 4 constitucional; una visita oficial del relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, a pesar de la reticencia por parte del gobierno federal (el relator pudo constatar, gracias a la información proporcionada por organizaciones de toda la república, las violaciones que existen en la materia); y la creación del Día Nacional del Maíz, que desde 2009 se ha ido colocando en la opinión pública.
A pesar de que el Estado fue uno de los promotores del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), éste no lo ha ratificado. Mediante el Protocolo se crea un mecanismo para que las personas y grupos puedan presentar casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Esta situación motivó la movilización de más de 80 organizaciones civiles para crear la Campaña Mexicana por la Ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC. Estas organizaciones realizan acciones de difusión, formación e incidencia para avanzar en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Una de las primeras acciones fue la recolección de firmas que avalan una carta que exige al Estado la ratificación de este instrumento internacional. La respuesta a ésta ha sido favorable y hay grandes posibilidades de que México ratifique en los próximos meses.Pese a que el mecanismo de protección para defensores (creado por el gobierno federal) no cumple con las necesidades de las organizaciones civiles y de momento los trabajos para su concreción y funcionamiento se encuentran estancados, dichas organizaciones no han desistido y realizan diversas actividades para generar un mecanismo propio. Actualmente elaboran diagnósticos locales a nivel de redes, acciones de capacitación en materia de prevención y generan articulaciones para dar respuesta al reto y peligro que implica ser defensor de derechos humanos en México. En esta labor queremos destacar a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos.
Como puede verse, las organizaciones de la sociedad civil realizan acciones de promoción, análisis y propuesta a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo local, estatal y federal. Visibilizan los problemas, denuncian las violaciones, dan voz a los que no la tienen y un rostro a las frías cifras que las instituciones gubernamentales proporcionan. También contribuyen a la democratización del país y actúan de manera crítica e independiente de las distintas formas del poder. Ello les acarrea amenazas, hostigamientos, descalificación o desprestigio de su labor. Sus iniciativas, poco lucidoras para el duopolio Televisa-Tv Azteca, en pocas ocasiones aparecen en horarios estelares de los noticiarios. Pero los resultados existen y están por todas partes. Eso es lo que brinda un poco de esperanza y optimismo para continuar trabajando.
*Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
