Al Occidente de la Ciudad de México se construyó, a partir de la década de 1980, una zona que aspiraba a demostrar los beneficios y la superioridad de la ideología neoliberal. Curiosamente se construyó excluyendo y expulsando a quienes formaron parte –en el pasado– de otra utopía, la del fraile Vasco de Quiroga quien trató de crear en el “nuevo mundo” del siglo XVI, inspirado en las ideas de Tomás Moro, comunidades indígenas caracterizadas por el trabajo colectivo, la igualdad y la ausencia de caciques, señores o patrones. En la moderna Santa Fe, es todo lo contrario a esos sueños.
Santa Fe intenta ser una ciudad, dentro de una ciudad. Una zona exclusiva, segura, cerrada y alejada de la pobreza, que refleje las ideas del libre mercado (que realmente debiera llamarse libre monopolio), del Estado mínimo y que otorgue la mayor libertad para el sector privado. Ahí se observa una tendencia a privatizar todo lo que en las ciudades ordinarias es público: parques, servicios básicos e incluso calles.
Desde la llamada Torre Arcos Bosques o torre del pantalón puede apreciarse plásticamente la forma de pensar de quienes proyectaron Santa Fe y sus zonas aledañas. Existen muros para separar a los pobres de los ricos. Muros con púas que cortan calles y que fueron colocados para excluir de los “beneficios” del “desarrollo” a la gente pobre. Evocan claramente otras escenas: los muros que construyeron los nazis para forzar a la población hebrea a vivir en guetos; los muros que construye el gobierno israelí para detener a los palestinos; el muro que construyen desde hace años los estadunidenses para repeler a los mexicanos; y el famoso muro de Berlín, Alemania. Tales muros –igual que los de Santa Fe– expresan los más profundos sentimientos de quienes ordenan su construcción: miedo, odio, racismo, clasismo y la incapacidad de sentir empatía por otros seres humanos.
El repulsivo engendro del neoliberalismo, que es la nueva Santa Fe, demuestra además que la falta de planeación, de inteligencia y buen gusto son características que comparten los millonarios y sus fieles siervos tecnócratas. El gran escritor Carlos Fuentes describía en su libro La voluntad y la fortuna lo absurda que resulta la arquitectura de Santa Fe: donde la sabiduría ancestral –decía Fuentes– nos pide muros anchos, sombras largas y rumores de agua, la ignorancia neoliberal ha colocado arquitectura escandinava hecha para abrirle paso al exceso dañino de la luz del sol. Estas palabras podrán ser corroboradas por cualquier empleado que haya pasado el trago amargo de trabajar en uno de los edificios de Santa Fe cuando hay fallas en sus sistemas “inteligentes” de aire acondicionado. Algunas empresas tienen que dejar de laborar si se presenta esta contingencia debido a su ridícula arquitectura.
Para entender a la nueva Santa Fe, conviene leer a dos mujeres: Teresa Caldeira, en su texto Fortified enclaves; the new urban segregation, y especialmente a Margarita Pérez Negrete, quien vivió como estudiante de la Universidad Iberoamericana el surgimiento de la nueva Santa Fe y lo desnuda en su libro Ciudad, espacio y globalización Santa Fe.
Marx decía que el capitalismo nace bañado en sangre porque la acumulación originaria de capital implica un despojo de las propiedades y derechos de otros. Fue así como nació la nueva Santa Fe. Es bien sabido que la zona tuvo durante años una importante actividad minera (arena, grava, cantera, etcétera) cuyas concesiones se entregaron a personas ajenas a la antigua comunidad fundada por Vasco de Quiroga. Los grandes huecos provocados por la actividad minera pasaron, años después, a ser usados como tiraderos de basura. Sin embargo los pepenadores que vivían de la basura –por ejemplo en el predio Tlayacapa– también serían expulsados a la postre. Literalmente miles de personas fueron desalojadas en la noche: mujeres, niños, adultos mayores fueron agredidos y sus precarias casas, incendiadas. Esto ocurrió en la década de 1980 y fue legalizado mediante decretos de expropiación. Además de Carlos Salinas de Gortari, una serie de políticos formados en la ideología neoliberal se encuentran relacionados de manera profunda con Santa Fe: Carlos Hank González, Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard Casaubón, entre otros. Son estos personajes los que entendieron que el “interés público” consiste en arrebatar las viviendas de los más pobres (pepenadores), para entregarlas a las empresas trasnacionales más poderosas del mundo.
Ni la delegación Cuajimalpa ni la delegación Álvaro Obregón administran Santa Fe. El megaproyecto es realmente un sueño neoliberal porque ha permitido que los grandes corporativos que controlan el Fideicomiso Colonos de Santa Fe administren y manejen los servicios que deberían ser públicos. Por ejemplo, los policías que recorren Santa Fe no responden a órdenes provenientes del jefe de gobierno o de los delegados, sino a las instrucciones que les hacen llegar empresas nacionales y trasnacionales que participan en la Asociación de Colonos de Santa Fe y que ocupan los puestos clave en el fideicomiso. Lo más insultante del caso es que el gobierno del Distrito Federal destina anualmente una importante cantidad de recursos fiscales para financiar a ese fideicomiso privado. De 2004 a 2010 se le canalizaron más de 330 millones de pesos recabados mediante impuestos. Lo que siempre se ha negado a las comunidades indígenas zapatistas, es decir, autonomía y autogestión (hasta el grado de llamarlas “separatistas”), en la moderna Santa Fe es una realidad vigente, pero en beneficio de corporaciones extranjeras.
El fideicomiso privado funciona en la opacidad. Fue hasta 2011 –debido a una solicitud de acceso a la información que presentamos ante diversas instancias del gobierno del Distrito Federal– que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal estableció el criterio de que los funcionarios públicos que participan en ese órgano privado están obligados a informar sobre el contenido de las actas de las sesiones, aunque solamente si obran en sus archivos. Como es evidente, se ha procurado seguir ocultando información clave del uso de esos recursos públicos, por lo que este fideicomiso privado debe dejar de operar y ser sustituido en todo caso por un fideicomiso público.
Las autoridades del Distrito Federal –todas vinculadas con Salinas– decidieron donar 20 hectáreas de terreno a una universidad privada para iniciar de esa forma el proyecto de la nueva Santa Fe. Si alguien tiene interés en iniciar un nuevo negocio, ¿por qué no acudir con el actual jefe de gobierno y pedirle como regalo unas cuantas hectáreas dentro de un megaproyecto de desarrollo privatizador? Supongo que a cambio se tiene que formar parte de un grupo compacto de amigos en el que se intercambian favores. Pero siempre hay gente, sin ética, dispuesta a pagar el “costo” de volverse millonario.
Actualmente hay quien paga sumas gigantescas –en dólares– para comprar departamentos en Santa Fe, sin saber que en realidad viven junto a rellenos sanitarios atestados de basura, que expiden gases que los convierten en un peligro latente. Además, muchos de los condominios necesitan abastecerse de agua a través de pipas, pues los servicios básicos son difíciles de proveer en una zona llena de barrancas, tiraderos de basura y minas. ¿Imaginan la calidad del agua que beben?
En ese contexto es posible entender la insistencia de Marcelo Ebrard para llevar a cabo el megaproyecto de la Supervía Poniente (una vía privada, para beneficiar intereses privados, pero que se construye a partir de expropiaciones justificadas en el interés público), pues así dotaría de vías de comunicación al supuesto enclave global de Santa Fe; un proyecto en el que él participa desde su concepción en las épocas del salinismo. No importa si es necesario destruir parcialmente uno de los últimos pulmones que le quedan a la Ciudad de México (el Parque Tarango) o rechazar recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Todo sea en beneficio del grupo que diseñó el engendro neoliberal de la nueva Santa Fe.
*Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México; posgraduado en administración de justicia
Fuente: Contralínea 305 / Octubre de 2012