El que una madre muera después de casi 5 años de buscar a su hijo desaparecido sin encontrarlo es una tragedia: está muerta Margarita Santizo, la madre, y desaparecido Esteban Morales Santizo, el hijo. Margarita falleció de cáncer de hígado en octubre pasado. El gobierno no pudo o no quiso aliviar su dolor. Ninguna de las dependencias –en “teoría”– competentes para atender a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos, pudieron dar respuesta a Margarita; ninguna de las diversas agencias de investigación: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros, Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal (PF) ni gran cantidad de ministerios públicos, ninguna instancia pudo responder la pregunta de Margarita.
Margarita apoyó la lucha de las seis madres y un padre que el 9 de mayo de 2013 establecieron un plantón afuera de las instalaciones de la PGR, en la avenida Paseo de la Reforma. Su reclamo era que encontraran a sus hijos desaparecidos; su petición, ser atendidos por Enrique Peña Nieto, quien al estar tan ocupado con asuntos “más importantes” como la entrega de México a trasnacionales de toda índole, no pudo atenderlos y, tras 9 días de huelga de hambre, mandó a su caterva de subordinados a recibirlos en el edificio de la PGR, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam, Raúl Plascencia Villanueva, Ricardo García Cervantes, Lía Limón y Manuel Mondragón y Kalb, en ese entonces comisionado nacional de seguridad, entre otros, quienes en lo que pareció más una rueda de prensa que una reunión de diálogo con las víctimas, además de reconocer que en muchos casos las investigaciones de los mismos padres y familiares de los desaparecidos habían llegado más lejos que las realizadas por las instancias profesionales, hicieron promesas, ahora incumplidas para Margarita, y no sólo para ella, sino también para los familiares de los miles de desaparecidos. En esa ocasión los representantes del gobierno de Peña Nieto anunciaron la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Roberto Galindo, “Desaparecidos en México:"la vida no vale nada”, 16 de junio de 2013), dependencia que hasta ahora sólo ha resultado ser una de muchas instancias y/o grupos poco funcionales que se crean con los cambios de sexenio para hacer creer a la ciudadanía y a las víctimas del crimen que el gobierno entrante se está haciendo cargo de su terrible situación, nueva dependencia que tampoco pudo darle alivio a Margarita Santizo ni a miles de madres más.
Los 43 estudiantes desaparecidos se suman a la abultada cifra de desaparecidos en México que ya rebasa los 34 mil, pues el gobierno reconoció que tras el sexenio de Felipe Calderón los desaparecidos sumaban más de 26 mil, y actualmente se calcula que, en lo que va de la administración de Peña Nieto, van poco más de 8 mil. Sin duda la desaparición de los 43 estudiantes se ha convertido en el caso más notorio de los últimos años en cuanto a desapariciones forzadas y ha sido objeto de grandes protestas a nivel nacional e internacional, y no es para menos, pues ha quedado claro que nuestras autoridades no pueden o no les interesa resolver los casos de desaparición. En los últimos años la desaparición de personas ha ido en aumento en el país por los motivos que sean. Pero que en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se hayan visto involucrados representantes populares del gobierno, cuerpos policiacos y grupos del crimen organizado, vuelve la desaparición de los muchachos un crimen de Estado.
De la gran cantidad de artículos y diversas notas de opinión escritas sobre este abominable caso me llamó la atención el texto de El Universal titulado: “¡Querían un muerto! Lo tienen, ¿viene el caos?”, de Ricardo Alemán (www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/10/109337.php). Y me llamó profundamente la atención por las fuertes acusaciones que hace y la ligereza para emitirlas. Cualquiera puede emitir una opinión, pero no cualquier opinión es congruente. Alemán dice que tras los acontecimientos trágicos ocurridos en Guerrero en todas las protestas posteriores están “las manos de Andrés Manuel López Obrador”, quien además es el orquestador de las acciones de fuerzas tan disímbolas como “oscuras”, entre éstas: la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE), el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), todos los normalistas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero e incluso los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes por supuesto integran las “fuerzas malignas y oscuras” que buscan aprovecharse de los tristes acontecimientos de Guerrero para generar un clima de violencia y desestabilización social para derrocar el régimen de Enrique Peña Nieto.
No acababa yo de sorprenderme con lo dicho por Alemán cuando en su texto señala que los desaparecidos de Ayotzinapa, y sobre todo los que fueron asesinados, son “los muertos” que necesitaban las fuerzas de oposición para derrocar al régimen priísta, y va más allá al decir que todo es una estrategia de generación de violencia y desestabilización social que se remonta a los hechos de violencia del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de posesión de Peña Nieto, obviamente todo fue obra de López Obrador y “compañía”. Reducir a los estudiantes de Ayotzinapa a una bandera política para derrocar un régimen es un insulto para ellos, para sus padres y para todos los mexicanos. Los desaparecidos en México son un grave problema a nivel nacional, la cifra de éstos va en aumento. Es un país con más de 34 mil desaparecidos, con más de 100 mil muertos como producto del crimen organizado y el “combate” a éste por parte del gobierno, con todos los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el Estado de México y todos los rincones del país (la mayoría no esclarecidos). Un país en el que, en los crímenes contra sus ciudadanos, están involucrados representantes populares del gobierno, diversas corporaciones policiacas, además del crimen organizado. Es un Estado fallido en el que impera la violencia. No es un país de ensueño que deba temer por una “estrategia de desestabilización social”; es sin duda ya un país desestabilizado, regido por la barbarie, la represión y la violencia contra el ciudadano común. México es un país que sin lugar a dudas está en movimiento, pero en un movimiento regresivo, inmerso en una espiral de violencia y barbarie que no parece tener fin.
Roberto E Galindo Domínguez*
*Maestro en ciencias en exploración y geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos sumergidos y buzo profesional; licenciado en letras hispánicas; licenciado en diseño gráfico; integrante del taller Madre Crónica.
Contralínea 411 / del 09 al 15 Noviembre de 2014
