A finales de 2013, 11 países de la Unión Europea acordaron establecer un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF). No se hizo nada al respecto y ese ITF parecía congelado. Francia e Italia legislaron un impuesto tan corto como vuelo de perdiz; en España ni siquiera se mencionó en los Presupuestos Generales del Estado, y los restantes ocho países, nada de nada. Pero hace unos días, por sorpresa, los ministros del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) acordaron en Bruselas que el impuesto será realidad en 2015.

Este ITF es insuficiente, corto y timorato. Pero, más allá del evidente electoralismo de anunciar ahora su puesta en marcha por la proximidad de los comicios al Parlamento Europeo, el ITF desbloquea el dogma neoliberal de no poner impuestos al capital y a sus movimientos especulativos. Y eso es importante. No porque debamos agradecer nada a esta Unión Europea, sino porque la crisis y la escandalosa reducción de ingresos estatales la obligan.

Una de las insuficiencias más graves de este ITF es que sólo se pagará por transacciones en las que el vendedor emita el producto financiero a vender en uno de los 11 países del acuerdo. Pero no se gravarán las operaciones en las que el vendedor o comprador residan en uno de esos países, como sería lo justo y lógico. Gravar según el lugar de emisión facilita a los especuladores poderosos alguna vía para no pagar. Sólo tendrán que emitir sus productos financieros donde les dé la gana, pero que no sea uno de los 11 países que implantan el ITF. Así eludirán el impuesto. Con el agravante de que este ITF sólo afecta transacciones con acciones y, más adelante, derivados, pero no con divisas ni otros productos financieros.

Otra deficiencia grave parece ser que lo recaudado se dedicaría a formar un fondo para futuros rescates bancarios. Eso han dicho los ministros económicos de la Unión Europea. Es decir, se reafirma el mantra de los casinos: la banca siempre gana. Cuando lo justo sería que ese dinero del ITF fortaleciera la economía sostenible y satisficiera derechos sociales de la ciudadanía. Sin olvidar que, cuando se concibió ese impuesto, fue prioritariamente para disuadir la especulación financiera, reducirla y controlar los movimientos de capital.

En realidad el ITF es en parte un impuesto contra la acumulación de riqueza. Acumulación nada inofensiva. Enormes cantidades de dinero controladas por un grupo muy reducido se mueven libremente y especulan por todo el mundo con la abundante gama de activos financieros de todo tipo y pelaje, obteniendo obscenos beneficios sin pagar impuesto alguno o apenas. Una especulación que altera severamente la economía real y la vida de las personas. El filme The Company Men, protagonizado por Ben Affleck y Tommy Lee Jones, muestra cómo la especulación afecta a la seguridad del empleo, por ejemplo. Los selectos accionistas mayoritarios de una empresa financiera estadunidense despiden progresivamente a la mayor parte de sus ejecutivos (“para recortar gastos”, arguyen). Pero lo que buscan de verdad es aumentar ostensiblemente el valor de sus acciones, porque la cotización en la bolsa subirá cuando se sepa que han reducido personal de modo implacable.

Los datos demuestran que la especulación es brutal. Según el Banco Internacional de Pagos, en 2013 sólo el mercado de divisas movía diariamente 4 billones de euros. Un valor anual de 1 mil billones de euros. Y en Europa, las transacciones financieras en 2012 movieron 692 billones de euros. ¿Qué hubiera significado recaudar un impuesto sobre esas transacciones?

En el Reino de España, el 40 por ciento de lo recaudado por la Agencia Tributaria proviene del impuesto sobre le renta, según cálculos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. De esa recaudación, el 84 por ciento son impuestos por rentas del trabajo y sólo 9 por ciento por las del capital. Ya va siendo hora de que el capital pague lo que le corresponde. Y un ITF en condiciones puede ser camino para cierta justicia fiscal.

Cuando hace 16 años la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana reivindicó en solitario un impuesto sobre transacciones financieras –la tasa Tobin– sobre operaciones con divisas, los tomaron poco menos que por dementes. Hoy el 61 por ciento de la ciudadanía europea considera necesarios y posibles esos impuestos. Una fiscalidad justa y progresiva sobre el capital y sus incesantes transacciones financieras no es una utopía inalcanzable. Se puede conseguir y lo hemos de conseguir.

*Periodista y escritor

Contralínea 382 / 20 al 26 de Abril