La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un nuevo rostro: el de los derechos humanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 y la buena voluntad de la mayoría de quienes integran el máximo tribunal de nuestro país lo han hecho posible.
El tribunal constitucional de México hoy tiene características únicas en todo el mundo. Para empezar, es la única corte suprema que sesiona ante las cámaras de televisión. En ningún país de los llamados democráticos pasa algo semejante. Por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos sistemáticamente se han opuesto a un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia de esta naturaleza, con el argumento de que la gente no tiene la suficiente preparación académica para entender los debates. Incluso los jueces han dicho que tienen temor de que la prensa tergiverse lo que se dice en las sesiones. Se sabe también que los jueces temen ser exhibidos, porque hasta la gente inteligente puede llegar a decir cosas poco inteligentes. Por ello, los debates públicos de los máximos jueces de nuestro país son algo que valoro mucho y me ha permitido conocerlos como juristas.
Además, en los últimos años, los ministros y las ministras han demostrado un sincero interés en escuchar las preocupaciones y los argumentos jurídicos de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de la sociedad en general. Fueron históricas, sin duda, las sesiones en las que las organizaciones de la sociedad civil expusieron públicamente sus posturas ante la Suprema Corte cuando se discutió la constitucionalidad de la despenalización de la interrupción del embarazo en las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.
El ánimo de la Suprema Corte por facilitar la defensa de los derechos humanos no quedó allí. Los ministros y las ministras han ampliado, como nunca antes en la historia, las posibilidades de que los casos de interés y de trascendencia en materia de derechos humanos puedan ser conocidos por el tribunal constitucional.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que no cualquier persona puede solicitarle a la Suprema Corte que atraiga y que conozca algún caso importante. Sólo el procurador General de la República, los tribunales colegiados o los propios ministros pueden hacerlo. Esta limitación generaba que, antes, la Corte desechara de plano aquellas solicitudes que no provenían de estos funcionarios y órganos. Sin embargo, la Corte notó que esta circunstancia provocaba que muchos casos relevantes, o aquellos en que se habían cometido graves injusticias, quedaran fuera de su conocimiento.
Es por ello que los jueces constitucionales decidieron no desechar de plano las solicitudes que los ciudadanos y sus abogados les hacían para que conocieran y resolvieran algún caso relevante. El Pleno de la Corte adoptó un criterio en el que señaló que las solicitudes de atracción que el público le hacía eran valiosas, pues de otra manera el tribunal constitucional no tenía manera de conocer de muchos asuntos que resultaban de gran interés jurídico, político, económico y social. Asimismo, la Primera Sala, que se encarga de los casos civiles y penales, creó el Programa de Derechos Fundamentales, integrado por cinco secretarios de estudio y cuenta especializados en derechos humanos, con el objetivo de dictaminar las solicitudes de atracción de casos relevantes y ponerlas a consideración de los ministros y de la ministra que integran la Sala. De esta manera, la Suprema Corte ha conocido y resuelto muchos asuntos de enorme importancia en materia de derechos humanos.
Entre los casos, ahora ya son muchos, que ha conocido la Corte por medio del ejercicio de la facultad de atracción están el de los presos políticos de Atenco que fueron liberados; los de Teresa González y Alberta Alcántara, dos indígenas acusadas falsamente de secuestrar a seis policías, quienes recuperaron su libertad; los de discriminación en contra de las radios comunitarias por la contratación de publicidad oficial, que fueron amparadas; los de acoso judicial en contra de varios periodistas, que han sido absueltos y protegidos; el de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, que fue amparada para que la PGR le entregara las copias de la investigación por la desaparición forzada de su padre.
Es más, los ministros Arturo Zaldívar y José Ramón Cossío, que son dos jueces muy comprometidos con la defensa de la justicia y de las libertades en México, han hecho llamados públicos a las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos para que sometan casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, el presidente del Máximo Tribunal, el ministro Juan Silva Meza, ha propiciado el acercamiento sano entre los defensores de los derechos humanos y la Suprema Corte. Se preparan foros, talleres, encuentros y se programan importantes audiencias con los ministros y las ministras. En esta labor, la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Corte, encabezada por Jorge Camargo, ha tenido un papel muy destacado.
Recientemente, gracias a la diligencia de la Dirección de Vinculación Social, varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad fueron recibidas en audiencia por el Pleno de la Segunda Sala y, antes, por dos ministros y una ministra a título individual, con objeto de transmitirles a los jueces su inconformidad por un reciente fallo en el que se determinó limitar los derechos políticos de las personas con discapacidad. Los señores ministros y las señoras ministras fueron sensibles a este reclamo y ofrecieron escuchar las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil para construir una política judicial constructiva y adecuada en la materia.
Hoy, desde mi punto de vista, los defensores de los derechos humanos podemos tener en la Suprema Corte a una aliada para nuestra causa.
*Abogado defensor de los derechos humanos
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| Fuente: Revista Contralínea 274 / 04 marzo de 2012 |
