En los últimos años, a lo largo de todo el país hemos visto el incremento de los conflictos causados por la imposición de megaproyectos de todo tipo: mineros, turísticos, inmobiliarios, energéticos, monocultivos y de construcción de autopistas. Estos megaproyectos, a cargo de grandes empresas, se ven impulsados por la complicidad de los diversos niveles y órdenes del gobierno mexicano, y por las intenciones del Estado de fortalecer cada vez más al sistema neoliberal por medio de las reformas estructurales y de los tratados de libre comercio. Asimismo, ante el avance de estos proyectos violatorios de los derechos humanos y contrarios al buen vivir de las personas y de los pueblos, la gente afectada por ellos se ha organizado para defender sus territorios y la vida que de éstos depende.
Éste es el caso del pueblo de Tepoztlán, Morelos, que ha luchado contra el gobierno de Graco Ramírez y contra el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos (Centro SCT Morelos) desde 2013, por la construcción de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla. Las y los habitantes de Tepoztlán denuncian que esta obra se inició sin contar con los permisos necesarios: la Asamblea de Comuneros no ha autorizado la construcción sobre 16 de los 21 kilómetros correspondientes al megaproyecto, los cuales son de propiedad comunal; y el resto, de carácter ejidal, fueron entregados al Centro SCT Morelos por el Comisariado Ejidal a cambio de 12 millones de pesos, de modo que las tepoztecas y los tepoztecos hablan de que tal permiso fue “amañado”.
La construcción de dicha autopista representa el ecocidio de más de 121 hectáreas de bosque, el equivalente a más de 3 mil árboles de los cuales depende el ecosistema tepozteco, sin contar las hectáreas afectadas por la construcción de casetas y otras obras aledañas; además de violar dos decretos presidenciales que protegen el territorio (el decreto que declara Parque Nacional El Tepozteco, los terrenos que rodean el pueblo de Tepoztlán, y el decreto por el que se declara el área de protección de la flora y fauna silvestres, ubicada en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, Morelos), así como el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Morelos.
Por otro lado, la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla ha traído a Tepoztlán el desabasto del agua, pues la empresa constructora utiliza grandes cantidades del vital líquido para la obra, despojando a las y los tepoztecos de un derecho humano consagrado en el Artículo 4 constitucional. Aunado a esto, se prevé que agravaría el desabasto del agua y la contaminación del aire en la región, toda vez que existe una ampliación parte del Plan Integral Morelos (PIM) que busca industrializar la región oriente del estado, centrándose en la construcción de dos plantas termoeléctricas.
En suma: despojo del territorio de los pueblos originarios y del agua, ecocidio del bosque y la polarización entre la población de Tepoztlán es, todo ello, consecuencia de la imposición del megaproyecto que contempla la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla, violando los derechos a la autonomía de los pueblos, a la consulta previa, libre e informada, a un medio ambiente sano y al agua, amén de la descomposición del tejido social que se sustenta en una cultura diversa en tradiciones, y de las cuales las y los habitantes de Tepoztlán están orgullosas y orgullosos.
Contra toda esta serie de amenazas a la dignidad y al buen vivir, los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán se han organizado para evitar que este megaproyecto, perjudicial para la vida de este pueblo, siga avanzando; ejerciendo presión política, social y jurídica para mostrar la arbitrariedad con la que han actuado las autoridades de Morelos para imponer la ampliación de la autopista ya mencionada.
En las últimas semanas, las y los integrantes de los Frentes impulsaban sostener una reunión de trabajo, tanto con el gobierno del estado como con el Centro STC Morelos, mas dicha reunión fue cancelada debido a que no había nadie para recibirlos. A raíz de ello, personas de los Frentes se instalaron en plantón dentro del Palacio de Gobierno de Morelos hasta que alguien los recibiera; durante este acto de protesta, se les negó el acceso a los baños, a agua y a alimentos para quienes se encontraban dentro de la sede gubernamental.
Ahora los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán se encuentran a la espera de que se reagende la reunión de trabajo con las instancias estatales ya mencionadas, en conformidad con los acuerdos a los que se llegaron tras el plantón, en la cual se permita conocer íntegros los supuestos permisos de la ampliación de la autopista, y se priorice la protección del corredor ecológico del Tepozteco y la vida digna y plena para el pueblo de Tepoztlán.
Es deber del gobierno de Morelos atender de manera integral y urgente las demandas de estas comunidades, casi 4 años, desde iniciado el conflicto, no le parecen suficientes a las autoridades para entender que la razón asiste a los pueblos, y que su imposición autoritaria de megaproyectos no hace sino violentar sistemáticamente derechos de pueblos y comunidades en Morelos.
Layla Ahlam Vázquez Flandes/Carlos A Ventura Callejas*
*Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
[OPINIÓN]
Contralínea 553 / del 21 al 27 de Agosto de 2017
