No hay explicación sensata sobre la necesidad de que los menores de edad cuenten con credencial de identidad, sector calculado en 26 millones de personas, para lo que se destinarían 700 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación sigue dispuesta a realizar la expedición de dicho documento, innecesario de acuerdo con la opinión del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que en la sesión del Consejo General del 18 de enero, los representantes partidistas, con la excepción de los del Partido Acción Nacional (PAN), coincidieran en afirmar que esta medida genera más suspicacias que certezas. Hubo quien comentó que “el riesgo es que al final del sexenio nos enteremos que la expedición de la cédula es el negocio de algún personaje cercano al gobierno y que todo se reduzca a un desfalco”.

Cabe preguntarse ¿qué necesidad hay de que el desgobierno de Felipe Calderón siga abriendo canales de conflicto cuando lo urgente es que busque los mecanismos institucionales para salir lo mejor librado de Los Pinos en 2012? La respuesta más razonable es que Calderón no quiere que el PAN salga de la residencia presidencial, y para ello hace uso de la fuerza que le da ser el jefe del Ejecutivo, sin importar las consecuencias de actos a todas luces impropios e inadecuados. No es absurdo suponer que se está planeando un fraude electoral por la vía electrónica, para eso el cuñado Hildebrando Zavala cuenta con todo el apoyo presidencial para construir una empresa de primer mundo, con sede en Querétaro, que se encargaría de la operación del fraude cibernético.

De ahí que el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, puntualizara que el padrón electoral debe seguir siendo administrado de manera exclusiva por este organismo. Sería un gravísimo retroceso y un error mayúsculo que la Secretaría de Gobernación pretendiera inmiscuirse en tareas que sólo deben competer al IFE. Así se perdería toda posibilidad de que los comicios de 2012 se lleven a cabo con la suficiente transparencia, con las dramáticas consecuencias que cabría esperar de un acto tan regresivo. Se estaría cancelando la vía electoral para dar paso a un Estado dictatorial si es que las Fuerzas Armadas se decidieran a brindar su apoyo a un aventurerismo político de semejante envergadura. Parece una pesadilla irrealizable, pero son tantas las ambiciones de los poderes fácticos que no es descabellado pensar en que no dudarán en hacer realidad un hecho tan aberrante.

Por eso es vital que el Congreso de la Unión cancele cuanto antes el proyecto gubernamental de crear la cédula de identidad para menores de edad. No se justifica ni se necesita un documento que no tardaría en demostrar su inutilidad luego de las elecciones. Más tardarían en recibirlo los muchachos que en perderlo, porque no le darían más importancia que la que le dan a un juguete, el cual deja de ser apreciado en cuanto pasa su novedad. El país atraviesa por una situación muy difícil para seguir haciendo tonterías costosas. A nadie conviene crear más problemas de los que ya existen, lo que sucedería con la expedición de un documento que sólo se prestaría para abrir la puerta de más graves conflictos.

Cancelar la vía electoral en una coyuntura tan compleja como la que estamos atravesando daría paso a una dictadura que pronto sería rebasada por la fuerza de las masas desesperadas. La oligarquía tal vez no cree en la posibilidad de tal riesgo y esté convencida de que, al final de cuentas, en México no pasa nada, que el pueblo está tan mediatizado y desorganizado que se adapta a todo, incluso a mal comer. Sin embargo, en tres décadas de neoliberalismo se abusó tanto de la paciencia del pueblo que no falta nada para que diga ya basta a tanta injusticia. Tal vez, en su fuero interno, los principales oligarcas lo sepan, por eso tienen ya a buen recaudo sus cuantiosas fortunas, pero aun así le apuestan a seguir estirando al máximo la liga de la paciencia popular.

Los altos mandos de las Fuerzas Armadas deberían recapitular sobre el tremendo descrédito que les ha ocasionado secundar la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado y comprender la necesidad de actuar de manera institucional, con la sensatez y el patriotismo que demandan las circunstancias. Todavía contamos con instituciones fuertes, que bien usadas pueden ayudar a corregir los extraordinarios errores cometidos por la tecnocracia del Partido Revolucionario Institucional y del PAN. México sigue siendo un gran país, sólo necesita gobernantes honestos y patriotas para enmendar el rumbo y comenzar a caminar con firmeza por la senda del verdadero crecimiento, con justicia y democracia. Pero es preciso, primero, sacar de Los Pinos a los representantes de la oligarquía que sólo quieren el poder para seguirse enriqueciendo.

*Periodista

Contralínea 218 / 30 de enero de 2011