Ya nada parece sorprendernos. Apenas el 4 de enero pasado, una “riña colectiva” (así fue denominada por las autoridades a pesar de su magnitud) causó 31 muertos y decenas de heridos en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, en Tamaulipas. El 12 de enero nos enteramos por los medios de comunicación del “hallazgo” de un amplio túnel iluminado en una cárcel de Ciudad Juárez, Chihuahua, al cual sólo le restaban unos cuantos metros para dar libertad a sus constructores. Las razones de estos eventos, cada vez más comunes en México, son ampliamente conocidas o por lo menos se sospecha su causa: corrupción, mala administración, hacinamiento, cotos internos de poder, etcétera.

 

La otra cara de la moneda de la que contadas y honrosas excepciones mediáticas informaron, ya que vende poco una manifestación pacífica y ordenada (sin muertos ni fugas) de cientos de presos vestidos de blanco en contra de las condiciones deplorables en las que viven. Esto sucedió en el Cereso 14 El Amate, en Cintalapa, Chiapas, el 11 de enero pasado. Sus demandas: alimento, medicinas y un trato digno, lo más básico para vivir.

 

Ésta es una imagen poco difundida de los presos, ya que contrasta con la que nos hemos formado por los noticieros y las películas: hay más de 2 mil reclusos que habitan en El Amate, y la mayoría de éstos se organizaron y de forma pacífica llevaron a cabo una huelga de hambre general de un día para llamar la atención de las autoridades. Y al parecer lo lograron, ¡esperamos que lo hayan logrado! Porque ésta no es la primera vez que se realiza un acto de este estilo. Durante 2011, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) hizo varios llamados a las autoridades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intervinieran a favor de los presos, e hizo una denuncia pública por la falta de atención médica para éstos, quienes realizaron una primera huelga general en noviembre de 2011.

 

En esa ocasión las autoridades se comprometieron a realizar las mejoras necesarias. Sin embargo, las exigencias continuaron. Una de las primeras fue la de un médico, ya que no se contaba ni con uno. Si bien se contrató a uno, de acuerdo con testimonios, éste atiende con receta médica, pero en la prisión no se pueden obtener medicinas y los familiares no siempre cuentan con los recursos para comprarlas o con un permiso para introducirlas. En ambas huelgas los presos demandaron una alimentación de mayor calidad, ya que testigos han expresado a la Limeddh que les sirven alimentos en mal estado o insuficientes; por ejemplo, solamente tortillas y caldo de frijol al día, y el que llega tarde puede no recibir nada; los familiares también tienen restringido el ingreso de alimentos.

 

Además se exigió mayor respeto para las visitas. Se cuenta con testimonios de familiares (sobre todo de mujeres, pero no únicamente) que se han sentido ultrajados por la manera irrespetuosa y autoritaria con que son revisados sus cuerpos para que puedan acceder al penal. En ocasiones les piden sobornos o simplemente les quitan su dinero.

 

Los derechos humanos son reconocidos para todas las personas, sean presos o no, culpables o no. En El Amate, como en casi todas las prisiones mexicanas, la mayoría de los reclusos son gente humilde, en extrema pobreza, muchos de ellos están ahí por robos menores (de 500 a 5 mil pesos, por ejemplo) y muchos otros, incriminados o presos por razones políticas. Y aun aquellos delincuentes comprobados y confesos tienen derecho a ser tratados con dignidad. ¿Cómo se pretende que las cárceles funcionen como centros de “reinserción social” si no se les trata como personas? Instamos a las autoridades a que, al igual que los reos, den el ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otro modo, pues tampoco tienen por qué ser estigmatizadas con la imagen de corruptas e ineficientes, y que su palabra sí vale. También pedimos al personal del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas a no dejar de poner el dedo en renglón. Exhortados por los mismos presos y organizaciones de derechos humanos (como la Limeddh), el personal de esta comisión se apersonó en El Amate, el 11 de enero pasado. Confiamos en que con su presencia mejore la calidad de vida de los presos.

 

Este caso no es más que uno de tantos de un fenómeno generalizado. En el Distrito Federal, por ejemplo, en diciembre de 2010, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (un esfuerzo en conjunto entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y organizaciones civiles independientes) presentó un diagnóstico sobre las problemáticas “en materia de derechos de las personas privadas de la libertad”, en el que enumeran los siguientes problemas: sobrepoblación del 50 por ciento en cárceles capitalinas; si bien se han creado reformas constitucionales encausadas a facilitar los procesos de conciliación y libertad anticipada, no hay jueces dedicados a ello; se adolece de atención médica integral de calidad; alimentación insuficiente y con bajos niveles nutritivos; distribución inequitativa del agua y carencias de acceso a agua potable; hacinamiento y espacios inadecuados; sólo 27 por ciento de la educación penitenciaria realiza actividades educativas, únicamente el 42.2 por ciento trabaja y sólo el 2.2 por ciento recibe pago; falta de acceso del procesado a su expediente; no hay facilidades para recibir visitas; y situaciones graves de violencia interna cometidas tanto entre internos como por autoridades (más información: www.vigilatusderechosdf.org.mx).

 

La conjunción de todos estos aspectos, aunados al encierro, crea situaciones de estrés insoportables que incrementan la necesidad de una atención médica oportuna. En el caso de El Amate, como en muchas otras prisiones, se requiere de manera urgente que las autoridades realicen el procedimiento necesario para que los reos con un estado de salud grave o que necesiten de atención especializada puedan acudir a clínicas, pues es su derecho garantizado por la ley, y muchas veces no se cumple por simples deficiencias procesuales o administrativas.

 

*Integrante del área de de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC