Aun con la buena intención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de aplicar “punto final” a la corrupción del pasado y a partir del 1 de diciembre de 2018 concentrar todo el esfuerzo en reconstruir el gobierno y recuperar al país que parecía ya perdido, ha sido prácticamente imposible dejar pasar algunos de los muchos abusos de poder, conflictos de intereses, contratos amañados, desvíos de recursos públicos y otros muchos delitos cometidos por administraciones priístas y panistas (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña).
En esas obligadas investigaciones, varias de ellas atribuidas a la prensa, han empezado a aparecer nombres de exfuncionarios, incluidos el expresidente Enrique Peña Nieto; el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, y otros más. Varios de esos expedientes están abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR) y otros en la justicia de Estados Unidos.
En este marco de exigencia de justicia, que se ha convertido en un clamor popular, hay un personaje que se mantiene en sigilo, tanto para no hablar como para no dejarse ver en público, pero que todos sabemos que fue el artífice principal, junto con Peña Nieto, de la corrupción y el fracaso sexenal, porque concentró un enorme poder e influencia en el gobierno anterior. Por ello, en los 6 meses de la actual administración, se ha mantenido en silencio para tratar de pasar de desapercibido ante lo que se avecina.
Hablamos del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien Peña Nieto todo consultaba y por tanto también tenía la facultad de cancelar o modificar contratos gubernamentales, y su poder se expandía hasta exigir la renuncia de cualquier funcionario del gabinete –como ocurrió con Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex– que le estorbara en sus intereses económicos y políticos.
Temeroso, Videgaray espera ahora que las investigaciones judiciales por corrupción en Petróleos Mexicanos no lo alcancen, a pesar de haber sido él quien revisaba y autorizaba los grandes contratos que se hacían en el gobierno anterior.
Además de su participación en la compra-venta de empresas privadas quebradas del sector energético con sobreprecios, las nuevas autoridades de procuración de justicia podrían revisar también su expediente que guarda la Secretaría de la Función Pública sobre la adquisición que hizo Videgaray de una residencia en el Club de Golf Malinalco y que cerró indebidamente el exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
De acuerdo con lo reportado en el sexenio anterior, Videgaray habría pagado al Grupo Higa –el mismo involucrado en la Casa Blanca entregada a Peña y su esposa– la tercera parte de los 7.5 millones de pesos que costó la lujosa mansión con “obras de arte”.
Sin embargo, ante solicitudes de información las autoridades responsables rechazaron informar quiénes son los autores y que tipos de obras fueron (pintura, dibujo, boceto, grabado, escultura), aunque el propio exsecretario de Hacienda ha dicho que se trató de obras pictóricas, pero hasta ahora sin conocerse su valor económico individual y total, así como los papeles que amparen la legítima propiedad de las mismas.
Según las autoridades del gobierno de Peña, se trata de datos confidenciales que, de divulgarse, podrían contribuir a que se estime el patrimonio de Luis Videgaray, a quien señala como “persona física identificada”.
En la columna Agenda de la corrupción en Contralínea, se publicó que fue a través de un crédito inmobiliario del Grupo Higa como se financió la compra de esa casa en Malinalco, Estado de México.
La supuesta investigación realizada por el exsecretario Andrade terminó con la exoneración a Videgaray, al considerar que aunque en la compra-venta se involucró financieramente a un contratista del gobierno, “ésta se hizo apegada a derecho”.
Dicho crédito inmobiliario por 7.5 millones de pesos habría sido saldado por el exsecretario de Hacieda Videgaray a finales de 2012 y casi la tercera parte se liquidó supuestamente con tres piezas pictóricas en cuestión, valuadas en ese entonces en 2 millones 452 mil 492 pesos.
Sin embargo, fuentes del sector financiero sostienen que todo se trató de una burda simulación, pues no hay evidencias del origen de dichas obras ni el avalúo de las mismas, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría abrir una investigación por presunto lavado de dinero, para que le finquen responsabilidades administrativas y penales al exsecretario de Estado. Para evitar la impunidad, el caso está en manos de la Secretaría de la Función Pública, que preside la doctora Irma Eréndira Sandoval, y de la Fiscalía General de la República, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero.
Puntos suspensivos… Dentro del gabinete, como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se prevé que continúen los cambios, pero los próximos no serán menores, como los ya ocurridos de subsecretarios o la renuncia del director general del IMSS, el panista Germán Martínez, sino que los próximos serán de secretarios de Estado. En ese panorama de cambios necesarios, ante la eventual salida de la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, ya se prevé al interior del gabinete que sería sustituida por el actual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien allí haría un mejor papel que el ahora desempeñado en como policía, y a la SSP llegaría el general Audomaro Martínez, actual responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y quien ha logrado en poco tiempo una buena integración de los órganos de seguridad nacional, que incluye a la secretarías de la Defensa y Marina. El general Audomaro tiene la experiencia necesaria en materia de inteligencia y seguridad, además mantiene una buena relación con todos los integrantes del gabinete de seguridad, lo que permite atender con mayor eficacia el problema grave de violencia que afecta a todo el país. Como se sabe, el general Audomaro tiene además la confianza del presidente de la República y su promoción permitiría una mejor coordinación con los cuerpos policiales y militares del país. Estos cambios serían necesarios para hacerle frente al crimen organizado al mismo tiempo de hacer un trabajo de labor social para disminuir la pobreza y la desigualdad que afecta a por lo menos 80 millones de personas… Para aquellos que han seguido con atención la investigación por corrupción que tiene abierta el director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien oficialmente está “suspendido” en su responsabilidad hasta que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de la doctora Irma Eréndira Sandoval, resuelva en definitiva su situación laboral y administrativa, pues les informamos que este funcionario petrolero sigue en funciones y sentado en su despacho ubicado en Villahermosa, Tabasco. A pesar de haber sido retirado del cargo en lo que se llevan a cabo las indagatorias por su participación en la firma de contratos de servicios con universidades y que fueron ilegalmente transferidos a empresas fantasmas, Lozada Aguilar sigue despachando al frente de las oficinas de PEP, sin que la doctora Sandoval se entere, lo que viola la normatividad de la SFP y vulnera la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó que se le retire definitivamente del cargo. ¿Será que el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, desconoce esta situación?… En la principal empresa productiva del Estado, Pemex, se ha desatado una lucha interna por el poder y el control de puestos claves para la asignación de contratos que, según se estima, ascenderán a más de 200 mil millones de pesos para reactivar la industria petrolera. Esta es una de las razones por las cuales Miguel Ángel Lozada Aguilar se resiste a dejar el cargo y espera un “milagro” para continuar al frente de PEP. Para ello se ha dado a la tarea de bloquear el trabajo de Abraham Alipi, ese joven tabasqueño que acaba de ser nombrado como subdirector de Servicios a la Explotación en PEP, por instrucciones directas de Palacio Nacional y quien cuenta con la confianza y amistad del presidente de la República, pero que ha tenido que remar contracorriente para limpiar el cochinero que dejaron sus antecesores y detener a nuevos funcionarios petroleros que buscan quitarlo del cargo. Uno de los principales operadores de la Dirección General de Pemex es sin duda Marcos Manuel Herrería Alamina, director corporativo de Administración y Servicios (quien por cierto no aparece con registro alguno de cédula profesional ante la SEP), ha tomado prácticamente el control de la paraestatal petrolera en cuanto a negocios se trata sin tener conocimiento en materia petrolera. Sería bueno que las secretarias de Energía, Rocío Nahle, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, revisen con lupa los contratos petroleros que firmen u ordenen esos funcionarios para evitar un manejo indebido de recursos públicos. Imagínense que Herrería Alamina estuvo en Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas capitalina en el gobierno de Miguel Ángel Mancera… Otro funcionario petrolero del cual tendrán que estar atentos los órganos de control y vigilancia en Pemex es del director de Pemex Logística, Javier González del Villar (sobrino del famoso Samuel del Villar), quien tiene a su cargo los 32 mil kilómetros de ductos donde se transportan productos petrolíferos por todo el territorio nacional, pues es en esas tuberías es en donde se da el huachicol de combustibles. Por cierto, uno de los operadores de González del Villar en Pemex es Juan Pablo Martínez Iglesias, quien sin tener cargo público en la empresa petrolera le abren todas las puertas de la paraestatal.
Miguel Badillo
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