Aarón E Hernández H*
En estos momentos México está viviendo una severa crisis humanitaria donde la violencia generada por el Estado es el pan de cada día que, si bien afecta a todas y todos en este país, de manera particular lo hace con las personas jóvenes.
Cuando una violación a derechos humanos se realiza de manera repetitiva, ya no se trata de un “hecho aislado” o “coyuntural”, sino de un actuar sistemático del aparato estatal, que tiene la finalidad de mantener las estructuras de poder y dominación, favoreciendo los intereses de quienes ocupan las altas esferas política y económica.
Las violaciones sistemáticas se han intensificado en las dos últimas administraciones, donde la implantación de megaproyectos en zonas rurales y urbanas, la “lucha contra el crimen organizado” y las reformas estructurales han detonado un gran descontento por parte de la población, traduciéndose en el levantamiento de distintos movimientos sociales como diversos frentes en defensa de la tierra y el territorio, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad o el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Los movimientos sociales en distintos momentos han mantenido una postura crítica y de exigencia ante el actuar del Estado mexicano, trastocando así los intereses de quienes detentan el poder.
La respuesta del aparato estatal ha sido la criminalización, el uso del estado de excepción, delitos de lesa humanidad, la militarización y el terrorismo de Estado, acciones reiteradas en las que incurren las instituciones de gobierno con la finalidad de modificar y/o controlar el comportamiento de un grupo específico de la población. En su mayoría ha tenido como objetivo a la población joven, en especial la estudiantil, como podemos ver en distintos hechos más representativos:
La masacre de Tlatelolco la noche del 2 de octubre de 1968, donde el Ejército atacó a los estudiantes dejando un importante saldo de asesinatos y desapariciones con la intención de desarticular el movimiento. En esa lógica, en 1971, un grupo paramilitar denominado Los Halcones, asesinó y dejó heridos a varios estudiantes participantes de una movilización. Estos dos sucesos se han convertido en el principal referente de criminalización de las juventudes mexicanas.
Durante la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 1999, los medios de comunicación comenzaron una campaña de estigmatización de los universitarios, señalándoles como “criminales” que tenían “secuestrada” a la máxima casa de estudios, discurso que legitimaba la ejecución de operativos de la Policía Federal, atentando contra la autonomía de esta institución, tal como lo sucedido el 15 de noviembre pasado.
En 2006, la comunidad del pueblo de San Salvador Atenco, ubicada en el Estado de México, se encontraba en pie de lucha y resistencia. Se oponía a la construcción de un aeropuerto que afectaría la forma de vida de los pobladores, quienes se dedican a la agricultura. En ese contexto, el 3 de mayo de ese año se llevó a cabo un operativo policial haciendo uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. Éste registró como saldo el asesinato de los jóvenes Alexis Benhumea, de 20 años de edad, y Javier Cortés, de 14 años; cerca de 200 detenciones arbitrarias (entre ellas, las de nueve niñas y niños); casos de tortura y tratos crueles o degradantes; tortura y violación sexual de 26 mujeres, algunas entre los 18 y 27 años de edad (eran empleadas o estudiantes).
La criminalización no sólo se hace presente en contra de movimientos sociales, también lo hace para crear control social sobre la población –en este caso, las juventudes–, valiéndose de la estigmatización y discriminación por edad y apariencia física (vestimenta y tatuajes), ejemplo de ello es el caso New’s Divine.
En 2008 se realizó un operativo de seguridad en la Discoteca New’s Divine, ubicada en la delegación Gustavo A Madero, en la Ciudad de México. En éste fallecieron siete jóvenes, dos policías auxiliares y un agente judicial, dos jóvenes más al llegar al hospital. De los jóvenes fallecidos, cuatro eran menores de edad. En esa ocasión no hizo falta disparar algún arma: el operativo provocó pánico en el lugar y el dueño apagó las luces y el aire acondicionado, el lugar no contaba con las condiciones mínimas de seguridad, sólo había una salida de 1.2 metros de ancho, lo que dificultó la salida de alrededor de 500 personas envueltas en pánico.
Este caso demostró que las fuerzas policiales no están capacitadas para realizar operativos en donde se garanticen y respeten los derechos humanos, lo que devino en la emisión de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la cual se exigen condiciones de seguridad para las y los jóvenes en la entidad, lo que demuestra la necesidad de una ley de derechos de las juventudes que genere dichas condiciones, sin embargo a la fecha no se ha podido materializar.
En 2011, bajo el argumento de la “guerra” contra el crimen organizado, se agudizó la criminalización hacia las juventudes, pues se señalaba que los hombres jóvenes eran presa fácil del crimen organizado al ser involucrados como sicarios. Se identificó la utilización de menores de edad en labores del Ejército, desapariciones forzadas y tratos crueles y degradantes. Las personas jóvenes fueron las principales víctimas. En versiones oficiales se decía que su fallecimiento era a causa del “fuego cruzado”. No existen datos desagregados sobre cuántas personas jóvenes han sido víctimas de la “guerra” contra el narco.
Con la identidad del #YoSoy132, en 2012 se volvió a articular el movimiento estudiantil que, entre otras cosas, exigía transparencia en los procesos electorales y mostraba su descontento por la candidatura de Enrique Peña Nieto por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por representar el regreso de dicho partido a la silla presidencial a pesar de ser responsable de los actos ocurridos en Atenco y de no atender el creciente número de feminicidios en el Estado de México (en su mayoría de mujeres jóvenes).
El 1 de diciembre de ese año, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, se llevaron a cabo protestas frente al Palacio Legislativo. Horas después se realizaron 99 detenciones arbitrarias (consideradas así porque no había denuncia de algún testigo o porque los detenidos no se encontraron en flagrancia); de esas personas, 14 fueron remitidas a reclusorio. Si bien los detenidos del 1 de diciembre ya se encuentran en libertad, los pasados 15 y 16 de noviembre algunos de estos jóvenes fueron asechados y detenidos, acusados falsamente por delitos de robo y están siendo procesados, lo que deja la pregunta: ¿dónde está la garantía de no repetición para quienes han sido víctimas de detención arbitraria?
Estas detenciones suceden en el marco de las movilizaciones que están teniendo lugar en el país debido a lo ocurrido en Guerrero, donde 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se encuentran como víctimas de desaparición forzada, además de las ejecuciones extrajudiciales, como la de Julio César Mondragón Fontes, de 22 años de edad, cuyo cuerpo mostraba signos de tortura. Estos actos fueron cometidos por elementos de las fuerzas de seguridad pública de Guerrero. La normal rural se encontraba en resistencia y protestaba, entre otras cosas, por las violaciones a derechos humanos derivadas de la reforma educativa.
En el mismo marco de movilizaciones en apoyo a los normalistas, el 8 de noviembre pasado se realizaba una protesta pacífica en el Centro de la Ciudad de México. Al final de la marcha ocurrió un incendio en la puerta del Palacio Nacional. Hora y media después, cuerpos policiales realizaron pesquisas en los alrededores; el objetivo era detener arbitrariamente a quienes tuvieran facha de jóvenes estudiantes. Así, se detuvieron a 18 personas de las cuales dos eran mujeres y dos menores de edad, uno de estos últimos vive y sobrevive en la calle. Actualmente todos se encuentran en libertad al demostrarse que los acusados no tuvieron nada que ver con el disturbio.
México está viviendo una intensificación de la violencia estructural, donde son las juventudes las que están siendo golpeadas, y lo son porque juegan un papel importante como agentes de transformación social. El Estado lo sabe y por ello les tiene en la mira. Ahora, más que nunca, las juventudes deben unirse, construir ese diálogo intergeneracional y encontrar alternativas desde la no violencia activa, desde la resistencia, que ese grito de: “¡Nos están matando!” sea capaz de generar la fuerza necesaria para vencer las dinámicas del poder. Las instituciones gubernamentales deben de responder por sus actos y omisiones, cambiar abandonando las prácticas represivas y garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la reparación del daño.
Aarón E Hernández H*
*Colaborador del Área de Investigación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
Contralínea 414 / del 30 de Noviembre al 06 de Diciembre del 2014
