En los últimos meses se han incrementado los ataques del crimen organizado contra sacerdotes de la Iglesia Católica. Por la impunidad que priva y la inseguridad que enfrenta, en ese círculo social la desesperación también va en aumento.

Algo que quedó de manifiesto el fin de semana pasado, cuando el obispo Salvador Rangel –de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero– dio una conferencia de prensa para denunciar que, en Tlapa, el crimen organizado le exigió al obispo Dagoberto Sosa un pago por “derecho de piso” (Jesús Guerrero, Reforma, 29 de mayo de 2017).

Así, esa especie de impuesto que cobran los criminales a empresas y negocios llegó a los recintos de culto. Pero no sólo eso, el clérigo también señaló que al obispo de Ciudad Altamirano, Maximino Miranda, lo asaltaron y le quitaron una camioneta “en un retén de un grupo criminal”.

A decir de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, detrás de las agresiones se encuentran principalmente dos cárteles del narcotráfico. “Las organizaciones criminales, como Los Zetas y Los Caballeros Templarios, siguen atacando a los sacerdotes católicos y a otros líderes religiosos con amenazas de muerte, extorsión e intimidación. En algunos casos, estos objetivos son asesinados”, señala el Informe anual 2017 de la United States Commission on International Religious Freedom.

Refiere que entre los casos más extremos de violencia contra integrantes de la Iglesia Católica están las ejecuciones registradas en 2016: “en una misma semana de septiembre de 2016, tres sacerdotes fueron encontrados muertos: los padres Alejo Nabor Jiménez Juárez, José Alfredo Suárez de la Cruz y José Alfredo López Guillén. Los dirigentes religiosos son blanco porque hablan en contra de las pandillas y/o porque se niegan a incluir la mitología espiritual en sus sermones”.

Minorías religiosas, presas de la ira

Para el caso mexicano, el informe de la United States Commission on International Religious Freedom refiere otro grave problema que pocas veces se visibiliza: los ataques extremadamente violentos contra minorías religiosas, que han derivado en el desplazamiento forzoso de unas 35 mil personas en México.

Al respecto, refiere que el marco normativo de los usos y costumbres ha dado lugar a violaciones de la libertad religiosa dirigidas contra minorías, “en diferentes municipios de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca y Puebla, donde residen muchas comunidades predominantemente indígenas”.

El reporte indica que en la mayoría de esas agresiones el problema radica en la interpretación y aplicación de la ley. “Los municipios interpretan el catolicismo como la cultura indígena mayoritaria a ser protegida, y las autoridades locales –incluyendo algunos líderes católicos– han perseguido a los que se niegan a convertirse, a pagar ‘impuestos’ por eventos y operaciones católicas o participar en actividades religiosas católicas”.

Agrega que los ataques no son exclusivos de quienes profesan el catolicismo. “También hay casos en donde los municipios predominantemente protestantes han participado en violaciones de la libertad religiosa contra los católicos y/o otros protestantes. En estas áreas, las minorías religiosas que no desean participar o contribuir financieramente a fiestas religiosas, o que desean practicar una fe diferente o ninguna fe, han experimentado violencia, desplazamiento forzado, detención arbitraria y destrucción de bienes personales e inmuebles destinados al culto. Otras medidas de represalia incluyen cortar el agua y la electricidad, prohibir los entierros en los cementerios comunitarios, negarles el acceso a las escuelas, prohibir la participación en la actividad política y cívica de la comunidad y negar el empleo”.

Según el documento, en México se han registrado recientemente al menos 150 casos de violaciones de la libertad religiosa que no han sido resueltos ni por las autoridades locales ni por las federales, según les reportan organizaciones de defensa de la libertad religiosa.

La Commission on International Religious Freedom destaca que este tipo de agresiones relacionadas con la aplicación del marco normativo relacionado con los usos y costumbres ha ido en aumento, según lo documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

También informa que actualmente hay 35 mil personas desplazadas en México debido a estas violaciones. “Las oficinas de asuntos religiosos y las instituciones del Estado no pueden responsabilizar a los funcionarios gubernamentales o miembros de la sociedad que hayan cometido actos de violencia, desplazamiento, acoso o discriminación contra las minorías religiosas. En los pocos casos de intervención y mediación gubernamental, los funcionarios no realizan un seguimiento para asegurar que se apliquen los acuerdos”.

El informe enlista, además, casos de violencia contra minorías religiosas. “En la primera mitad de 2016 hubo varios reportes de violaciones a la libertad religiosa: el 4 de enero de 2016, las autoridades destruyeron propiedades y expulsaron a la fuerza a nueve familias pertenecientes a la iglesia Renovación en Cristo en Chiapas. El 29 de enero, las autoridades expulsaron a la fuerza bajo la amenaza de linchar 20 familias bautistas en Jalisco. En febrero, una iglesia protestante en Chiapas fue incendiada. El 24 de abril, funcionarios cortaron el agua de cinco familias evangélicas en Chiapas. En mayo, funcionarios estatales expulsaron con fuerza a 86 familias protestantes y cortaron el agua y la electricidad de otras 15 familias protestantes en Chiapas. En junio, una familia protestante en Chiapas que se negó a contribuir financieramente a las fiestas católicas fue encarcelada y multada, y un hijo fue golpeado antes de huir”.

Y pese a que son miles los afectados, sea del narcotráfico o de reaccionarios religiosos, los casos se encuentran impunes.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 542 / del 05 al 11 de Junio de 2017