La discriminación secular y el modelo económico que persisten en la región de la Montaña de Guerrero profundiza la pobreza entre las mujeres indígenas, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“No existe una estrategia clara que potencie los esfuerzos y el trabajo de la mujer indígena a fin de revertir la situación de pobreza y marginación. Viven en la carencia e imposibilidad de acceder a los productos de la canasta básica, a las medicinas y una vivienda digna”.
Además, indicó, los servicios de salud son inaccesibles, no disponibles y de mala calidad. “El personal carece de perspectiva de género y pertinencia intercultural en la atención que brinda, malas prácticas que han ocasionado muertes maternas, infantiles y violencia obstétrica”.
En un comunicado, la organización detalló que en lo que va del año, de los 202 casos de violencia a mujeres, 82 fueron del tipo económico, perpetrados por los esposos, concubinos y algún otro familiar obligado a proporcionar alimentos; 48 de violencia física; 43 de violencia psicoemocional –guarda y custodia, separación y divorcios– y seis casos de violencia patrimonial (mujeres que fueron despojadas de sus bienes).
Al respecto, la organización subrayó que la política social del gobierno ha sido insuficiente para revertir la pobreza secular de la mujer y, por el contrario, se ha acentuado. “El gobierno estatal y los municipios implicados carecen de una política efectiva que revierta este lastre social”.
Agregó que otra deuda es que “no se despliegan campañas que informen de los derechos de las mujeres y niñas, ni se atienden las causas estructurales de pobreza y marginación que propician estas malas prácticas; al contrario, los municipios implicados participan en los arreglos de matrimonios forzados o muchas de las veces obligan a las niñas que intentan deshacer estos matrimonios a devolver el dinero o de lo contrario las encarcelan”.
En el comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refrendó su apoyo para una vida libre de violencia y exigió al Estado instrumentar políticas efectivas que reviertan la pobreza y los obstáculos para que la mujer indígena acceda a la salud, educación y a la justicia.
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