La posibilidad de que el narcotráfico mexicano coopte o atente contra algún candidato a la Presidencia de la República es un riesgo que en Colombia se volvió realidad desde la década de 1990. Especialistas consideran que el crimen organizado buscará incidir en las elecciones presidenciales de México en 2012

El objetivo último del narcotráfico es controlar el sistema de un país, en sus ámbitos político, policial, judicial, económico y social, explica Alejandra Barrios, especialista en resolución alternativa de conflictos por la Universidad Externado de Colombia y secretaria ejecutiva del Acuerdo de Lima, que es la red de organizaciones de la sociedad civil que en América Latina efectúa observación electoral.

En Colombia, explica, primero se dio una alianza entre el político –candidato o gobernante– y el narcotraficante, y éste, con sus recursos económicos y humanos ilimitados, terminó por atraparlo.

“De esta manera es mucho más fácil comprar el favor del político y subordinarlo al interés de los ilegales. Deja de ser un aliado y queda a su servicio. La relación que empezó siendo una alianza termina en subordinación”, afirma.

En México, el crimen organizado ya opera de esa manera. Ejemplos de esta “colombianización”, considera, son el exdiputado perredista Julio César Toscano, a quien se le acusó de recibir apoyos económicos de la Familia Michoacana, y Gregorio Sánchez, Greg, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-Partido del Trabajo-Convergencia al gobierno de Quintana Roo, detenido por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. O bien, la filtración del periódico Reforma de que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Guerrero, Manuel Añorve Baños, había recibido del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva 15 millones de dólares para su precampaña, versión de un testigo protegido que no avaló la Procuraduría General de la República.

Al mismo tiempo, las bandas de delincuentes han asesinando a los políticos incómodos. Fueron los casos del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, y de la mayoría de los 17 alcaldes asesinados en distintos puntos del país.

“No podemos descartar de antemano que podríamos ver en México un candidato a la Presidencia con nexos o compromisos con el crimen organizado. Tendremos que ver quiénes son los aspirantes, cuáles son sus posturas y esperar incluso a ver cómo empiezan a gobernar para poder tener en claro que no ha habido vínculos”, dice Jesús Cantú Escalante, profesor-investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico Monterrey.

El Instituto Federal Electoral (IFE) puede dar vista al Ministerio Público (MP) para que investigue la procedencia del dinero irregular que detecte en las campañas, pero sólo el MP y las autoridades jurisdiccionales pueden determinar si hay vínculos entre candidatos y crimen organizado, explica Alfredo Figueroa, consejero electoral del IFE.

—¿Se puede garantizar que no podría llegar a la Presidencia de la República un candidato comprometido con el narcotráfico?

—En la medida en que el MP y el Poder Judicial actúen en esa dirección, eso estará garantizado. Mientras eso esté en cuestión, pues en esa misma condición estará la de los candidatos y demás.

Revelaciones contenidas en libro Los señores del narco, de la periodista Anabel Hernández, y de la revista Proceso 1779, indican que el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro negoció con los principales jefes del narcotráfico en México un alto al fuego por encargo gubernamental, entre 2008 y 2009. Joaquín Guzmán, el Chapo, refirió al militar “que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Secretaría de Gobernación (el actual senador Ulises Ramírez Núñez) les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares”, a pesar de que la entidad ya había sido comprometida con el Chapo, según las dos versiones complementarias.

Al ser nombrado secretario de Gobernación en enero de 2008, Juan Camilo Mouriño se convirtió en “presidenciable” y comenzó a figurar en las encuestas de las preferencias electorales prematuras hacia 2012. Carrera a la Presidencia que se truncó al caerse el avión en el que viajaba en noviembre de 2008.

El sistema narco

En 1994, Ernesto Samper llegó a la Presidencia de Colombia apoyado con el financiamiento del narcotráfico. Uno más, Álvaro Uribe (2002-2010), se benefició electoralmente de la estructura narcoparamilitar.

En los comicios de 1990, Colombia no tuvo una contienda electoral, sino una suerte de eliminación de precandidatos, de manera que llegó el que sobrevivió: César Gaviria, pues los narcotraficantes asesinaron a los aspirantes Luis Carlos Galán, liberal, y Carlos Pizarro León-Gómez y Bernardo Jaramillo Ossa, de la izquierda.

Tras mencionar estos casos de ingerencia del crimen organizado en las elecciones de Colombia, Claudia López, investigadora y analista política de ese país, dice que de todos modos es muy difícil que los narcos en Colombia o México sean capaces de poner a su propio presidente.

“Los narcos lo intentaron en la década de 1990 con Alberto Santos, pero perdió con Ernesto Samper. Pero es por la vía de cooptar al candidato más viable. No importa quién sea, como operan, para que sea un presidente afín a los intereses de las mafias.”

Directora del Observatorio para la Democracia de la Misión de Observación Electoral, donde coordina investigaciones sobre riesgos electorales, estructuras de poder político y reforma política y electoral, Claudia López explica que lo primero que tratan de inhibir los delincuentes es la fuerza pública. En segundo lugar, la justicia, y por último, la política, “en cualquier lugar del mundo”.

Para las mafias, asegura, acceder al poder político es una parte fundamental de su estrategia para poder operar y manejar las cosas del gobierno.

“No hay acuerdos con la mafia gratis. Eso no pasa. Es decir, la protección de la delincuencia cuesta algo más que plata o una cuota. En el caso colombiano, es la representación política de los intereses de la mafia en el gobierno, que se traduce en no persecución, impunidad. Por un tiempo, lograron la no extradición, pero cuando finalmente se permitió, el objetivo fue que no se aplicara”, señala.

Magíster en administración pública de Columbia University-New y diplomada de gestión de suelo del IHS-Rotterdam University y World Fellow de Yale University, Claudia López refiere que las guerrillas en Colombia surgieron en la década de 1950 como una revolución armada para la toma del poder, ante la falta de salidas políticas. Y las autodefensas se crearon en el entorno rural, en la década de 1960, para protegerse de las acciones de los insurgentes, con el apoyo y entrenamiento del ejército, dando lugar a los grupos paramilitares.

Fueron los políticos, con el respaldo de los empresarios, quienes crearon a los paramilitares por ley, como una suerte de fuerza pública, para defenderse o mejorar la eficacia de la lucha contra la guerrilla.

Los narcotraficantes aparecen en la escena en la década de 1980. Nacen para ese negocio; su tema es el poder económico.

Diez años después, los grupos paramilitares en Colombia se volvieron mafias o bien, se fusionaron con cárteles o se siguieron manteniendo como autodefensas. “Hoy en día –dice López– es imposible distinguir entre unos y otros: ya no hay narcos que no sean paramilitares ni paramilitares que no sean narcos”.

Los políticos, continúa, mantuvieron su colusión con los paramilitares. “La gente que compite por el poder político ya venía en el paquete de los paramilitares. Cuando se unen el narco y el paramilitarismo, lo que queda es el poder militar, el poder político y el poder económico legal e ilegal en una sola fusión de intereses”.

Aclara que no se trata de una empresa conjunta, perfectamente coordinada, en la que se reúnen los participantes. Lo que hay, más bien, es una fusión de intereses en el territorio, en donde cada quien hace su parte.

“Los políticos y los empresarios, en buena medida, llevaron a los paramilitares a sus regiones, entre otras cosas porque descubrieron que la seguridad sale muy barata con la mafia, pues es la que paga. Si ellos hubieran tenido que costear la expansión del ejército y la policía, habrían tenido que triplicar los impuestos en Colombia para poder soportar ese gasto. Los narcos cubrieron ese gasto de la renta que les da su negocio. Tenemos entonces una seguridad brutalmente eficaz y barata”.

Al igual que los paramilitares, la guerrilla también se unió o se convirtió en mafia. Ambos necesitan, además de corrupción, custodia, protección, es decir ejercer funciones de control y dominio territorial. Eso requiere ejércitos de una escala distinta a los que se puedan requerir en Centroamérica o México. En la década de 1990, Colombia llegó a tener 190 hectáreas de coca sembradas y había ejércitos de 20 mil hombres para protegerlas.

“La narcoguerrilla domina más territorio que población. Tiene una gran presencia sobre la mitad del territorio colombiano, pero allí vive sólo el 15 por ciento de la población. Si la guerrilla fuera capaz de dominar el voto de cada uno de esos habitantes, eso le da un máximo de 5 o 7 por ciento de las curules del Congreso”.

A su vez, el narcoparamilitarismo tiene presencia en 40 por ciento del territorio colombiano, donde vive el 80 por ciento de la población. “Eso le ha permitido, con su coacción, agencias políticas y financiación, influir determinantemente y tomar, como lo ha hecho, la tercera parte del Estado colombiano, en alcaldías, gobiernos y Congreso, e intervenir decisivamente en las campañas a la Presidencia de la República”.

Para Claudia López, ésos son los actores violentos que intervienen en el proceso electoral. El modus operandi de la narcoguerrilla son paros armados, hostigamientos a centros urbanos, quema de urnas e impedir la movilización de ciudadanos por carretera. Con los narcoparamilitares, se fuerza a la gente a ir a votar, se recogen cédulas con amenazas y los jurados de votación son detenidos, refiere.

En Colombia, entonces, hay una colusión de intereses que se refleja en la disputa por el poder político, el cual facilita, obstruye o impide esa complicidad. “A eso se refieren los políticos y mafiosos cuando dicen: ‘Dejen trabajar, dejen que el sistema funcione’”.

Es decir, explica, las mafias necesitan de empresarios, banqueros, industria y comercio para lavar dinero en la economía legal y reproducir su capacidad económica. “Eso es lo que vuelve rico y poderoso a un narco. Si entierra sus dólares, eso no es capital, no es poder económico y, por tanto, no se puede traducir en poder político”.

Los narcotraficantes, además, requieren de poca justicia para que no se hostigue a los capos; demandan poco control en el financiamiento de las campañas para que los políticos puedan beneficiarse de su capital; necesitan de poca persecución al lavado de dinero para que todos se beneficien de su poder económico; precisan de mantener instituciones que no colapsen, pero que tampoco operen plenamente, pues de otra manera el negocio y los intereses de todos se enredarían.

“Esos equilibrios y esas colusiones de intereses son los que hay que entender en cada contexto, para saber hasta dónde van a llegar o no por la competencia al poder político”, señala.

Esa colusión de intereses, continúa, es muy difícil de romper. “Es más fuerte que la creación de instituciones o de grandes cárteles o pactos. Es lo que mantiene eso que llamamos sistema”.

Candidatos afines

En México, los cárteles están desarrollando toda una estrategia para influir en los resultados electorales. Entre otras acciones, tratan de llegar a acuerdos con los candidatos, financian campañas y controlan los medios de comunicación, asegura Jesús Cantú, director del Departamento en Derecho y Análisis Político y director de la maestría en análisis político y medios de comunicación del Tecnológico de Monterrey.

“Hoy la delincuencia organizada trata de acercarse a cualquiera que tiene posibilidades reales de llegar al poder. Lo hacen directamente o a través de intermediarios. Hay quienes rechazan el contacto, pero cuando alguien se sienta a negociar con los delincuentes es que está dispuesto a encontrar espacios donde la ley no va a prevalecer”, señala.

Desafortunadamente, continúa el también exconsejero del IFE, a muchos que se han negado les ha costado la vida. Los narcotraficantes van con los alcaldes y les dicen: “Déjennos trabajar”. De 2 mil 530 presidencias municipales en el país, alrededor de 300 tendrán los recursos humanos y económicos para negarse y enfrentar una amenaza de los criminales.

Las mafias, dice, tratan de colocar a candidatos que saben que van a actuar para ellos, aunque también actúan con los que ya gobiernan. A manera de ejemplo, menciona que en Nuevo León, donde se está tratando de instaurar la policía única, el coordinador de este proyecto comentó que mientras no se hiciera la reforma constitucional para aplicarla en todo el país, sería opcional para las presidencias municipales que la quisieran.

“Los alcaldes regiomontanos se quejaron porque el coordinador los puso en el blanco de las organizaciones criminales que empezaron a presionar para que no aceptaran la policía única en sus demarcaciones, con el riesgo de pagar las consecuencias”, dice.

Para el financiamiento de las campañas, prosigue, están recurriendo a una suerte de “llave en mano”. Los negocios de los narcos para lavar dinero, ligados a los casinos, están creando empresas consultoras de estrategias electorales. “Van con los candidatos a presidentes municipales o gobernador y les dicen: ‘Nosotros nos vamos a encargar de toda tu campaña, es decir, del dinero, de la compra de espacios, la promoción del voto, etcétera’”.

Cantú dice que conoció el caso de un candidato de Nuevo León a quien no lo buscó directamente el cártel, sino un empresario reconocido que le ofreció 1 millón de dólares para su campaña. Naturalmente, eso implicaba una serie de compromisos para sus representados.

Este empresario, al no aceptar el trato, le expresó que había otros aspirantes que estaban dispuestos a recibir el millón de dólares. Es más, precisó, muchos lo estaban buscando, y esos recursos, asegura, no se reportan en los gastos de campaña y muchas veces son difíciles de detectar.

Los narcotraficantes, además, presionan a los medios de comunicación electrónicos e impresos para que difundan lo que les interesa o promuevan a los candidatos de su preferencia. Hasta 2010, se había contabilizado 67 periodistas asesinados y 19 desparecidos en México.

Además, los periódicos de provincia no difunden todos los crímenes de los cárteles. Por ejemplo, en Ciudad Juárez se detectaron 1 mil 642 ejecuciones en los primeros seis meses de 2010 y el periódico El Norte, de esta población, sólo difundió 128. De 364 ejecuciones en Nuevo Laredo, el periódico El Mañana no divulgó ninguna.

La Voz de Michoacán, de 382 ejecuciones, sólo reportó 17, y El Dictamen de Veracruz difundió nueve de 154 crímenes del narco.

En Tepeji del Río, Hidalgo, Los Zetas organizaron una gran fiesta para los periodistas. Cuando el evento estaba en su máximo entusiasmo, interrumpieron y dijeron a los asistentes: “Esto que ven aquí –alcohol, música, mujeres, regalos– está a su disposición a condición de que nos dejen trabajar en paz”. Es decir, dice Cantú, lo que pedían era obviamente el silencio.

Desafortunadamente, finaliza, las contiendas electorales también se dan en un entorno donde el IFE no ha recuperado su credibilidad –sólo un tercio de la población cree que las elecciones son limpias– y la fiscalía de delitos electorales es prácticamente inexistente.

“Noticias de narcopolíticos sólo son eso”

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, aliado electoralmente con el Partido Acción Nacional, no quiere considerar la posibilidad de que el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, hubiera sido un aspirante a la Presidencia de la República con sospechosos vínculos con el narcotráfico.

“Yo no sé, la verdad, no tengo la información. Respeto mucho la información de Anabel Hernández –autora del libro Los señores del narco, pero yo no puedo emitir un juicio sobre una información periodística.”

—Esa información fue corroborada por la revista Proceso.

—No importa.

—Dio el nombre del general que negoció con los jefes de los cárteles: Mario Arturo Acosta Chaparro, por instrucciones de Juan Camilo.

—Por eso. Cómo yo podría hacer un juicio de alguna información periodística que puede ser cierta, yo no dudo que no.

—¿Es posible que tengamos a un candidato a la Presidencia que esté relacionado con el narcotráfico?

—No. No creo que pudiera yo darte una respuesta contundente a este punto. ¿Sobre la base de qué puedo decir? Yo diría que en términos generales hay riesgo…

—Bueno, ya tenemos el caso del hermano del gobernador de Michoacán con esos nexos…

—No, tampoco puedo decirlo en torno a posibilidades.

—Otro caso es el de Greg Sánchez, candidato al gobierno de Quintana Roo, del PRD, por cierto.

—Ésas son solamente noticias; no ha sido juzgado. En este país, dice la Constitución, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y los que tú dices son sujetos a proceso para ver si son culpables o inocentes.

—Hay evidencias.

—No, no. Eso lo tiene que determinar el juez.

Contralínea 220 / 13 de febrero de 2011