Luego de 12 años en la oposición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aspira a sentarse nuevamente en la silla presidencial que por más de 70 años ocupó. Debilitado en su estructura y con una militancia dividida entre los colaboradores de Enrique Peña Nieto y los que no lo son, el priísmo pretende capitalizar el clima de violencia de los últimos años y trabaja para su retorno.

 

A través de un proceso cuestionado, Enrique Peña Nieto fue elegido para mostrar el “nuevo” rostro de la organización política; no obstante, el candidato lucha por mantener su posición privilegiada de preferencia en las encuestas, en medio de protestas de repudio protagonizadas por la sociedad civil.

 

El candidato ha sido constantemente cuestionado porque durante su administración, en el Estado de México, la entidad se colocó en primer lugar en cuanto a feminicidios se refiere. Además, la represión ejercida contra los campesinos de San Salvador Atenco llamó la atención de organismos internacionales.

 

En un país con un presidencialismo todavía muy poderoso, refiere Carlos Imaz, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y exfuncionario vinculado a gobiernos del Partido de la Revolución Democrática, las características de quien ocupe ese espacio cobran importancia: “Lo que veo es a un tipo hueco, un tipo vacío, sin ideas, con muchos cadáveres en el clóset, suyos y de su partido”.

 

Peña Nieto se ha hecho acompañar durante su campaña de personajes como Tomás Yarrington o Mario Marín, lo que ha causado aún más escepticismo entre la población de encontrarse frente a un “nuevo” Partido Revolucionario Institucional.

 

“De ‘nuevo’ no tiene nada. Atenco, Michoacán… Las matanzas campesinas, la represión a los ferrocarrileros, a los maestros, Aguas Blancas… 10 de junio, 2 de octubre… No sólo son gente poco honesta en el manejo de los recursos, sino que tienen las manos manchadas de sangre. No es quién las tuvo, [sino que] Peña Nieto, Ulises Ruiz [en estos tiempos] tienen las manos manchadas de sangre. Está en su naturaleza, es parte de su genética, de su ADN…”, indica el político Carlos Imaz.

 

Para el politólogo Valeriano Ramírez, también profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el de ahora es un “nuevo PRI” con los viejos esquemas y los viejos vicios. Un nuevo PRI con caras nuevas y nuevos estilos que habrá de reestructurarse para acordar y superar los cacicazgos locales. “Van a tener que negociar con los gobernadores”.

 

A decir de Hector Zamitiz, doctor en ciencia política y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, no hay un PRI que se haya reformado. La designación de gobernadores jóvenes o de un candidato joven, dice, no demuestra que hay una renovación de la clase política priísta: “ni se renovó la clase política del PRI, ni sus estructuras estatutarias para la selección de candidatos”; claro ejemplo de ello, señala el investigador, es la designación de Enrique Peña Nieto: “no fue propiamente una contienda interna, no hubo consulta a la base, no hubo pronunciamiento de una asamblea. El senador Beltrones declinó a participar en el proceso”.

 

 

 

 

 

En su Plataforma Electoral y Programa de Gobierno, un legajo de 102 hojas, el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México diagnostican la política de los gobiernos de la alternancia, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

 

Falta de empleo, crecimiento “mediocre de la economía”, un clima de violencia generalizado, corrupción, pobreza, escaso acceso a la salud y rezago educativo son algunas de las deficiencias que señalan; y que también sirven como base para definir su propuesta de gobierno, bajo seis ejes principales: democracia, seguridad y justicia; crecimiento económico, competitividad y empleo; desarrollo, equidad social y educación de calidad; medio ambiente y desarrollo sustentable; política internacional; y áreas estratégicas.

 

El profesor Valeriano Ramírez indica que, pese a que las propuestas son “necesarias”, no son asunto de partido, sino del modelo de acumulación del capital: “En este momento se requiere la reactivación de la economía. Si no se hace, el capital no funciona”.

 

Las políticas, dice, lejos de ser iniciativa del candidato son dictadas por organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

 

De acuerdo con el también sociólogo, cualquier candidato, al llegar a la Presidencia, tendrá que aplicar esas políticas de desarrollo. De ahí la similitud entre la plataforma política del PRI y el Proyecto Alternativo de Nación, de Andrés Manuel López Obrador. Son, dice Valeriano Ramírez, una necesidad para el crecimiento del país, para mantener los equilibrios internacionales y para mantener una región económicamente funcional que permita la reactivación económica y funcional del capital.

 

Sobre este punto, el catedrático explica que la plataforma de Josefina Vázquez Mota difiere de este plan, pues se mantiene en la idea de que el esquema se tiene que desarrollar pero con la iniciativa privada: “el PAN [Partido Acción Nacional] no ofrece un fortalecimiento del Estado. Ésa es la crítica que permanentemente se le ha hecho al PAN desde que surgió en 1934. Ellos están en contra de la rectoría del Estado”.

 

 

En “Memorias de una infamia. Atenco no se olvida”, artículo publicado en La Jornada el 9 de junio de 2012, Adolfo Gilly hace una selección de crónicas, memorias de lo ocurrido hace seis años en San Salvador Atenco. Represión policial lanzada por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el expresidente del país, Vicente Fox Quesada, quienes ahora unidos en campaña han asumido públicamente la autoría y la responsabilidad de los hechos.

 

Desde entonces, escribe Gilly, nadie ha sido castigado por la muerte de dos jóvenes, de 14 y 20 años; por golpear y humillar a los pobladores; por el cateo de casas, por el destrozo de viviendas; el robo; por la aprehensión con violencia de más de 200 personas. Tampoco por los 12 pobladores encarcelados más de cuatro años o por las decenas de mujeres violadas y humilladas por las fuerzas policiales de Fox y Peña Nieto.

 

Con la sombra de los hechos sucedidos en San Salvador Atenco, el Revolucionario Institucional asegura que, de llegar al poder, apuntalará la defensa de los derechos humanos, impulsará la universalización y mejorará las convenciones correspondientes, promocionará la legitimidad de los órganos de jurisdicción internacional.

 

Sobre el tema, Carlos Imaz refiere: “¿Pues no decía su padrino político Arturo Montiel, en un spot, que los derechos humanos son para las ratas? ¿Él que va a decirnos de los derechos humanos? ¿Que se aplican así como en Atenco: violando muchachas, asesinando a dos personas y golpeando hasta la muerte a dos (por lo menos), encarcelando por más de 60 años a los pobladores y acusándolos de terrorismo? Fue una vil y vulgar venganza de quien tiene un podercito y lo ejerce salvajemente, sin respeto a los derechos humanos, sin ley”.

 

 

Con alrededor de 686 homicidios dolosos de mujeres perpetrados entre 2007 y agosto de 2010, el Estado de México ocupó el segundo lugar en feminicidios durante la administración de Enrique Peña Nieto, tan sólo después de Chihuahua, entidad que ocupa el primer sitio con 796 crímenes contra mujeres durante el mismo periodo (Contralínea 274 ).

 

Proponemos –consigna el Programa de Gobierno de la coalición– reducir los índices de violencia contra las mujeres a través de consolidar acciones integrales para la prevención y la efectiva sanción. El impulso a la equidad de género y la creación de programas específicos para la mujer como prioridad presupuestal, además de la creación del programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres.

 

 

Desde la oposición, el priísmo en el Congreso impulsó la Ley de Asociaciones Público-Privadas que hoy se encuentra vigente. La iniciativa de Felipe Calderón Hinojosa legaliza los contratos de casi medio siglo, las expropiaciones a favor de privados y la entrega de recursos naturales propiedad de la nación para el desarrollo de negocios financiados con dinero público.

 

En México, al menos 29 proyectos operan bajo este esquema. Adjudicados al capital privado por el gobierno federal y los gobiernos estatales, principalmente panistas y priístas: prisiones, escuelas, carreteras, hospitales, transportes y generadores de energía fueron construidos –y son explotados– principalmente por capital español en contratos de hasta 30 años (Contralínea 266).

 

En este rubro, el Plan de Gobierno del PRI establece la creación de un programa nacional de infraestructura, la promoción de nuevos esquemas de financiamiento y presupuestación multianual que incentiven las obras a largo plazo y de alto impacto social en los municipios; el impulso de un fondo nacional de infraestructura y un modelo de la banca de desarrollo que financie los grandes proyectos de inversión en áreas “prioritarias”, como la innovación industrial, la generación de energías alternativas y el desarrollo agropecuario.

La construcción de nuevas presas, la reconstrucción de la infraestructura hidráulica y mejorar la infraestructura para racionalizar el consumo del agua; la construcción de carreteras y autopistas, transporte de pasajeros sustentable, aeropuertos, puertos, energía limpia, escuelas, hospitales y clínicas abastecidas, atendidas y con oferta de personal médico y camas suficientes, son algunos de los rubros que proyecta concretar el PRI.

 

En materia energética, Enrique Peña Nieto se ha pronunciado por la apertura al capital privado de Petróleos Mexicanos (Pemex). Aunque el documento también hace referencia al tema, no se explicita en qué consiste la “modernización”, tachada por algunos como una forma de privatización: “Nos proponemos impulsar las transformaciones necesarias para que Pemex sea palanca efectiva del desarrollo y crecimiento de la economía del país”.

 

Sobre si el modelo planteado por el priísmo es el camino a la privatización, Valeriano Ramírez señala que éste es la tercera vía, en referencia al sociólogo británico Anthony Giddens: “el PRI propone una sociedad de corresponsabilidades. La vinculación de la rectoría del Estado con participación privada. Es decir, ni el Estado de bienestar, ni el Estado liberal, la tercera vía que es la parte intermedia. Una participación privada en la política económica pero con rectoría del Estado”.

 

 

En el país, más de 8 millones de personas se encuentran en el desempleo, de acuerdo con información del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. La cifra rebasa en un 300 por ciento a la reportada por el Inegi (que apenas alcanza los 2 millones de “desocupados”) y más de la mitad de la población se emplea en la informalidad.

 

Pese a las propuestas de generar programas de empleo orientado particularmente a jóvenes desempleados y sin opciones educativas inmediatas; apoyar las iniciativas comunitarias y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el documento no ofrece respuestas de cómo resolver el desempleo en el país, y en los hechos, el PRI ha impulsado la reforma laboral.

 

El Revolucionario Institucional, acompañado de los integrantes del Partido Acción Nacional, ha impulsado en el Congreso la reforma a la Ley Laboral. Reforma que de acuerdo con Francisco Hernández Juárez, diputado federal de extracción perredista, no es la solución a la falta de empleos. Lo que pretende, explica, es precarizar más el empleo, facilitarle a las empresas los conflictos con los trabajadores, otorgarle ventajas al empresario y limitar los derechos de los trabajadores: “100 años de retroceso en el derecho laboral”, con el objetivo de legalizar lo que ya se hace en la práctica para evadir responsabilidades: contratar a través de terceras empresas.

 

 

De la continuidad en la “guerra” contra el narcotráfico, Imaz Gispert no tiene dudas, pues a su consideración, para dar solución a la violencia hay que ir a las causas y “queda claro que eso no lo pretende hacer el PRI”.

 

En su Programa de Gobierno, el PRI planea fortalecer con nuevas tecnologías a los cuerpos de seguridad, crear un centro de inteligencia único para la efectiva lucha contra el crimen organizado, crear órganos de procuración de justicia y de policía especializados en la lucha contra el consumo y tráfico de drogas, alentar la participación de la sociedad, consolidar el Programa Nacional de Prevención del Delito como un eje estratégico de la lucha anticrimen, combatir los circuitos financieros del dinero de origen ilegal, incrementar el producto interno bruto al combate a la inseguridad y replantear el sistema penitenciario; así como el fortalecimiento de la prevención del delito, preservar la vida y la integridad de las personas, de sus familias y su patrimonio, disminuir la violencia y elevar la eficacia con la que se combate al crimen organizado y aplicar una estrategia con respeto a los derechos humanos.

 

Si bien se habla de una política integral, el Revolucionario Institucional no define si va a continuar con la guerra en contra del narcotráfico, señala Valeriano Ramírez.

 

 

 

Aunque los partidos políticos deben registrar su Programa de Gobierno y Plataforma Electoral ante el Instituto Federal Electoral como requisito para contender por la Presidencia de la República, “no hay nada que los obligue a cumplir la Plataforma”, reconoce el también investigador Hector Zamitiz Gamboa, pues carecen de carácter vinculante.

 

El problema, refiere Valeriano Ramírez, no es que respeten las plataformas, sino, cuáles son las presiones nacionales e internacionales que padecen.

 

Señala Zamitiz Gamboa que hay que esperar para ver cuáles son aquellas definiciones de política que se extraen del discurso de campaña y después ver cuáles se establecen en el Programa Nacional de Desarrollo, “porque una cosa es el discurso de campaña y otra lo que se traduce en ley y llega a las cámaras para su discusión.

 

 

De regresar el PRI al poder, dice Imaz, significaría el regreso al pasado, a las mismas prácticas, los mismos vicios que el partido desarrolló durante 70 años. “No creo que podamos esperar algo diferente de lo que fue el giro de las políticas públicas en la década de 1980, conocido como giro neoliberal: el abandono de la responsabilidad social del Estado, apostar todo al mercado y terminar de desmantelar lo que desmanteló De la Madrid y luego Salinas”.

 

“El regreso [del PRI] implicaría, desde mi punto de vista, restablecer algunas cuestiones del viejo sistema político: el regreso de las formas de organización del otrora sistema político priísta”, concluye Hector Zamitiz.

 

—De recuperar el PRI la Presidencia, quién va a gobernar, Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto –se les pregunta a Carlos Imaz y a Valeriano Ramírez.

 

—El poder económico –coinciden.

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 290