Un sexenio le bastó al cacicazgo del PRI para regresar al poder en la entidad más pobre de México. Aunque las reñidas elecciones por celebrarse este 30 de enero no muestran un candidato claramente ganador, cualquiera de los dos punteros tiene como origen el figueroísmo. El gobernador Zeferino Torreblanca deja al estado inmerso en la violencia y con varios conflictos sociales a punto de estallar. Entre los damnificados de su administración, está su propio partido, el PRD: desmembrado, carente de identidad y sin liderazgos
El candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno de Guerrero fue sacado de la contienda desde hace poco más de un año, asevera la diputada federal guerrerense Florentina Rosario Morales. La representante de la cuarta circunscripción del estado en la Cámara de Diputados se refiere al asesinato del entonces presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, ocurrido el 20 de agosto de 2009. Al político perredista más popular en la entidad se le consideraba el “candidato natural” de su partido para las elecciones que se llevarán a cabo este domingo 30 de enero. Además de ser interlocutor entre su bancada y las demás fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo del estado, era interlocutor entre el amplio movimiento social guerrerense y las instituciones gubernamentales.
El senador por Guerrero Julio César Aguirre Méndez no está de acuerdo: “No estaba decidido que Chavarría fuera el candidato; no era un candidato seguro; siempre hubo muchos candidatos”. El perredista aclara que Chavarría, asesinado una mañana cuando salía de su domicilio, era “un gran político al que nadie le puede faltar respeto a su memoria; pero siempre tuvimos muchos candidatos; él no era el único”.
—Por qué tuvieron que postular a alguien de fuera.
—Bueno, la izquierda quedó desdibujada y tuvimos que recurrir al mejor de afuera. Tenemos un candidato ciudadano.
El “candidato ciudadano” se llama Ángel Heladio Aguirre Rivero. Priista de toda la vida, fue secretario particular y de Gobierno durante los sexenios de Alejandro Cervantes y José Francisco Ruiz Massieu. También fue diputado federal en dos ocasiones, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado y, hasta convertirse en candidato del PRD, senador por el mismo partido al que se afilió apenas cumplida la mayoría de edad.
Además, luego de la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer al gobierno del estado por la matanza de campesinos en Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, Ángel Aguirre se convirtió en gobernador. Durante su gestión, del 12 de marzo de 1996 al 31 de marzo de 1999, sucedió una nueva masacre en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, región de donde es originario.
“Así es, el PRI regresa al gobierno de Guerrero. Nuestro partido (el PRD) ha cobijado a un candidato priista”, sostiene la legisladora Rosario Morales.
Aguirre Rivero aún no renunciaba a su militancia en el PRI cuando se convirtió en precandidato del Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia), alianza formada por el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia. Desde inicios de 2010, había gestionado su candidatura en el PRI, pero la cúpula de ese partido se decidió el 6 de agosto de ese año por Manuel Añorve Baños. Entonces inició negociaciones con la dirigencia nacional del PRD. El presidente del partido, Jesús Ortega; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, impulsaron en el Consejo estatal que la convocatoria para designar candidato no se circunscribiera a los militantes perredistas, sino que fuera “abierta a la sociedad”.
El 25 de agosto, Aguirre Rivero ya era precandidato del Dia. Renunció a su afiliación priista al día siguiente.
“Es una peculiaridad del sistema político mexicano que quien hasta ayer era militante de un partido se convierta en el candidato del partido adversario”, expone el doctor Secundino González Marrero, director del doctorado en ciencias políticas del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero.
El politólogo y sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid señala que el espectro ideológico del PRI mexicano es tan amplio que puede tener candidatos en otros partidos. “Recordemos que la creación del PRD se dio a partir de una escisión en el PRI”.
Además, explica, en México, cuando un candidato llega al poder se le genera un clientelismo y un apoyo que traspasa ideologías. “No sin cierto cinismo, toda la política se reduce a la disputa por el poder”.
Manuel Añorve Baños comparte con su adversario el mismo origen, el priismo de la familia Figueroa. Ha sido presidente municipal de Acapulco en tres ocasiones, diputado local y diputado federal, y asesor de la Junta de Coordinación Política –puesto con el que lo rescató Manlio Fabio Beltrones en 2006 luego de tres años de inactividad–. Siempre, bajo las siglas del PRI.
Su designación como candidato al gobierno del estado ocurrió el 6 de agosto de 2010, luego de una reunión de más de dos horas en la que participó la presidenta nacional del partido Beatriz Paredes; los exgobernadores Rubén Figueroa Alcocer, Israel Nogueda Otero y René Juárez Cisneros; el coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados federal, Cuauhtémoc Salgado Romero, y los precandidatos: el propio Añorve Baños; Aguirre Rivero; el presidente municipal de Chilpancingo, Héctor Astudillo, y el diputado federal Mario Moreno Arcos.
Antiguos compañeros de partido, Añorve Baños y Aguirre Rivero compitieron en un proceso que no estuvo exento de violencia y guerra sucia. El 12 de enero pasado, el representante de la Coalición Guerrero nos Une (nombre que adoptó el Dia para participar en las elecciones) ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, Guillermo Sánchez Nava, recibió una golpiza que lo puso al borde la muerte. Los agresores habrían sido unos 30 “promotores del voto” a favor de Añorve Baños.
El 20 de enero se divulgaron grabaciones ilegales de una conversación privada entre el candidato del PRD y la senadora zacatecana Claudia Corichi. La legisladora le promete apoyos en especie (“libros” y “dulces”) y promotores del voto en las zonas donde está a la baja. La oficina de Aguirre Rivero se dijo víctima de una guerra sucia promovida por el PRI.
Lo cierto es que los índices de violencia en el estado se dispararon en las últimas semanas. Antes de que enero acabe, el número de personas asesinadas en 2011 supera las 40. Sólo una entidad del Norte rebasa a Guerrero en el nivel de violencia en la república mexicana: Chihuahua.
El senador Julio César Aguirre Méndez acepta que en el estado se ha incrementado la inseguridad; “pero es un mal nacional”, aduce. Agrega que “es importante que todos los niveles de gobierno coadyuven a que mejore la seguridad”.
Reconoce que los asesinatos enrarecen el clima electoral. Dice que la violencia puede ser una estrategia del cacicazgo figueroísta (se refiere al candidato priista Añorve Baños) que busca inhibir el voto ciudadano. Por ello, de continuar la ola de asesinatos y ataques a ciudadanos, “sería oportuno suspender elecciones; no podemos permitir que el proceso electoral se dé entre sucesos ilegales”.
Sin embargo, el politólogo Secundino González Marrero considera que la violencia no incidirá en los comicios. Explica que “está concentrada en los grupos del crimen organizado, y el impacto es menor en los electores; al momento, la sociedad no parece inhibida por la violencia”. Reconoce que las democracias no están exentas de violencia. “Pero en Guerrero no se espera una violencia generalizada durante los comicios; a ninguno de los grupos políticos que se disputan el poder les conviene que se desborden las agresiones”. Señala que así lo entendieron los candidatos en la última semana de propaganda: “En el discurso de los candidatos, no hubo ya un nivel grande de crispación”.
Los saldos de Torreblanca
De la desarticulación del PRD es responsable el gobernador Zeferino Torreblanca, considera la diputada Florentina Rosario Morales. Para un partido, la peor o la mejor carta de presentación son sus gobernantes.
“Y Zeferino nos falló. No atendió las causas sociales. Descuidó bastante la agenda social. Se dedicó a gobernar para empresarios. Le dio la espalda a los de abajo. Y ahora deja al estado en la inseguridad. El crimen organizado lo ha rebasado.”
El senador Julio César Aguirre Méndez matiza: “El gobernador sí tiene responsabilidad en el desdibujamiento de la izquierda en el estado; pero los principales responsables somos los líderes”.
Sobre el enfrentamiento entre el gobernador y su partido señala: “El PRD ya conocía a Zeferino. A muchos no les puede gustar su estilo. Es de altibajos. Por un lado es muy bueno, e incluso excelente, en materia de vías de comunicación; pero muy malo en su relación con los medios de comunicación y con otras fuerzas políticas”.
Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, el de Zeferino fue un “gobierno fallido”. Señala que luego de las expectativas que generó la llegada al poder de un candidato distinto al PRI, “todo quedó en el fracaso”.
“Con Zeferino Torreblanca, la ciudadanía esperaba que se atendieran los temas graves de Guerrero: que se creara una comisión de la verdad para atender los casos de desaparecidos; una reforma al sistema de procuración y administración de justicia, particularmente una depuración de las corporaciones policiacas; y una ley y reglamentación contra la tortura.”
Las demandas habían sido promesas de campaña de Torreblanca. Ninguna se concretó.
Y, lejos de consolidar la alianza con las organizaciones sociales guerrerenses, se distanció de ellas. Incluso, enfrentó a quienes hicieron campaña en su favor, como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota.
“En lugar de mejorar, se zanjó más la polarización social. Se consolidó la política de criminalización de la protesta, la persecución contra luchadores sociales: hay 201 activistas procesados penalmente. El gobierno perredista de Torreblanca le abrió la puerta a las empresas mineras, a la megapresa y a los negocios inmobiliarios. Privilegió las inversiones de grandes empresas y desdeñó la justicia social”, advierte Abel Barrera.
En efecto, la desnutrición infantil y la mortandad materna (las más altas de la república) no retrocedieron. Aumentaron los índices de analfabetismo y se agudizó la falta de oportunidades de estudio y de trabajo para los jóvenes, de acuerdo con el informe anual de actividades de Tlachinollan, Defensores: entre el dolor y la esperanza.
Abel Barrera resalta que durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 107 medidas cautelares para igual número de defensores de derechos humanos de Ayutla y de la Montaña.
“Fueron asesinados los defensores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. Seis defensores y defensoras se encuentran fuera del estado. El gobierno de Zeferino Torreblanca fue de alternancia, pero no de transición a un sistema democrático”, sostiene Barrera Hernández.
El defensor de derechos humanos explica que el gobierno perredista no desplazó del poder a los antiguos cacicazgos. El nuevo grupo proempresarial llegó a compartir el poder con los caciques. “Lo único que se hizo fue ampliar más la elite. Los empresarios de Acapulco buscan su espacio y llegar a otras órbitas de poder. Nunca se castigó a nadie de la administración pasada; ni por El Charco ni por Aguas Blancas, ni por nada”.
El doctor Secundino González Marrero considera que entre los pendientes que deja Zeferino Torreblanca está la reforma política. Lamenta que no se desarrollaran los mecanismos que permitan hacer del estado una entidad más democrática.
“Los problemas de Guerrero son tan severos que difícilmente se resolverán con la ingeniería política institucional. La democracia en el estado mejorará cuando mejoren las condiciones socioeconómicas. Y en ese sentido, casi no se hace nada.”
