La economía mexicana sufrirá “dramáticamente” por la recesión en Estados Unidos, dice un informe del Centro Woodrow Wilson dirigido a Barack Obama. El estudio señala que mientras Estados Unidos ha logrado que México se “comprometa” en el combate al narcotráfico, la administración de Felipe Calderón no ha arrancado ni una promesa a su vecino del norte en el tema migratorio. Además, recomienda al presidente estadunidense impulsar “unidades conjuntas de policía” que podrían intervenir en ambos lados de la frontera.

Ahora que Estados Unidos busca redefinir su rol en el mundo, “es vital comenzar en casa, con nuestros vecinos” y éste es un momento de oportunidad para fortalecer la relación con México, señalan expertos a la administración de Barack Obama y al Congreso tras diagnosticar los problemas de seguridad, integración económica, inmigración y gestión fronteriza. Ese análisis pretende desarrollar políticas comunes que contribuyan a la prosperidad, seguridad y bienestar de los ciudadanos de Estados Unidos y México, explica Lee Hamilton, presidente del Centro Woodrow Wilson (CWW), en el informe Estados Unidos y México: hacia una sociedad estratégica.

El informe señala que las políticas de Estados Unidos hacia México se enfocan desde la política interna y que, en el pasado, ese gobierno “ha perseguido soluciones unilaterales para problemas que requieren la cooperación binacional”.

En la página 21 del documento, el CWW propone fortalecer acciones conjuntas de policía como: “Establecer uni dades conjuntas binacionales capaces de dar respuesta rápida a la actividad de los cárteles”, totalmente investigadas, bien entrenadas y continuamente monitoreadas para evitar la infiltración del crimen organizado, y que se integren totalmente con capacidad operativa en la aplicación de la ley, reunión de inteligencia y enjuiciamiento.

Ese mismo párrafo indica que los traficantes han intentado “influir” el proceso electoral de México, al contribuir con dinero para imponer a sus candidatos en las campañas.

Añade que, por la violencia y corrupción que fomentan, esos grupos se sienten “particularmente fuertes” en las comunidades fronterizas.

Para lograr mayor integración operacional de las fuerzas de policía en el nivel local, estatal y federal que combaten al crimen organizado en Estados Unidos y México, el documento propone que este país reforme su Constitución para permitir “la cercana colaboración” entre esas fuerzas. Además, estima necesario integrar la capacidad de recopilar información e inteligencia de las dependencias del procurador general de la república, la Subprocuraduría en Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la Agencia Federal de Investigación y las unidades de inteligencia dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva.

En cuanto a la participación del Ejército en el combate al narcotráfico, la página 20 del informe plantea un debate público hacia el consenso en el Congreso de la Unión y la sociedad civil, para definir el criterio “para un limitado y temporal rol” de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.

Y más adelante pide “definir un criterio y calendario (una estrategia de retiro) para las fuerzas armadas de México”.

Por otra parte, propone incrementar la capacidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para reunir inteligencia sobre grupos del crimen organizado y “narcopolíticos”.

Ello, toda vez que “significante información existente sugiere que autoridades federales, estatales y locales han sido infiltradas por el crimen organizado”.

Tarea compartida

El documento asegura que la amenaza contra la seguridad binacional se centra en sus “sofisticadas redes de tráfico” que permiten el ingreso por México a Estados Unidos del 90 por ciento de la cocaína y, según el estadunidense Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, también es la primera fuente de metanfetaminas.

De acuerdo con el Sondeo nacional sobre uso de drogas y salud 2007, esas sustancias satisfacen la necesidad de casi 20 millones de personas que declararon haber usado drogas el mes anterior. El promedio de edad de los consumidores estadunidenses alcanza a jóvenes de 12 años de edad que se consideran a sí mismos dependientes o que abusaron de una droga ilícita.

Ese ciclo tráfico-consumo genera beneficios que oscilan entre 15 mil y 20 mil millones de dólares en aquel país y que regresan a la economía mexicana cada año en forma de efectivo, armas y drogas. Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos indican que casi el 90 por ciento de las armas confiscadas a miembros del crimen organizado en México provenían de Estados Unidos, así como artefactos sofisticados como los M16, tipo AK; ametralladoras, calibre .30 milímetros; armas antitanques, .66 milímetros; y rifles Barret, calibre .50 milímetros.

Con rutas norte-sur bien establecidas, el crimen organizado diversifica sus operaciones en el tráfico de productos piratas, automóviles y personas, así como en protección y extorsión de empresas. Con ello, se hacen más poderosos y amenazan la gobernabilidad democrática. Ante tal escenario, el informe del Centro Woodrow Wilson sentencia: “Los cárteles de la droga están organizados a través de las fronteras nacionales, por lo que no puede tener éxito la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas sin una extensa coordinación y comunicación entre los socios de la región.

Por lo tanto, dicen los analistas, la administración de Obama debe desarrollar con sus homólogos mexicanos una estrategia global que limite el alcance de esas organizaciones y fortalecer la colaboración en inteligencia, transferencia de tecnología y capacitación que incluye la Iniciativa Mérida y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad para América del Norte.

Integración y desempleo

El informe indica que la interdependencia de las dos economías hace a México uno de los países más vulnerables en América Latina durante el actual “torbellino financiero global”.

México resultará afectado especialmente por una caída en las importaciones estadunidenses, el declive en las remesas y la reducida demanda del turismo; la profundización en 2009 de la recesión estadunidense tendrá un “efecto dramático” en los prospectos de desarrollo para este país: habrá un retorno sin precedente de migrantes, quienes tienen pocas expectativas de encontrar empleo en la economía formal.

Además, la crisis financiera causó la caída del peso a un nivel récord, “a pesar de lo que declara el Banco de México”.

Tal análisis ocurre casi 14 años después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Ambos países emprendieron un acelerado proceso de integración económica hace dos décadas, el comercio se triplicó entre 1990 y 2008 debido en parte a ese tratado trilateral.

México es el tercer mayor socio comercial y el segundo destino de las exportaciones estadunidenses; así como el primer y segundo destino de las exportaciones de 22 ciudades y condados de la zona fronteriza de Texas, Arizona, Nebraska, California e Iowa.

A su vez, Estados Unidos es el destino del 82 por ciento de las exportaciones mexicanas, aunque el vecino del norte depende del petróleo mexicano en más de la décima parte de sus importaciones. No obstante, el documento propone aumentar el número de inspectores de aduana e inmigración en los puestos de cruce.

La no creación de empleos “es un problema que empeorará bajo la recesión”, señala el informe del Centro Woodrow Wilson, y agrega que por ello es importante que los tres países del TLCAN impulsen políticas que fortalezcan el empleo y el bienestar y que los gobiernos de Estados Unidos y México deben apoyar con inversiones a los campesinos para asegurar la seguridad alimenticia y tratar la pobreza.

Por su parte, Chappell Lawson, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, considera que la liberalización del comercio por sí sola no promoverá el desarrollo. Señala que, para crecer, México necesita inversiones en carreteras, generación de energía y equipos para tratamiento de aguas. Sin embargo, agrega que, aunque en el pasado se hizo un gran gasto en infraestructura, persiste la corrupción y la inhabilidad de los gobiernos para administrar esos proyectos y vigilar la forma en que se gastan esos fondos.

En el mismo sentido se pronuncia Manuel Pérez Rocha, del Instituto para Estudios Políticos y rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien estima que la sociedad civil debe ser un actor de la relación trinacional en el TLCAN y que éste debe abrirse a una evaluación de sus impactos negativos sobre la población y medio ambiente.

Explica: “El tratado fue vendido con objetivos de desarrollo, que crearía más y mejores empleos para los mexicanos, pero desde su firma se aceleró la migración hacia Estados Unidos y las pequeñas y medianas empresas no logran vincularse con los grandes exportadores”.

Fronteras porosas

La migración se convirtió en una alternativa de desarrollo para casi 7.5 millones de mexicanos que se trasladaron hacia Estados Unidos entre 1990 y 2006, refiere la página 27 del informe. Cita al Departamento de Seguridad Interna para señalar que desde 2000 la población inmigrante no autorizada creció en un promedio de 470 mil personas por año, con lo que hasta enero de 2007 ya sumaban 11 millones 800 mil personas en esa situación.

El informe apunta que el gobierno de Felipe Calderón tiene aún cuatro años por delante y “no ha tenido oportunidad de comprometer sustantivamente a Estados Unidos en el tema migratorio”. Ese hecho contrasta con el alcance que se logró en la cooperación bilateral para combatir el tráfico de drogas que se tradujo en la Iniciativa Mérida, señala el informe del grupo de trabajo que encabezó David Ayon, analista político e investigador del Centro de Estudio de la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles.

El informe Estados Unidos y México: hacia una sociedad estratégica concluye que pocos países son tan importantes para Estados Unidos como México, “con el que compartimos una frontera de más de 2 mil millas”. Y como la frontera común es “vital” para el interés de la seguridad nacional estadunidense, el documento pide al nuevo Congreso y a la administración de Obama asegurarse de que las organizaciones terroristas no intenten cometer actos violentos de gran escala en la frontera.

Para ello, el grupo de trabajo sobre frontera común que dirigió Robert Donnelly recomienda realizar operativos conjuntos entre la Agencia Antidrogas estadunidense con su contraparte mexicana para fortalecer la seguridad. Señala que, a pesar de que Estados Unidos y México “han dado pasos importantes” para limitar el riesgo del terrorismo, las organizaciones de tráfico de drogas han desarrollado un lucrativo y mortal comercio transfronterizo que crea significativas vulnerabilidades para ambos países.

En la región fronteriza, la nueva administración tiene oportunidad de convertirla en prioridad y que los funcionarios estatales y locales apliquen políticas que sirvan mejor a sus necesidades y beneficien al país como un todo, concluye el documento que propone una sociedad estratégica entre México y Estados Unidos.

Entre los mexicanos que participaron en la elaboración del informe se encuentra Lázaro Cárdenas Batel, miembro activo del CWW.