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Concentración de tierras, expulsiones obligadas, desviación de agua para crear grandes plantaciones de monocultivos y encarecimiento de los alimentos son resultado de una política mundial impulsada por los países industrializados: la generación de biocombustibles. Las justificaciones “ambientales” parecerían encubrir las razones reales: el control del mercado de la producción de alimentos.
La publicidad de las comercializadoras de alimentos incurre en violaciones a los derechos de los niños y a los códigos de publicidad para menores, ante la indiferencia de la Profeco y la Secretaría de Salud. El Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia señala a México como el país que ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil.
La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán vive el conflicto más relevante de su joven historia; el detonante, la falta de suministro de agua. En mayo pasado los alumnos tomaron las instalaciones educativas con el apoyo de profesores y comunidades indígenas; un mes después firmaron una minuta con el gobierno estatal que se ha cumplido a medias. Refieren que hasta 2012 esta casa de estudios operó sin reglamentación interna; dos de las cuatro carreras que imparte, sin registro oficial.
“Amiguismo” e indebida asignación de contratos son las denuncias que hicieran trabajadores de base de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante el máximo órgano de fiscalización del país. La Auditoría Superior de la Federación admitió las observaciones e indica que la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva, que lleva José Valente Aguilar Zinser, entrará en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2011
Tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. El titular del órgano judicial, Alejandro Luna Ramos, asegura que éste lo reciben cada año y que, además de ser legal, no tiene nada que ver con el periodo electoral. Los beneficios económicos para quienes en breve validarán las elecciones presidenciales no acaban ahí: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales, cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gastó más de 80 millones de pesos en el Programa Específico del Proceso Electoral Federal
Contaminación, explotación laboral, saqueo, epidemias y conflictos sociales son los saldos de las extracciones de mineras canadienses en América Latina. Los negocios de trasnacionales, cuyos capitales mayoritarios provienen de Canadá, se han multiplicado en los últimos 20 años y planean expandirse más
Trasnacionales explotan recursos de comunidades indígenas en Guatemala. Destrucción ambiental, acompañada de explotación laboral y violencia. El gobierno derechista de Otto Pérez Molina ha militarizado la zona para garantizar las inversiones y para “luchar contra el narcotráfico”. Dos líderes indígenas, asesinados
Los datos personales de los mexicanos se encuentran desprotegidos frente a los intereses de las trasnacionales y empresas que operan en el país. Uno de estos casos es el de la tienda departamental Liverpool, que estaría obstaculizando los procesos para la protección de información particular. Además, se niega a eliminar información personal de sus exempleados. El Ifai, órgano garante de este derecho, resuelve a favor de la compañía. A dos años de la creación de la ley, los ciudadanos no cuentan con mecanismos para proteger su información más sensible.
La administración federal heredará al próximo gobierno un cúmulo de demandas en contra de Pemex: conflictos civiles, penales, laborales, mercantiles y arbitrales, que se litigan en México y en el extranjero. La mayoría de los laudos podrían perderse y con ello generar una sangría económica a la paraestatal.
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