Los 199 municipios veracruzanos incorporados al esquema de bursatilización aprobado en 2008 avalaron de manera unánime la estrategia financiera impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García para poner fin a una deuda que durante casi dos décadas comprometió parte de sus participaciones federales.

El acuerdo fue respaldado por ayuntamientos gobernados por distintas fuerzas políticas, entre ellas Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, quienes coincidieron en la necesidad de resolver un problema financiero que afectaba por igual a los municipios, independientemente de su filiación partidista.

Esta propuesta fue diseñada por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, encabezada por Miguel Santiago Reyes Hernández, y busca liquidar anticipadamente un esquema de deuda que originalmente sería vigente hasta 2036.

El origen del problema se remonta a 2008, cuando 199 municipios participaron en un mecanismo de bursatilización respaldado con participaciones federales. A través de dicho esquema obtuvieron financiamiento por poco más de 1 mil 200 millones de pesos, con lo que compartieron ingresos futuros para garantizar el pago de la deuda.

De acuerdo con la información presentada por el gobierno estatal, durante los últimos 18 años los municipios han desembolsado más de 2 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, gran parte de esos recursos se destinó al pago de intereses y costos financieros, mientras que el saldo principal permaneció prácticamente sin modificaciones.

Para 2026, el adeudo pendiente aún superaba los 1 mil 500 millones de pesos, situación que continuaba limitando la capacidad financiera de los gobiernos municipales.

El plan aprobado establece que el Gobierno de Veracruz asumirá aproximadamente 75 por ciento del saldo pendiente, mientras que los municipios cubrirán el 25 por ciento restante mediante un esquema de pagos reestructurado con vencimiento previsto para 2030.

Con ello, se pretende cancelar seis años antes una obligación financiera que originalmente concluirá en 2036, y poner fin a las retenciones realizadas a través del fideicomiso de bursatilización.

Tras la aprobación de los cabildos y el aval del Congreso local, el siguiente paso será formalizar las notificaciones correspondientes a las instituciones financieras involucradas y efectuar los pagos necesarios para liberar los recursos retenidos.

Según el calendario planteado por la administración estatal, los municipios comenzarían a recibir de manera íntegra sus participaciones federales a partir de agosto de este año.

Estos recursos representan una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos municipales, y son fundamentales para sostener servicios públicos como alumbrado, pavimentación y obras de infraestructura social. La liberación de estos fondos permitirá ampliar la capacidad de inversión de los ayuntamientos y fortalecer la atención de necesidades prioritarias en las comunidades.

En un escenario político marcado por la pluralidad en Veracruz, la aprobación unánime del rescate financiero destaca por el nivel de consenso alcanzado entre administraciones municipales con proyectos políticos distintos.

La medida fue presentada por el gobierno estatal como una estrategia para recuperar recursos públicos y destinarlos de manera directa a obras y servicios para la población, y así dejar a un lado un esquema financiero que durante años absorbió una parte importante de los ingresos municipales.

Con este acuerdo, los 199 ayuntamientos involucrados encontraron un objetivo en común: fortalecer las finanzas locales y recuperar capacidad presupuestal para impulsar el desarrollo de sus comunidades.

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