De las 356 acciones urgentes emitidas para México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, unas 200 –56 por ciento– son por crímenes de este tipo ocurridos en Guerrero. A nivel nacional, la entidad se ubica como el noveno lugar en desapariciones; además, allí se han localizado más de 300 fosas clandestinas.

En Guerrero no sólo han desaparecio 43 normalistas rurales de Ayotzinapa: a nivel nacional, la entidad ocupa el noveno lugar, con 2 mil 938 casos de las 61 mil 637 víctimas al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas y el Informe de fosas clandestinas, elaborados por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Sin embargo, defensores de derechos humanos y representantes de colectivos de familiares de desaparecidos aseguran que ésa sólo es una cifra aproximada, pues hay muchos crímenes de este tipo que no se denuncian principalmente por tres razones: miedo de los familiares o víctimas indirectas, impunidad y revictimización.

Durante mucho tiempo, la desaparición forzada en Guerrero se convirtió en una práctica regular y sistemática, dice a Contralínea el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. Agrega que ahora el fenómeno es distinto, porque mientras en los años de la mal llamada Guerra Sucia “fue una práctica del Estado mexicano para acabar con la disidencia política, hoy tenemos una conjugación del fenómeno” donde no se puede negar que en algunos casos hay participación de autoridades, pero no en todos.

Lo que es un hecho es la crisis de derechos humanos que vive la entidad que desde octubre de 2015 gobierna Héctor Astudillo: de las 356 acciones urgentes emitidas para México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas –entre 2012 y abril de 2019–, unas 200 –es decir, el 56 por ciento– son por crímenes de este tipo ocurridos en Guerrero. Aunado a ello, el Informe de fosas clandestinas revela que de las 3 mil 631  que han sido localizadas en el país, 331 se encontraron en territorio guerrerense.

Javier Manzano Salazar, diputado federal por ese estado, señala en entrevista que el fenómeno de las desapariciones se ha incrementado en Guerrero: “había lugares que vivían en un clima pacífico y ahora llega la gente en la noche y se encierra porque ya se da hasta en los municipios más pequeños”.

De acuerdo con los datos oficiales, la lista de incidencia la encabezan Atoyac de Álvarez, Iguala de la Independencia –donde también ocurrió la desaparición de los 43 normalistas–, Acapulco de Álvarez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo y Cocula.

Para el legislador no cabe duda de que se trata de una problemática que se ha generalizado, puesto que las personas que desaparecen ya no son únicamente luchadores sociales o políticos, como ocurría en la Guerra Sucia, sino los ciudadanos en general.

El rostro de las víctimas

Los 2 mil 938 desaparecidos son, en relaidad, 2 mil 938 tragedias familiares. Una de ellas es la de la familia de Josué Molina Rodríguez, originario de Guerrero y quien soñaba con ser, algún día, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo recuerda María Guadalupe Rodríguez Narciso, su madre e integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo.

Licenciado en derecho, Josué estudió en la Universidad Autónoma de Guerrero y ejercía su profesión en el Tribunal Superior de Justicia, ubicado en el municipio de Chilpancingo. Su pasión era transformar autos, relata su mamá a Contralínea. “Tenía una organización de bochos (volkswagen) con los concursaba. Se ganó premios”. Está casado y tiene tres hijos, dos niños y una niña. Siempre iba a dejar y recoger a su esposa al tecnológico en el que ella estudiaba.

Era un hombre alegre, “no tenía obstáculos para hacer cualquier actividad que le enseñaran”, afirma María Guadalupe Rodríguez. Además de ser abogado, Josué sabe herrería, carpintería, electricidad y hacía trabajos de aluminio, pues su papá, Atanasio Molina, les enseñó a él y a su hermano a trabajar desde que eran niños.

El joven entusiasta, aguerrido y perseverante cumplió 36 años el 30 de noviembre del año pasado. Sin embargo, “le truncaron” su proyecto de vida el 4 de junio de 2014 cuando desapareció.

Fue visto por última vez en la Escuela Secundaria Técnica número 30, General Lázaro Cárdenas, alrededor de las 16:50 horas. De acuerdo con María Rodríguez, su hijo recibió una llamada de una persona que laboraba en dicha institución y lo citó ahí. Desde entonces se desconoce dónde está.

Cuando llegó fue privado de su libertad. Lo secuestraron en su carro, un Jetta negro, y al poco tiempo retiraron dinero de su cuenta del banco Banamex. Según las investigaciones que realizó María, en conjunto con las instituciones de procuración de justicia del estado, “hubo una persona que vio cuando se lo llevaron tres hombres con armas y dio aviso al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero”.

“Ese mensaje llegó a Seguridad Pública y a todas las policías, hasta al Ejército y nadie lo auxilió, nadie hizo nada por él”, denuncia doña María Guadalupe. Además, tiempo después de la desaparición, el automóvil de su hijo “anduvo circulando en la ciudad de Chilpancingo”.

Impunidad garantizada

Integrantes de organismos de derechos humanos, colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil del estado denuncian que las instituciones de procuración de justicia no activan los protocolos legales establecidos en la ley, ni realizan las investigaciones necesarias cuando hay una denuncia por la desaparición de una persona.

En entrevista, Manuel Olivares –director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón– señala que todas las desapariciones ocurridas en Guerrero “siguen el mismo rumbo en el aspecto de derecho a la verdad y acceso a la justicia”, que es el camino a la impunidad.

Esto se debe a que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, como los ministerios públicos, no aplican los “protocolos de búsqueda ni hacen investigaciones al respecto”. Tampoco abren carpeta de investigación, advierte el defensor.

Coincide Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), pues la organización ha identificado varios momentos en los que las autoridades no hacen el trabajo que les corresponde.

El primero, dice a Contralínea, es cuando los familiares acuden al Ministerio Público a denunciar, ya que en muchos de los casos no quieren levantarla hasta que se cumplan 24, 48 o hasta 72 horas. Además, los clasifican como ausentes, “que se fueron de parranda o con el novio o la novia”.

Ese patrón lo vivió la madre de Josué. Como difícil, describe el momento en el que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en el Ministerio, porque lo primero que les dijeron fue que tal vez no estaba desaparecido y sólo se había ido con una mujer. Les pidieron que esperaran 72 horas para presentar el caso.

Sin embargo, María Guadalupe no aceptó esperar 3 días: la familia denunció a las 24 horas en la Fiscalía General del Estado de Guerrero, pero no se investigó. Acudió entonces a la estatal Fiscalía de Desaparición Forzada: ahí solamente enviaron oficios a las instituciones públicas para ver si estaba detenido o tuvo algún accidente, pero nada más, dice la señora Rodríguez Narciso que desde entonces busca a Josué.

“No hay ningún caso que tenga algún avance sustancioso, lo que regularmente se encuentra cuando se revisa el expediente son los oficios que gira el Ministerio a hospitales, centros de reclusión, centros de alcohólicos anónimos”, subraya Manuel Olivares.

En el caso de Josué, remitieron la denuncia a la Fiscalía de Delitos Graves, donde también tuvo muchos obstáculos porque no hicieron nada, a pesar de que María Guadalupe llevó toda la información que había recabado de la última llamada y del aviso al C4.

Al igual que muchas madres y familiares de personas desaparecidas, ella empezó a realizar sus propias investigaciones para dar con el paradero de su hijo. La información que obtuvo la llevó a dicha Fiscalía “para que la hicieran legal”.

“Me corrieron en el Ministerio Público, me gritaron: “usted no nos deja trabajar. Nada más está aquí sobre nosotros”. Yo llevaba la investigación, no eran ellos, no es el Ministerio Público el que sale a recabar información, a buscar. Es la familia quien investiga, es la que se convierte en investigadora”.

Todas las personas que han sido localizadas, principalmente sin vida, han implicado la labor de búsqueda de los familiares y los colectivos y no de las autoridades porque éstas no hacen su trabajo, observa el director del Centro Morelos, Manuel Olivares.

Familiares: búsqueda incansable que los vuelve expertos

La madre de Josué y el colectivo al que pertenece son los que han realizado las búsquedas de sus desaparecidos. Han tenido que utilizar sus propios recursos para investigar, pagar para entrar a algunos lugares.

“Nosotros sondeamos los lugares y a veces tenemos que pagar para entrar. En Guerrero todos los lugares tienen dueño y aunque sepamos que hay cuerpos, no puedes entrar tan fácil porque ya no sales. Todo es bajo el peculio de las familias”, afirma doña María Guadalupe Rodríguez.

Añade que cuando se enteran de algún lugar en el que hay fosas o cuerpos abandonados es cuando piden el apoyo del Ministerio Público. Sin embargo, la mayoría de las veces no acuden a auxiliarlos.

“No andan con nosotros acompañándonos para buscar los lugares donde hay fosas, donde hay gente viva. No hacen el trabajo que deben de hacer. Nosotros seguimos andando solos, únicamente cuando hay operativos viene la policía. Nosotros exponemos la vida”, indica.

Un ejemplo de la ineficacia de las autoridades es un operativo que se realizó en 2015 en una barranca de Chichihualco, en la que había más de 70 cuerpos atorados entre las ramas del cerro y se podían identificar con sólo verlos por la ropa que traían, pero el día que los encontraron no pudieron extraerlos porque no llevaban al grupo de rescate. El lugar no fue resguardado por las autoridades, por lo que al otro día los restos humanos estaban quemados y no quedaron evidencias.

María Guadalupe Rodríguez asegura ese lugar lo localizó un joven que buscaba a su hermano: arriesgó su vida durante muchos meses y cuando lo encontró, no pudo recuperar su cuerpo completo por la negligencia de las autoridades. Sólo le entregaron los pies.

Para familiares y colectivos el método que ha funcionado para encontrar a algunos de sus desaparecidos es pagar informantes en los pueblos. Éstos los contactan con personas del crimen organizado que saben de lugares en los que hay cuerpos o personas privadas de la libertad.

María tuvo que vender las propiedades que tenía para pagar por información que le diera alguna pista sobre el lugar en el que podría estar Josué, pero en 6 años no ha logrado tener un avance sustancial. Incluso la extorsionaron.

Sin embargo, las búsquedas del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo sí han sido eficaces: han encontrado a algunos de sus desaparecidos, la mayoría sin vida. En el más reciente rastreo que se realizó, en octubre de 2019, rescataron a un adolescente con vida y ocho cuerpos.

Por ello, el director del Centro Morelos destaca que de junio de 2018 a junio de 2019 lograron la identificación y entrega de ocho personas desaparecidas en Chilapa. El peritaje lo realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La madre de Josué destaca que el gobierno no proporciona ninguna estrategia para rescatar a las personas con vida, a pesar de que en repetidas ocasiones les han comentado sobre la existencia de lugares en la sierra en los que tienen a las personas trabajando.

“Yo me enteré de una denuncia que se presentó y la persona decía que en un lugar de la sierra había gente armada y personas recluidas. Ese día conectaron un dron y vieron a los encapuchados con armas largas. ¿Acaso le dieron seguimiento? No.”

María Guadalupe menciona que hay lugares a los que no se puede entrar por tierra porque hay halcones vigilando las carreteras y mientras los que buscan entran por una zona, los delincuentes salen por otra y esconden a las personas.

Para ella hay operativos que se tienen que hacer por aire, con helicópteros y otras tecnologías, como los drones. “Ellos tienen todo para saber dónde están los vivos, los muertos. Tienen toda la tecnología, pero nadie quiere hacer nada”.

El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata, explica que la razón principal bajo la cual se excusan las autoridades para no proceder con las investigaciones ni brindar el acompañamiento necesario es la falta de recursos económicos. A veces les piden dinero a las víctimas indirectas para la gasolina o que los trasladen en sus vehículos, asegura.

Mujeres suelen encabezar las búsquedas

Más del 90 por ciento de las personas que participan en las actividades de búsqueda y localización de desaparecidos y desaparecidas son mujeres, aseguran los representantes de la Afadem y del Centro de Derechos Humanos Morelos.

“La mujer está delante de todas estas luchas, es el elemento más importante dentro de las búsquedas. Son mujeres las que salen a buscar por esa relación filial que tienen con el desaparecido o la desaparecida. Están ahí, al frente, en pie de lucha”, opina Julio Mata.

Por su parte, Manuel Olivares señala que sin los esfuerzos que han realizado las mujeres para buscar a sus desaparecidos y desaparecidas no habrían llegado tan lejos.

“Las madres no nos podemos quedar calladas cuando sabemos que se pueden llevar a la demás familia, ha sido un terror”, comenta María Guadalupe Rodríguez. Ella mantiene la esperanza en encontrar a su hijo, ya que con el cambio de gobierno los familiares de desaparecidos han sido recibidos por el subsecretario Encinas y los ha acompañado en algunos operativos.

La mamá de Josué ha participado en todas las campañas de rastreo organizadas por la Brigada Nacional de Búsqueda. “No sabemos dónde están nuestros hijos y la verdad es un desgaste emocional muy fuerte este martirio que nos tocó vivir, y no podemos estar callados. Siempre vamos a estar protestando y exigiendo justicia. A veces no tengo cordura, no tengo palabras para gritar mi angustia”.

Revictimización, incriminación y miedo

Entrevistados por separado, los  defensores Julio Mata y Manuel Olivares coinciden en que la revictimización es el principal instrumento que utiliza el personal de las instituciones de procuración de justicia cuando una víctima indirecta acude a denunciar la desaparición de su familiar o conocido.

En el caso de la desaparición de Josué Molina intentaron culpar a su esposa del crimen y le atribuyeron una declaración que ella no hizo. María Guadalupe Rodríguez recuerda que cuando se enteró de eso se presentó en el Ministerio Público “llorando y gritando” para exigir que las autoridades encargadas del caso cambiaran la investigación.

En otros casos intentan encontrar algún nexo con grupos del crimen organizado y narcotráfico, aunque no tengan ningún dato que los vincule. De acuerdo con Julio Mata, en los expedientes asignan un apartado en el que ponen “cuestiones de narcomenudeo narcotráfico o disputa de territorio”.

“Criminalizan a los denunciantes y a la víctima sin tener ningún tipo de elemento y luego no hay una investigación real sobre el paradero de los desaparecidos”, señala el defensor e integrante de la Afadem.

Mientras tanto, en el Centro Morelos han identificado que las autoridades del municipio de Chilapa de Álvarez violan el derecho de acceso a la justicia de las víctimas indirectas que pertenecen a comunidades indígenas, porque no se les atiende a menos que vayan acompañados de un intérprete.

Colusión de autoridades

María Guadalupe Rodríguez logró identificar a las personas que se llevaron a Josué en 2014 gracias a la última persona que contactó a su hijo y a que las autoridades ministeriales revisaron las llamadas que ésta realizó. “Está ordenada la presentación de esas personas en el Ministerio, pero aquí [en Chilpancingo] nunca lo hicieron porque están involucrados con los policías”.

El diputado federal Javier Manzano señala que hay ministerios públicos de Guerrero que tienen relación con la delincuencia organizada, así como funcionarios involucrados con narcotraficantes. Es una situación muy preocupante, sobre todo si las instituciones encargadas de impartir justicia “están embarradas hasta las chanclas de lodo”.

El defensor Julio Mata observa que los actos de colusión van más allá de vínculos, pues la Afadem ha identificado la existencia de personas que estuvieron en el Ejército y ahora entrenan a grupos de la delincuencia organizada. Lo mismo, asegura, pasa con policías estatales.

“Para una desaparición se necesitan muchos recursos económicos, materiales y personal, por lo que los perpetradores no se pueden mover en el territorio nacional si no es con la anuencia del Estado mexicano”, indica. Por ello, Mata considera que la desaparición forzada es un delito de Estado por acción u omisión.

Los integrantes del Centro de Derechos Humanos Morelos también han notado el crecimiento de violencia en los municipios guerrerenses. En los 23 años que han dado acompañamiento a las víctimas se nota claramente la evolución: la delincuencia organizada empezó controlando la dirección de seguridad pública en Chilapa, siguió la dirección de obras públicas hasta que empezaron a elegir a los candidatos a la presidencia municipal y por último a imponerlos, explica Manuel Olivares.

Para el defensor, “la corrupción juega un papel importante en el incumplimiento del derecho a la justicia porque es la que ha generado este manto de impunidad a todos los grupos de la delincuencia organizada. Hemos visto que éstos han penetrado en todo el tejido de las instituciones gubernamentales y policiacas en todos los niveles: federal, estatal y municipal”.

¿Qué sucede después de una desaparición?

La familia de Josué Molina Rodríguez se dividió después de su desaparición, ya que recibían constantes amenazas para que dejaran de investigar. Por miedo, su esposa se fue de Guerrero después de que terminó su carrera, pero sus tres hijos no quisieron irse. Se quedaron a vivir con sus abuelos durante un tiempo.

La vida para la mamá de Josué cambió radicalmente, pues empezó a ir todos los días a las diferentes fiscalías en las que se movió el caso. Al poco tiempo se quedó sin trabajo y el resto de su familia se alejó por temor a represalias.

“Antes nuestra familia estaba unida, incluso festejábamos los cumpleaños de los niños. Todos trabajábamos, todos teníamos dinerito, todos nos apoyábamos para una fiesta, para un cumpleaños, y después de eso hemos tratado de vivir igual pero ya no sentimos lo mismo. Yo siempre tengo que estar fuerte, porque siento que si me derribó, toda mi familia también”, describe María Guadalupe Rodríguez.

Además, reconoce que la desaparición de Josué ha provocado daños en la salud mental y emocional de sus nietos. A uno de ellos, explica, lo llevan periódicamente al psicólogo porque perdió las ganas de vivir. Otro de los hijos de Josué se volvió muy rebelde y siempre decía que iba a asesinar a los secuestradores de su papá cuando fuera más grande. También se la pasaba dibujando armas y si pedía juguetes, eran pistolas. Tuvieron que mandarlo con su mamá para que se sintiera mejor. Intentaron llevarlo con psicólogos, pero él no quería ir y no hablaba con ellos.

“Su mamá los tiene en un colegio religioso, donde escuchan misa, tienen sus clases, después entran a catecismo, todo el día les hablan de Dios y mi niño ha mejorado mucho”, añade.

A pesar de todas estas situaciones, María Guadalupe Rodríguez continúa con las labores de búsqueda de su hijo y siempre se la pasa con el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo. Considera que gracias a la unión de los familiares que lo integran han logrado avances importantes, como tener reuniones con Alejandro Encinas.

“Siempre nos hace falta una persona, una persona muy importante, muy valiosa. Siempre va a estar presente en nuestro corazón en donde estemos”, destaca. Por último, la señora María Guadalupe Rodríguez le dedica unas palabras a Josué: “Quiero decirle a mi hijo que, mientras viva, no me cansaré de buscarlo, yo no perderé la fe y lo buscaré hasta el fin del mundo. Si por eso me voy a quedar pobre o me voy a quedar sin nada, no me importa.

“Yo pondré todo mi empeño hasta encontrarlo. Lo amo y lo amaré toda mi vida. Sus hijos estarán bien porque todos estamos al pendiente de ellos, tanto mi otro hijo como mi nuera, como la madre de ellos y mi esposo. Lo vamos a encontrar, lo vamos a abrazar y vamos a volver a estar felices. Eso lo tengo muy seguro”.

Para este trabajo, Contralínea solicitó por más de 1 mes conocer las versiones del gobierno de Guerrero, así como de la estatal Fiscalía de Desaparición Forzada. Sus áreas de atención a prensa aseguraron que sí concederían entrevistas, sin embargo, al cierre de esta edición aún no fijaban fecha para las mismas.

Aseneth Hernández

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