Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano ha entregado como subsidios casi 200 mil millones de pesos a la agroindustria nacional y extranjera. El gasto del erario deja fuera del mercado nacional a los pequeños productores. Los recursos públicos se quedan en manos de los “adinerados”, dicen expertos. Entre los más beneficiados, se encuentran ejecutivos de la correduría Latin Merchant, los productores de Atún Dolores, los algodoneros de Manuel Murua y el ingenio azucarero Agrícola Ohuira

La apertura comercial de México con Estados Unidos y Canadá deja en manos de los agroindustriales casi 200 mil millones de pesos, distribuidos a través de los programas operados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

En los 15 años que lleva vigente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), las listas de los esquemas de apoyo son encabezadas por ejecutivos de la correduría estadunidense Latin Merchant, los productores de Atún Dolores, los algodoneros de Manuel Murua, el ingenio azucarero Agrícola Ohuira, entre otros, muestran documentos oficiales. Los programas son Diesel Agropecuario, Diesel Marino, Ingreso Objetivo, Gasolina Ribereña y el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

Del libro Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio –coordinado por los investigadores de la Universidad de California, Santa Cruz, Jonathan Fox y Libby Haight–, se desprende que las problemáticas que enfrentan 23 millones de habitantes del medio rural en situación de pobreza son consecuencia de la falta de promoción de empleo en el sector y la “disparidad” en la distribución de recursos.

Mientras el gobierno federal presume un incremento en el gasto presupuestal para este sector, los académicos aseguran que los recursos públicos se han quedado principalmente en manos de los “adinerados”.

Los padrones de beneficiarios de la Sagarpa –encabezada por el agroempresario Francisco Javier Mayorga Castañeda– y la plataforma electrónica Subsidios al campo en México indican que la Secretaría dispersó subsidios por 193 mil 755 millones 826 mil pesos, de 1994 a 2009.

El Procampo no es para pobres

Con un ejercicio de más de 150 mil millones de pesos en más de una década, el Procampo se ha convertido en el esquema de apoyo más importante en el sector agropecuario, pues su lista de beneficiarios rebasa los 5.4 millones de personas.

De este esquema, el principal favorecido es Julius Friessen Wiebe, quien ha obtenido 12 millones 107 mil 191 pesos en 15 años.

Información de la Asociación Agrícola Local de Fresnillo indica que Friessen Wiebe es integrante de la Correduría Latin Merchant. Con oficinas centrales en Chicago, este despacho tiene como tarea en México asesorar a sus clientes en la operación de “mercados de futuros y opciones”. De su cartera se destaca la presencia de las compañías Bachoco, SuKarne y Maseca.

Los padrones de la Sagarpa y la plataforma electrónica Subsidios al campo en México indican que los siguientes más privilegiados son Agropecuaria Santa Genoveva, con la entrega de 5 millones 151 mil 581 pesos; Agrícola Ohuira, 3 millones 629 mil 531; Exportalizas Mexicanas, 2 millones 153 mil 484 pesos; Agropecuaria Valle Bonito, 2 millones 114 mil 37 pesos.

Jonathan Fox y Libby Haight, investigadores de la Universidad de California, indican en su libro que “el Procampo, que fue diseñado para compensar pérdidas provocadas por el libre comercio y que ha sido ampliado hasta 2012, es (y por lejos) el programa agrícola que llega a una mayor cantidad de productores de bajos ingresos.

“Por ende, el programa agrícola más orientado hacia productores de maíz, y el más inclusivo, no sólo excluye a la mayoría de su población objetivo, sino que está sesgado para favorecer a los productores más adinerados”, dice.

Ingreso Objetivo

Criticado por los organismos financieros internacionales por su inoperancia, el programa de Ingreso Objetivo es el segundo en importancia en cuanto a la distribución de recursos. De 1994 a 2009, los subsidios ascienden a 21 mil 503 millones de pesos.

De los 312 mil 230 favorecidos por este esquema, la empresa algodonera Manuel Murua preside la lista de beneficios, con subsidios por 99 millones 269 mil 923 pesos.

Le siguen Algodonera de Baja California, que obtuvo 50 millones 164 mil 782 pesos; Agrarismo Siglo XXI, 27 millones 778 mil 719 de pesos; Fersi de La Laguna, 25 millones 415 mil 266; Campos Algodoneros, 24 millones 151 mil 926 pesos.

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, indica que números presentados por la Sagarpa al órgano fiscalizador no permiten medir la eficacia ni los impactos que ha tenido el esquema en el campo mexicano ni en el sector pesquero del país.

Mientras, el Banco Mundial, en su Análisis del gasto público en el desarrollo agrícola y rural, dice que “el gasto en agricultura es tan regresivo que anula aproximadamente la mitad del efecto redistributivo del gasto en desarrollo rural… porque más de la mitad se concentra en el decil más rico”.

Energía para el Norte

Los académicos Fox y High critican que este esquema “privilegia en particular a los estados norteños”. Explican que el programa Ingreso Objetivo “subsidia directamente la producción de un pequeño número de los agricultores más grandes del país, a pesar del discurso oficial pro libre mercado. Sus apoyos cubren la diferencia entre el precio nacional del maíz y el precio internacional, una vez vendida la cosecha. Esto hace que los demás productores reciban un precio de venta más bajo y, por ende, refuerza la presión que ejercen las importaciones subsidiadas sobre los precios al productor en general, para mantenerlos bajos”.

Los listados de la Sagarpa también muestran una distribución de los recursos públicos a favor de los estados con mayor producción y mejores economías locales. Es el caso de Sinaloa, con 22 mil 183 millones 810 mil 423, que representan el 10.7 por ciento de los recursos distribuidos en 15 años. Le sigue Tamaulipas, con la entrega de 18 mil 573 millones 217 mil 207 pesos.

Otro programa que beneficia al Norte del país es el de Diesel Marino, que ha suministrado 3 mil 608 millones de pesos y cuyos principales beneficiarios son los empresarios de la industria atunera del país.

Las 12 embarcaciones Azteca, propiedad de la productora de Atún Dolores, son las que mayores subsidios han acaparado. Sinaloenses de origen, los beneficios que recibieron de 1994 a 2009 llegaron a 183 millones 131 mil 749 pesos.

Sin el conocimiento del nombre de la persona física o moral, o propietario de las embarcaciones, las denominadas Atún fueron las segundas privilegiadas en la entrega de subsidios de diesel marino, con 51 millones 416 mil 96 pesos, también en Sinaloa.

Otra de las observaciones hechas por los investigadores de la Universidad de California es que, “en el sector agrícola, la aplicación de reformas en materia de transparencia gubernamental y de rendición de cuentas ha sido dispareja. En razón de su vasto alcance y gran complejidad, los programas representan un reto formidable para las capacidades del Estado”.

Programas para los más grandes

Víctor Suárez Carrera, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, dice que, en México, “hace falta que se genere un nuevo modelo de la política agroalimentaria, pues el neoliberal se ha agotado; es fallido”.

Critica que el sector agroalimentario ha estado abandonado desde hace 28 años porque “no es importante para el modelo nacional. Los campesinos sobran, han sido desvalorizados. No existen; son un estorbo para la política neoliberal”.

“El problema no es el tamaño del presupuesto, sino para qué objetivos de política se ejerce, cómo se decide, cómo se controla, cómo se informa. El gasto tiene dos objetivos centrales: el primero es enriquecer y capitalizar al sector viable de la agricultora, que son los agricultores comerciales y los agroempresarios. La otra parte del gasto ha sido asistencialista, para compensar la pobreza, la exclusión y el control político”, comenta Suárez Carrera.

Para el dirigente de más de 60 mil pequeños y medianos productores en el país, “las políticas agroalimentarias se han impuesto por los intereses de las corporaciones internacionales, con la complicidad de las elites mexicanas, así como con las orientaciones y asesorías de las instituciones financieras internacionales”.