El manejo que se habría dado a los donativos y donaciones de Pemex durante el gobierno de Felipe Calderón hace de esta partida presupuestal una de las más susceptibles al uso electorero en 2009, indican especialistas.

En los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón, la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), que encabeza Jesús Reyes Heroles, otorgó de forma discrecional 3 mil millones de pesos de donativos en efectivo y donaciones en especie (gasolina, diésel y asfalto) a gobernadores y alcaldes propuestos por la gerente de Desarrollo Social, Yolanda Guadalupe Valladares Valle, miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN), llevada a Pemex por Juan Camilo Mouriño Terrazo. Documentos internos de la paraestatal en poder de Contralínea evidencian un sesgo partidista en el destino de los millonarios recursos.

Y es que, “aunque se supone que los donativos y donaciones deben destinarse para resarcir el impacto de Pemex en las comunidades afectadas y ayudar al desarrollo social y productivo, en realidad la entrega de estos recursos responde más al uso que le den los funcionarios de Pemex y a las presiones políticas del gobernador o de los presidentes municipales”, explica Kristina Pirker, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

En 2007, Fundar –institución independiente dedicada a la investigación, difusión y enseñanza de lo relacionado con la democracia y la participación ciudadana– develó el uso discrecional que los funcionarios de Pemex hacían de las donaciones y donativos. Entre 1995 y 2006, se habían entregado 9 mil 527 millones 900 mil 890 pesos a los principales estados con actividad petrolera. Fundar revisó el caso de Tabasco, que en ese periodo recibió 2 mil 125 millones 183 mil 330 pesos sin que los alcaldes ni los gobernadores beneficiados comprobaran en qué los invirtieron.

En respuesta al informe, la recién llegada administración de Pemex se comprometió a que normalizaría la situación. Por el contrario, con Valladares Valle al frente de la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social (GCDS), el sesgo partidista se superpuso en la asignación de donativos y donaciones y, sobre todo, se incrementó la dilación en la rendición de cuentas por parte de sus receptores, según se desprende de los documentos internos de la GCDS. Además, para los ayuntamientos panistas aumentó el monto y la posibilidad de permutar asfalto y gasolina por dinero en efectivo, lo cual está prohibido por los lineamientos de Pemex en la materia.

ASF señala discrecionalidad

A finales del sexenio de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que los donativos y donaciones que manejaban diversas dependencias del gobierno federal (Pemex, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ese orden de incidencia) se habían convertido en la caja chica para funcionarios que los usaban a libre albedrío y sin dar cuenta a nadie.

La práctica debía cancelarse, debido a que las millonarias erogaciones tenían impacto negativo en las finanzas públicas, además de que no había claridad de su destino, observó el órgano de fiscalización. Pasando por alto el señalamiento de la ASF, la administración de Felipe Calderón aumentó el monto de los recursos operados por esta vía y también la opacidad en su destino.

En el caso de Pemex, se incrementó casi ciento por ciento. Entre 1995 y 2006 se distribuyeron 9 mil 527 millones 900 mil 890 pesos en donativos y donaciones (en porcentaje del 50 por ciento efectivo y el 50 por ciento en especie); entre 2007 y 2008, el monto alcanzó los 3 mil millones de pesos (80 por ciento en dinero y 20 por ciento en especie).

Los lineamientos de Pemex estipulan que los donativos y donaciones se destinan a obras y programas de beneficio social para las comunidades impactadas por su actividad. El monto que debe destinarse a cada entidad, más específicamente a cada municipio, depende de indicadores como el volumen de producción petrolera, el número de trabajadores petroleros, los pasivos ambientales, la población impactada y el índice de marginación según el Consejo Nacional de Población. En realidad, son los gobernadores y alcaldes quienes los recogen directamente y manejan a su consideración.

Dado que se trata de recursos públicos, por su naturaleza jurídica deben ser transparentados y fiscalizados, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; pero ni la administración de Pemex ni los receptores dan vistas de rendición de cuentas. Por ejemplo, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la GCDS declaró que en 2007 había donado 915 millones de pesos, pero el monto contabilizado al interior de Pemex asciende a 1 mil 702 millones 59 mil 330 pesos, consta en documentos oficiales de la petrolera. De éstos, 915 millones fueron en efectivo, 640 mil 648 millones 38 mil pesos en asfalto, 145 mil 524 millones 408 mil pesos en combustible y 886 mil 683 pesos en bienes no especificados.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) busca blindar los donativos y donaciones de Pemex, para evitar su uso con fines electorales; por ende, la falta de fiscalización, tanto de su asignación como de su destino final, hacen de dichos recursos un foco rojo durante 2009, por los procesos electorales.

Documentos obtenidos por Contralínea revelan que Valladares Valle otorgó recursos a municipios y estados en los cuales no se realizan actividades petroleras, liberados en periodos en los cuales se desarrollaban procesos electorales, sin que la FEPADE hiciera observación alguna al respecto.

Uno de estos casos es el del municipio de Pantepec, ubicado en la Sierra Norte de Puebla. En agosto de 2007, cuando se desarrollaba la campaña para elegir alcalde, Pemex autorizó a la alcaldía, entonces a cargo del priista Ismael Pérez Cruz, un donativo por 1 millón 245 mil 574 pesos (1 millón 127 mil 50 en asfalto y 118 mil 524 pesos en combustible). En octubre, el panista Gerardo Parra Soto ganó la elección; en agosto de 2008, se le otorgó un donativo por 6 millones de pesos. Desde entonces, Pérez Cruz fungía como asesor de Parra Soto, según periódicos locales.

Cuando terminó el trienio de Pérez Cruz, saltaron las demandas por supuesto fraude en la obra pública, principalmente en la que el alcalde le asignó a su compadre Jacobo Tobilla. Entre la obra pública cuestionada estaba la pavimentación de las calles a las cuales supuestamente se aplicaría el asfalto donado por Pemex. Según las crónicas locales, la mayor inconformidad de los lugareños era que el alcalde panista protegió a su asesor a fin de evitar que se le fincaran responsabilidades penales.

La asignación de fondos de Pemex en periodos electorales ocurrió también en Francisco Z. Mena, vecino de Pantepec. En agosto de 2007 se le otorgaron recursos por la misma cantidad. En 2008, a Venustiano Carranza, otro municipio del área, también sin infraestructura de Pemex, se le otorgó un donativo por 5 millones 389 mil 338.

Durante el proceso electoral de 2007 en Veracruz, cuando se renovaron ayuntamientos y Congreso local, Valladares Valle designó recursos a siete municipios panistas, en los cuales el blanquiazul ratificó su triunfo.

Al ayuntamiento de Las Choapas se le otorgaron 4 millones 605 mil 984 pesos; a Ixhuatlán del Sureste, 1 millón 965 mil 645 pesos; Cerro Azul, 1 millón 842 mil 393 pesos; Boca del Río, 1 millón 686 mil 113 pesos; Moloacán, 1 millón 686 mil 113 pesos; Alvarado, 1 millón 423 mil 362 pesos; Castillo de Teayo, 237 mil 49 pesos.

Un caso peculiar fue el del alcalde de Alvarado, Pedro Delfín Almeida, para quien Valladares gestionó los recursos por los mismos días en que se le involucraba en un escándalo cuando, en los albores del proceso electoral, se descubrieron, en un predio propiedad de su tía Victoria Almeida Rosas, más de 1 mil despensas que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Fondo de Desastres Naturales y el Programa Oportunidades habían enviado para los damnificados por las lluvias que azotaron el municipio en 2006. Entonces Delfín Almeida declaró que de su bolsillo repondría todos los víveres. Por esos días, Pemex le liberó una parte de los recursos, la otra la recibió su sucesor, el también panista Bogar Ruiz Rosas.

Armando Flores, investigador de Política Social del centro de estudios Taylor Nelson Sofres y analista de Transparencia Internacional, advierte que la asignación de donativos y donaciones de Pemex, en periodos electorales, fomenta la corrupción “y atenta contra la democracia”. Aunque los funcionarios saben de las restricciones en el manejo de este tipo de recursos, dice, “siempre buscan darle la vuelta a las instancias de fiscalización para utilizar los recursos de las instituciones a favor de su partido”.

Por su parte, el legislador Jesús Romero López, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca, denuncia que la asignación de recursos no responde a las necesidades de las comunidades impactadas por la actividad petrolera, “sino a intereses políticos”. Explica que “es claro que los donativos son asignados con tintes partidistas”.

Cita el caso de los municipios ubicados en las inmediaciones de la Refinería Antonio Dovalí Jaime (Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Huilotepec, San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santa María Jalapa del Marqués, Asunción Ixtaltepec, Santa María Mixtequilla, San Juan Guichicovi y Salina Cruz), impactados por las actividades industriales. Aunque la Dovalí genera ingresos por 175 mil millones de pesos al año, sólo algunos municipios aledaños reciben donativos, y éstos son en cantidades ínfimas. Ello, explica el legislador, “tiene que ver con que algunos de estos municipios son de administraciones perredistas, y aunque el impacto de las actividades de Pemex es muy fuerte, no se les apoya”.

En efecto, entre 2007 y 2008, de todos los ayuntamientos impactados por las actividades petroleras en Oaxaca, sólo dos de administración perredista alcanzaron recursos; el monto no llegó ni a los 400 mil pesos. En cambio, en los ayuntamientos panistas, aunque en algunos casos su actividad petrolera es menor, los apoyos llegaron a los 42 millones de pesos.

Algunos de los estados y ayuntamientos panistas favorecidos por Valladares Valle según el orden cronológico de su asignación son los siguientes:

En abril de 2007, otorgó 1 millón 462 mil 299 pesos al ayuntamiento de Abasolo y 1 millón 520 mil 379 pesos a Celaya. En el mes de agosto dispuso 5 millones 111 mil 423 pesos en asfalto y combustible para el panista José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California; y al ayuntamiento guanajuatense de Valle de Santiago, 1 millón 525 mil 106 pesos.

Al de Morelia, 4 millones 321 mil 491 pesos; Tlalnepantla, 2 millones 711 mil 419 pesos; Cuernavaca, 2 millones 415 mil 107 pesos; San Juan del Río, 1 millón 245 mil 574 pesos; Querétaro, 1 millón 610 mil 71 pesos; Tepetitlán, 1 millón 406 mil 581 pesos; Ciudad Valles, 1 millón 465 mil 843 pesos; a la alcaldesa Rubia Idalia Quintanilla, de Los Aldamas, 1 millón 465 mil 843 pesos.

En diciembre de ese año autorizaron 4 millones 145 mil 667 pesos en asfalto para el gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat; a la alcaldesa panista de Loreto, Rosalía Romero de Aguiar, 2 millones 507 mil 560 pesos; a Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, 4 millones 179 mil 267 pesos; al alcalde de Cortázar, 835 mil 854 pesos; en Hidalgo, 835 mil 854 pesos al ayuntamiento de Cuautepec de Hidalgo y 1 millón 504 mil 536 pesos a Huasca de Ocampo. Además de 3 millones 9 mil 73 pesos al municipio mexiquense de Tecamac. A Cuauhtémoc Calderón Galván, alcalde de Zacatecas, 1 millón 337 mil 366 pesos.

De los ayuntamientos impactados por Pemex en Sonora, únicamente se otorgaron donativos a Huatabampo y Nogales, ambos administrados por panistas. Al primero, que desde 2006 encabeza el contratista de Pemex César Bleizeffer Vega (propietario y administrador de Planta de Gas Carburación LP de nombre comercial BCA Combustible y de Integradora de Gas Carburación Sonora-Sinaloa) se le asignaron 668 mil 683 pesos en asfalto. A Nogales, que encabeza Marco Antonio Martínez Dabdoub, 1 millón 337 mil 365 pesos.

En junio de 2008, Valladares dispuso que se otorgaran 2 millones 154 mil 707 pesos al ayuntamiento de Mexicali; 2 millones 461 mil al de Chihuahua; 1 millón 255 mil 144 a Ramos Arizpe; 1 millón 723 mil 655 pesos a Celaya; 1 millón 911 mil 568 pesos a León; 693 mil 214 pesos a Tepetitlán; 940 mil pesos al ayuntamiento de La Piedad; 2 millones 210 mil 928 pesos a Uruapan.

En la sesión del Consejo de Administración de agosto de 2008 se autorizaron donativos por 351 millones de pesos y donaciones por 208 millones de pesos. De éstos, Valladares Valle dispuso que una parte se le otorgara a un listado de panistas que incluían a:

Luis Armando Reynoso Femat, 4 millones 145 mil 667 pesos; José Guadalupe Osuna Millán, 7 millones 301 mil 31 pesos. A los alcaldes de Ensenada y Tijuana, 1 millón 217 mil 363 pesos y 3 millones 356 mil 433 pesos, respectivamente. A Soto la Marina, 270 mil 806 pesos; Apizaco, 1 millón 503 mil 311 pesos; a Castillo de Teayo, 7 millones de pesos; a Texistepec, 1 millón 052 mil 837 pesos.

Al ayuntamiento de Pichucalco, 6 millones de pesos; al de Hidalgo del Parral, 829 mil 133 pesos; a José Erandi Bermúdez Méndez, alcalde de Pénjamo, 139 mil 815 pesos; al de Ocotlán, 1 millón 11 mil 554 pesos; a José Alfonso Martínez Vázquez, de Zamora, 1 millón 385 mil 140 pesos. Al ayuntamiento de San Luis Potosí, 1 millón 385 mil 140 pesos; al de Tamuín, 889 mil 844 pesos.

Asignaciones millonarias

A finales de 2007, la administración de Pemex presentó un informe ante el Senado de la República en el cual aseguró que se había eliminado la discrecionalidad priorizando la asignación de acuerdo con la importancia de cada estado para la industria petrolera. Pero en julio de 2008, durante su participación en el debate sobre la reforma energética, Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, denunció que de los recursos públicos se seguían otorgando donativos sin fundamento jurídico alguno. Dijo que “el exceso en la discrecionalidad de servidores públicos de Pemex en el otorgamiento de préstamos y donativos” contribuía a los manejos “turbios” respecto del dinero petrolero.

Pero la asignación de dichos recursos es sólo una parte de su dudoso manejo: la otra tiene que ver con su destino final. Según los lineamientos de Pemex, es obligación de los beneficiarios comprobar de manera mensual el avanece en la aplicación de los donativos y donaciones, y de los funcionarios de la GCDS su verificación, so pena de suspenderlo de manera parcial o cancelarlo de forma definitiva. Al respecto, los informes de la GCDS develan la dilación de la comprobación en la mayoría de los recursos que entregó Valladares Valle en 2007 y 2008.

Por el volumen de recursos destaca Campeche, precisamente el estado natal de la funcionaria, al cual destinó 600 millones de pesos (423 millones 368 mil pesos fueron en efectivo y el resto en especie), los cuales fueron recibidos por Jorge Carlos Hurtado Valdez y José Ignacio Seara Sierra, gobernador del estado y alcalde de Ciudad del Carmen, respectivamente. Según se destinarían a obra pública, que entre otros incluía “apoyar la pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas, fomentar el fortalecimiento de proyectos productivos, e infraestructura caminera”, además de “apoyar a los pescadores de altura y ribereños del municipio de Carmen”.

Aunque pertenecen a dos partidos políticos distintos (Jorge Carlos Hurtado Valdez al PRI y José Ignacio Seara Sierra al PAN), ambos funcionarios estarían vinculados políticamente a Yolanda Valladares Valle.

Hasta diciembre de 2008, la GCDS reportaba “cero” avance en el desarrollo de la obra pública para la cual se les asignaron los recursos; tampoco había reportes de la comprobación. Pero además, hace unos meses la Secretaría de la Función Pública abrió la investigación INV.ADMA DE/028/2008/NA/036 respecto de los supuestos manejos irregulares de los fondos de Pemex que recibieron Hurtado Valdez y Seara Sierra, quienes, por cierto, en diciembre de 2009 concluirán sus respectivas administraciones.

Lo anterior se derivó de una denuncia por supuesto fraude que presentaron diversas organizaciones pesqueras isleñas, las cuales debían recibir los recursos que cobraron el gobierno del estado y el alcalde de Ciudad del Carmen. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos da curso a una queja que presentó la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola Delegación Ciudad del Carmen, identificada con el número 2007/755/55/2/Q, también por las supuestas irregularidades en la distribución de los fondos petroleros en la entidad.

En abril de 2008, la revista Proceso documentó que de los donativos de Pemex, 6 millones de pesos habrían ido a parar a los bolsillos de la familia Mouriño, cuando Hurtado Valdez y Seara Sierra les compraron vales de gasolina suscritos por la empresa ESGES, SA de CV, del corporativo GES. Dichos vales fueron entregados a los pescadores afectados por el derrame de crudo en el accidente de la plataforma Usumacinta, en octubre de 2007.

Javier Aguillón Osorio, representante del sector pesquero en la villa de Isla Aguada, declaró a la corresponsal de Proceso en Campeche, Rosa Santana, que Valladares Valle se había comprometido a entregarles dichos recursos en efectivo, pero que cuando finalmente liberó los recursos les fueron entregados como gasovales, válidos únicamente en las gasolineras del GES.

Tamaulipas, entre los más beneficiados

Los informes de Pemex respecto del estado de Tamaulipas, tercer receptor de recursos, después de Campeche y Tabasco, revelan que se trata de otro foco rojo en la rendición de cuentas. En 2007 recibió 302 millones 248 mil 551 pesos, que equivalen al 20 por ciento de los donativos y donaciones que se otorgaron ese año. Hasta septiembre de 2008 había recibido 187 millones de pesos. Según los registros de Pemex, hasta diciembre pasado no se tenía el informe del avance en la disposición de dichos recursos.

Involucrado en el supuesto embarazo de urnas a favor de Felipe Calderón en el proceso electoral de 2006, por línea de Elba Esther Gordillo, el panista Eugenio Javier Hernández Flores es el gobernador norteño que ha obtenido la mayor partida de los donativos y donaciones de Pemex en la actual administración.

El 17 de enero de 2007, recién iniciado el gobierno calderonista, Hernández Flores remitió a Reyes Heroles un oficio donde le solicitaba 413 millones de pesos en efectivo “para obras de desarrollo social”, además de 35 mil toneladas de asfalto, 2 millones de litros de gasolina magna y 6 millones 780 mil litros de diésel. Según Pemex, ese año se le otorgaron 302 millones 248 mil 551 pesos: 167 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible. En 2008, hasta el mes de septiembre el monto alcanzaba los 186 millones 786 mil 508 pesos: 107 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible.

A nivel de alcaldías, una de las más beneficiadas fue la de Reynosa, cuando ésta era dirigida por el panista Francisco García Cabeza de Vaca. En marzo de 2007 se le otorgaron 34 millones 917 mil 197 pesos; de ellos, 20 millones en efectivo y el resto en asfalto y combustible. El 28 de junio de ese año, Valladares Valle le otorgó otros 20 millones de pesos y 3 mil 500 toneladas de asfalto en un acto público en el cual la funcionaria explicó que eran adicionales a los recursos que se le habían designado al gobierno estatal e inicialmente a Reynosa.

Permutas por efectivo

Identificado por el político Manuel Bartlett como un “activo promotor de los ilegales Contratos de Servicios Múltiples y del proyecto de reforma energética de Felipe Calderón”, a José Natividad González Parás se le cuenta entre los gobernadores más beneficiados con los donativos y donaciones de Pemex, aunque, según los indicadores de la paraestatal, Nuevo León no es identificado como “con influencia petrolera alta”.

En 2007, la entidad recibió 94 millones 938 mil 988 pesos en efectivo y especie. Para 2008, hasta el mes de septiembre en que la GCDS dio cuenta de sus erogaciones a ese estado, el monto alcanzaba los 58 millones de pesos, los cuales se le liberaron mediante diversos cheques de Scotiabank Inverlat, pese a que González Parás no había rendido cuentas del dinero ni el asfalto y combustible que recibió en 2007, según se desprende de un oficio interno de la GDS (número 098/08), signado por la propia Valladares Valle al gobernador.

En Nuevo León, a los ayuntamientos gobernados por panistas, Valladares Valle dio otros privilegios: les permitió cambiar sus donaciones en especie (asfalto y gasolina) por efectivo, lo que contraviene los lineamientos internos que asientan que “por ningún motivo” los donativos o donaciones podrán ser permutados.

Uno de estos casos fue el de Cadereyta, a cuyo alcalde, Edelmiro Cantú Sada, le “canjeó” las toneladas de asfalto que equivalían a 20 millones de pesos, las cuales le habían sido autorizadas por el Consejo de Administración, por el dinero en efectivo. El 17 de septiembre de 2007, Valladares gestionó que la Gerencia de Administración Financiera le tramitara un cheque por otros 10 millones de pesos que, según el oficio DCA-GCDS-331/07, le fue autorizado por el Consejo de Administración en la sesión del 30 de abril.

Las actividades proselitistas del presidente municipal han sido la constante a lo largo de su gestión, sobre todo para promover al senador Fernando Elizondo Barragán al gobierno del estado en el proceso electoral que tendrá lugar este año. Por ejemplo, cuando inauguró un auditorio en Cadereyta, que se construyó con recursos de Pemex, Cantú Sada incluyó en su discurso:

“Fernando, si hay alguien que puede recuperar esa gubernatura eres tú y te digo aquí, delante de la gente, que tendrás todo mi apoyo; no solamente el mío, sino el de mi familia que te conoce y te aprecia; y repito, vamos contigo hasta el final.”

Valladares también le canjeó al alcalde de Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque, 1 millón de pesos que el Consejo de Administración había autorizado en asfalto.

Al analizar los datos de Pemex obtenidos por Contralínea, Kristina Pirker, responsable de la investigación de Fundar que reveló la malversación de recursos de Pemex en Tabasco en la pasada administración, señala que “es evidente la malversación de fondos o desvío de recursos”.

De entrada, dice, “Pemex deberá responder por qué continuó otorgando dinero a entidades como Tabasco sin tener una prueba de la eficacia de los donativos otorgados al estado, y no es el único caso. Los lineamientos estipulan que un beneficiario que no ha comprobado bien el ejercicio de los recursos, no puede solicitar nada al siguiente año. Se tendrá que explicar por qué los funcionarios siguen otorgándolos sin tener control de su destino.”

En estos momentos, dice la representante de Fundar, “el riesgo es que se utilicen los donativos de Pemex con fines electorales: se supone que son para proyectos de desarrollo social, pero son operados por los gobernadores y alcaldes directamente, así que, ¡claro que se presta para su uso electoral!”.

Contralínea solicitó una entrevista con la gerente de Desarrollo Social, Yolanda Valladares Valle, para hablar del manejo que ha dado a los recursos de Pemex. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Se buscó también a alcaldes y gobernadores que se citan en este artículo, sin respuesta hasta este momento.

Donativos a Tabasco

El informe de Fundar y, posteriormente, las inundaciones que en diciembre de 2007 azotaron Tabasco, pusieron al descubierto la supuesta malversación de los millonarios donativos y donaciones que Pemex otorgó a los gobernadores Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz, para la infraestructura en calles y carreteras.

La paraestatal informó a la Cámara de Diputados federal que a dichos gobernadores se les entregaron 1 mil 970 millones de pesos, en efectivo y especie, para realizar obras de infraestructura y de protección contra inundaciones. El desastre evidenció que los recursos no se aplicaron. Tampoco se aclaró su destino.

Desde su llegada a Pemex, Yolanda Guadalupe Valladares Valle tuvo conocimiento de la supuesta malversación de los fondos de Pemex en ese estado, por la documentación que le requirió la Secretaría de la Función Pública como parte de las indagatorias que abrió al respecto, según consta en oficios de la GCDS en poder de Contralínea. Los lineamientos en la materia estipulan que los incumplimientos en las obras sociales o la falta de rendición de cuentas obliga la suspensión de los apoyos. Valladares Valle continuó entregando recursos.

En 2007, Valladares gestionó para el gobernador en turno, Andrés Granier Melo y seis alcaldes de la entidad, donativos por 318 millones 45 mil 952 pesos, es decir, Tabasco recibió en promedio casi 1 millón de pesos por día. De estos recursos, Granier Melo –familiarizado con este tipo de donativos desde que se desempeñó como alcalde de Centro (2000-2003)– recibió de manera directa 274 millones 329 mil 615 pesos (150 millones en efectivo y el resto en especie).

Ante el Consejo de Administración de Pemex se justificó la autorización para proyectos como “la instrumentación de programas de desarrollo social”, o “el fomento al empleo, la salud y la protección al medio ambiente”, sin que se aclarara exactamente en qué se aplicarían. Cabe señalar que uno de los requisitos para obtener los apoyos, según los lineamientos de Pemex, es que al momento de presentar la solicitud se debe justificar la viabilidad técnica y social a atender, así como los beneficios sociales en caso de ser otorgados.

Más aún, las peticiones de Valladares respecto de estos recursos, previo a la elaboración de los diversos cheques de Scotiabank Inverlat, a cuenta de los donativos, especifican que el dinero sería gastado según lo dispusiera el Ejecutivo local, conforme a su ejercicio fiscal.

A propósito del escándalo de las inundaciones, cuando el Legislativo federal solicitó a Jesús Reyes Heroles un informe de la comprobación que habían presentado gobernadores y alcaldes, que incluía los primeros 10 meses de la gestión de Valladares Valle, la administración de la petrolera reconoció que no había evidencia de que los recursos se hubieran aplicado.

El 18 de diciembre de 2007, Valladares tramitó 5 mil toneladas de asfalto que supuestamente se utilizarían para reparar, pavimentar y reencarpetar las carreteras y vialidades afectadas; eran las mismas a las cuales se les había destinado recursos antes del desastre, de acuerdo con documentos internos de Pemex.

El 1 de agosto de 2008, Valladares Valle declaró a la prensa local que Andrés Granier no había comprobado en qué gastó el 50 por ciento de los recursos que le otorgó desde 2007, y que los proyectos que el gobernador había presentado a inicios de ese año para obtener recursos durante 2008 no tenían “sustento social”.

“Ya está demostrado que el reparto de dinero, de ganado, el reparto de pollitos no inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y lo que nosotros estamos pidiéndole al gobierno de Tabasco es que presente proyectos que demuestren sustentabilidad”, declaró la funcionaria.

Pero entre enero y septiembre de 2008, la campechana les entregó otros 153 millones 288 mil 414 pesos. El grueso de los donativos se autorizó en el mes de junio: a Andrés Granier, 26 millones 310 mil pesos; a Evaristo Hernández Cruz, alcalde de Centro, 38 millones 129 mil 972 pesos; a Sebastián Izquierdo Gómez, de Paraíso, 21 millones de pesos; a Nicolás Belizzia Aboaf, de Centla, 16 millones 89 mil 32 millones; a Francisco Sánchez Soberano, de Cunduacán, 15 millones de pesos; a Óscar Ferrer Abalos, de Huimanguillo, 13 millones de pesos; y a Avenamar Leyva Gómez, de Nacajuca, 9 millones de pesos. En agosto se otorgaron otros 15 millones de pesos al alcalde de Centro.

De acuerdo con documentos oficiales de Pemex, hasta diciembre pasado el estatus de comprobación tanto del gobierno como de los municipios de Tabasco estaba en “cero por ciento”.

Contralínea solicitó una entrevista con el gobernador Andrés Granier respecto a los señalamientos que hiciera Valladares Valle de la falta de rendición de cuentas de los fondos que ha obtenido de Pemex. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (ALP)