Más de 1 mil personas, disidentes del gobierno, fueron detenidas entre 2000 y 2010. Unos 200 luchadores sociales aún purgan sentencias en cárceles del país. Los delitos que se les achacan: secuestro equiparado, robo, sedición y ataques a las vías de comunicación. Es la criminalización de la “protesta social”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos

Tardía llegó la libertad para 12 hombres. Uno de ellos, sentenciado a purgar una condena de más de un siglo. Cuatro fueron los años que permanecieron en el encierro, sometidos a maltratos físicos y sicológicos, en ocasiones incomunicados y vejados por sus “verdugos”, médicos o custodios.

Rodeados de líderes del crimen organizado –narcotraficantes, secuestradores, violadores y delincuentes de cuello blanco–, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa fueron liberados el 30 de junio pasado del penal de máxima seguridad de El Altiplano; nueve personas más, de la cárcel del Molino de las Flores en el Estado de México.

Los “macheteros”, campesinos y vecinos del pueblo de San Salvador Atenco mostraron cómo el Estado mexicano “criminaliza la protesta social”. Así quedó documentado en diversos informes nacionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos.

También lo dejaron asentado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la Primera Sala del Poder Judicial dictaminó que el 3 y 4 de mayo se había coartado la libertad de expresión de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

El ministro Juan Silva Meza, ponente del recurso, afirmó que los casos de los integrantes del FPDT revelaron una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”.

La “suerte” de los floristas y campesinos mexiquenses no ha caído sobre otras 217 personas que esperan que la justicia llegue a su celda, así lo indican los listados de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Comité Cerezo –organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos– documenta que en más de una década han sido aprehendidas 1 mil 194 personas en todo el país. Entre los estados con mayores casos registrados, se encuentran Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y el Estado de México.

Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, y promotor de los derechos humanos, opina: “Vivimos en un Estado que no tiene capacidad de diálogo para resolver los conflictos sociales. Un Estado que ha optado porque México sea para unos cuantos. Su proyecto es eliminar a la gente de la sociedad. Les estorba quien saca la cara para defender lo que es suyo”.

Incapacidad para dialogar

El Reporte sobre la criminalización de la protesta social, elaborado por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) –organismo dedicado a la defensoría de los derechos humanos–, indica que, en la confrontación entre movimientos sociales y el Estado, “se están reduciendo las condiciones para las salidas negociadas”.

El documento, coordinado por Pablo Romo Cedano, precisa que el “Estado está cada vez menos dispuesto a hacer concesiones sustantivas a los movimientos sociales; trata de justificar su endurecimiento al calificarlos de extralegales e ilegítimos, de no ser interlocutores válidos que merezcan incorporarse a través de la presión a ningún tipo de negociación-acuerdo”.

Contrario a ello, “un número significativo de movimientos sociales está cada vez menos dispuesto a ceder frente a la decisión vertical o frente al daño o despojo que sufren”.

Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explica que la protesta social es un derecho que cobra legitimidad ante la incapacidad de cauces institucionales adecuados para la atención de las demandas de los grupos sociales.

“Busca la plena garantía de derechos y permite en última instancia el acceso a la justicia. Esta forma de manifestación social se relaciona como la actuación u omisión del Estado, en situaciones de desigualdad y marginación social y con la impunidad que facilita la violación de derechos humanos”, dice.

Mil detenciones en una década

A través del proyecto Viento de Libertad –página de internet que lleva un registro de los casos judiciales contra luchadores sociales–, el Comité Cerezo muestra que, en la década reciente, 1 mil 194 personas han sido sometidas a un proceso judicial como consecuencia de su participación en algún movimiento social.

Antonio Cerezo Contreras –acusado de terrorismo en 2001, junto con sus hermanos Alejandro y Héctor, por el gobierno federal, sin que éste haya podido comprobar los cargos– dice en entrevista que la criminalización de la protesta social es solamente un aspecto de la conformación del Estado mexicano en un Estado terrorista, al que se le suma la militarización del país y la modificación de leyes que validen el arraigo.

Las mismas estadísticas muestran que, durante el sexenio de Vicente Fox, 2006 fue el año en que más personas fueron aprehendidas. El caso que llevó más luchadores sociales tras las rejas fue el de Atenco, con el movimiento del FPDT. De las listas se destaca que, durante los primeros cinco años de administración, los detenidos por año no rebasaban la decena de personas.

En tanto que los procesados del sexenio de Fox Quesada que continuaban prisioneros hasta hace un mes eran 68; con el ascenso al poder de Felipe Calderón Hinojosa, la cifra se incrementó en 219 por ciento, al contabilizar 149 detenidos a julio de 2010.

Para Romo Cedano, si bien la criminalización de la protesta social viene desde los tiempos en que gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, es evidente que “en los últimos años se han incrementado notablemente este tipo de expresiones de criminalización y judicialización; es decir, entran en un proceso de descalificación social y un proceso judicial que cuesta la vida a quienes permanecen en las cárceles”.

El defensor de derechos humanos resalta el caso de Atenco, en el que más de 200 personas fueron sujetas a un proceso penal en 2006 y 12 continuaron presas hasta el pasado 30 de junio. También destaca el de las indígenas queretanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación. “Éstos no son hechos aislados, responden a una estrategia del gobierno y del Estado para reprimir, soslayar y acabar con la protesta social”.

Gobiernos opresores

Las estadísticas de Viento de Libertad indican que de las más de 1 mil detenciones que se han hecho públicas, Oaxaca es el estado en donde se han registrado más “presos políticos”, con 318 casos; le siguen Michoacán, 141; Chiapas, 135; Guerrero, 122, y el Estado de México, con 82 sujetos a proceso en el periodo de 2000 a 2010.

En 2006, el caso que más presos tuvo en la entidad del Sureste mexicano fue el conflicto social entre el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organizaciones que exigían la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Éste había incumplido con el incremento salarial que prometió al magisterio, además estaba acusado de malversar fondos, incurrir en fraude electoral y fabricar delitos a sus opositores.

Michoacán ascendió a la segunda posición con la detención de 141 jóvenes. El 27 de noviembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío se manifestaban en contra del proyecto Alianza por la Calidad de la Educación, que impulsa en los estados el gobierno federal y la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo. Ese día, fueron detenidos.

En Chiapas, las circunstancias no son distintas para los “luchadores sociales”. El acoso a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la detención de dirigentes campesinos –como ocurrió con José Manuel Hernández Martínez (don Chema), de la Organización Campesina Emiliano Zapata– y de integrantes del magisterio chiapaneco colocan al estado, gobernado por el perredista Juan Sabines, como el tercero con más presos políticos.

“En todas partes se expande esta situación de manera abominable, que responde a una inflexibilidad de las autoridades y de la incapacidad de entender a los interlocutores. Hay que recordar que éste es un problema de origen: este gobierno nace de la imposición y de la falta de diálogo”, explica Romo Cedado, coordinador del Observatorio de Conflictividad Social en México.

Agrega que “estamos transitando hacia un régimen violento y no hacia una democracia liberal. No hay visos de cambio. Esto pasa a nivel federal y estatal porque están respondiendo a quienes son sus patrones: a los dueños del capital y a las grandes empresas, que han colocado en el poder a democracias débiles y pusilánimes para poder seguir gobernando”.

Golpeteo a la sociedad

Simón Hernández, abogado del Centro Prodh, explica que la “protesta” representa un fenómeno de expresión colectiva, vinculada con la organización y las transformaciones populares y democráticas que enriquecen la vida pública al operar como mecanismo para la transformación y la realización de la justicia social.

La protesta también permite llevar al espacio público los requerimientos de sectores sociales desaventajados, fungiendo en última instancia como elemento de la transformación social. Puede definirse como un “acontecimiento visible de acción pública contenciosa colectiva, orientado al sostenimiento de una demanda, en general, con referencia directa o indirecta al Estado”.

Al criminalizar, el Estado utiliza una doble estrategia: “Primero, posterga la solución de las demandas sociales buscando el desgaste de los movimientos; luego, permite que los conflictos alcancen niveles de polarización suficientes para justificar ante la opinión pública la inexistencia de salidas dialogadas, criminalizando al movimiento social y a sus demandas”, comenta.

El abogado indica que, cuando el ejercicio del poder estatal se distingue por la criminalización de la protesta, inhibe la discusión de los asuntos de interés general, la movilización de grupos sociales, el disenso, la crítica a las actividades del Estado y la participación política de la ciudadanía en las cuestiones públicas. Esto evidencia no sólo la violencia institucional, sino la institucionalización de la violencia y la normalización de esta práctica como expresión de “gobernabilidad”.

El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes Muñiz, observa que los delitos con los que se ha criminalizado la protesta social son el secuestro equiparado, despojo, robo, ataques a las vías de comunicación, sedición, entre otras.

Fuentes Muñiz agrega que entre las argucias legales que utilizan los ministerios públicos, se encuentran la fabricación de pruebas. Arman los expedientes y con ello se limita el derecho a la defensa adecuada.

Fases de la criminalización

En el Reporte sobre la criminalización de la protesta social, el Observatorio de la Conflictividad Social indica que hay tres premisas que “revelan un proceso enraizado en el sistema político mexicano, por medio del cual se aborda y confronta los conflictos sociales”:

Existe una tendencia a la invisibilización de los conflictos sociales por parte del Estado. Así como al no reconocimiento de la legitimidad de los actores.

La invisibilización y falta de reconocimiento provocan un escalamiento social de la conflictividad en el que se generan formas de confrontación más radicales.

A partir del cierre de canales de diálogo y el escalamiento en la confrontación, se genera una tendencia de respuesta por parte del Estado en torno a la represión y judicialización, que tiene como objetivo el desgaste de los movimientos.

Contralínea 195 / 15 de Agosto de 2010