⇒ Parte I: Hacienda acredita 109 mil MDP lavados en sistema financiero

Parte II: Sistema financiero, principal centro de lavado en México

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En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó el presumible lavado de 109 mil 254 millones 173 mil 391 pesos en el sistema financiero de México, indica la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la solicitud de información 0000600001613, presentada por Contralínea.

 

Entre enero de 2007 y diciembre de 2012, la UIF –que ahora encabeza Alberto Bazbaz– presentó 232 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el circuito financiero, relacionadas con ese monto multimillonario.

 

Los 109 mil millones de pesos sucios detectados en ese periodo equivalen a 12 veces el presupuesto 2013 del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (que asciende a 9 mil 64 millones 526 mil pesos); sin embargo, apenas representan el 14 por ciento de lo que las autoridades hacendarias reconocen oficialmente como el monto que se lava en el sistema financiero mexicano.

 

Y es que la propia Secretaría de Hacienda admitió en 2012 que los excedentes anuales por 10 mil millones de dólares registrados en el sistema serían un estimado de los recursos que blanquean los bancos, casas de cambio, casas de bolsa, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto limitado y demás sujetos obligados por la normatividad antilavado (más de 6 mil instituciones).

 

Es decir que el sistema financiero habría lavado al menos 60 mil millones de dólares (unos 780 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar) en los 6 años en los que supuestamente se libró una “guerra” frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, vigente también en la actual administración federal.

 

Más aún, el reporte Southwest border violence: issues in identifying and measuring spillover violence –elaborado por el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos, con fecha del 28 de febrero de 2013– señala que los narcotraficantes mexicanos “legalizan” con éxito hasta 39 mil millones de dólares anuales, producto únicamente de la venta de drogas ilegales en ese país (unos 507 mil millones de pesos cada año).

 

Es decir que entre 2007 y 2012 los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, del Golfo, Juárez, Tijuana, la Familia Michoacana y los Beltrán Leyva habrían lavado más de 3 billones 42 mil millones de pesos en el país. Además, en los primeros 100 días del sexenio de Enrique Peña Nieto se habrían blanqueado otros 130 mil 884 millones de pesos (10 mil 68 millones de dólares), pues las estimaciones hechas por los aparatos de inteligencia estadunidenses no han variado en el último sexenio.

 

“Desde el punto de vista de la inteligencia financiera es extremadamente pobre la productividad en términos de la persecución de este delito”, opina el maestro en ingeniería financiera Jorge Retana Yarto.

 

“La mayoría de las operaciones [antilavado] que se han logrado consolidar son muy pequeñas: se captura a los responsables en acciones prácticamente in fraganti. Se detiene al operador financiero de un grupo criminal que estaba en posesión de entre 2 [millones] y 5 millones de dólares o se captura al enlace de un grupo criminal en México que viene de Colombia y encuentran en sus maletas 2 [millones] o 3 millones de dólares en los aeropuertos. [El combate] ha sido a través de esas acciones, no de la investigación sistemática.”

 

Por ello, el integrante del Colegio Nacional de Economistas y de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, capítulo México, observa que “estamos excesivamente retrasados en cuanto a la efectividad de los trabajos de inteligencia financiera para detectar este delito”.

 

 

 

Los datos que la Secretaría de Hacienda entregó a Contralínea –por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan que de los más de 109 mil millones de pesos sucios que detectó la UIF en el sistema financiero, el monto más alto correspondió a las 39 denuncias de 2011: 70 mil 481 millones 858 mil 50 pesos, que equivalen al 64.5 por ciento del total.

 

Le siguieron las 43 denuncias de 2009, por 14 mil 137 millones 621 mil 935 pesos; las 52 hechas en 2010, por 9 mil 710 millones 904 mil 653 pesos; las 38, en 2008, por 6 mil 107 millones 127 mil 145 pesos; y las 25, en 2007, por 5 mil 133 millones 666 mil 839 pesos de origen ilegal.

 

La respuesta de la Secretaría de Hacienda –que encabeza Luis Videgaray– descubre, además, que las 35 acusaciones que interpuso su Unidad de Inteligencia Financiera ante la PGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2012 fueron las que menos dinero implicaron: 3 mil 682 millones 994 mil 769 pesos, es decir sólo el 3.37 por ciento del monto global.

 

Las 77 denuncias presentadas entre octubre de 2010 y septiembre de 2012 involucraron a 276 instituciones financieras consideradas como sujetos obligados por el marco normativo vigente en materia de prevención al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, se desprende de los dos reportes anuales de resultados que ha generado la UIF.

 

Para la doctora Mireille Roccatti, en materia de combate al delito de lavado de dinero es necesario que se aplique la ley cabalmente y que se tenga una supervisión “a todo mundo; no solamente de manera selectiva, sino a todas las cuentas bancarias de todo mundo. Al momento en que se detecte una transferencia que cause un poquito de alerta o de alarma, buscar el origen y todo el curso que siguió esa cantidad: la procedencia, quién lo recibe y a dónde lo transfiere”.

 

El Reporte anual octubre 2011-septiembre 2012 de la UIF refiere que, en ese año, la PGR le envió “1 mil 221 peticiones de información sobre un promedio trimestral de 1 mil 500 sujetos en investigación por actos posiblemente vinculados a los delitos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo”. Para el periodo de octubre de 2010 a septiembre de 2011, las solicitudes de la Procuraduría ascendieron a 1 mil 176 respecto de 1 mil 694 sujetos obligados.

 

El documento señala que la Unidad de Inteligencia Financiera sólo “disemina información cuando la PGR justifica que las instituciones sobre las que está requiriendo información están incluidas en alguna investigación, a través de un acta circunstanciada o una averiguación previa”.

 

Agrega que México también recibió 107 solicitudes informativas provenientes de unidades de inteligencia financiera extranjeras. En ese mismo periodo, la UIF envió 46 peticiones de información a otros países, sin aclarar a cuáles.

 

José Luis Marmolejo –quien encabezara la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la PGR, en el sexenio pasado– señala que “los delincuentes no entienden diferencias de idiomas ni tampoco pierden tiempo sacando visas y pasaportes. El idioma que ellos hablan es el universal, el del dinero. Y mientras nosotros [México] estamos perdiendo tiempo carteándonos con otros gobiernos para pedir informaciones, ellos están todos los días haciendo operaciones de la manera más abierta e impune”.

 

En entrevista, el exfiscal antilavado indica que las autoridades federales deben estar conscientes de que el mayor peso que tiene la delincuencia es el que el propio gobierno le da, al permitirle que siga allegándose de dinero.

 

El capital, detalla, “es lo que hace que la maquinaria se siga moviendo. El crimen es una empresa: si le siguen inyectando recursos, crece; si le cortan de golpe el flujo de dinero, se va a venir abajo. La diferencia es la dinámica con la que trabajan estos señores [los delincuentes]. A una empresa normal, en condiciones normales, si se le quita la fuente de ingreso se va a la quiebra; [pero] ellos lo que hacen es que si les cortan la fuente de ingresos primarios se van a buscar otra. Es decir que si el narcotráfico ya no les funciona entonces se van a dedicar a extorsionar. Si la extorsión no les funciona, a secuestrar. Le van a buscar todas las formas posibles para subsistir”.

 

 

Infografía:

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 329 / marzo 2013