⇒ Parte I: Hidroeléctrica El Naranjal: despojo a 30 mil pobres
Parte III: La red empresarial
La hidroeléctrica privada El Naranjal despojará de tierras y agua a unos 30 mil campesinos e indígenas en Veracruz, y afectará a 56 especies animales y vegetales protegidas. Su negocio se centrará en la generación media anual de 676 gigavatios/hora para “autoabastecimiento” y para venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad. Detrás de su construcción está el empresario Guillermo González Guajardo (hijo de Claudio X González), dueño de una red empresarial dedicada al desarrollo de proyectos energéticos que han desplazado a decenas de pueblos
Nancy Flores, @nancy_contra/ Monserrat Rojas*, fotografías/ enviadas
Amatlán de los Reyes, Veracruz. “A la mejor nos maten, como dicen. Pero si a fuerza van, a fuerza vamos”, afirma Juana León. Desde el corredor de su vivienda, la mujer explica que para los afectados –como ella– “no hay ninguna ganancia” con la hidroeléctrica privada El Naranjal. “Si llegamos a fracasar [en la resistencia pacífica], no hay de otra más que levantarse y hacer algo”.
A sus 75 años de edad, doña Juanita –como la conocen aquí en su comunidad, Congregación Guadalupe La Patrona– no cede ante la amenaza del proyecto de generación de energía que impulsa en esta entidad el empresario Guillermo González Guajardo, hijo de Claudio X González Laporte. “Yo por mí, lo mío no lo vendo”, afirma.
Integrante de Las Patronas (grupo de mujeres que brindan asistencia humanitaria a migrantes centroamericanos que viajan por tren), doña Juanita mira en derredor de su casa. Con ese recorrido señala las colinas que rodean el lugar. “Si llegan a hacer la hidroeléctrica, ¿a dónde vamos a quedar nosotros? Así, sentados, échenle un lente: cómo estamos, miren los cerros. ¿A dónde quedaríamos?, dentro del agua”.
En varias ocasiones, a doña Juanita y a su esposo los han visitado representantes de la hidroeléctrica para “convencerlos” de que vendan la tierra en la que nacieron y crecieron; donde ella parió a sus seis hijos y donde éstos, a su vez, tuvieron a sus 15 nietos. El territorio donde viven, siembran y donde descansan sus ancestros.
—¿A dónde se irían?
—A ningún lado. Al panteón solamente.
De acuerdo con el permiso oficial –emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 8 de enero de 2010, con folio SGPA/ DGIRA.DG.0016.10–, la hidroeléctrica afectará una superficie de 93.31 hectáreas ubicadas en los municipios veracruzanos de Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Cuichapa y Yanga. De ese total, 61.44 hectáreas (el 65.8 por ciento del territorio) requieren cambio de “uso de suelo”, por estar catalogadas como áreas forestales.
El saldo social del proyecto privado será de unos 30 mil campesinos e indígenas afectados, tanto por el despojo de tierras como por el del agua, señala en entrevista con Contralínea Francisco Rojas Palacios, integrante del Grupo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre.
Aunado a esto, la Semarnat admite que se perjudicarán 40 especies de “fauna con relevancia para la conservación” (20, con estatus de protección; 15, sujetas a protección especial; cuatro, amenazadas; una, en peligro de extinción) y 16 especies protegidas de vegetación (12, con estatus de protección; cuatro, amenazadas).
De estas especies, los casos más graves son los del chiropterotriton chiropterus (una especie de salamandra), la orthogeomys lanius (tuza lanuda) y la dasyprocta mexicana (agutí negro), en inminente peligro de extinción y cuyo hábitat será destruido por la hidroeléctrica El Naranjal.
Éstas no son las únicas afectaciones medioambientales: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas advirtió a la Semarnat que parte de la obra (una cortina) se localizará muy cerca de la poligonal del Parque Nacional Cañón del Río Blanco, decretado así el 4 de mayo de 1938.
Sin embargo, esto tampoco frenó el aval de la Secretaría a la hidroeléctrica. Sobre ese último punto, la Semarnat –que entonces encabezaba Rafael Elvira Quesada– observó que la cortina no representa riesgo alguno: “se ubica a aproximadamente 470 metros [sic] de distancia del área natural”.
El activista Rojas Palacios denuncia que el proyecto hidroeléctrico también acabará con la afluencia de dos ríos, el Blanco y el Metlac; a este último lo califica como de gran importancia, porque provee de agua a algunas comunidades de los municipios afectados. No obstante, para la Semarnat esto no es un peligro, pues ambos afluentes, asegura, están contaminados.
En el permiso federal se enlistan 10 obras sobre los ríos Metlac y Blanco, de las cuales destacan cuatro: el embalse de ambos a partir de su confluencia, la captación permanente de un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, la construcción de un canal a cielo abierto de 22 kilómetros de longitud sobre la margen izquierda del Río Blanco y el alzamiento de la cortina derivadora de 9 metros de altura, a menos de medio kilómetro de la reserva natural protegida.
“Las obras de derivación consisten en construir, a 30 metros debajo de la junta de los ríos, una cortina de 9 metros de alto que va a inundar una zona de vegetación de 9 a 11 hectáreas, para aprovechar la gran depresión. Del lado izquierdo del río van a derivar el 95 por ciento de las aguas por un trayecto de 22 kilómetros, para llevarlas al cerro de San José de Gracia. Ahí hay unas depresiones naturales que van a servir para almacenar las aguas de este proyecto”, refiere Rojas Palacios.
El problema, indica, es el gran impacto ambiental. “Se van a afectar a varias poblaciones de los municipios de Fortín, Amatlán, Cuichiapa y Omealca. Éstas sí están contempladas dentro del proyecto, sin embargo hay daños que nosotros hemos detectado con trabajo de campo que no lo están: ellos comentan que van a dejar un caudal ecológico de 2 metros cúbicos por segundo, entonces al desviar esas aguas van a afectar a la población de Rincón Buenavista, porque ellos tienen un punto de alimentación de agua por filtración del Río Blanco. Es una población de aproximadamente 1 mil 500 o 2 mil habitantes que se van a ver afectados por la ausencia del Río Blanco”.
A pesar de los irreparables daños social y medioambiental que causará, Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV, repartió volantes en los que insta a los pobladores de los seis municipios a decir “¡sí al progreso!”.
En la propaganda, la empresa de González Guajardo indica como “beneficios” la generación de energía que dejará supuestamente una derrama económica en la región, la creación de 400 empleos directos, el control de inundaciones y la provisión de un suministro de agua “más confiable y de más alta calidad”, entre otros.
Cuando los impulsores de la hidroeléctrica se refieren al desarrollo sustentable “tal vez hablan de sustentar su economía solamente y de la gran riqueza que se van a llevar; no del gran problema social, económico, cultural y en todos los aspectos en los que se va a ver afectada la población”, opina el activista ambiental Rojas Palacios.
“El desarrollo es una mentira. No es desarrollo, es una destrucción. Si lo fuera, pondrían algo de preparación para la juventud y la niñez y quitarían la maldita droga que está en todas partes. Eso sí sería desarrollo. Si no hubiera naturaleza, de dónde vamos a vivir. Eso de que quieren acabar con la humanidad no es desarrollo. Eso viene siendo como un principio de guerra”, señala doña Juanita.
Una guerra que previamente ha incluido amenazas. “Si no quieren vender el terreno, se pierde o se muere el esposo y después la viuda tiene que vender”, le espetó a doña Juanita uno de los representantes de Hidroeléctrica Naranjal, SAPI de CV, una tarde de 2011.
La mujer le respondió: “¿Qué dice? ¿Usted piensa que estamos durmiendo, que si se pierde o matan al esposo, la esposa se va a quedar con miedo y que su familia no va a pelear por su familiar? Matarán a uno, pero no a todos. Sabe qué, mejor lárguese y no vuelva a venir porque eso es una amenaza. Ustedes ni conocen a la gente de aquí”.
Los amedrentamientos contra los pobladores se multiplican. Hugo Guzmán Cuevas, integrante del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, refiere que amenazas similares a la que recibió doña Juanita son cada vez más frecuentes: “sí han habido y son muy directas, no son como para tomarlas a la ligera”.
Algunos afectados identifican al jefe del proyecto, el ingeniero Javier Tobías de la Rosa, como principal responsable de estos actos ilegales. Al respecto, Contralínea buscó conocer la posición del empresario González Guajardo y de sus representantes. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
(*Integrante de Regeneración Radio)
Infografía:
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Fuente: Contralínea 327 / marzo 2013
