A pesar de que las autoridades federales conocían su sistemático comportamiento delictivo, que incluía el uso de facturas apócrifas para conseguir créditos bancarios, Oceanografía tuvo total impunidad en el panismo. Sus “cabilderos” pertenecieron siempre al primer círculo de la Presidencia de la República: Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, Guillermo Sahagún, Felipe Calderón, César Nava y el fallecido Juan Camilo Mouriño. Los casos de Bancomext, Banco Interacciones y Banamex son una muestra de los fraudes financieros cometidos por la compañía de Amado Yáñez Osuna. En el último caso, las complicidades podrían alcanzar las relaciones del CEO de Banamex y pariente del expresidente Calderón, Javier Arrigunaga, por su relación con Martín Díaz Álvarez, director financiero de la empresa y sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz
Las redes criminales que investigan las autoridades de México y de Estados Unidos en el caso de Oceanografía, SA de CV, han tocado al primer círculo de la Presidencia de la República en los sexenios panistas. Desde 2001, los dueños de la compañía naviera –encabezados por Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz Álvarez– establecieron relaciones “comerciales” con Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, Guillermo Sahagún, Felipe Calderón, César Nava y el fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Entre las líneas de investigación también destaca el vínculo del exdirector financiero de Oceanografía y presidente de Caja Libertad, Martín Díaz con el director de Banamex, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, exdirector del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, primo hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del expresidente Calderón, y muy cercano colaborador de Francisco Gil Díaz.
Según las indagatorias que se practican, el accionista de Oceanografía actualmente investigado por lavado de dinero y fraude financiero, fue el encargado de reestructurar las deudas de la contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex). En ese tenor, tuvo la encomienda de gestionar los créditos con Banamex.
Así, las operaciones que derivaron en los créditos a favor de Oceanografía por 585 millones de dólares –de los cuales se habrían defraudado 360 millones a la institución financiera por el uso de facturas apócrifas y la insolvencia de la compañía– se habrían negociado con el directivo de la filial de Citigroup en México, Javier Arrigunaga.
En estas operaciones sobresalen dos datos: el primero es la relación familiar de Martín Díaz Álvarez con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz; el segundo es el nexo de este último con Javier Arrigunaga. Y es que en sus años de subsecretario de Ingresos, Gil Díaz habría establecido una muy cercana cooperación con el entonces director del Fobaproa.
A las autoridades no se les escapa el hecho de que, como secretario de Hacienda, Gil Díaz autorizó en 2002 la venta de Banamex a Citibank a través de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que costó al erario 35 mil millones de pesos.
El nexo con la Presidencia
En este caso, son varias las líneas de investición que alcanzan al expresidente Felipe Calderón, quien además de ser pariente político de Martín Díaz estableció una relación particular con Oceanografía. Como secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, habría llamado en varias ocasiones a la oficina del entonces director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para exigir la asignación de contratos a favor de la naviera, revelan fuentes cercanas a la investigación del caso.
Ya como presidente de la República, el panista autoexiliado en Estados Unidos le garantizó a la empresa de Amado Yáñez Osuna acceso ilimitado al presupuesto de la paraestatal petrolera y un régimen de impunidad, del que gozó también en el sexenio anterior.
En las indagatorias que actualmente desarrollan dos secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República (PGR) se tienen evidencias sólidas de las omisiones cometidas por las autoridades federales. Y es que en los 12 años del panismo, Oceanografía consiguió gestionar sus contrataciones en el sector energético desde la Presidencia de la República y, desde ahí mismo, frenar las acciones derivadas de los fraudes que cometía tanto en el sector financiero público y privado como en Pemex.
Es así como entre los cabilderos ahora investigados figurarían –además de Calderón– Marta Sahagún de Fox, sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y su hermano Guillermo Sahagún, de quienes Contralínea reveló sus nexos con Oceanografía desde 2004; César Nava y el fallecido exsecretario Juan Camilo Mouriño. Todos ellos habrían traficado influencias en Pemex para que la naviera “ganara” licitaciones públicas y obtuviera contratos directos, así como para que no se actuara en contra de ella por incumplimientos en obras y servicios.
Como lo documentó este semanario, Oceanografía habría incurrido en fraude financiero desde el sexenio de Fox. Uno de los casos ocurrió en la banca de desarrollo: la auditoría OIC-AAI-02/2005 del Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) –de la cual Contralínea tiene copia– reveló irregularidades en el crédito autorizado a la empresa, como la entrega de facturas apócrifas, el incumplimiento de los términos y condiciones de pago y la mecánica de operación.
También el Banco Interacciones fue víctima de estas prácticas, similares a las que ahora se descubren en el caso de Banamex. En este último, han tocado a su matriz estadunidense Citigroup, actualmente investigada por las autoridades del país vecino por violación al secreto bancario y fallas en sus controles antilavado de dinero, según informó el diario La Jornada.
En los 2 sexenios panistas, las contrataciones para proveer servicios y obra pública –de inspección, monitoreo, reforzamiento, mantenimiento, flete, transportación, hospedaje, alimentación, rehabilitación de pozos y construcciones– a la subsidiaria Pemex Exploración y Producción ascenderían a más de 31 mil millones de pesos, según CNN Expansión.
De ese total, 5.5 mil millones de pesos corresponden al periodo de Vicente Fox y el resto al de Calderón. Esto es que el 82.3 por ciento del total, unos 25 mil 500 millones de pesos los obtuvo en el sexenio pasado.
El caso del Bancomext
Con el objetivo de recuperar la cartera de créditos otorgados durante 2004 y 2005 a través de la cesión de derechos de cobro, el Órgano Interno de Control –que entonces dirigía Roberto Muñoz Leos– en el Bancomext inició la auditoría OIC-AAI-02/2005 el 7 de abril de 2005, en la que documentó el uso de facturas apócrifas por parte de Oceanografía.
La auditoría reveló que el monto del que dispuso la naviera con supuestas facturas falsas de Pemex ascendió a 25 millones 695 mil 979.74 dólares y 30 millones 306 mil 389.33 pesos, en documentos que “no fueron reconocidos por el organismo [Petróleos Mexicanos]”, y que dado que representaban la única garantía y fuente de pago, se determinaba la falta de solvencia de la naviera.
Además, se descubrió la alteración a la mecánica aprobada. Según las cláusulas del crédito, el pago de las disposiciones debía cubrirlo Pemex Exploración y Producción de forma directa, obligación estipulada también ante notario público entre el banco y la compañía.
El crédito que concedió el Bancomext a Oceanografía fue aprobado por funcionarios de alto nivel. No obstante, la auditoría determinó inexistente la garantía en cuenta corriente otorgada por la compañía, lo que ponía en riesgo su recuperación, según consta en las cédulas de observaciones de Roberto Muñoz dirigidas a Héctor Reyes Retana, entonces director del banco.
De forma irregular, detalla la auditoría, funcionarios del Bancomext permitieron que Oceanografía cubriera cinco créditos cuyo monto ascendió a 3.2 millones de dólares, y otros cinco, por 18.9 millones de pesos.
“Se determinó que Oceanografía fue quien realizó directamente el pago de las disposiciones efectuadas, según consta en el comprobante emitido por el banco receptor del pago.”
De un total de 50 pagos realizados por 8.5 millones de dólares, se determinó que en 45 “no se cuenta con la documentación soporte necesaria que acredite que se está realizando el direccionamiento de pago por parte del cliente final”.
De acuerdo con la auditoría, además de incumplir con la normatividad, la falta de control del direccionamiento de los abonos “incrementa el riesgo de recuperación, al permitir que los derechos de cobro cedidos a la institución sean cobrados por personas ajenas a Bancomext, mismas que pueden hacer mal uso de los recursos y no realizar el pago a Bancomext”.
Por ello se determinó que el Bancomext “no cuenta con mecanismos de control que permitan administrar, vigilar y verificar su cumplimiento, así como la designación de responsables en cada una de las etapas de crédito a partir de la autorización, para delimitar las áreas responsables para la recuperación de la cesión de las cuentas por cobrar y direccionamiento de pago”.
La autorización incumplía con los datos requeridos en el capítulo 255 del Manual de Crédito de Primer Piso: “no se verifica la autenticidad de los documentos que acreditan las operaciones, mismas que se financian y que son la garantía de los derechos de cobro. No se verifica que la persona que se da por enterada de la cesión de derechos acepta a realizar el pago a una cuenta de Bancomext, tenga la facultad jurídica para ello”.
Agrega que: “la normatividad y los contratos de crédito no precisan el tratamiento que se debe dar a la cesión de los derechos de cobro ni se incorpora el seguimiento y recuperación del crédito. Asimismo, para el caso de incumplimiento no se cita el qué, cuándo y cómo se harán las gestiones con el cliente final para cobrar los derechos de las cuentas por cobrar.
“Los documentos base de la operación (facturas) por lo general presentan un vencimiento anterior al del plazo que se otorga para el vencimiento de la disposición del crédito y como no está perfeccionado el direccionamiento de pago, la acreditada (Oceanografía) recibe los recursos antes del vencimiento de la disposición y la garantía, que son las cuentas por cobrar que se extinguen antes del pago del crédito.”
El Órgano Interno de Control estableció al Bancomext revisar en forma integral la normatividad y procedimientos aplicables a la cesión de derechos de cuentas por cobrar, notificación y direccionamiento de pago, en coordinación con las áreas involucradas en el proceso, “dentro del cual se consideren la comprobación de la relación comercial entre la acreditada y el cliente final, para minimizar los riesgos en la recuperación de la cartera”.
Por el uso de supuestas facturas apócrifas, la auditoría determinó que Bancomext no contaba con mecanismos de control para administrar, vigilar y certificar el cumplimiento de los créditos de esta naturaleza, lo que ponía en riesgo el dinero público que se le dio en préstamo.
“De lo anterior existen antecedentes de casos en los que la institución ha tenido que aplicar reservas, autorizar condonaciones, quitas y en su caso quebrantos, por casos de operaciones ficticias o cobros de los derechos cedidos por personas distintas a la institución”, señala la revisión.
El Órgano Interno documentó también la falta de seguimiento de la cartera crediticia y las garantías por parte del Área de Promoción del Centro Bancomext Mérida, en el cual se abrió la línea de crédito de la naviera, “lo que tuvo como efecto el incremento en el riesgo de recuperación de los adeudos, en virtud de que la documentación presentada para la disposición de los recursos fue alterada”.
Derivado de lo anterior, se determinó al Bancomext que “en el caso particular de las operaciones que se realicen con Pemex u otras dependencias del gobierno federal, se recomienda implementar [sic] un mecanismo para confirmar que este tipo de operaciones, sugiriéndose para este caso, verificar en la ventanilla única la recepción de la factura y en su caso solicitar el contra-recibo original de Pemex a las empresas que ofrezcan la garantía de cesión de cuentas por cobrar”.
Como lo reveló Contralínea, en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, Oceanografía utilizó a Pemex como su principal aval para obtener créditos no sólo en el Bancomext, sino en instituciones privadas. En la banca de desarrollo presentó como garantía los contratos 411003805, 411003806 y 411003807 que le otorgó la paraestatal en 2003 con vigencia del 8 de mayo de ese año al 31 de diciembre de 2006, para el fletamento de tres barcos procesadores de lodos. Juntos, sumaban casi 700 millones de pesos.
El historial de la naviera revela que cuando la banca de desarrollo le otorgó el crédito, tenía otros empréstitos con Bancomer, por 34 millones de pesos y 6.8 millones de dólares; Santander Serfin, por 5.5 millones de dólares; HSBC, por 3.2 millones de dólares, y Banorte, por 1.1 millones de dólares y 5.5 millones de pesos. Todos ellos, con contratos de Pemex como garantía.
Protección presidencial
Fundada en 1966 en Campeche, Oceanografía se convirtió en la proveedora de barcos más importante de Pemex en operaciones costa afuera y plataformas en los 2 sexenios panistas.
A la par de su crecimiento, se denunciaban irregularidades no sólo en el caso de los créditos bancarios, sino en el cumplimiento de los contratos con la paraestatal petrolera y en el pago de salarios de sus trabajadores. Sin embargo, su relación con familiares del presidente Fox y con el propio Felipe Calderón y su círculo cercano le permitió eludir sus responsabilidades.
Hasta el pasado 28 de febrero Oceanografía fue intervenida por un delito de fraude que investigan conjuntamente la PGR y las secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público. Una línea que también se sigue en contra de los dueños de la compañía es el de lavado de dinero, declaró el procurador Jesús Murillo el pasado 3 de marzo.
Según la PGR, el aseguramiento de la compañía de Amado Yáñez Osuna, Amado Omar Yáñez Correa, Carlos Daniel Yáñez Osuna, Samuel Yáñez Chaparro y Martín Díaz Álvarez, se dio por las conductas fraudulentas por 360 millones de dólares en créditos concedidos por Banamex.
Desde fines de febrero, Oceanografía quedó bajo disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. El acto se derivó de una averiguación previa cuyo antecedente es la inhabilitación por dos años que le impuso la Secretaría de la Función Pública el pasado 11 de febrero.
Confesiones de Muñoz Leos y Ramírez Corzo
Bajo la sospecha de ser cómplices en actos de corrupción y tráfico de influencias, los exdirectores generales de Petróleos Mexicanos Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo aseguraron que fueron víctimas de las presiones que durante los 2 últimos sexenios provinieron de la Presidencia de la República para que otorgaran contratos de bienes y servicios a consorcios privados a cambio del pago de comisiones.
Sin embargo, Muñoz Leos aceptaba las sugerencias que le hacían Marta Sahagún y Felipe Calderón y presionaba a Ramírez Corzo para que desde la Dirección General de Pemex Exploración otorgara contratos a la empresa Oceanografía, de la cual la familia Bribiesca Sahagún obtenía beneficios económicos.
Según Ramírez Corzo, era convocado a la Dirección General en donde Muñoz Leos le ordenaba asignarle contratos a Oceanografía. En entrevista con Contralínea hace varios años, el entonces director de Pemex Exploración dijo que tuvo varios desencuentros con su exjefe, porque esa empresa recomendada de los Bribiesca no cumplía con los requisitos y nunca representaba la mejor opción para la paraestatal.
También en entrevista con este semanario, Muñoz Leos negó la acusación en su contra y afirmó que nunca solicitó a Ramírez Corzo beneficiar a los hermanos Bribiesca, a su madre Marta Sahagún o a la empresa Oceanografía, pero no niega que sí hablaba del tema con el director de Pemex Exploración: “Sólo le pedí que toda licitación que se realizara fuera apegada a la ley y a los reglamentos en la materia. Que se licitara y que la mejor opción fuera la más conveniente para Pemex”.
Raúl Muñoz Leos recordó que había quejas del empresario Amado Yáñez de que se les quería dejar fuera de algunas licitaciones por órdenes de Ramírez Corzo, por lo que aceptó haberle pedido a su director de Pemex Exploración, en una reunión que sostuvieron en la Dirección General de Pemex, que se respetara el proceso, que se aceptara la propuesta de Oceanografía y que todo fuera derecho, apegado a la ley.
—¿Ramírez Corzo asegura que usted y su secretario particular lo presionaron para que Pemex Exploración le asignara un contrato por 160 millones de dólares a Oceanografía para la contratación de un buque? –se le preguntó al exfuncionario.
—Es falso. Nunca lo presioné ni tampoco pedí que se le asignara un contrato a Oceanografía. Además, no me imagino cómo podríamos hacerle para manipular la licitación internacional, pues es un proceso abierto en donde no se puede hacer asignaciones fuera de la ley.
—Dice Ramírez Corzo que usted le comentó en la reunión que sostuvieron en la Dirección General de Pemex, que era una petición de Marta Sahagún y de sus hijos –se le hizo notar.
—Nunca me pidieron que le asignara un contrato a Oceanografía.
—¿En los 4 años que estuvo al frente de la Dirección General de Pemex, nunca recibió presiones, peticiones o recomendaciones de Los Pinos?
—Eso sí. En esos años he de haber recibido unas 200 recomendaciones, las cuales atendí, escuché las propuestas y siempre los remití a los concursos apegados a lo que marca la ley. Nunca resolví personalmente uno solo de esos casos, siempre fue por el conducto adecuado, como lo estipulan las leyes.
—¿Aunque las recomendaciones o sugerencias vinieran de Marta Sahagún y de sus hijos?
—Sí. También recibí recomendaciones desde lo más alto del gobierno. Desde la Presidencia [de la República], pero siempre actué igual, porque eran procesos licitatorios, en donde intervienen muchas personas y los órganos de control, no es algo que se resuelva en la Dirección General. Pero siempre escuché las propuestas y observé que todo fuera dentro de la legalidad.
—¿Por qué entonces Ramírez Corzo lo acusa de haberlo presionado?
—No, no tengo porqué pensar eso. Yo apoyé siempre a Ramírez Corzo. Yo lo nombré director general de Pemex Exploración y Producción, así que era parte de mi equipo. Si ahora dice que yo lo presioné, no sé por qué lo diga.
Sin embargo, para Ramírez Corzo su exjefe Muñoz Leos cedió fácilmente a las presiones que provenían de Marta Sahagún y de sus hijos; por eso los hermanos Bribiesca, Jorge y Manuel, y su tío Guillermo, cabildeaban a favor de Oceanografía para que le otorgaran contratos petroleros.
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Contralínea 376: del 10 al 16 marzo de 2014
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