El Grupo Financiero Interacciones, de Carlos Hank Rhon, promueve el desarrollo inmobiliario-turístico Marina Azul La Paz, en Baja California Sur, en sociedad con Pablo Funtanet Mange, Pedro Aspe Armella, Rodolfo Echeverría Ruiz, entre otros. El proyecto –que costará más de 2 mil millones de pesos y al que se oponen los habitantes, ambientalistas y académicos– atenta contra el lecho marino de la bahía. Además, existe ambigüedad en la posesión legal del terreno donde se pretende construir y enfrenta conflictos por la tenencia de la tierra. Un predio colindante fue invadido por un grupo armado, a cuyo líder defiende en tribunales el exprocurador Antonio Lozano Gracia
La Paz, Baja California Sur. Las aguas cristalinas del Golfo de California cautivan a los grandes consorcios financieros e inmobiliarios del país, como el Grupo Financiero Interacciones, de Carlos Hank Rhon. Éste proyecta financiar, con más de 2 mil millones de pesos, la construcción del desarrollo de gran turismo Marina Azul La Paz, ubicado a 21 kilómetros al Nornoreste de esta ciudad. El proyecto involucra a Pablo Funtanet Mange e Ignacio Guerra Pellegaud, como dueños, y como apoderados, al exsecretario de Hacienda y Crédito Público Pedro Aspe Armella y Rodolfo Echeverría Ruiz.
Pero no todo es mar y sol. Después del fracaso del proyecto Cabo Dorado, en Los Cabos, al proyecto Marina Azul La Paz se oponen los habitantes, ambientalistas y académicos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), quienes coinciden en que el desarrollo representa una amenaza para la ecología de la zona costera, agudiza los conflictos por la posesión de terrenos de propiedad nacional y la invasión de predios en la zona bajo la complacencia del gobierno municipal y estatal.
Considerado por sus impulsores como “la puerta de entrada a la bahía de La Paz, con atractivos escenarios naturales y ubicación turística estratégica”, Marina Azul La Paz planea realizar obras de tipo inmobiliario, turístico y náutico en un predio de 500 hectáreas frente al Golfo de California, denominado Cachimba, el cual ya fue adquirido por 100 millones de dólares.
De concretarse el proyecto Marina Azul, que se encuentra en su fase de análisis y de consulta pública en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se construirá una marina para 400 embarcaciones; dos campos de golf de 18 y 14 hoyos con ocho lagos artificiales, casa club y escuela; zonas residenciales de clases media, alta y de interés social con 12 mil 536 cuartos; dos hoteles de lujo con 730 y 250 habitaciones.
Además, un condominio mixto (vivienda-comercio); escuelas privadas; cinco parques; tres centros comerciales; un hospital; dos clubes de playa; un club de tenis, otro de yates y uno hípico; un centro de información oceanográfica; albercas; iglesia; restaurantes; canchas deportivas; estacionamientos; una planta desalinizadora; otra de tratamiento de aguas residuales, y una subestación eléctrica.
Según los empresarios y políticos involucrados, el proyecto generará 4 mil 75 empleos directos e indirectos entre la construcción, mantenimiento y operación del complejo, y se estima que dará vida a un asentamiento para más de 40 mil habitantes.
Los inversionistas
Los inversionistas del desarrollo turístico-inmobiliario, Carlos Hank Rhon y Pablo Funtanet Mange, a través de sus representantes legales, firmaron el contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio con cláusula de reversión 5496 el 10 de septiembre de 2009, ante el notario público 14 de Cabo San Lucas, Fernando González Rubio Cerecer, bajo el volumen 205, de acuerdo con la escritura 5032.
El primer paso fue la adquisición del terreno Cachimba de 500 hectáreas, comprado por Hank Rhon y Pablo Funtanet a la familia integrada por León, Pedro, Martha, Catalina, Enrique, Guillermo, Cecilia y Jaime Sáenz Joannis, mediante un convenio de enajenación por la cantidad de 100 millones de dólares, de acuerdo con el esquema de pagos y amortizaciones, a través del fideicomiso 5496, a pagar en parcialidades entre julio de 2009 y julio de 2013.
El predio Cachimba limita al Norte con el Golfo de California, al Sur con el predio El Coyote, al Este con terrenos nacionales y al Oeste con el predio Azul.
Pablo Funtanet, del Consorcio Inmobiliario Lomas –constructora de los fraccionamientos Lomas Country Club y Bosque Real, uno de los más costosos de América Latina–, es socio de la empresa del ramo de la construcción Inverfusa, SA, constituida el 22 de agosto de 1996 bajo el folio mercantil 218663. Sus accionistas son: Pablo Funtanet Martí (3 mil 325 acciones), Pablo Funtanet Mange (3 mil 325 acciones), Bias Schettino Martí (3 mil 325 acciones) y Andrés Enrique Sandoval Muro (500 acciones).
Un año después, Pablo Funtanet se asoció al Consorcio Inmobiliario Lomas, SA de CV, la cual se constituyó el 5 de junio de 1997 bajo el folio mercantil 2290042. Sus accionistas son: Desarrollo Inmobiliario Las Lomas (37 mil acciones); Grupo Empresarial RT, SA de CV (30 mil acciones); Inverfusa, SA de CV (18 mil acciones), y Constructora Profusa Ecatepec, SA de CV (15 mil acciones).
El 7 de julio de 2009, Pablo Funtanet e Ignacio Guerra Pellegaud constituyeron la sociedad mercantil Marina Azul La Paz, SAPI de CV, ante el notario público 80 del Estado de México, registrada en el volumen 1054, empresa que adquirió, mediante el contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio con cláusula de reversión, los derechos de propiedad del terreno Cachimba.
En el acta constitutiva de la sociedad, figuran como accionistas el Grupo Empresarial Guerra, SAPI de CV, propiedad de Ignacio Guerra Pellegaud, con 25 mil acciones; Grupo Desarrollador Inmobiliario Fusa, SA de CV, de Pablo Funtanet Mange, con 33 mil 750 acciones; la empresa Pasprot, SA de CV, de Abraham Tavel Weitzner, con 26 mil 250 acciones; y Grupo Basando, SA de CV, propiedad de León Felipe Echeverría Andrade, con 15 mil acciones.
El Consejo de Administración de la sociedad mercantil Marina Azul La Paz quedó conformado por los consejeros propietarios Ignacio Guerra Pellegaud (fundador de la Universidad Tecnológica de México y la Universidad del Valle de México, acaecido el pasado 29 de mayo), Pablo Funtanet Mange, Pedro Carlos Aspe Armella (exsecretario de Hacienda y Crédito Público y presidente de la consultora Protego) y León Felipe Echeverría Andrade.
Asimismo, en calidad de apoderados de la sociedad mercantil figuran Ignacio Guerra Pellegaud, Rodolfo Montemayor Garza (consejero de Volaris), Pablo Funtanet Mange, Fernando Fonseca Campos, Pedro Carlos Aspe Armella, Abraham Tavel Weitzner, Rodolfo Echeverría Ruiz (exdirector corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos) y León Felipe Echeverría Andrade.
Pablo Funtanet Mange y su hermano Francisco fueron uno de los pilares económicos de las campañas del candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado de México en 2005 y a la Presidencia de la República en 2012, Enrique Peña Nieto. Pablo Funtanet también fue presidente del Comité de Apoyo al excandidato presidencial Francisco Labastida, en la zona 1 del Estado de México. En 1996, fue uno de los beneficiados por la compra a Bancos de Cartera del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) con dos pagos, uno por 18 millones 530 mil pesos y otro por 31 millones 216 mil 507 pesos.
Su hermano Francisco Funtanet fue presidente de la Asociación de Industriales del Estado de México, coordinador general de Enlace Institucional del gobierno mexiquense con Arturo Montiel, en cuyo sexenio fue secretario de Desarrollo Económico y compañero de trabajo de Enrique Peña Nieto, quien entonces era secretario técnico del gabinete.
Francisco Funtanet es actualmente presidente de la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales). La cercanía de éste con el presidente de la República aún es visible, pues acompañó a Peña Nieto a su gira por España y Portugal, para “fortalecer las relaciones comerciales”, en junio pasado.
Los primeros beneficios para su nueva empresa comenzaron desde el 26 de octubre de 2009, cuando el delegado de la Semarnat en Baja California Sur, Marco Antonio González Vizcarra entregó a la representante legal de Marina Azul, Lorena de Jesús Von Borsotel García la concesión DGZF-1223/09 sobre una superficie de 23 mil 960.74 metros cuadrados, con vigencia de 15 años, de zona federal marítimo-terrestre, “localizada en las inmediaciones de Punta Coyote, municipio de La Paz, para uso de protección (…) no autorizándole la construcción alguna, ni la prestación de servicios de ningún tipo, sean o no de lucro”.
Ambigüedad en la propiedad del predio Cachimba
A 2 años de haberse dado por concluido el proceso de compra-venta del predio Cachimba, se realizaron diversas solicitudes de información respecto de la situación jurídica que guardaba ante la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Una de las peticiones de información fue realizada el 7 de abril de 2011 por el apoderado legal de Marina Azul, Fernando Fonseca Campos, quien pidió cuentas sobre “el estado procesal que guarda el expediente administrativo de terrenos nacionales, No. 510285, relativo al predio Cachimba, ubicado en el municipio de La Paz, BCS” (sic).
El entonces subdirector de Terrenos Nacionales de la SRA, Pedro Gutiérrez Razo, mediante oficio del 16 de mayo de 2011, respondió a Fonseca Campos: “En esta unidad administrativa se substanció el procedimiento administrativo respecto de la solicitud de Olga Leonor Zamorano Castillo, en relación al predio Cachimba, dentro del expediente 510285, en el cual, al haberse integrado todas sus etapas procesales, concluyó con la emisión del Acuerdo de Improcedencia correspondiente” (sic), por lo que para la Secretaría, “a la fecha se encuentra totalmente concluido”.
Otra solicitud a la SRA fue realizada por la presidenta municipal de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, quien el 22 de junio de 2011 pidió información sobre la situación legal del terreno Cachimba con el argumento de que “se ha planteado en el estado la dualidad respecto de la titularidad del terreno”.
Quien fuera entonces la directora adjunta de Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural de la SRA, Nelly Campos Quiroz, contestó a Ponce Beltrán que en abril de 2010, “al realizar el análisis técnico-jurídico y trabajos de campo del expediente No. 51028, a solicitud de enajenación iniciada por Juan Alvarado Cordero y continuada por Leonor Olga Zamorano Castillo, respecto del predio Cachimba, así como al expediente de colonias agrícolas y ganaderas No. 53203, culminó con la expedición del título de propiedad 620 a favor de Sebastián Teófilo Díaz Encinas” (sic). Es decir, a sólo 4 meses de que la SRA concluyó “que la superficie solicitada había salido del dominio de la nación, constituyendo propiedad privada. Consecuentemente, esta secretaría de Estado dictó acuerdos de improcedencia a la solicitud de enajenación de Zamorano Castillo”.
Es decir que la respuesta de la SRA no hace referencia al contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio 5496, celebrado el 10 de septiembre de 2009 entre Grupo Interacciones, Marina Azul La Paz y la familia Sáenz Joannis.
Cuestionada sobre su relación con los inversionistas, la alcaldesa Ponce Beltrán dijo a medios locales que el crédito del Grupo Interacciones por 40 millones de pesos al municipio no estaba relacionado con el desarrollo Marina Azul, pues el ayuntamiento no había cambiado el uso de suelo del proyecto.
Especificó que sólo se autorizó el plan maestro y el dictamen a favor del desarrollo turístico integral: continúa en proceso de la liberación de la manifestación de impacto ambiental (MIA), motivo por lo que aún no le corresponde emitir permisos municipales.
Los abogados Francisco Javier Hirales Osuna y Daniel Hirales Macías, en representación de los propietarios del predio Azul –que forma parte del proyecto Marina Azul– Mercedes Rondero Servín, Manuel Antonio, Norma Guadalupe, Juan José y Jorge Miguel Encinas Rondero, publicaron el 23 de junio pasado una carta abierta dirigida al delegado y al director de impacto y riesgo ambiental de la Semarnat. En ésta señalaron que el 23 de noviembre de 1964 fue expedido el título de propiedad 619 a favor de Manuel G Encinas Cuadra, amparando el predio individual denominado “Azul”, con una superficie de 314 hectáreas 54 áreas y 4 centiáreas, inscrito bajo el número 179, volumen 42, sección I, del Registro Público de la Propiedad de La Paz. El predio Azul pertenece a Manuel G Encinas Cuadra y Mercedes Rondero Savin, quienes se encuentran en pleno uso de sus facultades mentales y nunca vendieron ni subdividieron el mismo.Luego de la publicación de la MIA del Grupo Interacciones el 25 de mayo de 2014, “nuestros representados se enteraron que el proyecto comprendía el predio Azul, el cual forma parte de nuestro patrimonio familiar, y nos percatamos que dicho predio había sido transmitido sin nuestro consentimiento, y posteriormente aportado al fideicomiso para realizar su proyecto”.
Advierten que se reservan su derecho de iniciar las acciones y procedimientos respectivos, y que las múltiples transmisiones de propiedad del predio no regularizan la tenencia de la tierra, “por lo que la posesión y propiedad que dicen tener los desarrolladores del proyecto es completamente ilegal”.
Hugo Paul Galindo, abogado del Grupo Financiero Interacciones y exdirector de la Policía Ministerial de Baja California Sur, negó que los terrenos Azul B o Cachimba, en los que se construiría el proyecto, sean de la familia Encinas Rondero, que se atribuye la legítima propiedad de los terrenos.
“Los terrenos Azul y Cachimba han estado en una pelea legal, pero en algunos casos ya hay acuerdos monetarios concretos. Desde 2009, cuando el fideicomiso adquirió 500 hectáreas, comenzaron los juicios y el proceso jurídico.
“El predio Azul también se litigó con Simón Villagrán Chastegui, quien consideraba que el título 619 le pertenecía, pero se resolvió apenas unos meses a favor de Marina Azul La Paz”, agregó el abogado durante la audiencia pública celebrada en esta ciudad el pasado 22 de junio.
Dijo desconocer el “porqué de la insistencia de otras personas por pelear por las tierras en donde se erigiría el proyecto turístico inmobiliario”.
En entrevista con Contralínea, Hugo Paul Galindo –abogado del Grupo Interacciones– niega que el predio Cachimba, donde se establecerá el proyecto, mantenga actualmente litigios por la tenencia de la tierra. Asegura que ya todos han sido resueltos. Con respecto del predio colindante El Coyote, señala que tampoco hay problema alguno de límites y que no existe la intención de expandirse hacia esa propiedad. Informa que el Grupo Financiero Interacciones sólo espera la resolución de la Semarnat con respecto de la MIA para iniciar los trabajos de Marina Azul La Paz.
Devastador impacto ambiental
El impacto ecológico de Marina Azul será devastador, coinciden ambientalistas de la entidad y especialistas de la UABCS, de concretarse las obras de perforación, dragado, modificación geomorfológica de la costa y la plataforma continental del sitio, así como por la construcción de dos rompeolas para proteger a la marina.
Apenas el 30 de mayo pasado, tras la presión de los habitantes del puerto y de organizaciones ambientalistas, la Semarnat negó la construcción del desarrollo inmobiliario Cabo Dorado en el Sur de Los Cabos, de semejantes características al de Marina Azul La Paz.
El investigador de la UABCS, Rafael Riosmena, explica “que existen omisiones, faltas metodológicas, vicios y vacíos en la MIA”.
El experto en botánica marina agrega que, en el caso de las omisiones, se puede hacer una referencia directa a la revisión bibliográfica de la zona en cuestión, ya que un listado de especies no puede ser restringido a la zona exclusiva del proyecto y deberá ser incluido a la zona de influencia del proyecto, ya que se centraron en la zona del desarrollo pero no en la región. Y este proyecto fue categorizado como regional.
La preocupación es que a un costado de Marina Azul La Paz existen al menos seis proyectos inmobiliarios ya aprobados: Maravía, Punta Blanca, El Judío, Azul Cortés, El Saltito y Vista Cerralvo.
“Todos estos proyectos promoverán el aumento de la población junto con la frecuencia de visitantes a las áreas naturales protegidas Balandra e Islas del Golfo, en una primera etapa, pero muy ciertamente a otras áreas como la de Cabo Pulmo, por el aumento de tráfico de botes en al menos 2 mil embarcaciones continuamente circulando. Esto no fue evaluado como parte de la MIA y representa impactos sinérgicos y acumulativos que no han sido evaluados ni resueltos en el presente documento”, expresa.
Por su parte, Deni Ramírez Macías, investigadora del tiburón ballena, y Rocío Macín, especialista en delfines, coinciden en que la empresa no tomó en cuenta el corredor ecológico. Allí es donde se establecerían cuatro marinas, tomando en cuenta a los demás desarrollos turísticos. Actualmente ya existen cuatro marinas en el área de la playa.
El conjunto de estos proyectos, a decir de Riosmena, representa el incremento en población que presionaría también al acuífero de La Paz, La Ventana, y a la presa La Buena Mujer. Ramírez Macías teme que los tiburones ballena sean lastimados por la cantidad de embarcaciones en la Bahía de La Paz, pues las que ya están en la zona, frente al malecón, han lesionado a varios ejemplares.
Para los habitantes de la zona, la MIA que presentó el Banco Interacciones el 25 de marzo pasado ante la Semarnat está plagada de inconsistencias y omisiones, además de que existen diversos litigios entre particulares que reclaman parte de la posesión del terreno y del predio colindante El Coyote, donde se prevé instalar, por decreto presidencial, una desalinizadora que abastecería de agua a Marina Azul La Paz.
Grupo Interacciones argumenta que el impacto del proyecto se limitará a sus linderos, “cuando es evidente que la envergadura del proyecto y las actividades terrestres y marinas que contempla no limitarán su influencia al terreno, sino a toda la región ecológica de esa zona costera de la ciudad, además de que, con respecto de los ecosistemas marinos y costeros, omite el registro de especies endémicas de la zona”, dice Alejandro Olivera Bonilla del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
En el análisis de la MIA que Marina Azul presentó ante la Semarnat, los ambientalistas señalan los impactos y vínculos que fueron omitidos o incorrectamente cuantificados, así como la desaparición de los mapas de lagunas, y las inconsistencias que dejan la puerta abierta a afectaciones, daños a la comunidad y sus ecosistemas, además de las repercusiones que se registrarán fuera de la esfera de construcción y que afectarían a toda la región ecológica y a la Isla Espíritu Santo.
La parte terrestre de la zona cuenta con el Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, ubicada a menos de 1 kilómetro (apenas 800 metros) del límite del sitio del proyecto. Y, por la parte marina, se encuentra a sólo 1.4 kilómetros de la parte continental del proyecto. En este punto, la MIA omitió analizar cómo sus actividades y obras podrían afectar los flujos o dinámicas de las áreas naturales protegidas cercanas al sitio o si generará impactos directos, acumulativos o sinérgicos sobre las mismas.
Son claros los impactos negativos que tendrá el desarrollo, derivados de las vías de acceso al predio que cruzan por el Área de Balandra, así como las actividades de navegación de más de 400 embarcaciones, cuyos vertimientos y residuos serán transportados por las corrientes a la Isla Espíritu Santo, mismos que deben ser cuantificados, prevenidos, mitigados o en su caso compensados.
La MIA expresa que se harán 2 desmontes divididos en dos etapas del proyecto; una de 279.73 hectáreas, que representa el 55.95 por ciento del predio; y la segunda, de 220.27 hectáreas (44.05 por ciento). Sin embargo, al revisar su tabla de porcentajes, sólo contempla que el 15.26 por ciento se mantendrá en conservación, lo cual es una contradicción, ya que una zona de conservación no es la que se “planta” después de un desmonte, sino aquella en la que se mantienen los elementos nativos o naturales, incluidos los bióticos y los abióticos.
La MIA se refiere al Decreto Forestal de Veda, el cual –a su juicio– no aplica porque sostiene que su actividad no constituye un aprovechamiento, lo cual es un error, ya que, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, su actividad sí constituye un aprovechamiento, y conlleva el efecto de destruir los ecosistemas forestales en la región, sus servicios y el hábitat que representa la vida silvestre. El desmonte será del ciento por ciento del predio y la MIA expresa que la única medida que va a tener para este impacto es la compensación mediante el pago del Fondo Forestal.
A pesar de que reconoce el impacto que generarán las obras a los ecosistemas marinos y el sistema insular protegido, mediante la construcción de una marina de 11.03 hectáreas, no aclara la forma en que será mitigado, sobre todo los efectos derivados del degrado y perforación, la pérdida de sedimentos, la turbiedad de las aguas y la contaminación de las reservas de Balandra y la Isla Espíritu Santo.
Tampoco aclara cómo va a prevenir, mitigar o compensar la contaminación causada por el ruido de motores, residuos sólidos y peligrosos que pueden verter las embarcaciones y cómo evitar que la contaminación causada llegue a la Isla Espíritu Santo donde, supuestamente, no existirían complicaciones en esa zona.
Otras inconsistencias de la MIA son la falta de cuantificación, mitigación o compensación de los impactos ambientales a los tres sistemas de dunas que existen dentro del predio, las cuales, sostiene, no se van a tocar, pero se contradice al señalar que contempla un ciento por ciento de desmonte del terreno.
De los volúmenes de agua estimados para el proyecto, la MIA no aclara respecto de la viabilidad del sistema de abastecimiento. No acredita que existen los volúmenes suficientes para la extracción de aguas salobres. Tampoco cuenta con la concesión que pueda soportarlos. La inyección de agua de rechazo de la planta de desalinización es un proceso que, de no hacerse de manera correcta, podría poner en riesgo las reservas de agua potable de la región.
Para conocer la versión de la Semarnat sobre las supuestas deficiencias de la MIA, Contralínea solicitó entrevista con José Carlos Cota Osuna, delegado de la dependencia federal en Baja California Sur. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
La invasión de El Coyote
Colindante al Norte con el predio Cachimba, se ubica un terreno de 500 hectáreas conocido como El Coyote o Punta Coyote. De éste han sido desalojados varios de sus auténticos posesionarios por Saúl Iván Sánchez Camarillo, quien en forma violenta se apoderó del terreno en enero de 2013.
En el proceso de despojo del predio El Coyote y de una parte del terreno Cachimba, está involucrado Sánchez Camarillo, cuya defensa legal encabeza el despacho de abogados de quien fuera procurador de la República durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Antonio Lozano Gracia.
Sánchez Camarillo –quien en entrevista niega los cargos que le imputan los afectados– carece de documentos que avalen la propiedad que mantiene tomada, salvo los oficios de posesión del terreno apócrifas, otorgadas en 2010 por la entonces presidenta municipal de La Paz, Rosa Delia Cota Montaño, y los directores de la oficina de Catastro y del Registro Público de la Propiedad, quienes durante el proceso penal por el delito de despojo del que fue acusado Sánchez Camarillo negaron ante el Ministerio Público haber emitido tales documentos.
El 28 de noviembre de 2012, la ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento Rural, que obliga a los posesionarios de terrenos nacionales con expediente a reiniciar sus trámites en un plazo de 6 meses, o en caso contrario perderían los derechos adquiridos sobre los predios.
Fue entonces cuando Sánchez Camarillo solicitó la posesión del inmueble ante la Sedatu, la cual le dio entrada con el folio 20095, a pesar de que desde hace 25 años el predio El Coyote salió del dominio de la nación y la posesión fue otorgada a Matthew Párr Benett.
Con ese folio en mano, Sánchez Camarillo, a la cabeza de un grupo de sujetos armados, invadió Punta Coyote en enero de 2013, acción por la que fue denunciado por despojo, estuvo preso y fue liberado de cargos después de un proceso lleno de irregularidades, según los denunciantes. En mayo de 2014 recibió la asesoría legal del exprocurador Lozano Gracia.
De acuerdo con Matthew Párr, al admitir la solicitud y otorgar el número de folio a Sánchez Camarillo, la Sedatu violó el artículo 102 del reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, al no realizar las consultas respectivas sobre la titularidad del predio El Coyote ante el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Registro Público de la Propiedad del municipio de La Paz.
En entrevista, Párr Bennett refiere que el predio El Coyote fue inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad desde 1985 bajo el número 198, volumen 144, sección primera, así como en el RAN en octubre de 1989, en el libro 100, Tomo VIII, Folio 96 Vuelta, con lo que acreditó desde entonces que el terreno pasó de propiedad de la nación a propiedad privada.
Agrega que fue hasta septiembre de 2012, tras un largo proceso burocrático, que el RAN expidió a su nombre el título de propiedad como posesionario número 000000000003, con lo cual quedó establecida legalmente la propiedad del terreno que invadió Sánchez Camarillo.
El 14 de mayo de 2014, Lozano Gracia promovió ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 48 de La Paz, Baja California Sur, un juicio agrario de nulidad del título de propiedad de dominio pleno número 000000000003, expedido por el RAN a favor de Matthew Párr, respecto del predio El Coyote.
Estamos frente a un caso de abuso de poder y tráfico de influencias, dice Matthew Párr, pues el brazo derecho de Lozano Gracia y miembro de su despacho es nada menos que Gilberto José Hershberger Reyes, quien fue subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, y subprocurador general agrario también de la SRA con Felipe Calderón Hinojosa.
“Sólo así se explica que el actual director de Reordenamiento Regional de Terrenos Nacionales de la Sedatu, Alejandro Muñoz, nos niegue, con múltiples artimañas, a mí y a mi abogado, el acceso al expediente al que tengo pleno derecho”, subraya.
También explica que Pablo Funtanet Mange, a través del apoderado de Marina Azul La Paz, Fernando Fonseca Campos, le ofreció la compra del terreno El Coyote. Sin embargo, ante la negativa “me amenazó con tener problemas legales si quería mantener la posesión”.
Por su parte, Sánchez Camarillo niega, en entrevista con Contralínea, conocer y siquiera haber escuchado el nombre de Antonio Lozano Gracia. Ello, a pesar de que el exprocurador de la República firmó de puño y letra la demanda del juicio agrario de nulidad que presentó en contra de Matthew Párr Bennett ante el Tribunal Unitario Agrario 48 de Baja California Sur.
En enero de 2014, para acelerar el desalojo del predio y contribuir a la dotación de infraestructura de la zona, Párr Bennett ofreció ceder a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 4 hectáreas de El Coyote, así como el derecho de paso del acueducto El Coyote-La Paz para la construcción de la planta desalinizadora instruida por el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2013.
La planta desalinizadora es un proyecto del gobierno federal con participación privada, en el que el Grupo Interacciones aportaría el 40 por ciento (240 millones de pesos) de la inversión total requerida, estimada en 600 millones de pesos, lo que, sostiene Matthew Párr, le daría a Marina Azul La Paz el control absoluto del agua obtenida.
En este conflicto, Matthew Párr señala a la presidenta municipal de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, como cómplice de la invasión de El Coyote, al instruir a sus colaboradores que bloquearan el trámite de inscripción del título de dominio pleno otorgado por el Registro Agrario Nacional, para favorecer al supuesto invasor Saúl Sánchez Camarillo.
Y es que Alejandro Davis Monzón, director del Registro Público de la Propiedad municipal, notificó en forma dolosa –a decir del afectado– el 21 de febrero de 2014 al organismo regulador del agua potable de La Paz (oficio DGRPPYC/0262/2014) que Matthew Párr no tenía registrada propiedad alguna en la zona.
Dicho oficio paralizó las negociaciones entre la Conagua y Matthew Párr para la instalación de la desalinizadora en el predio El Coyote, y alertó al afectado, quien solicitó por escrito una certificación del documento.
Davis Monzón modificó esa versión el 7 de abril de 2014 –luego de una denuncia penal en su contra ante el Ministerio Público– y corrigió el “error” (oficio 2/DG/0174/ 2014), en el que asienta que la propiedad del predio invadido por Saúl Iván Sánchez Camarillo está inscrito a nombre de Tomas Párr en el Registro Público de la Propiedad desde 1985.
Posteriormente, el director del Registro Público de la Propiedad, Alejandro Davis Monzón, protocolizó en mayo de 2010, en la Notaría 2 de su padre, Alejandro Davis Drew, el instrumento denominado Declaración Unilateral de Voluntad, en la que los testigos a modo –a decir de Párr– José Miguel Avilés Juárez y Luis Ángel Avilés Camarillo señalaron que El Coyote es propiedad de Saúl Iván Sánchez Camarillo.
Bastó este documento notarial, junto con la carta de posesión apócrifa que supuestamente le extendió en su momento la entonces presidenta municipal de La Paz, Rosa Delia Cota Montaño, para que Sánchez Camarillo tramitara una solicitud del predio El Coyote ante la Sedatu. Ello, a pesar de que en 1989 la Dirección de Colonias y Terrenos Nacionales adjudicó el lote a Matthew Párr Bennett, mediante oficio 710058, inscrito en el libro número 100, tomo 8, folio 96.
Defenderé con sangre mi propiedad: Sánchez Camarillo
Con diversas denuncias por despojo en su contra, el supuesto invasor de la propiedad El Coyote, Saúl Iván Sánchez Camarillo, niega los cargos que le imputan los afectados y advierte que “sólo muerto” saldrá del terreno que ocupó el pasado enero de 2013 y que reclama en instancias agrarias y judiciales quien dice ser su auténtico propietario, Matthew Párr Bennett.
—¿Se le acusa de haber invadido ilegalmente el predio El Coyote?
—Eso es falso. Fue herencia de mi padre, donde he vivido durante 33 años y lo defenderé con sangre contra quienes pretenden apoderarse de él. Me ha costado dinero y salud y protegeré a mi familia si es necesario con la vida.
—¿Cómo puede probar que es de su propiedad?
—Con la carta de posesión de 2010 que me expidió la entonces alcaldesa Rosa Delia Cota, luego de que confirmé en el Registro Público que El Coyote no estaba adjudicado; y con una acta circunstanciada ante notario público firmada por dos testigos que confirmaron mi dicho.
—¿Conoce usted al abogado Antonio Lozano Gracia?
—No. Es la primera vez que escucho su nombre.
—Pero usted firmó la demanda de nulidad del título de propiedad ante tribunales que elaboró Lozano Gracia, ¿cómo es que no sabe quién es él?
—No lo conozco, jamás lo he visto y no sé a qué demanda se refiere.
—¿Sabe usted que el terreno resultará afectado por el proyecto Marina Azul, de Pablo Funtanet?
—No estoy enterado de eso, ni conozco a Pablo Funtanet.
—¿Cómo cree que pueda resolverse el conflicto?
—Mediante una negociación en la que se reparta la propiedad en partes iguales. Estoy dispuesto a negociar o a formar una sociedad con quien sea, incluso con Matthew Párr mediante un contrato de compraventa, como se lo propuse en 2013. No estoy peleado con ningún inversionista. Pero si no hay de otra, me atengo a la resolución que dicten las autoridades agrarias.
Contralínea 393 / 06 de Junio al 13 de Julio
