A punto de concluir la segunda administración del Partido Acción Nacional, al frente del Poder Ejecutivo federal, especialistas en materia laboral aseguran que la clase trabajadora vive la profundización de una política de Estado en su contra, consistente en la “deliberada violación y regresividad” de los derechos humanos laborales. En el marco de una precarización laboral, la Población Económicamente Activa padece bajos salarios, desempleo, subsistencia en el empleo informal, carece de seguridad social o posee una limitada libertad sindical.

 

Se trata de “una violencia laboral de Estado, que ha caracterizado a los gobiernos federales tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional en las últimas dos décadas”, dice el XV Informe de violaciones a los derechos humanos laborales 2011, elaborado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

 

Y es que de acuerdo con la organización no gubernamental, encargada de evaluar las políticas laborales del país y de la defensa de los derechos de los trabajadores, la economía no creció lo necesario para garantizar el acceso al trabajo como un derecho humano.

 

“La falta de crecimiento no es únicamente causada por la crisis global, sino por el deficiente manejo de política económica, industrial y laboral de Felipe Calderón, al negarse a abandonar el dogmatismo neoliberal. El mismo sector empresarial se ha quejado de la política pública del calderonismo, que ha remarcado la inequidad, reforzado la concentración de riqueza en unos cuantos grupos y la indefensión del aparato productivo nacional”, indica el documento.

 

Manuel Padrón, coordinador del Cereal, comenta que han sido años perdidos para la clase trabajadora, y que para ésta significa una profundización de una “política de Estado en su contra”.

 

Desde el campo de la política económica neoliberal, opina, “el gobierno no ha fortalecido el dinamismo de la economía, sólo hay que tomar en cuenta que el promedio del incremento del producto interno bruto fue de 1.53 por ciento, cifra que se considera la más baja en siete décadas. También es uno de los peores desempeños económicos del mundo, por debajo de países como Jamaica y Haití”.

 

Agrega que “de esta manera no se crearon trabajos productivos y bien remunerados. Al contrario, en el sector formal sólo se crearon trabajos indecentes, que tanto en la remuneración como en las condiciones de salud y trabajo están a tal grado precarizadas que se pone en riesgo la vida de los trabajadores y sus familias”.

 

 

Alejandro Vega García, integrante de la dirección del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), dice que el resultado de estos dos sexenios es la inseguridad laboral. La problemática se centra en el empleo estable o formal que está en un franco curso de desaparición.

 

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que de los 47.8 millones de trabajadores ocupados, únicamente 17.5 millones cuentan con seguridad social (15.3 millones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y 2.2 millones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). El resto se encuentra en la “precariedad”. La misma dependencia muestra que el 28 por ciento de la Población Económicamente Activa subsiste en el sector informal, es decir 13.3 millones de personas.

 

A ello se suma la obtención de un salario inestable. Gráficas elaboradas por el CILAS, bajo el título Salario y empleo en México, indican que en lo que va del sexenio de Calderón el Salario Mínimo General ha tenido un aumento de 13.45 pesos, ya que al inicio de su administración era de 47.05 pesos y actualmente es de 60.50 pesos.

 

Este aumento, en la segunda administración panista, alcanza para que el trabajador pueda comprar un kilogramo de tortillas, cuyo costo es de 13 pesos, casi un kilogramo de huevo de 16 pesos en promedio, o bien, emplearlo en el pago del transporte público.

 

El CILAS también muestra que en el país hay 6.3 millones de trabajadores que obtienen un salario mínimo; 10.7 millones que obtiene dos; 9.9 millones con tres; 7.5 millones con más de tres y hasta cinco; 3.9 millones con más de cinco salarios mínimos y 4.1 millones que no perciben ingresos, lo que suma una Población Económicamente Activa de 47.8 millones de personas empleadas en alguna labor.

 

 

Otro de los factores que precariza las condiciones laborales de la clase obrera es la limitada libertad sindical, dice Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

El doctor en derecho social comenta que el sindicalismo “vive una crisis en el nivel mundial que tiene que ver con su incapacidad para actualizarse con las reglas de la globalidad. En el caso mexicano estamos viviendo las consecuencias del sistema corporativo que blinda al sindicalismo oficial respecto de estas necesidades de la globalidad.

 

“Si en Estados Unidos se evidencia la crisis a través de la desafiliación, esto no ocurre en México porque el corporativismo impide que se dé esa evidencia a través de los Contratos Colectivos de Protección Patronal (CCPP), de las tomas de nota y los líderes sindicales vitalicios. Lo anterior, en el escenario de libre comercio con empresas que vienen con garantías del gobierno de una paz laboral, que implica la no existencia de lucha sindical”, comenta.

 

Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores– critica la existencia de los CCPP, que representan el 90 por ciento de los contratos de colectivos de trabajo registrados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El mismo porcentaje, para cada una de las juntas locales de los estados del país. Los contratos, dice, acaparan el sector servicios: cines, bares y restaurantes, la industria farmacéutica y las trasnacionales.

 

 

 

Dos de las auditorías practicadas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidencian deficiencias en los programas administrados para superar y promover el empleo en México. Ambos, con montos millonarios autorizados anualmente, carecen de los principales objetivos para operar eficazmente. El ejercicio presupuestal de los dos programas implicaron un gasto al erario de 1 mil 576 millones 347 mil 900 pesos.

 

Se trata de los programas de Apoyo al Empleo (PAE) y de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, que de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, la dependencia?encabezada por Javier Lozano Alarcón de 2006 a 2011?, merecieron dictamen de salvedad.

 

La auditoría 10?0?14100?07?0004, elaborada por el máximo órgano de fiscalización del país, indica que el PAE utilizó recursos por 1 mil 511 millones 249 mil 500 pesos, mismos con los que “no cumplió con las metas programadas establecidas”.

 

La ASF determinó que la tasa de colocación fue del 56.2 por ciento, cifra menor en 0.8 puntos porcentuales a la prevista de 57.0 por ciento. En los subprogramas: Bécate, Fomento al Autoempleo, Compensación a la ocupación temporal, Movilidad Laboral interna, Sector Industrial y de Servicios, y Repatriados Trabajando no se cumplieron las metas de colocación.

 

En tanto, el Programa Atención a Situaciones de Contingencia Laboral, creado a partir de 2009 tras una crisis económica global y por la crisis sanitaria ocasionada por el virus de la influenza AH1N1, contó en 2010 con un presupuesto de 65 millones 98 mil 400 pesos, disperso entre 29 mil 73 personas de seis zonas del país.

 

Sin embargo, el programa fue operado ineficazmente, pues la STPS sólo aplicó un indicador para la evaluación de objetivos, “el cual no fue suficiente para medir la cobertura e impacto del programa, ni la eficiencia de la operación, así como tampoco la economía de la aplicación de los recursos presupuestarios”.

 

Tampoco acreditó la práctica de estudios o elaboró planes y proyectos en los que se incluyera un diagnóstico integral de necesidades de mediano y largo plazo. Ni realizó visitas de supervisión para verificar las acciones realizadas con motivo de su aplicación.

 

Alejandro Vega García, integrante de la dirección del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, opina que estos programas fallan porque se echan a andar de manera muy limitada, se llevan a cabo en el marco de una situación compleja, con empleos precarios, inseguridad, inestabilidad y  fomentan la subcontratación (outsourcing).