Blindadas por su carácter de compañías “privadas” extranjeras, PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL, se agencian un negocio de, al menos, 26 mil 51 millones 404 mil pesos. Aunque el dinero ha salido de las arcas públicas mexicanas, sus utilidades serán administradas como capital privado en cuentas particulares radicadas en el paraíso fiscal de Holanda y en España.

 

Y es que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha apostado otra vez a la inversión triangulada del dinero público. Así, en nombre y con recursos de la paraestatal, PMI Holdings tiene la nueva participación accionaria del 5 por ciento de la española Repsol YPF (que implica unos 21 mil 760 millones de pesos) y PMI Holdings Petróleos España, el 4.9 por ciento histórico (por 4 mil 291 millones 404 mil pesos).

 

Ambas forman parte de la red de 25 empresas “privadas” que la petrolera del Estado posee en México y en el extranjero al margen de la legislación nacional. A su vez, son integrantes del Grupo PMI, constituido por 11 compañías que controla la subsidiaria PMI Comercio Internacional, también de carácter privado y con autonomía fáctica financiera.

 

En materia petrolera, el Grupo PMI juega un papel clave: se encarga de operar la comercialización del petróleo y sus derivados en los mercados internacionales. Asimismo, de importar las gasolinas y otros petrolíferos al país. Todo ello, en total discrecionalidad, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

Así, al intermediar la compra de acciones de Repsol YPF, Pemex no estaría obligado a rendir cuentas ni a transparentar su multimillonario negocio: los tratos que se operan a través de sus 25 compañías no son auditables. Ello, por su carácter de privadas y porque están sujetas a leyes extranjeras. No obstante, tanto la paraestatal como el exsecretario de Energía han defendido la supuesta legalidad de la compra de acciones. La operación para aumentar la participación de Pemex en la petrolera española Repsol fue transparente y auditable, aseguró a la prensa el ahora secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, el pasado 9 de septiembre.

 

 

  

 

 

 

La opacidad de esta operación no se limita a la ausencia total de información y consulta al Consejo de Administración; tampoco, al manejo de los recursos públicos directamente implicados en las transacciones comerciales y en las futuras utilidades. También alcanza las pérdidas que se registren más adelante.

 

El acta de la sesión ordinaria 818 del Consejo de Administración de Pemex –firmada el 10 de noviembre de 2010 por la exsecretaria de Energía y actual titular de Banobras, Georgina Kessel; por David Madero Suárez, presidente suplente del Consejo, y por Alejandro Fleming, exjefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía– revela que la paraestatal asumirá con dinero público las pérdidas y contingencias financieras que enfrenten sus 25 empresas privadas, así como los negocios contraídos por éstas. Tal sería el caso de la participación accionaria de PMI Holdings y PMI Holdings Petróleos España en Repsol YPF.

 

El acuerdo establece textualmente: “Con fundamento en el artículo 19, fracción IV, inciso f, de la Ley de Petróleos Mexicanos, en tanto se aprueban todas las políticas a que se refiere dicho precepto, el Consejo de Administración, previa opinión favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, aprueba como política específica que para los casos en que algunas de las filiales de Pemex haya convenido cubrir los faltantes de los esquemas de asociación que hayan celebrado, Petróleos Mexicanos pueda asumir una nueva obligación contingente de transferir los montos necesarios para hacer frente a dichos faltantes hasta por 50 millones de dólares, generándose una obligación contingente a su favor en caso de actualizarse la contingencia respectiva”.

 

En esa sesión participaron, entre otros, Juan José Suárez Coppel, Gerardo Ruiz Mateos, Ricardo Aldana Prieto, Carlos Arnoldo Morales Gil, Miguel Tame Domínguez, Rafael Beverido Lomelín, Homero Niño de Rivera Vela; así como los consejeros independientes Fluvio César Ruiz Alarcón, Rogelio Gasca Neri, Héctor Moreira y Fortunato Álvarez Enríquez. Ninguno se opuso al acuerdo.

 

La discusión se centró en las pérdidas que registró en 2010 la refinería Deer Park, copropiedad de la trasnacional Shell y PMI Norteamérica, SA de CV, una de las 11 empresas del Grupo PMI.

 

El acta, de la cual Contralínea posee copia, acota: “Esta política estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, se instruye al director general para que a más tardar el primer bimestre de 2011 presente para opinión del Comité de Estrategia e Inversión las políticas a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Pemex, a efecto de que previa opinión de dicho Comité se someta a la aprobación del Consejo”.

 

La vigencia, sin embargo, fue únicamente una formalidad. A la fecha, esa política ya forma parte de las reglas generales de la paraestatal y aplica para las 25 empresas privadas y sus negocios.

 

Lejos de cuidar el patrimonio de los mexicanos, los consejeros profesionales avalaron totalmente la aplicación de esta normatividad. Durante la discusión, el doctor Gasca Neri “preguntó por qué abarcaba hasta diciembre de 2010 y no 2011”, cita el acta de sesión. A lo que, de inmediato, el consejero Ignacio Quesada respondió “que se pretendía establecer una política completa, pero como se tenía que autorizar una transacción específica en la presente sesión [el rescate de PMI Norteamérica y su inversión en la refinería Deer Park], se daba una vigencia a la política hasta el final del año”.

 

Deer Park Refining Limited Partnership es una sociedad al 50 por ciento entre PMI Norteamérica –filial privada de Pemex– y Shell. Ubicada en Texas, la refinería sólo ha representado ganancias para la trasnacional, pero no para Pemex. Entre otros de los beneficios, permite a Shell adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993.

 

Contrario a ello, la copropiedad le reporta números rojos a PMI Norteamérica. Tan sólo en 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con su operación. Pemex asegura que el multimillonario déficit “se obtuvo al considerar sus ingresos por la venta de productos refinados a Shell (único cliente), menos el costo de ventas, que incluye la cuota de procesamiento pagada a Deer Park, comisiones y gastos (fees & expenses) y fletes marítimos, en los que la compañía incurrió para poder realizar sus operaciones de la refinación de petróleo crudo”, indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008.

 

 

 

 

En el esquema utilizado para la compra de acciones de Repsol YPF los resultados serán los mismos: Pemex asumirá las pérdidas al tiempo que las utilidades se desvanecerán. Es más, en este trato ni siquiera queda garantizada la devolución de la inversión por más de 26 mil millones de pesos. Y es que la administración de Suárez Coppel considera legal la privatización del dinero público que Pemex transfiere, maneja y obtiene por intermediación de sus 25 empresas “privadas no paraestatales”, principalmente las del Grupo PMI.

 

Aunque su principal función es comercializar –por encomienda y a nombre de la paraestatal– los bienes de la nación, la petrolera mexicana considera que, al ser “sociedades privadas”, los recursos que manejan sus 25 filiales “también son de naturaleza privada”. “Por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados”.

 

Lo anterior lo afirmaron altos funcionarios de Pemex durante una reunión sostenida con representantes de la ASF a fines de 2009. En ese encuentro se discutieron los resultados y observaciones preliminares a la revisión de la Cuenta Pública 2008.

 

De la reseña hecha por la ASF se desprende que los servidores públicos de Pemex citaron dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de “demostrar” la legalidad de la privatización del erario. También, con el objeto de evitar la fiscalización ordenada por los legisladores a los multimillonarios recursos públicos que se manejan como privados en esa empresa del Estado.

 

“Bajo el derecho positivo mexicano, es posible que un ente de la administración pública federal llegue a obtener recursos privados que, naturalmente, quedarán excluidos de la Cuenta Pública, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país a través de las siguientes jurisprudencias”: P/J-126/2006; P/J-123/2006, expusieron los altos funcionarios de Pemex.

 

Ambas tesis se refieren a la supuesta naturaleza privada del Derecho de Trámite Aduanero, un impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó en 1993 como una “contraprestación privada” y que fue avalado por la Suprema Corte en octubre de 2006.

 

En ese contexto, los representantes de Pemex destacaron que la Auditoría Superior “carece de facultades para auditar, verificar y formular pliegos de observaciones únicamente respecto de los ingresos privados contenidos en el rubro financiero ‘DTA’ [Derecho de Trámite Aduanero]”. Criterio que también valdría, de acuerdo con Pemex, para las finanzas de sus empresas privadas constituidas en México y en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales, y operadas con recursos públicos.

 

Según la ASF, el Derecho de Trámite Aduanero –junto con la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA, también creada por Hacienda– habría implicado un fraude multianual por más de 10 mil millones de pesos en contra de las finanzas de la nación. En esta lógica, el negocio de Repsol YPF únicamente beneficiará los bolsillos privados de un puñado de funcionarios a cargo del Grupo PMI.

 

Para la elaboración del presente trabajo se solicitó conocer la versión de Pemex, a través de Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza, gerente de Comunicación Social de la paraestatal. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.