De los 39 kaibiles graduados en 2 décadas y media, por lo menos 10 han causado baja de las instituciones mexicanas; algunos han puesto sus conocimientos al servicio del crimen organizado
Parte II: Las razones de los kaibiles mexicanos
?Parte III: Tropas de elite contra… la sociedad
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“Fui capacitado para matar… Soy una persona entrenada para matar y para matar y…”, le dijo en agosto de 2011 un desafiante Óscar Osvaldo García Montoya, la Mano con Ojos, al entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alfredo Castillo Cervantes.
En el video del interrogatorio, distribuido por la propia PGJEM luego de la captura de García Montoya y que se encuentra disponible en páginas de internet, se puede observar al sicario, narcotraficante y torturador regodeándose de sus actos y capacidades: “¿Ejecuciones que yo haya ordenado? Más de 300… ¿Que yo haya hecho con mis propias manos? Otras 300, ponle.”
Además de espetarle al servidor público (ahora subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR) que de no haber sido capturado “te hubiera encontrado y te hubiera hecho pedazos”, la Mano con Ojos le dijo que hasta antes de su aprehensión preparaba el envío de un video en el que él mismo ejecutaría a las víctimas: “Yo directamente los iba a ejecutar… Y ahí me ibas a ver en acción realmente”, dijo jactancioso.
Pero García Montoya –quien trabajó para el Cártel de los Beltrán Leyva, luego para el de Édgar Valdez Villarreal, la Barbie, y finalmente se convirtió en la cabeza de una violenta organización que delinquía en el Distrito Federal y el Estado de México– fue capacitado con recursos públicos. En el mismo interrogatorio dijo haber sido cabo en el Cuarto Batallón de Infantería de Marina (de la Armada de México), con sede en La Paz, Baja California Sur, y haber sido enviado a cursar seis módulos de fuerzas especiales: “Fui entrenado en Guatemala; soy kaibil”, dijo finalmente.
En respuesta a la solicitud de información 0001300014513 –presentada por Contralínea por medio de la LFTAIPG– la Semar informa mediante el oficio UE-336/13 que “ningún elemento que ha efectuado el Curso Kaibil Internacional para Oficiales ha causado baja de esta dependencia”.
Sin embargo, la información sólo se refiere a aquellos efectivos enviados entre 2006 y 2012. En la respuesta a la solicitud de información 0001300014413, la Semar había advertido que no contaba con información anterior a 2006 relacionada con los marinos enviados al curso kaibil. Por lo tanto, se desconoce si integrantes de la Armada de México con adiestramiento kaibil causaron baja entre 1987 y 2005 y en qué condiciones se habría efectuado.
Por su parte, la Sedena sí informa del número de soldados con adiestramiento kaibil que han causado baja del Ejército: 10.
En respuesta a la solicitud de información 0000700026713 –también presentada por Contralínea por medio de la LFTAIPG– la dependencia encargada de la organización y administración del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala los motivos de las bajas: cuatro por deserción, cuatro por solicitud, una por sentencia ejecutoria y una por muerte. Dos de las deserciones de kaibiles mexicanos ocurrieron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; las otras dos durante el de Ernesto Zedillo. Tres de las bajas por solicitud ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón, además de la baja por muerte, ocurrida el 8 de mayo de 2012. La restante baja por solicitud data del gobierno de Zedillo, así como la baja por sentencia ejecutoria.
Algunos integrantes de las tropas de elite del Ejército Mexicano también han actuado contra la sociedad una vez que se han graduado como fuerzas especiales.
El cártel más sanguinario que opera en México, Los Zetas, tuvo como origen a un grupo de militares que, luego de desertar del Ejército Mexicano, se puso a las órdenes del crimen organizado. Arturo Guzmán Decena, efectivo de elite, entre 1997 y 1998 corrompió alrededor de 40 militares para que, con él, integraran el cuerpo de seguridad del entonces capo del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.
Teniente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), buscó que la mayoría de sus nuevos subordinados provinieran de ese grupo castrense, creado originalmente para combatir a la insurgencia en México y especializado en explosivos, inteligencia militar, contraespionaje y antiguerra de guerrillas. También reclutó para el narcotráfico a soldados de los batallones 15 y 70 del Décimo Quinto Regimiento de Caballería Motorizada de Fusileros Paracaidistas y policías federales.
Al menos uno de los desertores, Rogelio López Villafaña, también había recibido entrenamiento del Pentágono estadunidense, como se desprende del cable diplomático 09MEXICO2473, enviado desde la embajada de Estados Unidos en México a Washington, el 21 de agosto de 2009. El documento, clasificado como secreto, fue filtrado por Wikileaks al diario mexicano La Jornada.
Con esa capacidad de violencia, los primeros Zetas barrieron fácilmente a los oponentes de Cárdenas Guillén y consolidaron al Cártel del Golfo como una de las principales organizaciones delictivas de México. La era de los matones improvisados quedaba atrás. Los demás cárteles tenían que corromper también a militares de elite e invertir en entrenamiento para sus nuevos sicarios: pequeños comandos de reacción inmediata con capacidad para torturar, extorsionar, matar y enfrentar a las Fuerzas Armadas con las mismas tácticas, estrategias y, muchas veces, con mejor equipo. Años más tarde, Los Zetas se separarían del Cártel del Golfo con el que, hasta la fecha, mantienen una guerra por el control del trasiego de drogas en toda la región Oriente del país.
No sólo exmilitares mexicanos con entrenamiento especial se han puesto al servicio de la delincuencia organizada. El 27 de septiembre de 2005, tropas del 91 Batallón de Infantería detuvieron en territorio mexicano a siete guatemaltecos con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Cuatro de ellos resultaron ser kaibiles. Estaban al servicio del Cártel del Sinaloa, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El 26 de junio de 2006, José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, reveló que al menos 100 kaibiles guatemaltecos habían ingresado a las filas del Cártel del Golfo, el cual en esa fecha mantenía a Los Zetas como su brazo armado.
El maestro en seguridad nacional por la Universidad de Georgetown, Iñigo Guevara, considera que “en toda organización humana existe un elemento potencialmente criminal”. Las fuerzas especiales no son la excepción, por lo que resulta obligado contar con mecanismos de control adecuados para identificar y neutralizar aquellos elementos potencialmente criminales.
“La formación de Los Zetas ocurrió entre mediados y finales de la década de 1990, y desde entonces las fuerzas especiales llevaron a cabo una profunda reforma y reorganización. En términos generales, las fuerzas especiales deben recibir, precisamente, supervisión especial sobre su carrera profesional y un monitoreo posterior a su servicio.”
El investigador integrante del Casede propone que “un mecanismo positivo sería la creación de una reserva de los miembros de fuerzas especiales que les permita estar en contacto con su institución una vez que se separan de ella, y mediante la cual puedan continuar recibiendo algunas prestaciones, tales como becas escolares para sus hijos, servicio médico, entrenamiento e, incluso, modestas remuneraciones por mantenerse como parte de las reservas”.
Para Samuel González Ruiz, especialista en temas de seguridad, la deserción de las fuerzas de elite no es un problema de las Fuerzas Armadas, sino de todo el sistema de seguridad en México. Ejemplifica con los casos de policías con entrenamiento especial “que se han pasado al otro bando”. Señala que entre los retos de la administración entrante de Enrique Peña Nieto –con respecto a la seguridad pública y nacional– se encuentra el de “generar instituciones que sean capaces de no tener tantos cambios en materia de su personal”.
Parte II: Las razones de los kaibiles mexicanos
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Fuente: Contralínea 335 / mayo 2013