Satanizada al punto de calificarla como “aberración”, “engendro” y acto “contra natura” o pontificada como elemento indispensable para vencer al PRI y lograr la transición democrática en Puebla, la alianza que están fraguando las dirigencias nacionales del PRD y el PAN tendrá su prueba de fuego la segunda semana del mes de febrero, cuando se reúna el Consejo Estatal del sol azteca para definir si habrá o no mancuerna con el partido de la derecha

Martín Hernández Alcántara

Más allá de las discusiones sobre la congruencia ideológica o el pragmatismo electoral, lo cierto es que el PRD poblano se ha convertido en otra arena política donde el PRI y Acción Nacional miden fuerzas antes de la elección constitucional.

Algunos sectores del Revolucionario Institucional no sólo ha estructurado una ofensiva pública contra la alianza –estrategia que incluye una avanzada mediática en la que constantemente se denuncia la “mezquindad” de los interesados por pretender hacer equipo siendo adversarios históricos- si no que ha dispuesto de recursos legales y políticos para frenar la conjunción de derechistas e izquierdistas.

La intervención de esos sectores del tricolor, aseguran fuentes priistas y perredistas, tendría su primera etapa en el sabotaje de las asambleas del Consejo Estatal que están programadas para el lunes 15 y el viernes 18 de febrero, pues si no hay quórum o éstas de plano no se realizan “por causas de fuerza mayor”, la alianza morirá ipso facto.

Para “reventar” los cónclaves perredistas –el primero de los cuáles tiene como fin estatutario justificar la alianza ante la militancia y la ciudadanía y el segundo, protocolizar la unión- los priistas intentarían recurrir a la disuasión de los consejeros para que no haya quórum, o de plano, ayudarían a que los perredistas que se oponen generen hechos violentos que obliguen a la suspensión de las asambleas.

Las fuentes, quienes pidieron la gracia del anonimato en este reportaje, dijeron que tienen información de que si el sabotaje no prospera, la táctica del PRI incluye un “Plan B”: apoyar las impugnaciones que interpongan ante el Tribunal Estatal Electoral y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, militantes del PRD bien intencionados -es decir, fieles a su ortodoxia ideológica- y perredistas tradicionalmente mancomunados con el Revolucionario Institucional.

Este paso no sólo considera poner al servicio de los perredistas impugnantes a despachos expertos el litigios comiciales, si no hacer cabildeo en los tribunales estatal y federal para que la coalición se venga abajo, si acaso es impuesta por los órganos internos del PRD.

PRI-PRD: una historia común

Aunque en su fundación concitó las voluntades de luchadores sociales, activistas y académicos, así como de políticos honestos y de firmes convicciones izquierdistas, el PRD fue degenerándose a lo largo de los años, por la carencia de institucionalidad y disciplina de muchos de sus militantes, pero sobre todo porque algunos de sus dirigentes estatutarios y líderes de corrientes se corrompieron, poniéndose al servicio del gobierno estatal en turno.

La fama del PRD como un partido sometido a las administraciones priistas incluye la versión de que el edificio que ocupa el Comité Ejecutivo Estatal en la 13 oriente, en las inmediaciones de la Arena Puebla, fue un obsequio del entonces gobernador, Mariano Piña Olaya.

Otras versiones apuntan a que varios perredistas han sido utilizados habitualmente como controladores de movimientos sociales, especialmente en el sector campesino, donde el sol azteca tiene su principal bastión de prosélitos.

La idea de establecer una alianza con el PAN no surgió en Puebla si no que es parte de una estrategia impulsada principalmente por Jesús Ortega Martínez presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, quien tiene a uno de sus principales representantes en la entidad en la persona de Miguel Ángel de la Rosa Esparza, presidente del Comité Directivo Estatal de Puebla.

Opositores

De la Rosa Esparza ha sido el más visible y entusiasta promotor de la coalición con el PAN, pero al paso le han salido dirigentes de la izquierda poblana con una trayectoria amplísima, como Luis Ortega Morales, o de estrecho trabajo con organizaciones labriegas como Mario Vélez Merino, líder de la Unión Campesina Democrática.

También se oponen a la alianza la actual diputada local, Irma Ramos; y el ex regidor capitalino, Armando Méndez, quien incluso organizó a finales de enero una manifestación de repudio a la coalición durante la visita en la que Manuel Camacho Solís, coordinador del Diálogo por la Reconstrucción Nacional –sustituto del Frente Amplio Progresista- oficializó la alianza del PRD con Convergencia y el Partido del Trabajo, dejando abierta la posibilidad de que este bloque se uniera a Acción Nacional.

De hecho, Armando Méndez, miembro de la Comisión Política del PRD, acusó a Rafael Moreno Valle, aspirante del PAN a la gubernatura, de sobornar con 10 mil pesos y entregas de computadoras portátiles a los consejeros estatales del sol azteca para que acepten una alianza entre el PRD y Acción Nacional.

Según Luis Ortega Morales, también hay otras organizaciones que simpatizan con la izquierda, que realizarían movilizaciones y otras manifestaciones, si la dirigencia estatal o la nacional del PRD impone la alianza.

Entre éstas destacan: el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Puebla y Tlaxcala, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Consejo Democrático Magisterial Poblano, la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre y el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla.

También las brigadas ciudadanas que apoyan a Andrés Manuel López Obrador han expresado su repudio a la alianza.

De hecho, en una gira que realizó a finales del mes pasado por la región de Zacatlán, Andrés Manuel López Obrador fustigó los intentos de coalición y amagó con no apoyar a los candidatos del PRD si la alianza fructífera y que en todo caso sólo daría su respaldo a los candidatos del Partido del Trabajo (PT).

De todas formas la decisión sobre la alianza descansa por completo en los consejeros estatales, pues el proceso estatutario en materia de coaliciones para el PRD ordena que la unión con otros partidos sea aprobada por el 50 por ciento más uno los asistentes a la asamblea del Consejo Estatal en que se discuta.

Después, el Consejo Estatal turna su decisión al Consejo Nacional o, en su defecto, a la Comisión Política Nacional para que la sancione en función a su apego a los estatutos internos y después la ratifique.

Las fuentes consultadas en el PRD coincidieron en que estatutariamente no hay manera de que el sol azteca se una al PAN si esa decisión no es aprobada en el Consejo Estatal o, peor aún, si éste ni siquiera puede deliberar.

El ex diputado local por el PT, Galdino Castillo Gaspar, calificó de atípica la convocatoria para que la sesión del Consejo estatal se celebre el lunes 15 de febrero, porque habitualmente este tipo de cónclaves se realizan el fin de semana para asegurar quórum.

En esta ocasión, agregó, la dirigencia nacional del PRD intenta sabotear el Consejo Estatal para poderse reservar las candidaturas de los 217 ayuntamientos, las 26 diputaciones de mayoría y la postulación a gobernador.

Luis Ortega Morales ha dicho por su parte que el Consejo Estatal está formado por 150 militantes, de los cuáles aproximadamente acudirán 90 a la sesión del 15 de febrero y de éstos, afirmó, el 50 por ciento votarán en contra de la coalición con el partido de la derecha.

Los promotores de la alianza explican que no hay ningún intento de sabotear al Consejo Estatal y que la fecha del 15 de febrero obedece a que un día antes, es decir, el 14 de febrero, Acción Nacional definirá quién será su candidato a la gubernatura, abanderamiento que está condicionando las negociaciones de la alianza.

La fecha del 18 de febrero, añaden, está ajustada al calendario electoral que establece el día 20 como límite para el registro de coaliciones.

No obstante, Castillo y Ortega coinciden en que el Comité Ejecutivo Nacional podría imponer la alianza, la cual se combatiría en el Tribunal Estatal Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, amén de que se harían movilizaciones para frenar la mancuerna.

Otra que se ha opuesto rotundamente a la alianza es la secretaria para Asuntos Sindicales del Comité Directivo Estatal del PRD, Cristina Carcaño, quien se ha referido a la mancuerna como “una aberración política” el intento de la dirigencia nacional perredista de conjuntarse con Acción Nacional, asegurando que la consumación de dicha pretensión representaría una falta de respeto a las trayectorias e historias de organizaciones y luchadores sociales, líderes políticos y sindicatos que han sido perseguidos por la derecha.

Criticó el encuentro que Camacho Solís tuvo con dirigentes estatales y nacionales del PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia y hasta expresó que se trató de “una reunión cerrada, muy cerrada”, precisamente para que quienes repudian la alianza con el PAN no se expresaran ahí.

Carcaño añadió que se está trabajando un amplio frente opositor a la mancuerna con Acción Nacional.

De todas formas, los promotores de la alianza a nivel nacional han advertido que estarán al pendiente de cualquier disturbio o infiltración en las decisiones del PRD y que no les temblará la mano para sancionar con rigor a los militantes que intenten sabotear los procesos internos.