Como un nuevo caso indignante de corrupción, dispendio y malos manejos fue calificado por la Cámara de Diputados el que Petróleos Mexicanos (Pemex) haya decidido retomar las relaciones por 10 años más con Mexicana de Lubricantes (perteneciente a Impulsora Jalisciense, SA de CV, empresa que realizo un fraude que asciende a 40 mil millones de pesos, lo cual “no puede tener otra descripción más que la de otro caso paradigmático de encubrimiento e impunidad”, subrayó el diputado Ricardo Monreal Ávila.

 

Como era de esperarse, argumentó el legislador Monreal, el nuevo PRI (Partido Revolucionario Institucional) se estrena con viejas prácticas: condonar cualquier error, aceptar migajas, pasar por alto administraciones fraudulentas y adoptar una actitud encubridora y promotora de la impunidad, cuando se trata de amigos o aliados políticos. La corrupción en México se ha institucionalizado y lamentablemente es protegida, auspiciada y promovida por el gobierno. A lo largo de la historia Pemex ha sido quizá el sector más saqueado del país y además hay una impunidad impresionante, dijo.

 

“Los numerosos registros de los dispendios y malos manejos en la paraestatal, dan cuenta de monumentales actos de corrupción que van desde el Pemexgate, hasta el escándalo de 400 mil millones de pesos de mayo pasado, donde se resaltó que Pemex Corporativo registró un quebranto –detectado en la Cuenta Pública de 2010– como un incremento de inversiones a organismos subsidiarios, pero sin que existiera una aportación especifica, fundamento técnico, ni la autorización del consejo de administración de la paraestatal”, subrayó.

 

Desde que en 1992 se autorizara la coinversión con capital privado en aras de mejorar la formulación, envasado y comercialización de lubricantes y grasas, este sector que antes se encontraba en el lugar 37 de 100 líderes en rentabilidad en el país y que aportaba una ganancia neta de 225 millones de dólares ha declarado tener pérdidas netas cada año.

 

Mexlub desde su inicio fue poco transparente. La composición de la empresa nunca cumplió con las bases de licitación. Aunado a esto, resulta impensable creer que un sector tan rentable pueda decaer de un año para otro y no recuperarse en los consecutivos, pero lo que demuestra un descaro total es el hecho que Mexlub haya ocultado sistemáticamente todos los libros, registros y archivos de la empresa, aún cuando por contrato estaba obligada a reportarlos abiertamente a Pemex cuando esta lo deseara.

 

Ante estas anomalías, se entablaron 60 juicios en contra de Mexlub, en los que se exigía la entrega de los estados financieros de los años 2001 a 2005, obteniendo como respuesta la entrega de éstos tan sólo hasta el 2003, y se aconsejó llevar a cabo una asamblea ordinaria de accionistas con auditorias financiera, fiscal, legal, forense así como una valuación de la empresa. No menos importante es la denuncia penal que se interpuso por administración fraudulenta en contra de Salvador Martínez Garza, director de Mexlub.

 

No obstante la interposición de estas demandas y denuncias, el 21 de agosto del presente año se ha decidido reanudar las relaciones con esta empresa. Pemex Refinación recibirá 399 millones de pesos obtenidos de la reducción de capital social de Mexlub, además de un monto mínimo de 100 millones de pesos en un plazo no mayor a 3 meses. Como ganancias se le entregarán 6.4 millones de pesos por dividendos de 1998 al 2000, es decir por tres años se le entregarán ganancias menores al escandaloso sueldo del director Martínez Garza y su secretaria de casi 10 millones de pesos.

 

El legislador Monreal cuestiona: “¿A qué intereses responde esta renegociación? ¿Cómo se pretende llevar a cabo un “borrón y cuenta nueva” cuando los nuevos términos de negociación, implican la remisión del incumplimiento sistemático de obligaciones de todo tipo? Las utilidades que la empresa debe reportar a la paraestatal, apenas cubrirían los gastos y costas de los juicios entablados en su contra. Pemex mismo ha admitido que la actitud de Mexlub fue irresponsable, y resulta cínico e incomprensible que aún así, se decida restablecer las relaciones comerciales con Mexlub”.

 

Por otro lado, parece totalmente sospechoso que en pleno proceso de transición, ante el regreso del partido, y muy posiblemente, de la cuestionada cúpula política que fomentó la fragmentación de Pemex, resurja la idea de la coinversión con una empresa que le ha estado robando sistemáticamente durante años a la paraestatal, señaló el diputado.

 

En 1992 se realizó una coinversión de Pemex con la empresa privada Mexicana de Lubricantes. Desde 1992 que se firmó este contrato de coinversión, esta empresa ha tenido pérdidas, la mayoría de acciones está en el sector privado como un inicio de la privatización de Pemex, ocurrido en 1992.

Un año antes de esta coinversión, Pemex Refinación, en esta área, obtuvo 235 millones de dólares de utilidad un año antes. Un año después empezó a tener pérdidas. Pero no sólo eso, a partir de esa fecha esta empresa con la que ha coinvertido Pemex no informa, no tiene los libro de contabilidad y se maneja con una total impunidad.

 

Pemex ha formulado 60 demandas, desde una denuncia penal por comisión fraudulenta, por asuntos fraudulentos, por administración fraudulenta, hasta demandas fiscales por evasión, elusión, por evasión fiscal, por fraude. Asciende, nosotros estimamos, a una cantidad de 40 mil millones de pesos lo que esta empresa ha generado de irregularidades y de fraude en contra de Pemex.

 

A pesar de todo, antes de la conclusión de sexenio, hace 15 días Pemex firma y dice, borrón y cuenta nueva, y empieza de nuevo un proceso de coinversión con Mexlub empresa que ha defraudado el patrimonio nacional en casi 40 mil millones de pesos y que sus funcionarios ganan 10 millones de pesos mensuales, a costa del robo y del fraude a una empresa del Estado mexicano.

 

Que se investigue por qué razón el director de de Pemex ha reanudado relaciones de coinversión con una empresa que ha defraudado al país, al Fisco y a los mexicanos.

 

La diputada Lilia Aguilar Gil propuso no sólo investigar la flagrante violación a la Constitución que la paraestatal ha incurrido en celebrar diversos contratos económicos privados con diversas empresas financieras y otras de explotación, algunos ya por supuesto aprobados por la Suprema Corte de este país, sino que la corrupción y la opacidad de Pemex y sus relaciones comerciales “es un secreto a voces, o diría yo: un secreto a voces y periodicazos”.

 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja planteó que se investigue no solamente el manejo sospechoso y corrupto, donde claramente se ven tráfico de influencias, sino también para hacer una revisión puntual de la situación financiera y de las actividades comerciales que se han llevado a cabo por Petróleos Mexicanos desde 1993.

 

Dijo que el grupo de trabajo debe examinar las finanzas de Pemex, porque no cabe duda que los últimos ejercicios de dirección y de los directores generales de esta empresa estratégica y prioritaria de la nación, han estado marcados por la opacidad, por el tráfico de influencias, por el contubernio y por los negocios al amparo del poder.

 

El legislador Marcos Rosendo Medina Filigrana, delPRD, consideró  transparentar que mucho se ha hablado y escrito en torno a oscuros manejos financieros de Pemex, que cuantiosos recursos en paraísos fiscales y coinversiones en refinerías en distintas partes del mundo. Incluso, en España se suscitó un escándalo de trascendencia nacional en torno a la participación de Pemex dentro del Consejo de Administración de Repsol.

 

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, fijó su postura al afirmar que la situación delicada que enfrentan Pemex, Lubricantes de México y la empresa privada e impulsora jalisciense, desde inicios de la década de los años 90, a partir de un manejo poco transparente en los concursos de licitación, junto con una actitud de plena falta de presentación de información financiera y operativa, únicamente ha arrojado que la opinión pública exija a las autoridades la aclaración definitiva del asunto y se tomen las determinaciones que correspondan conforme a la ley.

 

Finalmente, el diputado José Rangel Espinosa:los diputados del PRI estamos de acuerdo con la propuesta, porque es consecuente con los compromisos del presidente electo, Enrique Peña Nieto, para que las dependencias, organismos, fideicomisos públicos, poderes, partidos políticos y otras asociaciones, incluyendo los movimientos, transparenten sus operaciones y se prevenga, y en su caso se combata la corrupción que se pudiese presentar.