La Fuerza Aérea Mexicana emplea equipo obsoleto y manuales elaborados durante el sexenio pasado para la interceptación de aeronaves ilícitas, en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico. Al tiempo, los cárteles de la droga utilizan con mayor frecuencia la vía aérea para traficar enervantes de Colombia a México, y de aquí a Estados Unidos
La alerta “Alfa” del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) moviliza cientos de veces al año a las Fuerzas Especiales de Reacción del Ejército Mexicano, apostadas en las bases de operaciones, los puestos de control, los puestos de vigilancia y las patrullas en las 12 regiones militares del país, en donde, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2009, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) aseguró unas 402 aeronaves supuestamente vinculadas con actividades del narcotráfico.
La estrategia de operaciones de intercepción de aeronaves ilícitas se desarrolla en forma paralela a la erradicación de cultivos, localización de vehículos utilizados para el transporte de enervantes en tierra y sobre áreas marítimas y acuáticas. Fue diseñada por el exsecretario de la Defensa Nacional (1994-2000), Enrique Cervantes Aguirre, durante los operativos conjuntos de la Sedena y la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2000 y 2006, cuando, a partir de este año, la institución castrense se hizo cargo del combate al narcotráfico.
Con algunas modificaciones, las operaciones antinarcóticos se realizan mediante reconocimientos aéreos, intercepción, apoyo por fuego, enlace, búsqueda, rescate y evacuación, en puntos donde se sospecha de la existencia de embarcaciones que realizan movimientos de embarque y desembarque ilícitos en las franjas costeras, establece un documento confidencial signado por el general Enrique Cervantes Aguirre (matrícula 460303), exsecretario de la Sedena.
“Al recibirse en el CG (cuartel general) la alerta ‘Alfa’, las fuerzas de reacción, bases de operaciones, puestos de control, puestos de vigilancia y patrullas deben prepararse para llevar a cabo las operaciones de intercepción y aplicar la directiva para la intercepción terrestre de aeronaves ilícitas”, señala el manual denominado “PSO de Intercepción de Aeronaves Ilícitas”, elaborado por la Sedena.
Las bases de operaciones, continúa, que se encuentren a una distancia, cuyo tiempo de recorrido sea como máximo de 1 hora a pie o en vehículo, se desplazarán de inmediato hacia los caminos en los que según las circunstancias deben establecerse los puestos de control. Los grupos de cada región, una fuerza de reacción móvil y potente, deben trasladarse de inmediato en helicópteros hasta el lugar donde se realice el ilícito con el fin de asegurar la carga, la aeronave, vehículos, armamento y a los narcotraficantes, subraya.
Ordena a todos los mandos territoriales incrementar los reconocimientos aéreos para localizar y destruir las pistas de aterrizaje clandestinas, las áreas de terrenos que faciliten el descenso de aeronaves ilícitas. “Deberán mantener una constante supervisión de las pistas o franjas de terreno que hayan sido destruidas o inutilizadas para evitar que sean reacondicionadas por los narcotraficantes”, dice.
Para la realización de estas tareas, agrega, las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana deben suspender las actividades que se encuentren realizando y efectuar las acciones que, de acuerdo con sus características, correspondan, tales como: intercepción aérea, transporte de personal especializado hacia el punto en que se cometió el ilícito, apoyo por el fuego, enlace, mando y control, búsqueda, rescate y evacuación.
Al mismo tiempo, ordena establecer una vigilancia permanente en los aeropuertos, aeródromos y pistas que se localicen dentro de cada mando territorial en las 12 regiones militares, cuyo horario de operación no sea de 24 horas, y donde se presente la mayor incidencia de actividades relacionadas con el tráfico de enervantes por vía aérea.
Como parte de la estrategia de inteligencia en las acciones del sistema de vigilancia, control y seguridad del espacio aéreo mexicano, la Sedena destacó oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana con especialidad de controladores de vuelo en los centros de control de área, que dependen de los Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, ubicados en la ciudad de México, Mérida, Yucatán; Mazatlán, Sinaloa, y Monterrey, Nuevo León.
Los controladores aéreos militares vigilan los vuelos dentro el espacio aéreo correspondiente a su centro de control, principalmente los vuelos procedentes de Centro y Suramérica. Mantienen la coordinación con las autoridades aeroportuarias para obtener información confidencial de aeronaves sospechosas o ilícitas, así como de aquellas que sufran algún siniestro.
También, “informan a la Subjefatura de Intercepción Aérea de la S-10 (OCN, sic), en relación con demoras de más de 1 hora, del arribo de aeronaves para aterrizaje; operaciones fuera de horario sin autorización, solicitudes de extensión de servicios de aeronaves procedentes de Centro y Suramérica; modificaciones de planes de vuelo sin previo aviso; sobrevuelos de aeronaves de la PGR, información proporcionada a los comandantes de región militar, a la comandancia de la Fuerza Aérea y al Grupo de Detección y Control número 1”.
Los comandantes de cada región militar y aérea coordinan la supervisión periódica a los centros de control con el objeto de verificar que los citados oficiales den cumplimiento al PSO correspondiente.
La FAM es la responsable de defensa de la soberanía y del territorio nacional, por medio de maniobras de combate u operaciones tácticas que incluyen: el reconocimiento, patrullaje o ataque, transportación de materiales (mediana y pesada), instrucción y entrenamiento, funciones de enlace entre mandos, la aviación presidencial y la transportación ejecutiva para personal de alto rango.
Agrupa a 10 mil elementos, entre ellos a 650 pilotos aviadores y a 1 mil 400 fusileros paracaidistas. Éstos están organizados de manera integral por escuadrones que a su vez pertenecen a grupos aéreos y a unidades tácticas, las cuales forman parte de las denominadas Alas de Combate. El Estado Mayor Aéreo se concentra en el cuartel general en la ciudad de México, y los escuadrones están asignados a las Bases Aéreas Militares, ubicadas en diferentes estados de la república.
Desde 2000, la FAM ha sufrido cambios en su organización interna. A pesar de que México es un país que no tiene enemigos, la FAM desplegó e incrementó sus acciones en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, con la utilización de aeronaves de combate y tácticas, aviones de carga, de transporte, de entrenamiento, de reconocimiento y especialización en guerra electrónica.
Los comandantes de las 12 regiones militares del país, dice el documento de la Sedena, son los responsables de identificar, localizar y capturar a los principales dirigentes de las bandas delictivas dedicadas al narcotráfico de su jurisdicción, y de dar seguimiento a las operaciones, así como recopilar información clave de los blancos por regiones y zonas militares, “mediante un plan de búsqueda, programa de objetivos y estudio del blanco, para su sistematización y evaluación, y así evitar disgregación de esfuerzos, sin detrimento de la confidencialidad de la información y la seguridad de las operaciones”.
La actuación de las tropas se orienta a la búsqueda de información de inteligencia, cuya utilidad autoriza el alto mando de la Sedena, para la captura de los blancos o de “oportunidad” mediante acciones ofensivas que garanticen el cumplimiento de los operativos en contra del narcotráfico.
El empleo de los helicópteros es prioritario en los operativos de erradicación de cultivos de enervantes, sin perjuicio de que, ante la detección de algún vuelo ilícito, su esfuerzo se oriente a combatirlo.
Los centros de inteligencia militar son los responsables de la búsqueda de información para identificar las redes de narcotraficantes en las áreas de incidencia, proveedores de semilla, armamento, dinero, insumos, propietarios de los terrenos de cultivo, centros de acopio y almacenaje y sus conexiones con los sistemas de transportación hacia las áreas de consumo.
Paralelamente, funcionan los denominados puestos de vigilancia, cuyos efectivos no son mayores a un pelotón y operan con la máxima cautela, discreción o camuflaje; operan como órganos de información en la detección de seudomilitares o militares que se transportan en vehículos similares a los de las Fuerzas Armadas, para desarrollar actividades de narcotráfico. Los puestos de vigilancia generalmente se establecen en puntos claves de la geografía nacional, en caminos de primer orden, y la ejecución de sus operaciones depende de las órdenes de los comandantes de las regiones militares del país.
En noviembre de 2007, la PGR cedió 58 aeronaves a la Sedena para la erradicación de cultivos de droga, pero sólo el 40 por ciento de ellas estaba en operación. De las 58 aeronaves –50 helicópteros Bell y ocho avionetas tipo Cesna– que se entregaron a la Sedena, sólo 26 están en operación, y seis más, en mantenimiento, según un reporte de Silvia Ortiz en El Universal.
El último informe de labores del exprocurador de la República, Eduardo Medina Mora, presentado el 1 de septiembre de 2009, señala que del 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2009, durante los operativos conjuntos PGR-Sedena-Marina-Secretaría de Seguridad Pública, fueron asegurados 20 mil 122 vehículos terrestres, 300 marítimos y 403 aéreos, relacionados con los cárteles de la droga que operan en el país.
Un reporte de la Agencia Federal de Investigación reconoce que la baja en los resultados en la destrucción de los sembradíos se debió a la falta de equipo: las aeronaves “han ido quedando inoperables”, pues apenas en mayo de 2008 se concretó la entrega al Ejército de las 11 sedes y subsedes ubicadas en Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; así como la flota aérea que era utilizada para labores de fumigación de plantíos de droga.
Las condiciones de la flota aérea de la propia PGR no son mejores, según detalla su informe en el rubro de servicios aéreos, ya que de 61 helicópteros y 41 aeronaves de ala fija (para un total de 102), hasta julio de ese año, sólo 63 por ciento era operable.
