Parte I: Con Calderón mayor gasto y peores resultados en seguridad

 

 

Mientras los presupuestos crecieron para “garantizar” la seguridad pública, en 2011, cinco ciudades mexicanas se ubicaron entre las 10 más peligrosas del mundo. Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentra en el segundo lugar; Acapulco, Guerrero, en el cuarto; Torreón, Coahuila, en el séptimo; Chihuahua, Chihuahua, en octavo, y Durango, Durango, en noveno.

 

De la lista, todas las ciudades son latinoamericanas. En primer lugar aparece la hondureña San Pedro Sula, con 1 mil 143 homicidios y 719 mil 447 habitantes, lo que arroja una tasa de 158.87 por cada 100 mil habitantes.

 

La fronteriza Ciudad Juárez registró en ese año 1 mil 974 homicidios, pero la tasa es de 147.77 debido a que cuenta con 1 millón 335 mil 890 habitantes.

 

La ciudad brasileña de Maceió obtuvo una tasa de 135.26 asesinatos por cada 100 mil habitantes y se colocó en el tercer lugar. La tasa de Acapulco fue de 127.92. El Distrito Central de Honduras alcanzó el 99.69; y Caracas, Venezuela, el 98.71.

 

Las ciudades de Torreón, Chihuahua y Durango registraron 87.75, 82.96 y 79.88 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Belén, en Brasil, fue el décimo lugar con 78.04 por ciento.

 

Las cifras fueron presentadas en 2012 por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC.

 

María Eugenia Suárez comenta que, con excepción de Acapulco, las otras cuatro ciudades mexicanas de esta lista se ubican al Norte del país y son cercanas a la frontera con Estados Unidos, la cual ubica a esta zona como un espacio históricamente conflictivo.

 

 

Explica que ahí siempre ha existido un nivel considerable de población flotante. Además de que coexiste un boyante negocio de contrabando ilegal de drogas y armas.

 

“Es un contexto muy violento, con inseguridad, violencia y criminalidad; pero debemos tomar en cuenta que la crisis económica en ambos lados de la frontera, especialmente en ciudades donde el debilitamiento y el caos que ha representado el modelo maquilador para el crecimiento equitativo, justo y democrático en la ciudad, vuelven a confluir y desbordan el delito.

“Muchas de las manifestaciones de la violencia no sólo se asocian al crimen organizado, sino a la delincuencia local que depende de factores como el desempleo. Hay lugares que han llegado a niveles críticos, como Ciudad Juárez o como lo fue en su momento Tijuana [Baja California], donde la participación ciudadana ha tenido un peso relevante.”

 

—¿Cómo hacerle frente a este problema?

 

—Con la participación de la gente. Se requiere un diálogo importante con las autoridades. Sin embargo no siempre las autoridades han estado a la altura de las circunstancias. Habilitar el diálogo en este país es hoy por hoy de las cosas más complejas que existen. No somos una sociedad que dialogue o que construya soluciones.

 

“No obstante, la participación ciudadana en [Ciudad] Juárez ha permitido que las autoridades no pueden andar por sí mismas solas o decidiendo sin consultar a la ciudadanía”.

 

—¿La nueva administración federal debe de cambiar la estrategia de combate al crimen?

 

—Se debe tener una agenda muy clara y consistente para una reforma institucional. Tendría que definirse plenamente el papel de las políticas de modernización en materia de seguridad pública. El combate al crimen es importante, pero no puede ser una política única. Una política que no contemple, además del combate, la prevención, la inteligencia, la cooperación y sobre todo la coordinación entre los distintos actores del sistema está condenada al fracaso.

 

Para el diputado Robledo Leal, la violencia en las cinco ciudades más violentas de México se debe a la falta de oportunidades que tiene la gente para llevar una vida digna.

 

“Cuando expulsamos a la gente por su condición de pobreza de las escuelas públicas se va a la calle; ahí el que le ofrece un Nextel [sic] y 500 pesos a la semana para que le diga por dónde pasan los soldados es el delincuente. El niño no sabe quién es malo y quien es bueno a esa edad, si el que lo corrió por pobre de la escuela o aquel que le hizo sentirse útil, respetado y le dio dinero.

 

“Necesitamos ofrecer educación, oferta laboral bien remunerada y que la gente comprenda que se puede tener respeto no necesariamente teniendo un fusil. La oferta del Estado no debe ser de manera asistencial, debemos quitarle lo pobre a la gente en este país, no sólo atenuar su pobreza con bolsitas de dinero.”

 

Contralínea solicitó entrevista con la Secretaría de Gobernación a través del área de Comunicación Social de la dependencia. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

 

 

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 Fuente: Contralínea 330 / abril 2013