Las estadísticas que muestran a la alza el número de víctimas civiles por la violencia en México sólo revelan una parte de la historia. La naturaleza espectacular de este fenómeno aturde a la sociedad y a las autoridades sin explorar las causas y efectos de un fenómeno delictivo que trasciende fronteras. Esa omisión impide valorar el éxito o el fracaso de quienes toman las decisiones políticas en México y en Estados Unidos. El informe de dos instituciones académicas estadunidenses desmenuza, desde distintos ángulos, este reto para la seguridad binacional

La escalada de violencia en México ha causado que la relación en seguridad con Estados Unidos sea crítica, señala el informe Responsabilidad compartida. Opciones de política entre México y Estados Unidos para confrontar al crimen organizado, elaborado por el Instituto México, del Centro Woodrow Wilson (WWC, por sus siglas en inglés), y el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego (IT).

Eric L Olson, David A Shirk y Andrew Selee, coeditores del estudio, advierten que es “muy posible que la violencia empeore” en México. Otro escenario sería que las tasas de violencia y homicidios declinaran, incluso dramáticamente, en lo que los editores denominan pax mafiosa –cuando un cártel vence a otro rival en un territorio o neutraliza la acción del Estado a través de la corrupción.

Este informe, difundido el 22 de octubre, y elaborado por 12 especialistas en seguridad binacional, aporta información reciente sobre las nuevas expresiones que asume el lavado de dinero. También sigue la pista de las drogas que se introducen desde México y cómo dominan el mercado del consumo en Mississippi, Ohio y Carolina del Norte. Asimismo, pasa revista a la historia de la conformación de las redes de narcotraficantes en Centroamérica y la gran influencia de los grupos delictivos en esa región.

Asimismo, describe que el poder y la impunidad que gozan los miembros del crimen organizado han puesto en vilo el trabajo de los periodistas mexicanos –un gran número de ellos, asesinados por cumplir con su labor– y hace un llamado a las autoridades de ambos países para no desatender esta cuestión.

Ángulos de la cooperación

Los coeditores del informe refieren que muchos aspectos de la relación de seguridad entre ambos países aún siguen siendo desconocidos: la poca transparencia sobre la forma en que trabajan los dos gobiernos para lidiar con las nuevas amenazas que adopta la actuación del crimen organizado, y las nuevas expresiones que asumen las operaciones de lavado de dinero a lo largo de la frontera.

Durante su visita a México en octubre pasado, antes de que el informe saliera a la luz, David A Shirk, director del IT, destacó la “sorprendentemente limitada información” que existe sobre la cantidad de drogas ilegales que se consumen en Estados Unidos. El analista admitió que los esfuerzos en aquel país para contener la demanda de narcóticos “han sido tímidos”.

Shirk, coautor con el investigador mexicano Luis Astorga del capítulo “Organizaciones del tráfico de drogas y estrategias antidrogas en el contexto estadunidense y mexicano”, reconoce que el comercio ilegal de narcóticos tiene su más violenta expresión en México. Destaca que los consumidores estadunidenses impulsan ese proceso al gastar millones de millones de dólares al año en cocaína, mariguana, heroína y drogas sintéticas, muchas de las cuales se producen o transitan por México.

El especialista hace notar que Estados Unidos ha tenido un éxito mediano al reducir la amenaza del tráfico de drogas a un asunto de aplicación local de la ley y de salud pública. Entretanto, confirma, la enorme demanda estadunidense por drogas ilegales tiene un impacto real en la alimentación de la violencia en México y Centroamérica, además de que exacerba la corrupción en esa frontera Sur.

Ese trabajo revela que lo peor de la violencia se concentra en zonas específicas de México. Shirk cita análisis recientes del IT que muestran cómo la violencia relacionada con las drogas se agrupa en seis estados donde ocurrió el 56 por ciento de los asesinatos en los primeros ocho meses de 2010.

En promedio, cada semana hay 97 asesinatos relacionados con las drogas, 51 más de los ocurridos en 2009. En contraste, la tasa general de homicidios de México se estima en casi 15 por cada 100 mil habitantes, debajo del promedio para América Latina. Algunos estados de México no sufrieron ninguna o muy pocas muertes relacionadas con drogas en 2009.

Responsabilidad compartida

Eric Olson, asociado sénior del WWC y coeditor del informe, explica que la responsabilidad de los dos países en materia de seguridad se expresa en varios frentes simultáneos: atender la adicción en Estados Unidos, construir sólidas fuerzas legales e instituciones judiciales en México, así como impulsar la cooperación en materia legal para interrumpir las operaciones financieras de los traficantes.

Las estrategias que emplea cada país bajo la noción de “responsabilidad compartida”, que frecuentemente enfatizan los políticos en ambos países, tienen como centro la Iniciativa Mérida. El coeditor del informe del WWC e IT destaca que esa estrategia es un “subproducto del nuevo marco binacional; pero sólo es un elemento, aunque significativo, de un compromiso mayor que pasa por un amplio rango de agencias federales, estatales y locales que trabajan para atender los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países”.

Indica que la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México aumentó dramáticamente a partir de la Iniciativa Mérida ­–la estrategia que comenzó en octubre de 2007 entre ambos países y con algunas naciones centroamericanas y del Caribe–. La Iniciativa Mérida se diseñó para fortalecer la cooperación y “construir la confianza” entre Estados Unidos con los países de la región para mejorar el combate contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, subraya Olson.

El informe señala que la cooperación binacional se sostiene en los llamados “cuatro pilares” de la nueva etapa de la Iniciativa Mérida: desmantelar las organizaciones criminales, fortalecer las instituciones de aplicación de la ley, construir la llamada “frontera del siglo XXI” y construir comunidades fuertes y con capacidad de recuperación.

Sin embargo, los coeditores de este estudio y los propios artículos de los analistas evidencian que esa estrategia fracasó porque no logró comprometer a la sociedad civil en su respaldo a las acciones institucionales. Asimismo, no logró proporcionar claridad sobre los objetivos de esa estrategia. Esa falta de transparencia, señalan, exacerbó la falta de confianza de la sociedad en sus propias autoridades.

Contrabando y lavado de dinero

Douglas Farah, autor del capítulo “Lavado de dinero y contrabando de dinero en efectivo: desafíos para la Iniciativa Mérida”, del informe, describe los rápidos y variantes métodos que utiliza el crimen organizado para mover sus beneficios ilegales. Ahí, destaca la particular importancia de embarques de dinero en efectivo hacia las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

Aunque Estados Unidos y México concuerdan en cortar el flujo de dinero, prácticamente no hay fondos en la Iniciativa Mérida designados para esa tarea; además de que hay pocos datos disponibles en ambos países sobre la cantidad de dinero que se mueve y pocos esfuerzos para rastrear el movimiento de fondos.

Cuando las organizaciones mexicanas del narcotráfico desplazaron a las colombianas, lograron cosechar altos márgenes de ganancias. Esos beneficios representan una competencia que obliga a los narcotraficantes a gastar sus recursos en más equipo y en mantener sus crecientes operaciones armadas para protegerse de sus adversarios: el Estado y otras organizaciones delictivas.

Hasta ahora, no hay estimaciones confiables sobre el monto del contrabando de dinero en efectivo. Lo que sí es evidente, apunta el autor, es que generalmente ese efectivo pasa la frontera hacia México oculto en la cajuela de automóviles o camiones de carga. Las ganancias por la venta de drogas y otras actividades ilegales cometidas en Estados Unidos se preparan para su viaje a México en “casas centrales” de los condados de ciudades estadunidenses, como Atlanta, Boston y Los Ángeles, reseña Farah.

Ahí, el dinero en efectivo se cambia por billetes de baja denominación (50 o 100 dólares) y se forman paquetes que se sellan al vacío en pilas que rellenan compartimentos secretos del automóvil. Es común que los embarques no sean mayores a 500 mil dólares, para que en caso de que un vehículo sea detectado por la policía, la pérdida no sea significativa.

Con aproximadamente 150 millones de vehículos que cruzan la frontera Norte al año y con menos del 10 por ciento de esos automotores sometidos a una meticulosa revisión secundaria, ese método de baja tecnología para mover el dinero sucio resulta “eficiente y casi imparable”, señala Farah.

México, contra el lavado

Douglas Farah manifiesta que para enfrentar ese trasiego de dinero en efectivo Estados Unidos, recurre tanto a los medios del Departamento del Tesoro, particularmente la Red de Leyes contra Crímenes Financieros, como a los de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros.

En materia de inteligencia para prevenir este delito, el gobierno estadunidense sólo apela a la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés). Farah indica que el panorama para esa dependencia se complica cuando entran en juego las competencias del Departamento de Seguridad de la Patria y otras partes del gobierno.

La cooperación binacional para enfrentar el lavado de dinero en México tiene varias modalidades. El informe del WWC revela que la embajada estadunidense en México coordina un “estudio multiagencias” para definir los parámetros del lavado de dinero del narcotráfico.

Éste será el primer estudio de su tipo en más de una década; muestra la necesidad creciente entre ambos países para desarrollar políticas más efectivas contra ese eslabón del crimen organizado.

Aunque el gobierno mexicano ha progresado al crear el marco legal que le permitirá dar un seguimiento más agresivo de las recaudaciones por el tráfico de drogas, Farah sostiene que hay muchos pendientes en materia judicial y que el trabajo que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “está lejos de ser adecuado”.

Con los datos vigentes al momento de realizar su estudio, el autor describe que el presupuesto de la UIF es de apenas 0.3 por ciento, lo que representa 7.1 millones de pesos del presupuesto de esa dependencia y que “es menos que el del departamento de relaciones públicas de la Secretaría”.

Hay indicios de que esta situación cambiará. Bajo la actual etapa de la Iniciativa Mérida, la UIF recibirá 5 millones en asistencia. Además, la Red contra Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro estadunidense ya intensificó su relación con esa unidad para mejorar y modernizar sus capacidades.

Asimismo, ya existe un intercambio de personal entre ambos órganos para vigilar los flujos en efectivo; aún así, señala el artículo, el número de investigaciones en curso es muy bajo. También es mínima la información que se comparte por la vía institucional, particularmente entre la UIF y la Procuraduría General de la República.

Con estadísticas de la UIF, Farah refiere que, entre 2005 y 2009, se reportaron 248 mil 625 actividades financieras “inusuales”, lo que significa que fueron movimientos superiores a 10 mil pesos que no se contabilizaron como normales. Con base en datos de la UIF de 2009, Farah explica que, de ese universo, sólo 741 se consideraron como “preocupantes” y merecieron investigación posterior.

Inteligencia y fortalecimiento de la ley

El capítulo “Estados Unidos-México, colaboración en seguridad: compartiendo inteligencia y aplicación de la ley” refiere que compartir inteligencia es una tarea muy difícil. Sigrid Arzt, autora de este trabajo y exsecretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional de México, admite que es natural que los funcionarios protejan la información sensitiva que reúnen de potenciales filtraciones o mal uso.

Sin embargo, dice, detrás de la normalización de los procedimientos para profesionalizar a las instituciones de seguridad mexicanas, está el interés por “construir la confianza entre los jefes de las agencias y los funcionarios de ambos lados de la frontera”.

La internacionalista y experta en prevención de violencia en zonas urbano-marginadas identifica en su texto tres categorías en los mecanismos de cooperación que existen entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia y aplicación de la ley: los primeros, a partir de los “acuerdos institucionales”, que, entre otros, son memorandos de entendimiento o tratados de extradición.

Otro mecanismo se traduce en lo que Arzt clasifica como liderazgo y relaciones personales. Explica que actores clave de la administración de Felipe Calderón, como Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, y, en su momento, Eduardo Medina Mora, exprocurador General de la República, ingresaron a sus puestos como jugadores clave en la cooperación de seguridad binacional por su posición en las administraciones anteriores. Este factor da continuidad a la relación e inspira la confianza de sus contrapartes estadunidenses.

La tercera categoría es la de “normalizar los procedimientos e institucionalizar los programas”. Un ejemplo de esto se observó en 1997, cuando la DEA comenzó a trabajar en ese sentido con la Agencia Federal de Investigación. Esa colaboración se evidencia en el trabajo de las recientemente creadas Unidades Especiales de Inteligencia (SIU, por sus siglas en inglés).

Bajo la primera fase de la Iniciativa Mérida, se avanzó en compartir información y datos entre los dos países. Se crearon sistemas de coordinación de puntos, como los centros de fusión, que crean plataformas para compartir información, ya sea a través de las SIU o en los equipos de Fuerza de Trabajo de Seguridad Fronteriza.

Arzt refiere que pese a las dificultades que enfrenta actualmente esa cooperación binacional, la naturaleza trasnacional del desafío obliga a mejorar esa cooperación, así como la forma de compartir información entre los tres niveles de gobierno.

El doble discurso

Sobre el contenido del informe del Instituto México, del Centro Woodrow Wilson, y del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, la especialista en relaciones México-Estados Unidos, Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional, manifiesta que es un gran cambio en la relación binacional que Estados Unidos reconozca que su mercado para las drogas ilícitas es el motor para el tráfico.

Sostiene que “ellos sólo están diciendo lo obvio”, pues, en el sentido estricto, esta “terrible confesión” no cambió esa relación entre los dos países y mucho menos ha conducido a una situación en la que existan obligaciones y responsabilidades mutuas.

Lo único que esa declaración trajo, apunta Carlsen, es que Estados Unidos se involucra cada vez más en las tareas de seguridad de México. “Lo que no vemos son compromisos fijos por parte de Estados Unidos para reducir la demanda. Hay programas para monitorear el tráfico de armas, pero no forman parte, por lo menos en las otras versiones de esa estrategia, de la Iniciativa Mérida”.

Además, “sólo están enfocados en saber de dónde viene un arma que ya probablemente ha matado a alguien. Esto es muy limitado en lo que se puede hacer para cambiar la situación”. Tampoco se observan compromisos para atacar la corrupción “que tiene que existir” para que las drogas y armas pasen por la frontera de México y Estados Unidos.

La también especialista en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford señala que los operativos que se emprenden eventualmente en Estados Unidos están enfocados en los mexicanos; sin embargo, se conoce poco de lo que se hace con las redes de narcotráfico en aquel país y que no sólo son de mexicanos. También son un “montón” de estadunidenses involucrados en este tema.

Destaca que ninguno de los dos países ha hecho un esfuerzo serio contra el lavado de dinero y el manejo de estas fortunas derivadas del narcotráfico.

“Si esta fase no se ataca, todo el discurso del combate contra el narcotráfico se convierte en un doble discurso e hipocresía, ya que sólo ataca a capos o figuras seleccionadas, no a todos, y, finalmente, a gente de muy bajo nivel –incluyendo a jóvenes recién reclutados–, sin afectar a la estructura del negocio clandestino”, manifiesta.

Laura Carlsen observa que 2011 será un escenario complicado en la lucha de ambos países contra la delincuencia organizada.

La asociación a la que Carlsen pertenece propone, como otras de derechos humanos y defensoras de la autodeterminación, que cada país (México y Estados Unidos) enfoque sus esfuerzos en la parte del crimen organizado trasnacional que le corresponde. Anticipa que existen posibilidades de avanzar porque el gobierno estadunidense vive una situación tal que deberá recortar los recursos destinados a la ayuda extranjera en general.

Opina que las fuerzas conservadoras tienen serias críticas a los resultados de la ayuda a México. Ahí es donde está el punto crítico, ya que las fuerzas más radicales dentro de Estados Unidos sostienen que México no merece su ayuda.

Cuando Hillary Clinton habla de narcoinsurgencia, probablemente es una señal de que van a volver a asignar más recursos a las fuerzas policiales y militares. Está creando una imagen de urgencia y de lo que se conoce como “exageración de riesgos”, que en la historia de la política exterior de Estados Unidos ha sido propicia para una ofensiva de intervención y militarización.

Impunidad contra la libertad de expresión

El capítulo del informe “Protegiendo la libertad de prensa en un ambiente de violencia e impunidad”, de la periodista mexicana Dolia Estévez, explica que desde que Felipe Calderón lanzó la “guerra contra las drogas” a finales de 2006, los reporteros han sido “más asesinados y atacados que nunca antes”.

México desplazó a Colombia como el país más peligroso en América Latina para los reporteros y la práctica del periodismo. La mayoría de los crímenes contra periodistas están irresueltos. La autocensura se expande en muchas partes del país por temor a perder la vida.

El gobierno estadunidense está advertido de los peligros que enfrentan los reporteros al tratar de hacer su trabajo en México. Pese a tal reconocimiento, lamenta la autora, proteger a la prensa libre en México no es una preocupación en la agenda bilateral.

Nuevos métodos para el trasiego financiero

• El cambio digital de moneda puede ser utilizado por los traficantes para establecer cuentas en fondos anónimos digitales y enviarlos hacia otras cuentas digitales en todo el mundo por cantidades ilimitadas. Este recurso evade las regulaciones internacionales de vigilancia.
• Los pagos móviles por teléfonos celulares proveen a los traficantes de acceso remoto a mecanismos de pago, como las cuentas bancarias de tarjetas de crédito y tarjetas de prepago. Existen más de 200 sistemas, como el PayPal, que permiten que el pago se haga a través de servidores seguros por internet. PayPal ha sido elogiado por cumplir con la ley y su estricta revisión de transacciones sospechosas.
• Los juegos de roles en línea o mundos virtuales, donde el dinero en juego puede intercambiarse por monedas del mundo real. Esto puede permitir a los traficantes de drogas “legitimar” sus ingresos a través de cuentas establecidas en compañías de juego en línea de varias formas, como la aceptación de dinero virtual a cambio de drogas o comprar y vender bienes virtuales entre múltiples cuentas controladas por ellos o sus asociados, en una versión cibernética de lavado de dinero con base en el comercio.

Fuente: Douglas Farah