Como estrategia de la “guerra” calderonista se identifica hoy la operación de comandos de corte paramilitar que aparecen realizando acciones de alto impacto, como el confinamiento de cadáveres en la zona vip de Veracruz, a medida que crece la desaprobación pública ante la ineficacia de la estrategia oficial de los cinco años en que la administración de Felipe Calderón ha librado su cruzada contra el narcotráfico.

 

“El objetivo principal del paramilitarismo es enfrentar a [la] población civil, controlarla mediante la táctica de terror, por eso ahora es tan conveniente ante la falta de credibilidad que hay en la ‘guerra’ de Calderón”, explica el escritor Carlos Fazio, autor de El tercer vínculo: de la teoría del caos a la militarización, donde analiza el proceso de militarización y paramilitarización en México y el uso de mercenarios en la narcoguerra.

 

El senador Ricardo Monreal Ávila cuenta que, en una comparecencia privada con el gabinete federal de seguridad, le preguntó a un alto funcionario los criterios oficiales con los que clasifican a los civiles ejecutados, específicamente cómo determinaron que el 90 por ciento de los muertos que se contabilizaban como saldo de la “guerra” calderonista eran delincuentes y el resto víctimas colaterales, y cómo identificaban a qué organización pertenecían. Que si acaso era el resultado de las averiguaciones previas.

 

El funcionario le respondió que sólo se habían iniciado las averiguaciones previas del 10 por ciento de casos, en el resto deslindó la responsabilidad del gobierno federal y argumentó que quizá las procuradurías estatales tendrían la información correspondiente.

 

En consecuencia, en septiembre de 2010, el Senado de la República le solicitó al gobierno de Calderón, por conducto de la Secretaría de Gobernación, un informe oficial sobre la existencia y actuación en México de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte o “grupos de limpieza”. La Secretaría respondió que el gobierno federal “no tiene registro alguno de la existencia y operación de grupos de este tipo”.

 

Sin embargo, el senador Monreal relaciona la operación de grupos paramilitares en ejecuciones, secuestros, levantones y extorsiones que ocurren a lo largo y ancho del país.

 

El Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos identificó la operación en México de grupos paramilitares vinculados con los cárteles del narcotráfico, como “parte de la tercera generación del crimen”. Una “transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo, a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”.

 

El término paramilitar se relaciona con civiles entrenados por fuerzas militares o algún órgano de seguridad del Estado, con el objetivo de amenazar, atacar o asesinar a grupos u organizaciones que se oponen al gobierno. “El paramilitarismo también es una cara civil que utiliza el gobierno para llevar a cabo acciones de alto impacto para generar el terror, porque si éstas las cometen las fuerzas de seguridad del Estado, éste puede ser enjuiciado por dicha acción extralegal”, explica Fazio, experto en temas de la guerrilla y militarización. Quien encuentra en el paramilitarismo en Guatemala, en la década de 1960, similitudes con lo que ocurre en México hoy, bajo la fórmula de “demagogia más terror”.

 

Guatemala es identificado como el primer laboratorio de guerra sucia o paramilitarismo en América Latina. Allí, los escuadrones de la muerte fueron parte esencial y planificada de la contrainsurgencia operada por militares estadunidenses y guatemaltecos entrenados por Estados Unidos; estrategias que antes los franceses habían ensayado en Argelia.

 

“Parte de los elementos de lo que ocurría en la década de 1960 en Guatemala están presentes en el México de 2011, la diferencia es que acá no hay guerrilla, pero la ?guerra’ de Calderón ha sido instrumentada bajo la pantalla de ?guerra’ contra las drogas, y como ocurrió en Argentina o Uruguay, el Ejército creaba una estructura paralela, que se conoció como La teoría de los 12 monos extremos, y en medio aparecía el Estado como salvador, al poner orden.

 

“Eso mismo se experimentó en México, en Chiapas con el levantamiento zapatista. A través de la VII Región Militar, con el general Renán Castillo, se crearon grupos paramilitares que enfrentaban al zapatismo para que el Ejército apareciera luego, o el Estado a través del Ejército, mediando en esa guerra entre los dos extremos.

 

Es lo que se puede ver ahora en el caso de Los Matazetas: una estructura ligada a una corporación estatal que se enfrenta a Los Zetas, a los que desde el gobierno se les atribuyen los crímenes más violentos. Y aparece luego la Marina deteniendo a los primeros.

 

“Hay que considerar que como esto es una ‘guerra’ y forma parte de una guerra sucia, hay que partir de otro elemento clave; los medios de comunicación masivos, a través de los cuales se desarrolla una guerra sicológica, ésta incluye también propaganda negra. Como parte de su estrategia, durante su ?guerra’ Calderón, como principal protagonista, ha logrado posesionar ésta en los medios y construir una historia en torno a la fuerza de los cárteles. La estrategia del gobierno ha sido tan efectiva que éstos se matan entre ellos, que son pleitos de pandillas –como los jóvenes de Villas de Salvárcar–, o que son disputas de cárteles contra cárteles y de sicarios contra sicarios.

 

“Ése era el gran montaje que había mantenido durante cuatro años y medio hasta que apareció un Sicilia y comienza, a partir de su dolor, a visibilizar a esas víctimas, a revisar quiénes eran y por qué el gobierno los metió a todos en la categoría de sicarios, pandilleros y gente de cárteles. Y hoy aparecen sus familiares, y con elementos denuncian que antes de aparecer muertos, fueron capturados en la vía pública por elementos del Ejército o de la Marina o de la Policía Federal”.

 

 

En septiembre pasado, la vocera del gobierno federal Alejandra Sota rechazó la existencia de paramilitares en México, cerrando, por lo menos en el discurso oficial, la posibilidad de investigar ejecuciones y masacres que se atribuyen a grupos de esta clase.

 

“Las mentiras de Calderón en su ?guerra’ son como las de [George] Bush en Irak”, así compara Fazio el rechazo oficial del gobierno de la operación de grupos de corte paramilitar en el país. “El gobierno dijo que había armas de destrucción masiva y al final reconocieron que había sido una mentira. Si aplicamos este mecanismo en el marco de la ?guerra’ de Calderón, parte de la información que generan las oficinas de gobierno para que la difunda la prensa, están montadas en mentiras, como el caso de Los Matazetas, justo cuando la prensa  afín a su gobierno dijo que la operación de ese tipo de comandos no son la solución al problema, apareció la Marina capturando a los presuntos Matazetas.”

 

“En su discurso, Los Matazetas hablan de ‘mugrosos’, pero no es una terminología que se utilize entre cárteles. Normalmente los escuadrones de la muerte, los grupos de limpieza social están dirigidos a acabar con la escoria social. Lo hicieron en las favelas de Brasil, Guatemala, Colombia, y todo eso se opera en los sótanos de los servicios de seguridad. Aunque lo hacen contra una parte de la criminalidad, también pueden ser un gran ensayo para generar terror para quienes por la vía política se oponen al gobierno.

 

“En este escenario de la ?guerra’ de Calderón, justamente el gobierno por vía paralela plantea la Ley de Seguridad Nacional o le adiciona elementos nuevos que constituye una contrarreforma en el sentido de que quiere legalizar el estado de excepción impuesto desde comienzos de 2007, en el marco de la ?guerra’ calderonista. Me recuerda lo que se hizo durante las dictaduras en Argentina o Uruguay, donde la fase previa o posterior al golpe de Estado se plantearon circunstancias como se observan hoy en México”.

 

La operación paramilitar o de escuadrones de la muerte ha sido advertida en Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León. En esta última entidad fue el propio alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, el que ventiló la operación de grupos a los que identificó como “Los Rudos”, contratados para frenar a los grupos criminales vinculados a los cárteles.

En Juárez, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, refiere la posibilidad de que ese tipo de grupos puedan ser responsables de masacres cuyo fin se advierte como de limpieza social. Es importante referir que muchos de esos ataques a jóvenes de zonas marginadas principalmente, ocurrieron en una ciudad prácticamente militarizada, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.

 

En varias regiones de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua empresarios e industriales han hecho suya la idea del alcalde de San Pedro, de contratar grupos armados, que no son precisamente empresas de seguridad privada, para cuidarse las espaldas, sus negocios y eventualmente cobrarse por cuenta propia agravios como secuestros o extorsiones. Algunos de estos grupos les ofrecen hasta supuestos maras entrenados con estrategias kaibiles.

 

 

La administración de Vicente Fox no estuvo exenta de la operación de organizaciones de corte paramilitar en acciones para minar movimientos como el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que a raíz del conflicto magisterial en 2006 aglutinó a 350 organizaciones no gubernamentales y miles de ciudadanos de la sociedad civil que, entre otras demandas, exigían la salida del exgobernador Ulises Ruiz.

 

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) documentó cómo, paralelamente a la ocupación de tropas de la Policía Federal Preventiva, surgieron grupos de corte paramilitar, que por las noches tiroteaban las barricadas, con rifles de asalto, escuadras y revólvers, sin importarles que las guardias nocturnas las hacían por igual mujeres y niños. A estos grupos se les atribuyen homicidios como el de Bradley Roland Will, reportero y camarógrafo neoyorquino de Indymedia.

 

En los pueblos más pobres de la mixteca oaxaqueña también fueron asesinados indígenas y activistas identificados como integrantes de la APPO. La Limeddh documentó cómo la acción de los grupos paramilitares no sólo era contra integrantes de la Asamblea, sino contra la población oaxaqueña, como secuestros y agresiones armadas, enfocada a crear un clima de terror y el rechazo de la sociedad a la Asamblea.

 

Al cabo del tiempo, diversas auditorías realizadas a la administración de Ruiz darían la razón a los integrantes de la APPO: había malversación de recursos públicos, sólo que a la Asamblea le costó la muerte de varios de sus integrantes a manos de los grupos paramilitares, entre quienes figuraban policías vestidos de civil y otros que recibieron, allí mismo en Oaxaca, entrenamiento de las fuerzas federales.

 

 

Una acusación por su supuesta responsabilidad en el asesinato de los 45 indígenas tzotziles de Acteal en diciembre de 1997 a manos de paramilitares, tiene al expresidente Ernesto Zedillo en el banquillo de los acusados.

 

Durante los próximos meses, en una corte de Connecticut, se le enjuiciara por el “soporte y ayuda de las Fuerzas Armadas de México a grupos paramilitares”, que derivaron en la ejecución masiva, aquel 22 de diciembre, en el poblado del municipio de Chenalhó, Chiapas, según el caso 3:11−CV−01433−AWT, abierto el pasado 16 de septiembre.

 

Se trata de la primera ocasión en que un jefe de Estado mexicano es llevado a tribunales por acciones atribuidas a grupos paramilitares. Los 45 asesinados eran desplazados de otras comunidades de Chenalhó, que se refugiaron en Acteal por el acoso, agresiones y ataques de los paramilitares, debido a su simpatía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

 

La masacre fue calificada por organizaciones como Amnistía Internacional como uno de los hechos más atroces en la historia de México. Entonces, como ahora, el gobierno federal negó la existencia de grupos paramilitares, alertada desde 1995, es decir, dos años antes de la matanza, por observadores y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

 

A partir de febrero de 1995, a la par de la ocupación militar del Estado, en las zonas Norte y Altos de Chiapas comenzó un proceso de paramilitarización, que incluyó la organización, entrenamiento, armamento y manutención de grupos civiles y políticos, particularmente de militancia priísta e incluso, como en el caso de la organización Paz y Justicia, liderados por un exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional, Samuel Sánchez Sánchez, legislador con fusil R-15 al hombro.

 

La paramilitarización fue identificada por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internaciones, la Iglesia Católica y por observadores expertos en temas de guerrilla, como un instrumento para hacer “el trabajo sucio” a las Fuerzas Armadas en la zona de conflicto.

 

El municipio de Tila fue considerado como un “laboratorio” de la paramilitarización, sin embargo, a medida que avanzó la presencia del Ejército Mexicano, surgieron también grupos de esta clase en Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua. La razón fue por los adeptos –simpatizantes y bases de apoyo– que el EZLN había logrado en la zona, “por lo que el gobierno inicia con la paramilitarización en Tila”, documentó el Centro de Información Económica y Política de Acción Comunitaria.

 

Entre 1995 y 2001 operaron en Chiapas 19 organizaciones de corte paramilitar, con la consigna de minar la actuación del EZLN. Grupos como Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Mira, Los Degolladores y Tomás Munzer, protagonizaron cruentos homicidios, lesiones, emboscadas, desapariciones y el desplazamiento de miles de personas, particularmente simpatizantes del EZLN. El ataque más sanguinario fue, precisamente la masacre de Acteal.

 

Organizaciones internacionales como Global Exchange determinaron que la presencia de paramilitares en Chiapas estaba plenamente comprobada desde 1995, sin embargo, entonces, como ocurre ahora, la respuesta del Ejecutivo fue la negación oficial, con la que prácticamente le dio carta blanca a esas organizaciones, cuyo nivel de ataques fue en incremento. Basta leer la relatoría de hechos que precedieron a la matanza de Acteal, integrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 1/98, para deducir que aquella fue un exterminio sobradamente advertido.

 

Aunque oficialmente nunca se reconoció la existencia y operación de paramilitares, pocos meses antes de concluir su gobierno, la administración de Zedillo, creó, en abril de 2000, la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, que operó hasta diciembre de 2002, con el eufemismo de investigar y consignar a “probables grupos civiles armados”.

 

Poco resultados tuvo, algunas consignaciones de integrantes de distintos grupos “civiles armados”. Las víctimas y deudos consideraron que la justicia no se aplicó, por ello, representados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, los sobrevivientes y deudos llevaron el caso Acteal a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se desahoga actualmente la queja, con la posibilidad de que la Corte pueda atraer el caso.

 

Además, la demanda que abogados estadunidenses promovieron en la corte de Connecticut en contra de Zedillo, un litigio del que por cierto, se deslindaron los deudos y sobrevivientes de la masacre de Acteal, pero al que las autoridades estadunidenses ya dieron curso. De manera que el expresidente pasará, por lo menos un par de años, respondiendo a las acusaciones judiciales en su contra, precisamente ahora que en México se respiran nuevos aires de actuaciones de corte paramilitar.

 

En los últimos años del régimen priísta en el gobierno federal, Amnistía Internacional le exigía al jefe de Estado investigar la actuación paramilitar en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, de grupos vinculados de ese perfil a ataques no sólo contra la guerrilla, sino contra activistas, defensores de derechos humanos y la sociedad civil.

 

En aquellos tiempos priístas, el paramilitarismo fue aplicado como parte de una estrategia de guerra irregular contrainsurgente “dirigida incluso contra la población civil”, como documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas: “En un contexto de guerra en el que las acciones paramilitares fueron clave en la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano. La población civil, al ser la más vulnerable, resultó seriamente afectada por esa guerra de baja intensidad caracterizada por el terror, la violencia y la sistemática violación a los derechos humanos”.

 

 

[RECUADRO 1]

 

 

El rechazo oficial de la existencia de grupos de corte paramilitar –pese a la aparición masiva de cuerpos ejecutados–, y con ello la negativa a esclarecer su origen y operación, coloca en una situación de inminente riesgo a la población civil, consideran organizaciones de derechos humanos.

 

La falta de investigación, planteó el senador Ricardo Monreal, podrá generar más ataques hacia la población civil. Algunos legisladores de la Comisión de Justicia han llevado al Senado información que refiere que los grupos paramilitares que operan en tiempos de Felipe Calderón son de un perfil similar a los que comenzaron a maniobrar en Colombia desde la década de 1970, creados por el gobierno para minar a la guerrilla, pero que al cabo de los años se enrolaron en la mafia particularmente en actividades de narcotráfico y secuestros.

 

Casos como los recientes hechos de Veracruz, en los que hay señalamientos de la supuesta participación de elementos del Estado de realizar detenciones de personas a las que después entregan a grupos de la delincuencia organizada o que directamente participan en actividades de bandas criminales, es razón suficiente para que el gobierno investigue la posible existencia de paramilitares, pues de lo contrario sólo se alienta sus acciones.

 

Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explica: “Evidentemente en otros contextos la presencia de grupos paramilitares ha tenido un altísimo impacto y un agravamiento de violaciones a los derechos humanos de la población por dos aspectos: primero, porque se difumina la responsabilidad del Estado en tanto son particulares que actúan con la colaboración de agentes del Estado, pero generalmente se tiende a difuminar el vínculo entre lo particular y lo institucional como sucedió históricamente en Colombia. Y segundo, porque se intenta justificar el hecho mediante un discurso, de ‘necesariedad’, frente al hartazgo de la sociedad respecto de la violencia generada por la delincuencia organizada o delincuencia común”.

A partir de que el gobierno colombiano negó reiteradamente su existencia, los paramilitares se fortalecieron y ganaron tal poderío con operaciones y ataques contra la población civil, que Colombia prácticamente se convirtió en un paraíso para los paras (como coloquialmente los identifican los colombianos). Y al amparo de esa impunidad detonó también el sicariato; bajo la lógica de que auspiciados por el gobierno, los paras mataban, cualquiera lo hacía.

 

Precisamente, con el caso colombiano como referencia, Gutiérrez ejemplifica los riesgos de que la autoridad se niegue a reconocer oficialmente la existencia de esos grupos: “En países como Colombia, donde se consolidó y configuró la presencia de paramilitares, el discurso institucional fue de negación del fenómeno y tolerancia a sus acciones, lo cual generó gravísimas situaciones de violaciones a los derechos humanos. Porque cuando hay esa negativa pero sin investigar, la sociedad está sometida a una situación gravísima de inseguridad y de inestabilidad jurídica”.

 

 

 

[RECUADRO 2]

 

 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no deja fuera la posibilidad de que Felipe Calderón pudiera ser acusado ante tribunales internacionales por las masacres ocurridas en su administración, algunas de éstas atribuidas a grupos de corte paramilitar o escuadrones de la muerte.

 

El Movimiento No Más Sangre, cuyos integrantes promueven, junto con académicos, juristas, periodistas y organizaciones no gubernamentales, una demanda en contra de Calderón, ante la Corte Penal Internacional, que será presentada el próximo 25 de noviembre, estiman que en la “guerra” de Calderón han sido asesinadas 50 mil personas, hay más de 10 mil desaparecidos y 230 mil desplazados.

 

Gutiérrez destaca algunos elementos por los que el gobierno de Calderón allana su camino ante instancias internacionales como la CIDH:

 

“Evidentemente, la inacción o la omisión del Estado de investigar la posible creación de estructuras criminales de perfil paramilitar, genera una responsabilidad nacional y especialmente internacional. En este sentido es que la Corte Interamericana ha venido condenando a gobiernos en [los] casos donde se establece que su responsabilidad no solamente se configura por la acción ilegal de agentes del Estado, sino también por la omisión, en la ausencia de investigación cuando particulares realizan afectaciones graves y violan los derechos humanos; y en la negligencia de combatir la existencia de esos grupos criminales.

 

“De manera que, si se llegase a realizar una omisión, esto configuraría un problema de responsabilidad internacional muy fuerte para el Estado mexicano. Evidentemente implicaría un estándar de prueba en el que se demuestre que claramente la complicidad tanto en la estructuración de los grupos como en la existencia de una política institucional.”

 

 

Colombia y Guatemala son dos de los Estados condenados por la Corte Interamericana en masacres atribuidas a grupos de corte paramilitar, escuadrones de la muerte y los llamados “grupos de exterminio”. La CIDH encontró responsabilidad ya fuera por acción o por omisión.

 

Un caso que de acuerdo con los criterios internacionales sería de jurisprudencia para México, es La Masacre de la Rochela, en la que en 1989 una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y militares asesinaron a 12 personas, la mayoría funcionarios judiciales, que habían llegado al municipio de Simacota a investigar la masacre de 19 comerciantes, ocurrida dos años antes.

 

La CIDH condenó al Estado colombiano bajo el siguiente criterio: “El Estado permitió la colaboración y participación de particulares en la realización de ciertas funciones (tales como patrullaje de zonas de orden público, al utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o en el desarrollo de actividades de inteligencia militar), que por lo general son de competencia exclusiva del Estado y donde éste adquiere una especial función de garante. En consecuencia, éste es directamente responsable, tanto por acción como por omisión, de todo lo que hagan estos particulares en ejercicio de dichas funciones, más aún si se tiene en cuenta que los particulares no están sometidos al escrutinio estricto que pesa sobre un funcionario público respecto al ejercicio de sus funciones.

 

“Fue de tal magnitud esta situación en la que particulares colaboraron en el desarrollo de dichas funciones, que cuando el Estado trató de adoptar las medidas para enfrentar el desborde en la actuación de los grupos paramilitares, éstos, con el apoyo de agentes estatales, atentaron contra los funcionarios judiciales.”

 

En el caso de Guatemala se le condenó por las masacres atribuidas a escuadrones de la muerte que comenzaron a operar en el gobierno del general Efraín Ríos Montt. La CIDH identificó que “el mayor problema que confronta Guatemala en materia de derechos humanos es el que se refiere a las constantes desapariciones de personas, la mayor parte de ellas previamente víctimas de secuestros, y de detenciones ilegales, atribuidas tanto a las fuerzas de seguridad como a los escuadrones de la muerte”.