En América Latina y El Caribe, 100 mil mujeres y niñas son víctimas de trata. Sin embargo, los países latinoamericanos carecen de políticas públicas dirigidas a combatir el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Mientras más mujeres y niñas son captadas por traficantes, la desigualdad, la indiferencia, la victimización y la criminalización trastocan la visión del fenómeno, imposibilitando encontrar su posible solución, señalan activistas
Belén trabajaba como recepcionista en un hotel de Caracas, Venezuela, cuando se enamoró de Daniel, un hombre que parecía cariñoso y considerado. Por amor, ella lo siguió hasta Nueva York, Estados Unidos, sin imaginar que él pertenecía a una red de trata de mujeres. Con el pretexto de cuidarlos, Daniel y su prima Sandra le quitaron dinero y documentos. A ella la mantuvieron encerrada en el sótano de su apartamento por tres años.
Daniel le pedía a Belén que le ayudara a pagar una deuda que tenía con Sandra. Mientras él se convirtió en el captor bueno, Sandra jugó a ser la mala al exigir su dinero. Chantajeada, Belén fue llevada a un burdel de Queens para pagar la deuda. En la primera noche, se vio obligada a tener sexo con 19 hombres, uno después del otro. Por los siguientes tres años, fue llevada a otros burdeles en Nueva York.
Lejos de rescatarla, la policía la extorsionaba con sexo. Belén atestiguó el asesinato de su mejor amiga, Annie, una joven de República Dominicana que murió a manos de un cliente que ella rechazó. Belén identificó al asesino y colaboró con las investigaciones. Nadie en la policía se interesó por preguntarle en qué circunstancias habían llegado a ese burdel. Se le tildó de prostituta, sin reconocer que era una víctima de trata.
La experiencia de Belén se repite entre las víctimas de trata con fines de explotación sexual que son rescatadas por el Centro de Servicios Legales del Santuario para Familias de Nueva York. La mayoría de mujeres que recibe es latinoamericana, señala su directora Dorchen Leindholdt. Un alto porcentaje, advierte, es mujer proveniente de Tenancingo, Tlaxcala.
Cada año en Estados Unidos, 17 mil personas son traficadas, según la Agencia Federal de Investigación. En un 80 por ciento son mujeres y niñas que provienen de Latinoamérica, Asia y Europa del Este. De ellas, el 70 por ciento es traficado con fines de explotación sexual. La edad promedio para comenzar a ser víctimas de trata es de 13 años.
La cantidad no incluye las prácticas de trata disfrazada, como la promoción de novias por internet para contraer matrimonio. Al país estadunidense, son llevadas hasta 14 mil 500 novias al año, que generalmente son originarias de países pobres para ser sometidas a explotación sexual.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, ordena que los Estados parte establezcan políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras a prevenir y combatir la trata de personas y proteger a las víctimas, especialmente mujeres y niños contra un nuevo riesgo de victimización.
En América Latina y El Caribe, cada año cerca de 100 mil mujeres y niñas son víctimas de trata; sin embargo, “no hay legislación ni política pública específica para combatirla”.
En el marco del Segundo Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, activistas advierten que prevalece la desigualdad de género, la indiferencia, la victimización, la criminalización y la falsa percepción de que las mujeres consienten ser explotadas como elementos que no permiten comprender el fenómeno ni encontrar su posible solución. La trata, dicen, es un problema de género.
Mujeres y niñas cosificadas
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer considera la trata de mujeres como una forma de desigualdad de género. Marcela Lagarde, presidenta de la Red por la Vida y la Libertad de las Mujeres, explica: “El fenómeno no podría explicarse en un mundo en que no hubiese dominación, enajenación sexual, situaciones oprobiosas de discriminación y el sobrepoder de los hombres que se benefician de consumir mujeres como objetos”.
Al respecto, Dorchen Leindholdt, cofundadora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, comenta que hay una relación entre la violencia doméstica y la trata con fines de explotación sexual. Igual que los abusadores, los tratantes ejercen el poder sobre mujeres y niñas, recurriendo a la coerción, las amenazas, las familias y el abuso sexual, físico, emocional y económico.
Amnistía Internacional describe que los tratantes perpetúan la tortura sicológica contra las mujeres a través del aislamiento, de la privación de sueño y comida, la posesión, la degradación, la humillación, los insultos, la negación de la privacidad, el uso forzado de drogas y alcohol, provocándoles estados alterados de conciencia y permitiéndoles creer que hay esperanza de que la tortura termine.
Los proxenetas, ejemplifica Leindholdt, utilizan reglas como que se les hable con respeto, diciéndoles “papi” al final de cada oración, o sellándolas con tatuajes como si fueran objetos de posesión.
La impulsora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Marcela Lagarde, comenta que la trata de mujeres y niñas tiene que ver con la violencia feminicida, pues está en riesgo su vida. “Las que no murieron son sobrevivientes; las otras no están aquí para contarlo”.
Es además, define, un tipo de violencia institucional porque el Estado no garantiza la libertad, los derechos humanos ni la ciudadanía de las mujeres. Aunque la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas establece que una comisión intersecretarial deberá recopilar datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva, en México se desconoce cuántas víctimas de trata existen.
Describe que el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio está vinculado con problemas que se articulan en la trata de mujeres y niñas. La pobreza, dice, tiene cada vez más rostro de mujer. Enfrentadas al analfabetismo y la desigualdad, mujeres y niñas están en riesgo de ser víctimas de trata.
La expresidenta de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados advierte que “la mayor parte de los delitos contra mujeres y niñas queda en la impunidad. Hay una justicia corrupta y coludida con intereses oprobiosos. Debemos exigir el fin de la impunidad”.
En opinión de la antropóloga, es necesario romper el paradigma patriarcal de género para promover la igualdad y autonomía de las mujeres. Expone que, incluyendo la perspectiva de género, se entiende a la trata no sólo como un hecho criminal, sino como el resultado de una complejidad social apabullante.
“La trata debe verse como un problema ligado a la enajenación que nos convierte a todas las mujeres en cuerpos cosificados, sin voluntad y sin conciencia, vendidos, traficados, explotados y desechados. Lo que queremos son cuerpos de mujeres que estén investidos de derechos y ciudadanía”, expresa.
Mujeres migrantes, vulnerables
El Instituto Canadiense de Investigación en Salud subraya que, ya que la lucha contra la trata se enfoca en el crimen organizado, las mujeres migrantes que ofrecen servicios sexuales enfrentan cargos penales o se les asigna una condición de víctimas desposeídas de toda capacidad de actuar.
Su investigación Espacios y condiciones de empoderamiento en la trata sexual y otras formas de explotación de mujeres migrantes: Estudio de casos en Perú y Bolivia, presentada durante el Segundo Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, recoge los testimonios de 29 mujeres migrantes dentro del comercio sexual en seis ciudades de ambos países. El 45 por ciento fue víctima de trata: madres, con una edad de entre 18 y 55 años, y ocho años de escolaridad.
Tres de ellas, originarias de la selva peruana, fueron reclutadas por la misma red de trata. Kora, de 20 años, ya había sido sometida a la trata. La primera vez no le permitían irse hasta que pagara su deuda. Ella escapó y fue reclutada nuevamente para trabajar en un club nocturno. Aceptó bajo la condición de no proveer ningún servicio sexual. Ahora trabaja como dama de compañía para ganar más dinero.
Ágata y Amanda fueron reclutadas con engaños. Sin saber lo que le esperaba, Ágata aceptó ser reclutada. A su familia le dijeron que ella sería niñera, mientras que ella, convencida por sus amigas, se trasladó a un club nocturno: “Miraba que se iban con los señores y regresaban al día siguiente. Yo quería regresarme; quería irme ese día”.
A Amanda le dijeron que las condiciones de trabajo serían muy diferentes: “El chico es mentiroso. Él, por lograr traer chicas, te lleva a la luna. Te dice: ‘Vas a tener mucho dinero’, pero no es así. Vine sin saber cómo es”.
Tamara migró, a los 15 años, a Argentina para realizar trabajos de agricultura. De vuelta en Bolivia, conoció a una señora que le aseguró que realizaría trabajo doméstico. Una vez en esa casa, le fue revelada la verdad. “Ella me invitó un vaso de gaseosa. Yo vi a las chicas en fila; estaban de minis y pintadas. Me dijo: ‘Aquí, si vos deseas, estás con el hombre y si no, podés hacer compás. Yo no te voy a obligar’”.
Para las autoras de la investigación, Chantal Robillard, Emilse Escobar y Marina Piazza, se necesita reconocer el derecho de las mujeres a exigir el goce y ejercicio de la ciudadanía en el comercio sexual. Califican de necesaria que las autoridades conozcan y se sensibilicen sobre las formas de trata y explotación sexual: “Deberían solicitar la participación de las propias mujeres y fortalecer los sistemas de apoyo social que se enfoquen en resarcir el daño y en sus historias de vida”.
Mujeres provenientes de Colombia y Ecuador son víctimas de trata con fines de explotación sexual en Perú. En los operativos policiacos a prostíbulos clandestinos, son sacadas desnudas, con violencia y maltratadas. Tammy Quintanilla, directora del Movimiento El Pozo de Perú, apunta que lejos de que existan políticas públicas que persigan al explotador y se investigue si son o no víctimas de trata, se ve a estas mujeres migrantes como un problema de seguridad ciudadana.
La denominada experta sobre trata de mujeres por la Dirección de Naciones Unidas para el Avance para la Mujer señala que el elemento común entre las víctimas es el desarraigo y que se les coloque en un contexto ajeno al suyo.
Menciona que, con violencia, amenazas y secuestros, las mujeres migrantes pueden ser víctimas de trata una vez que abandonan su lugar de origen o, por el contrario, ser engañadas antes de migrar y aceptar el traslado. Los tratantes se aprovechan de la vulnerabilidad originada por un contexto de falta de oportunidades, discriminación por origen, raza y género.
Señala que los derechos vulnerados de las migrantes víctimas de trata son el derecho a la autonomía económica, cuando sus oportunidades de trabajo son limitadas y el comercio sexual es el único modo de sobrevivir; el derecho a una sexualidad libre de violencia, cuando son sometidas a relaciones sexuales contra su voluntad, y el derecho a la ciudadanía al carecer de una identidad jurídica.
De esta manera, la también asesora del Congreso de la República del Perú explica que la victimización de las mujeres se da porque no hay ejercicio de la libertad ni acceso a la justicia. Aclara que es importante conocer si la actitud de resistencia cambia por una aceptación debido a la ausencia de opciones: “No es válida una elección entre ser explotada sexualmente o ser maltratada, ya que significa que no hay ejercicio de la libertad”.
En su opinión, se requieren políticas públicas creadas a partir de la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes para planificar y actuar en la mitigación de riesgos y eliminación de obstáculos que atraviesan, con el fin de prevenir y protegerlas de ser víctimas de trata. Subraya que es necesario desarrollar políticas específicas con enfoque de derechos y que ameriten exigir el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres por ser personas con derechos.
Necesario no victimizarlas
Martha Cecilia Ruiz, consultora responsable de la actualización y reelaboración del Plan Nacional contra la Trata de Personas de Ecuador, dice que es una tendencia el que las mujeres sean consideradas objetos forzados a dejar su lugar de origen para ser esclavizadas sexualmente: “Se les construye como víctimas sin capacidad de decisión. Un discurso que no sólo las objetiviza en el comercio sexual y justifica medidas proteccionistas y asistencialistas que no toman la voz, las necesidades y decisiones de estas mujeres”.
Indica que es permanente el señalamiento de que el crimen organizado trasnacional es la única causa en la trata de mujeres, desconociendo que hay factores múltiples que están detrás de la trata; entre ellos, la demanda sostenida de servicios sexuales, la precarización del mercado laboral y la falta de políticas migratorias preventivas y restrictivas que obligan a las mujeres a migrar de forma regular.
Desde el Estado, las mujeres son reducidas a un espacio de crimen organizado. Dicha concepción, dice, resulta muy estrecha para entender las experiencias complejas y diversas de las mujeres en el comercio sexual y la trata.
Observar el fenómeno únicamente así “puede justificar medidas represivas para las migraciones y otorgar un poder desmesurado al Estado para controlar y restringir las fronteras en nombre de la protección de las víctimas de trata”.
Luego de entrevistar a mujeres migrantes colombianas y peruanas en la provincia de El Oro, al Sur de Ecuador, Ruiz declara que las migrantes no se autodenominan trabajadoras sexuales, pero tampoco se consideran como esclavas sexuales o víctimas de la prostitución forzada.
Describe que gran parte de las mujeres resaltó que su migración fue un proceso autónomo y, una vez en Ecuador, se encontró con experiencias de abuso, explotación y discriminación. Fueron esas condiciones precarias las que las llevaron al comercio sexual. En la percepción de las mujeres entrevistadas, expone, el abuso está ligado a su condición de extranjeras y de migrantes indocumentadas.
“Seguir mirando a todas las mujeres exclusivamente como víctimas de trata y esclavas sexuales no sólo simplifica y homogeneiza la experiencias de estas migrantes, sino que tiene graves consecuencias para pensar la agencia y actoría social de las mujeres”, reflexiona.
“Ninguna mujer da su consentimiento de ser víctima de trata”
Cuando tres policías de Tlajomulco, Jalisco, rescataron de una casa de interés social, donde operaban una red de tratantes, a 15 menores de edad, ellas les explicaron que el dueño de la casa las había hecho adictas al tonsol. Ahí sometieron a ocho adultos y rehusaron su invitación a tener sexo con las menores de edad a cambio de dejarlos en libertad.
Según lo describe Lydia Cacho en su columna Plan B del 20 de septiembre, pese a la evidencia y los testimonios, el delegado de la Procuraduría Estatal, José Armando Yáñez, declaró que no había elementos para presumir delitos de naturaleza sexual: “Las 15 menores de edad negaron que hubiera existido abuso sexual. Estaban ahí por su voluntad, participando en una fiesta”.
Niremperger Zunilda, jueza federal de Sáenz Peña, Argentina, sostiene que la visión del sistema penal debe cambiar porque la trata de personas es un delito complejo que afecta bienes jurídicos, como la integridad física y mental, la libertad sexual, la dignidad y la seguridad de las naciones.
En un contexto, describe, donde los sistemas penales no están preparados para enfrentar esa complejidad, el derecho debe no sólo pensar en las garantías individuales de los imputados, sino también en las garantías de las víctimas en un nivel de igualdad. Para ello, expone, hay que flexibilizar la interpretación de la normativa y de los tratados internacionales que garantizan los derechos de ambas partes para hacer frente al delito.
La magistrada observa que las Constituciones y tratados internacionales limitan el derecho de las personas a decidir libremente sus acciones en pos de un derecho superior: el de la vida.
“Al hablar del derecho a la libertad, ¿puede alguien consentir que se le ponga límites a su libertad sexual y de elección en relación a su propia vida o a su dignidad? ¿Podemos pensar que las personas consientan ser violadas o vejadas?”, expresa.
Este tipo de derechos, asegura, son irrenunciables e inalienables. Ninguna de las víctimas de trata, indica, pudo haber consentido ser privada de su libertad y dignidad: “No creo que presten realmente su consentimiento porque la mayoría de las víctimas se encuentran en condiciones tales que se vuelven vulnerables al captador. Las que no lo son son vueltas vulnerables por el captador que aprovecha la debilidad de la víctima y la pone en una situación de desigualdad”.
Propone que hay que eliminar los medios comisivos que están en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; es decir, que el no consentimiento sea un elemento necesario para que se compruebe que hay trata.
Para Zunilda, ello está en detrimento de la víctima, al poner en ella la carga de la prueba: “En el proceso se le coloca nuevamente en una situación de calvario y de debilidad con respecto del imputado. La víctima tiene que demostrar que en aquel momento que nunca dijo que sí o probar su propia vulnerabilidad. Con ello, se le vuelve a ‘revictimizar’ y a enfrentar a un mayor sufrimiento”.
Reitera que aun en aquellos casos en que se piense que la víctima haya prestado su consentimiento al momento de la captación, “lo que nunca podemos pensar es que haya accedido a ser violada, explotada, maltratada y cosificada, porque existen bienes jurídicos irrenunciables que toda persona tiene por su calidad de ser persona”.
Modelo sueco: atacar la demanda
La clave para luchar contra la trata de mujeres y niñas, considera Dorchen Leindholdt, cofundadora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, es atacar la demanda, pues ella es quien provee los incentivos económicos que sostienen la trata nacional e internacional.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños contempla que los Estados parte adopten medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, recurriendo a la cooperación bilateral a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas.
El modelo sueco, dice, es un ejemplo de cómo atacar el tráfico de personas. A mediados de la década de 1990, Suecia se convirtió en el principal destino para la trata de mujeres y niñas del Este de Europa. En 1999, el gobierno sueco promulgó leyes que permitieron procesar y arrestar a los clientes; es decir, dejó de detener a trabajadoras sexuales e inició una campaña contra la demanda.
En cinco años, el número de mujeres suecas en la prostitución se redujo 40 por ciento. Mientras anualmente 17 mil mujeres son traficadas a Finlandia, en Suecia, sólo menos de 400.
La directora del Centro de Servicios Legales del Santuario para Familias de Nueva York describe que, gracias a ese modelo, se rechazan las concepciones viejas por las que se creía que mujeres y niñas elegían la prostitución. Ahora, dice, “se dan servicios a las víctimas, se arrestan a los perpetradores, se nombra a fiscales especializados y se realizan acusaciones basadas en evidencia”.
