Contralinea

Cynthia Coats

24 Nov 2020 a las 4:07 pm

Senadoras urgen a gobernadores de Edomex y Quintana Roo esclarecer feminicidios

Las senadoras María Celeste Sánchez y Martha Guerrero Sánchez exhortaron a los gobernadores del Estado de México –Alfredo del Mazo Maza– y Quintana Roo –Carlos Manuel Joaquín González– a esclarecer los feminicidios de Ámbar Viridiana Uicap Tapia y de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, además de brindar a sus familias las garantías para su derecho de acceso a la justicia, la verdad y a un proceso penal reparatorio.

Asimismo, llamaron a los alcaldes de Cuautitlán Izcalli –Ricardo Núñez Ayala– y Benito Juárez –Mara Lezama Espinosa–, respectivamente, a que colaboren en las investigaciones para dar con los responsables de los crímenes. También, que garanticen el pleno respeto de los derechos de manifestación, de protesta y a la libertad de expresión.

En la propuesta con punto de acuerdo, las legisladoras de Morena también solicitaron a las autoridades esclarecer y deslindar responsabilidades sobre los hechos registrados los días 7 y 9 de noviembre en contra de personas que se manifestaron en los citados municipios, así como reforzar los mecanismos de garantía para el pleno respeto de los derechos de manifestación, de protesta y a la libertad de expresión.

Y recordaron que en el caso de Ámbar Viridiana Uicap Tapia, de 17 años, desapareció el 23 de octubre pasado cuando salió de casa con destino a la escuela, para recoger los boletos de una rifa navideña. “Quince días después, el cuerpo de la joven fue localizado sin vida en un canal de aguas negras de la zona de Alborada, en el municipio de Cuautitlán Izcalli”.

Las legisladoras expusieron que familiares, amigos, vecinos y colectivos feministas convocaron a una concentración para realizar una manifestación desde la glorieta principal del fraccionamiento Alborada hasta la carretera que une Cuautitlán Izcalli con Melchor Ocampo y en ese lugar detuvieron el tránsito de los vehículos. Al lugar llegaron policías a bordo de patrullas para rodear, lanzar gas lacrimógeno y golpear a los manifestantes, y se llevaron detenidas a siete personas: cuatro mujeres y tres hombres. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió una carpeta de investigación “por la detención arbitraria de mujeres manifestantes, el uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad” por parte de los policías municipales.

En su propuesta con punto de acuerdo señalaron que otro evento similar ocurrió en Cancún, con los “hechos violentos en el marco de la protesta por el feminicidio de Lorenzana Alvarado, quien, de acuerdo con testimonios de sus amigos, salió de su domicilio para vender un cigarro electrónico cerca del fraccionamiento La Joya. Relataron que una persona reportó al 911 el hallazgo de un cuerpo desmembrado en bolsas. La Fiscalía Estatal confirmó que se trataba de una persona de unos 20 años y con claras huellas de violencia en un fraccionamiento del municipio de Benito Juárez”.

Las senadoras apuntaron que la joven había manifestado públicamente su preocupación sobre la problemática del feminicidio en el país, y que “con la etiqueta #JusticiaParaTodas sus amigos y familiares convocaron a diversas marchas que, de manera simultánea, realizaron en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P Blanco, Solidaridad y Tulum. Además, tomaron simbólicamente las representaciones de la Fiscalía estatal para exigir justicia”.

Lamentaron que, “tristemente, vimos a través de las redes sociales imágenes y videos donde se muestra cómo la manifestación que llegó hasta el Palacio Municipal de Cancún fue dispersada con disparos de armas largas. Diversas autoridades expresaron su rechazo a los actos de represión contra manifestaciones sociales y el director de Seguridad Pública, quien ordenó los disparos al aire para dispersar a los inconformes, renunció al cargo”.

Para las legisladoras, los feminicidios en el país siguen siendo un problema grave que lastima al sector femenino, hasta las acciones de algunas autoridades para coartar el derecho social a la libre manifestación, situaciones que deben resolver en coordinación las autoridades de los tres niveles de gobierno.

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