Santos López Leyva
El 24 abril, el gobierno de México reconoció plenamente la existencia de un nuevo tipo de virus de influenza en nuestro país, para entonces ya existían casos en diferentes entidades de la república y la muestras enviadas laboratorios de Canadá dieron positivo, entonces sólo quedaba otra alternativa: difundir e impulsar una serie de medidas para que el virus no se propagara, medidas que resultaron adecuadas. Pero ante estos acontecimientos es necesario hacer una serie de reflexiones.
En primer lugar, México ha manifestado descuido en la formación de capital humano, pues como lo establecen los organismos internacionales, las dos fuentes o factores principales del capital humano son la educación y la salud. Una sociedad enferma no puede trabajar ni estudiar, entonces mantener una población sana es una condición necesaria para el desarrollo integral de una región o país. Disponer de las condiciones que le permitan contar con una buena salud física y mental es uno de los derechos del ser humano.
En este sentido, desde 1989, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a México la instalación de laboratorios para detección de influenza y elaboración de vacunas para protección contra la misma, en un país como el nuestro, atender esta recomendación era imposible, porque en lugar de crear nuevos laboratorios y mejorar los existentes, la administración federal se dio a la tarea de desproteger centros de investigación de alta calidad, un ejemplo de ello los constituyó el Colegio de Posgraduados de Chapingo, uno de los centros de los que México debe enorgullecerse, donde los científicos se vieron en la necesidad de realizar movilizaciones políticas, buscando la solidaridad de colegas y de la propia sociedad para que este centro no se cerrara.
A inicios de la presente década tuve la oportunidad de evaluar una universidad en Puebla, para tal fin entrevisté a una diputada, quien insistía que si los laboratorios de esta universidad no reportaban beneficios económicos, no tenían razón de existir y lo más prudente era cerrarlos y vender el equipo e instrumental ahí existente. Desgraciadamente, ésta no constituye una opinión aislada de quienes conducen la política en este país. Muchos políticos tienen marcado rechazo a las actividades científicas.
En 2005 se anunció una inversión extraordinaria por la cantidad de 600 millones de pesos, esto con la finalidad de elaborar una vacuna contra la gripe aviar y la compra de antivirales, concretamente el Tamiflu, pero ni el laboratorio ni los antivirales aparecieron por ningún lado.
Volviendo a las recomendaciones de la OMS, una de ellas es que por lo menos se dedique el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de un país al sector salud.
Los países miembros de la OCDE destinan, en promedio, el 9 por ciento de su PIB a las actividades relativas a este sector, por tanto la recomendación es hacia tal porcentaje.
México, tradicionalmente ha destinado, para la salud de sus habitantes, entre el 2.6 por ciento y 3 por ciento de su producto interno, porcentajes comparativamente muy lejos en relación con los antes mencionados.
Otra mala noticia es que el presupuesto en salud para 2009 redujo en un 15 por ciento los recursos destinados a la de prevención de enfermedades contagiosas y al desarrollo de vacunas de protección contra aquéllas.
Bajo este panorama, un país está contra corriente para disponer de una clase trabajadora, una masa estudiantil, un capital humano y en general, una sociedad sana y pujante para el impulso del desarrollo íntegro de su patria.
Sin duda, a nivel de las entidades, en varias de ellas, hay gobiernos preocupados por el mejoramiento de la salud de los ciudadanos, en este sentido hay que reconocer al gobierno de Sinaloa porque ha mejorado en forma considerable la estructura hospitalaria, instrumentos y equipos de curación y el recurso médico para atender la salud de los ciudadanos.
Disponer de una población con buena salud es una de las condiciones necesarias para el desarrollo íntegro de nuestro país.
