Del 1 de enero al 11 de abril de 2012, en todo el país, han ocurrido 241 defunciones de mujeres; 43.9 de Razón de Mortalidad Materna (RMM). El Informe semanal de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa) depara “un decremento del 21.8 por ciento respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado”. Sin embargo, la cifra representa dos muertes diarias.

 

La pobreza, la distancia, la falta de información, la inexistencia de servicios adecuados y las prácticas culturales son factores que impiden que las mujeres busquen o reciban atención médica profesional.

 

El fenómeno de la mortalidad materna se concentra en poblaciones marginadas, tanto rurales como urbanas. Oaxaca, Chiapas y Guerrero –estados en los que se ubican los municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano, según el Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo– son las entidades en las que se presenta una trayectoria más errática.

 

Por el volumen de nacimientos, el Estado de México ocupa el primer lugar. En 2009 murieron 166 mujeres, esto representa una RMM de 63.1 –ello, si se considera que hubo 263 mil 196 nacimientos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población–; en 2010, 119 fallecimientos, cuya Razón fue de 45.5,?de un estimado de 261 mil 533 nacidos vivos.

 

Es necesario focalizar acciones en áreas geográficas que son vulnerables, pero también en grupos de edades; por ejemplo, las jóvenes menores de 19 años tienen un riesgo superior a las que tienen de 20 a 35 años. En 2009, 167 adolescentes fallecieron; en 2010, 99 perdieron la vida.

 

“La mortalidad materna nos habla de injusticia social, de inequidad de género en el acceso a los servicios de salud, pero sobre todo de la pobreza y marginación que sigue padeciendo la mayor parte de la población mexicana. Se evidencia la falta de programas de salud enfocados a la capacitación del personal médico y la insuficiencia de recursos e insumos para la atención de los pacientes”, advierte la senadora María del Socorro García Quiroz.

 

La integrante del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud detalle las acciones emprendidas y para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios verifique las clínicas y hospitales que por su deficiencia incurran en muertes maternas.

 

El 26.6 por ciento de las 241 muertes de este año son por complicaciones en la presión arterial (preeclampsia-eclampsia); el 20.7 por ciento, por 

hemorragia postparto; 4.6, por neumonía; 4.1, por embolia pulmonar, y 4.1 por ciento por aborto. “Muchas de las muertes que se producen podrían evitarse ampliando el acceso a atención médica de calidad y el traslado oportuno de los casos de embarazo o trabajo de parto complicado a unidades médicas especializadas”, se lee en el Programa Nacional de Salud 2007-2012.

 

El Estado mexicano no cumplirá el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio suscrito ante la Organización de las Naciones Unidas. La meta era reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes; esto es, de 89 a 22.3 la RMM (cálculo que se realiza por cada 100 mil nacimientos).

 

“En los últimos ocho años, de 2002 a 2010, nuestro país presentó razones de muerte materna que oscilaron entre 59.9 y 51.5; por lo que no podemos decir que exista una franca tendencia a la baja, sino que se ha mantenido constante a pesar de los esfuerzos gubernamentales de ampliar la cobertura de los servicios de salud”,?expone María Graciela Freyermuth Enciso, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

 

En 2009 se registraron 1 mil 207 muertes, un incremento de 88 en comparación con la cifra de 2008. La justificación: la influenza A-H1N1 que provocó el fallecimiento de 199 mujeres. En 2010 se reportaron 992, ninguna por dicha epidemia.

 

“En 2009 hubo influenza, pero en 2008 no y a pesar de ello [la tasa de mortalidad] subió en relación a 2007”, señala Daniela Francisca Díaz Echeverría, de la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Agrega: “En 2008, el programa Embarazo Saludable estaba en su plenitud. En mayo de 2009 se firmó el Convenio Interinstitucional entre la Secretaría de Salud, el ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado] y el IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social], pero empezó a funcionar en 2011. En 2010, bajó la mortalidad materna, aunque no creo que haya sido por el Convenio”.

 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 establece criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio (42 días posteriores al alumbramiento). El gobierno federal, actualmente, desarrolla siete programas para la disminución de la mortalidad materna: Arranque Parejo en la Vida; Planificación Familiar y Anticoncepción; Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS para la Atención de Mujeres sin Derechohabiencia; Embarazo Saludable; Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México; Convenio Interinstitucional entre la Ssa, el ISSSTE y el IMSS; y el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados.

 

La investigadora Díaz Echeverría explica que la mayoría de los recursos destinados al cuidado de la mujer se canalizan a los estados por medio del Ramo 12, Sistema de Protección Social en Salud, y una ración menor se distribuye a través del Ramo 33, Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud.

 

“Este modelo desdibuja a los programas de acción, pues la Secretaría de Salud ha delegado responsabilidades operativas a las entidades federativas, sin que el proceso esté acompañado de la obligatoriedad de rendición de cuentas. El Seguro Popular tuvo el 54 por ciento del Ramo 12 en 2010 y 2011, y el 60.23, en 2012”.

 

No obstante, la Numeralia de mortalidad materna en México, documento editado por el Observatorio de Mortalidad Materna, evidencia: de las muertes presentadas en 2009 y 2010, 789 correspondieron a mujeres que estaban afiliadas al Seguro Popular; en contraste, 676 no tenían seguridad social.

 

“No basta con que tengas seguro médico. Muchas mujeres afiliadas al Seguro Popular de alguna manera son más vulnerables. La Numeralia nos muestra que el Seguro [popular] no está resolviendo el problema de acceso a los servicios de salud. Las mujeres con una emergencia obstétrica no identifican la gravedad del problema, por lo que no buscan ayuda médica; otras fallecen en el traslado; y una ‘tercer demora’ depende de la institución a la que llegan y que, en muchas de las ocasiones, no les ofrecen un servicio oportuno”, enfatiza la doctora Graciela Freyermuth.

 

 

Por lugar de ocurrencia de la defunción, en 2010, 529 mujeres murieron en inmuebles de servicios estatales de salud, 196 en “otros” organismos de seguridad social, 107 en su hogar, 85 en hospitales y clínicas privadas, y 75 en la vía pública y zonas no especificadas.

 

“No existe un informe que dé cuenta en forma integral del quehacer y de los resultados de la política pública en salud respecto a la reducción de la mortalidad materna o de la atención en salud de la mujer durante el embarazo, parto o puerperio, a pesar de que año con año el Presupuesto de Egresos de la Federación los sitúa como temas prioritarios. Hay opacidad en el ejercicio del presupuesto público federal y estatal”, denuncia Díaz Echeverría.

 

“La información de 2011 no se encuentra disponible debido a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía junto con la Secretaría de Salud realizan la integración y la confronta de las bases de datos de defunciones. Los datos finales correspondientes a 2011 se difundirán a finales de 2012”?(oficios 613-DGIS-000631-/2012 y 613-DGIS-000632-/2012, de la Dirección General de Información en Salud, obtenidos como respuestas a las solicitudes 0001200064212 y 0001200064312, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental).

 

Contralínea solicitó entrevista a la Ssa, por medio de Beatriz Alfaro Ibarra, directora de Información. La respuesta fue negativa, por la veda electoral, que prohíbe la propaganda gubernamental hasta el 1 de julio, día en que se llevarán a cabo las elecciones.