Al final del oscuro túnel que comunica al Reclusorio Preventivo Varonil Norte con el área de juzgados, José Luis Reyes García amaneció corbateado. Su cuerpo estaba suspendido de la rejilla de prácticas del Juzgado 11 Penal con una gruesa cuerda asida al cuello. Los ojos desorbitados, las manos inmóviles, los pies inertes que nunca más se volverían sobre el umbral que siete años atrás cruzó cuando lo enjaularon en la fortaleza custodiada por monos. El juez sentenció que 2 mil 555 noches tras las rejas sujeto al rancho y la vida canera lo redimirían de un robo.

 

Aquel 6 de mayo de 2010, cuando a las 02:30 de la madrugada se topó con la muerte, faltaban sólo 40 días para que el juez estampara el sello en su boleta de libertad. A finales de junio abandonaría la pestilente y hacinada estancia del dormitorio 6. Ante él se abrirían las pesadas puertas de hierro entintadas en azul índigo que flanquean el transitar de 12 mil 38 hombres, y respiraría por fin el aire del caótico andar citadino, caótico sí, pero al fin y al cabo en libertad. El día estaba cerca, casi podía arañarlo, José Luis lo esperaba con ansia sin saber que el destino le tenía preparada una mala jugada.

 

El parte oficial decretó suicidio, aunque el cuerpo del Chatanuga (mote con el cual le conocían en el Reclusorio) tenía diversos golpes, la indeleble huella de tortura. Las tendencias suicidas no eran parte de su perfil y tampoco era víctima del yugo canero, por el contrario, gozaba de muchos privilegios y, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de estancia, aunque no era un padrino traía siempre los bolsillos llenos al participar en los negocios ilegales tramados en prisión por internos, custodios, administrativos y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

 

Reyes era parte de la red de prostitución y trata de mujeres intrarreclusorios, que operan funcionarios y empleados del TSJDF, junto con administrativos y custodios adscritos al sistema penitenciario local, que tiene como clientes a los presos con mayor poder adquisitivo (los llamados padrinos) e inclusive a los propios custodios.

 

Una “red institucional de trata de personas”, de acuerdo con palabras del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia. Sin duda, el caso de más escandalosa corrupción que ha envuelto al sistema penitenciario capitalino.

 

 

Oficialmente Reyes García trabajaba como “estafeta” (mensajero) en el área de juzgados. En realidad concertaba los encuentros sexuales entre las internas y sus clientes y llevaba los requerimientos judiciales y toda la documentación (en muchas ocasiones apócrifa), con la que las internas eran sacadas de sus dormitorios hasta el área en la que tendrían los encuentros sexuales, consensuados o forzados.

 

De manera que la función del Chatanuga era medular para esa red, cuya existencia documentó ampliamente la CDHDF, apoyada en quejas, denuncias y testimonios contundentes que detallaron santo y seña del modus operandi: que los encuentros sexuales entre internos e internas, o internas y custodios en baños, túneles, rincones y hasta en las “cabañas” de la íntima son producto de actos de prostitución consensuada u obligada por la red que controla el negocio de la prostitución intrapenales.

 

Que la red maneja un catálogo vía internet con fotografías de las internas desnudas o en ropa interior para que los clientes las elijan, o si prefieren, las pueden observar de manera directa mediante pasarelas que organizan en túneles y áreas de los juzgados, donde convergen internos de todos los penales.

 

Que aún aquellas internas que no se prostituyen son obligadas a hacerlo bajo presiones de acoso y amenazas, “porque hay que darle a ganar a la jefa”.

 

Que elementos de seguridad y custodia acuerdan con clientes el monto económico por la mujer que les gustó y pactan la cita, y a su vez, custodias y custodios instruyen a las internas a acatar el encuentro. Un interno “estafeta” es quien se encarga de verificar qué mujer cede o no a las pretensiones de los internos y lo hace del conocimiento “de las jefas” o “de los jefes”.

 

Que la manera en la que custodios llevan a mujeres a las áreas de juzgados donde tendrán sexo es mediante órdenes de diligencias falsas, emitidas por abogados secretarios o secretarias de acuerdos adscritos al TSJDF. Con los documentos, a sabiendas de que son apócrifos, en cada reclusorio personal de seguridad y custodia autoriza la salida, confina y traslada a las internas previo pago de su cuota.

 

Que de lo que cobran las internas a cada cliente pagan hasta el 70 por ciento entre custodios y administrativos.

 

Que el negocio es tan lucrativo como que sólo para llegar al túnel de los sexoservicios los clientes pagan a los custodios 50 pesos. Dentro de éste hay un retén donde les cobran entre 200 y 300 pesos, para que se acerquen a la interna. El encuentro será allí, en los baños o en alguna sala, o incluso, si es después de las 16:00 horas, en las rejillas de prácticas.

 

Que las custodias presionan a las internas a prostituirse para que les entreguen parte de lo que reciben, y que uno de los custodios que facilita el acceso para los encuentros lo identifican como el Alacrán, y la caja donde depositan los sobornos se conoce como “la alacrana”.

 

En la recomendación 04/2010, por “violencia institucionalizada de género, hostigamiento sexual, explotación de la prostitución ajena y trata de internas en el sistema penitenciario del Distrito Federal”, la CDHDF identificó como autoridades responsables a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que encabeza José Ángel Ávila; el TSJDF, que preside el magistrado Édgar Elías Azar, y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entonces dirigida por Miguel Ángel Mancera (actual candidato del Partido de la Revolución Democrática a la jefatura del gobierno capitalino).

 

En mayo de 2011, cuando la CDHDF afinaba los últimos detalles de la recomendación, Reyes García amaneció ahorcado. Su muerte está hoy bajo investigación de autoridades locales al hallar indicios de que en realidad pudo tratarse de un homicidio para que callara lo que sabía de la red.

 

 

 

El jurista Sergio García Ramírez, autor de numerosos libros sobre las cárceles mexicanas, identifica las muertes de internos por homicidio o suicidio como una de las aristas que evidencian la deficiencia del sistema penitenciario y la responsabilidad de la autoridad al encontrarse los presos bajo su resguardo.

 

En los reclusorios capitalinos, 400 internos han muerto en los últimos cuatro años. Se trata de la cifra más alta de decesos en la historia de las cárceles bajo tutela del Gobierno del Distrito Federal. Por lo menos el 30 por ciento fueron muertes violentas: homicidios y los calificados oficialmente como suicidios. Sólo en 2011, hubo 109 muertes, 39 se identificaron como violentas, de éstas, 19 por “suicidio”.

 

La cifra de muertes, indica la abogada Rosalinda Salinas Durán, segunda visitadora general de la CDHDF, “nos indica que el sistema penitenciario debe de incrementar las medidas de seguridad para ver qué es lo que está sucediendo, porque aun en los casos de suicidio, la institución penitenciaria tiene como obligación garantizar la vida de los internos”. Señala que se trata de “una situación muy grave que tiene que ver con deficiencias y omisiones en el deber del custodia”.

 

 

Luis González Placencia, titular de la CDHDF, señala que los suicidios de internos “son un ejemplo de cómo la autoridad penitenciaria no logra imponer condiciones de control que impidan que este tipo de hechos ocurran”.

 

Pero el tema toma otro cariz cuando hay indicios de que los declarados por la autoridad penitenciaria oficialmente como “suicidios” al parecer no fueron voluntarios. Actualmente la CDHDF tiene abiertas siete quejas por muertes de internos declaradas por la autoridad penitenciaria como suicidios, pero los familiares de los internos tienen en tela de duda, y por lo tanto pidieron a la Comisión realizara sus propias indagatorias.

 

El organismo sigue también 19 indagatorias de oficio que abrió en 2011, por igual número de supuestos suicidios ocurridos en los centros penitenciarios.

 

En algunos de esos casos, las pesquisas apuntan a que podría tratarse de homicidios “perpetrados desde la autoridad misma o bien por los grupos que controlan las prisiones”, revela González Placencia.

 

El ombudsman detalla: “En el último año y medio hemos estado siguiendo un patrón de estos suicidios. Encontramos pautas, particularmente de los sucedidos en el Reclusorio Norte, que nos hacen dudar de que estemos hablando efectivamente de suicidios. Es decir, podría ocurrir, lo estamos documentando que fuesen homicidios perpetrados o bien desde la autoridad misma, o bien por los grupos que controlan al interior de las prisiones”.

 

Sus palabras cobran fuerza no sólo por su cargo como ombudsman del Distrito Federal, sino por su amplia experiencia en temas penitenciarios. Y con tal conocimiento afirma que el sólo número de internos “suicidas” es para la CDHDF un foco rojo.

 

El tema se vuelve más espinoso al conocerse las circunstancias y sobre todo la identidad de los “suicidas”, muertos todos por ahorcamiento.

 

—¿Existe un perfil de los internos que supuestamente cometieron suicidio? –se le pregunta al abogado, doctor en política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, González Placencia.

 

—Sí, encontramos algunos criterios que nos permiten pensar que hay algún tipo de identidad. La investigación aún está en curso, pero es importante subrayar que hay elementos para pensar que hay relaciones entre estos suicidios que nos hacen sospechar que pueden no serlo.

 

Rosalinda Salinas, indica que otro elemento que atrae la atención de la CDHDF sobre algunos de esos casos, es que los supuestos “suicidios” se dieron en zonas restringidas a los internos, como túneles.

 

“A los túneles los internos no pueden pasar a menos que haya un requerimiento del juzgado. Son zonas donde difícilmente pueden tener acceso. No hay una razón de que ciertos internos estén allí a ciertas horas y que hayan podido acceder a esos espacios y colgarse. Otros se han encontrado en zonas aisladas o detrás de puertas, y esto es parte de lo que se está investigando”.

 

Así, por ejemplo, para que José Luis Reyes accediera a la zona donde apareció “suicidado”, debió de pasar varias garitas de seguridad, en un horario en que los accesos están totalmente cerrados.

 

Entre los “suicidas” hubo otros que, como su caso, revelaron las entrañas de la corrupción del sistema penitenciario, otros implicados en supuestos delitos alto impacto o que rompieron el código omertà (ley del silencio) y pretendieron revelarse a la máxima de las prisiones mexicanas, de que “lo que ocurre en cana, en cana se queda”.

 

 

 

Acusaciones directas de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) llevaron a Joaquín Alejandro Senderos Higuera y a Orlando Mijares Estévez a prisión. En diciembre de 2007, el gobierno federal los ingresó en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte a pesar de que los delitos imputados en su contra eran del orden federal: lavado de dinero y delincuencia organizada.

 

Senderos Higuera, administrador de empresas por la Universidad de Stanford, era dueño de varias empresas: Nutrivel, Life & Victory de México, Senaga y Life & Victory Importaciones, dedicadas a la venta de complementos alimenticios, las cuales dirigía en sociedad con su amigo Mijares Estévez, de origen cubano.

 

La historia que los llevó a la cárcel se dio a partir del cateo a la Casa de Cambio Puebla, en busca de pesquisas de lavado de dinero para los cárteles de la droga.

 

Como resultado de aquella indagatoria, se identificó a Pedro Alfonso Alatorre Damy, el Piri –detenido en noviembre de 2007–, como quien lavaba dinero producto del narcotráfico, para el cártel de Sinaloa.

 

Entonces el gobierno mexicano y agentes de la DEA efectuaron un operativo que llevó a la detención de Tito Miller Parra Isaza, alias Miguel Ángel o Tito, supuesto líder de una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en México, vinculada al cártel del Norte Valle de Colombia.

 

En sus declaraciones, Parra señaló al mexicano Joaquín Senderos como socio en México del colombiano Horley Rengifo Pareja, identificado por la DEA como uno de los principales operadores del cartel colombiano asociado al cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

 

La acusación que el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió en su contra señala que Joaquín Alejandro Senderos Higuera, alias el Licenciado; Ricardo Martínez Rodríguez y/o Richard Martínez Rodríguez; Horley Rengifo Pareja, alias el Flaco; Samuel Jiménez Roldán; Luis Román Mercado Hernández; Roberto Angulo Isaza y/o Carlos García Jiménez, alias el Costeño; Carlos Daniel Montoya Cárdenas, y la colombiana Jenny Hurtado Beltrán lavaron más de 50 millones de dólares del cártel Norte del Valle, vinculados a las FARC, y que además estaban encargados de negociar con los líderes del cártel de Sinaloa, en el Distrito Federal.

 

La sociedad formal entre Joaquín Senderos y Horley se dio mediante la operación de una franquicia de Life & Victory, empresa propiedad de el primero, dedicada a la venta de alimentos naturales, que de acuerdo con las autoridades era un empresa fachada.

 

La detención de Joaquín y Orlando la realizó un grupo de la Policía Federal Preventiva dirigido por Édgar Bayardo del Villar, entonces jefe de la Tercera Sección del Estado Mayor, junto con agentes de la DEA que viajaban en camionetas tipo van con placas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

Aquella tarde, del 30 de noviembre de 2007, Joaquín comía en el restaurante El Cabrito Asador, en el centro de la ciudad, cuando al establecimiento, ubicado en Luis Moya y Ayuntamiento, llegó el grupo encabezado por Bayardo, quien se autodenominaba el “fiscal de hierro”. Sin orden oficial y bajo supervisión de los agentes de la DEA realizó la detención. Los trasladaron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) donde, conforme denunciaron, fueron sometidos a supuesta tortura.

 

Para diciembre, ingresaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Pronto se convirtieron en internos incómodos para los directivos. En prisión, Joaquín tenía un celular Blackberry, mediante el que, a través de la cuenta [email protected], así como en dos cuentas en redes sociales (Facebook y Twitter) escribía incisivos mensajes en los que evidenciaba la corrupción rampante en el penal más sobrepoblado del país, donde se paga hasta por respirar, la droga corre a raudales, cada preso representa un gasto para el Estado y un negocio para la autoridad.

 

Orlando hacía lo mismo, y ambos tenían además frecuente comunicación con diversos medios donde ventilaban lo que ocurre en Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

 

 

En 2011, Orlando enfermó gravemente y, según Joaquín, no recibió atención médica. Murió el 17 de julio, 15 minutos antes del mediodía Joaquín informó de su deceso, acusó negligencia homicida de las autoridades penitenciarias y por ello presentó una denuncia formal por homicidio culposo, misma que quedó integrada en la averiguación previa GAM1/T3/1350/11-07.

 

Dolido profundamente por la muerte de su amigo más cercano, Joaquín inició una huelga de hambre –que se prolongó 10 días– para que las autoridades dieran celeridad a su denuncia.

 

A pesar de que su salud se vio minada, Senderos Higuera no mostraba tendencias suicidas, por el contrario, exhibía un estado de ánimo aguerrido impulsado por el afán de que se hiciera justicia.

 

Por los estragos de su ayuno debió ser atendido en el Hospital General Doctor Rubén Leñero, cuyos galenos le prescribieron medicamento especializado, el cual, según se quejó ante el director del penal, José Alfredo Lara Guerrero, no se lo suministraron los médicos de Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

 

Senderos Higuera temía por su vida. Su suspicacia no era gratuita: férreamente había denunciado la corrupción en el penal, abusos de autoridad, la negligente actuación de administrativos, custodios y galenos.

Los visitadores de la CDHDF recomendaron a las autoridades penitenciarias que tuvieran especial cuidado de su integridad.

 

Elocuentes son sin duda algunos de los últimos mensajes que Senderos envío desde su Blackberry: “Estoy bastante mal, o sea que si algo me pasa publica esta carta en la que aviso a las autoridades que todo se debe a mi afán de evidenciar a Teresita Pérez quien nos cobra, nos maltrata y humilla a quien puede”.

 

En otro mensaje decía: “Como represalia por haber denunciado a esta mujer por el homicidio por omisión de mi hermano Orlando, fui amenazado de llevarme al Panal, un lugar aquí que es como una jaula para tender ropa, pero llena de orina y heces fecales de todos, y hay tal hacinamiento que parece una lata de sardinas”.

 

Aquel 1 de septiembre de 2011, personal de seguridad y custodia lo trasladaría a la consulta programada en el hospital Rubén Leñero para las 07:00 horas. Pasadas las 06:00, el custodio ingresó a la zona 3 del dormitorio número 2. Cuando llegó a la estancia 7, sus ojos se encontraron con un escenario dantesco. El hombre de 56 años de edad yacía suspendido de un barrote, el cuello liado con una cinta roja, el cuerpo exánime.

 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició la averiguación previa GAM1/T1/1609/11-09 por la muerte de Senderos. Para la CDHDF sus líneas de investigación incluyen la denuncia de Senderos por la muerte de Orlando y las acusaciones diversas que hizo sobre la supuesta corrupción.

 

Con la muerte de Orlando primero y luego de Joaquín se silenciaron las voces de quienes podrían testificar de primera mano la injerencia abierta que la DEA ha tenido en México, en el gobierno de Felipe Calderón, tema que hoy día se discute en el Congreso de Estados Unidos.

 

Pero el caso en el que la DEA implicó a Joaquín y Orlando tiene otras aristas importantes de destacar, como el asesinato de Bayardo, el policía que los llevó a prisión.

 

En 2008, mientras los supuestos narcotraficantes estaban tras las rejas, Édgar Bayardo fue identificado por la SIEDO como informante del narcotraficante Ismael el Mayo Zambada García. En la llamada Operación Limpieza se le detuvo y puso a disposición de las mismas autoridades a las que oficialmente servía.

 

Tras admitir su culpabilidad, Bayardo se integró al programa de testigos protegidos de la PGR –bajo la clave “Tigre”– (autorizado por su exjefe, el entonces procurador Eduardo Medina Mora, de quien se desempeñó como asesor), y fue también informante de la DEA hasta el día en que murió asesinado (en diciembre de 2009) bajo una lluvia de metralla que un sicario le asentó en un café Starbucks de la colonia Del Valle.

 

Por aquel entonces Joaquín y Orlando alegaban inocencia, postura que mantuvieron hasta el final de sus días. Para su beneficio habían obtenido peritajes médicos que acreditaban la supuesta tortura física y sicológica, a la que, según él, fue sometido por Bayardo y otros policías frente a algunos agentes de la DEA, en las instalaciones de la SIEDO, el día de su detención. Sus coacusados hablaron también de supuestas torturas y extorsión por parte de altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública.

 

Buscaba mediante amparos y llamados epistolares al presidente Felipe Calderón evitar la extradición que demandaba Estados Unidos, la cual estaba en marcha a pesar de que en los cuatro años que habían permanecido encarcelados aún no recibía sentencia alguna.

 

Su muerte es otro de los casos cuyas circunstancias reales hoy indagan tanto autoridades de la PGJDF como la CDHDF. Para el organismo de defensa de los derechos humanos, tanto las denuncias que Senderos hizo durante su estancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte como su propio perfil son líneas de investigación.

 

 

La CDHDF tiene abierta la investigación de siete suicidios ocurridos en años diversos, derivada de quejas presentadas por familiares o allegados a los internos que no creen que su familiar pudiera haberse suicidado.

 

Uno de esos es el de Angélica, quien en diciembre de 2011, murió en una celda de castigo en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla. Su muerte generó fuertes disturbios en el penal ante versiones de que había sido asesinada por personal de custodia. La posición de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario fue que se ahorcó con una cobija y que cuando las custodias llegaron al módulo ya había muerto.

 

Las pesquisas de la CDHDF apuntan a responsabilidad por omisión por parte de las autoridades, dado que las custodias dilataron más de 30 minutos en acudir al llamado de auxilio que hacía otra de las internas que infructuosamente intentó ayudar a Angélica.

 

El caso está lleno de claroscuros, pues la familia de Angélica expuso la versión de las compañeras de celda de que previo a su segregación, habría sido golpeada severamente y que a las custodias “se les pasó la mano”. Su hermana mantiene la postura de que no tenía tendencias suicidas y que estaba a punto de salir libre bajo fianza.

 

Hasta ahora lo único claro es que en aquella celda de castigo, el llamado dormitorio de Conductas Especiales –a donde la segregaron acusada de robarle el bolso a una secretaria del penal–, Angélica Tello González dejó el último halo de vida a sus 39 años, y la frustrada esperanza de volver a ver a sus tres hijos.

 

En noviembre había sido detenida bajo el cargo de robo agravado e ingresada al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

 

Rosalinda Salinas, visitadora de la CDHDF, define el caso como “paradigmático de la falta de cuidado de la autoridad”, pues, “de las investigaciones que tenemos hasta el momento, el personal de seguridad y custodia tardó más de 30 minutos en abrirle la puerta y bajarla, y eso fue seguramente determinante para que perdiera la vida”.

 

Está también el caso de Frederick Alan Mcphail Fanger, empresario estadunidense dedicado a negocios inmobiliarios que fue detenido en Xochimilco e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en abril de 2009, bajo los cargos de posesión de droga y armas. Él argumentó que le fueron “sembradas” por cuatro judiciales cuando lo detuvieron y revisaron la camioneta que conducía, propiedad de la actriz Sonia Infante, su amiga y expareja sentimental.

 

Frederick estaba envuelto en una disputa familiar por una herencia de 20 millones de dólares. Temía por su vida y pidió a la autoridad medidas para su protección. No hubo ninguna protección. En junio apareció muerto en su celda. Estaba tirado sobre el piso con un cable al lado. La dirección del penal emitió un informe en el que decretó suicidio, pero el cadáver presentaba diversos golpes.

 

 

 

Otro que destaca es el caso de Jorge Iván, el primer adolescente que se suicida en reclusión, desde que el sistema para menores en conflicto con la ley es administrado por el Gobierno del Distrito Federal.

 

En 2008, Jorge Iván Ortega Rangel fue ingresado a la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes San Fernando, por su supuesta participación en nueve secuestros, sorprendente récord para un muchacho de 16 años de edad. Su minoría de edad le garantizó solamente cinco años tras las rejas, es decir, estaría libre en 2013.

 

El 19 de octubre de 2011, apareció colgado al interior del dormitorio número cinco. Personal de custodia escucho sus quejidos. Lo hallaron colgado de unas barras con un lazo al cuello. Agonizante lo trasladaron al Hospital General Doctor Manuel Gea González, donde murió. La causa real de su muerte está hoy bajo indagatoria.

 

 

El de Jorge Iván no es el único caso de un implicado en delitos de alto impacto que ha visto el fin de sus días en prisión, José Luis Calva Zepeda no acabó de cumplir su pena, apareció muerto a menos de 60 días después de su ingreso.

 

Soñaba con ser un escritor famoso, tenía una basta producción de diez novelas, ocho obras de teatro y más de 800 poemas que vendía en hojas sueltas o cuadernillos en las calles de la colonia Roma o los sábados en el tianguis del Chopo. Irónicamente su nombre cobró notoriedad mundial no por sus dotes literarias, sino por sus instintos misántropos.

 

En octubre de 2007, la policías llegó a catear su vivienda –un departamento en la avenida Mosqueta, en la colonia Guerrero– en busca de su pareja Alejandra Galeana Garavito, cuya familia la había reportado como desaparecida.

 

No hallaron con vida a la mujer de 32 años de edad, sino lo que quedaba de ella: su tronco yacía dentro de un armario, el antebrazo frito en un sartén y otros restos de carne en un plato, sobre la mesa, un trozo de limón y un juego de cubiertos.

 

Dos meses permaneció José Luis Calva Zepeda tras las rejas. En octubre de 2007, fue detenido bajo tres cargos de homicidio y canibalismo.

 

Además de Alejandra, se le implicó en la muerte de otra de sus exnovias, a quien secuestró y mantuvo desnuda en un automóvil, la llevó a un basurero y allí la descuartizó; además de una sexoservidora, a quien también habría descuartizado.

 

En octubre, otra de sus exnovias, una profesora de inglés llamada Olga Livia denunció ante la fiscalía del caso, que José Luis la obligaba a ver películas pornográficas de zoofilia y tener relaciones sexuales sadomasoquistas.

 

El 11 de diciembre de 2007, el hombre a quien se le identificó con el mote del Canibal, o el Canibal de la Guerrero apareció muerto en su celda del Reclusorio Varonil Oriente, el cuerpo pendido a la reja con un cinturón que su hermana identificó como ajeno. Ello y las huellas de tortura que su hermana identificó despertaron las sospechas sobre una posible ejecución y no un suicidio. José Luis tenía el ano y los genitales destrozados por violación anal con un palo. Su deceso se registró entre las 06:00 y las 06:30 horas.

 

Días antes su novia en turno, Dolores Juana Mendoza, había denunciado que había sido golpeado y amenazado de que debía entregar su cuota económica.

 

La víspera de su muerte, durante la visita de su abogado Humberto Guerrero Plata, José Luis le había entregado un capítulo del libro que preparaba en prisión (El canibal poeta seductor).

 

 

Otros internos que han visto el fin de sus días en prisión por suicidio son el colombiano Henry Javier Vargas Cuadros, quien en febrero de 2011 amaneció muerto en el dormitorio uno del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

 

Un año atrás, a sus 24 años de edad, la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal lo identificó como integrante de una banda de colombianos dedicados al robo de automóviles en antros de la zona Sur de la capital. Lo detuvieron después de que junto con otros hombres hirió al portero del bar Dobby, en la colonia Florida, cuando éste se resistió a entregarles su automóvil.

 

También Jesús Martín Ramírez de 24 años de edad, quien en febrero de 2011 apareció sin vida en el área de regaderas de la zona 3 del Reclusorio Preventivo Varonil Norte: estaba estrangulado.

 

O Heriberto Oswaldo Valdez Flores, quien el 30 de mayo de 2010, a las 13:30 horas, apareció colgado en el baño del anexo del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

 

El joven de 25 años de edad ingresó el 16 de julio de 2009, bajo el delito de robo agravado calificado. El juez 32 penal decretó una sentencia de siete años de prisión. La autoridad penitenciaria indicó haber encontrado en sus pertenencias una carta póstuma que citó: “Son muchas razones que son los problemas económicos, la soledad y sobre todo que ya no quiero dar lastima” (sic).

 

Contralínea solicitó una entrevista con la titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Celina Oseguera Parra, para hablar de los casos de suicidios en los penales a su cargo. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

 

 

 

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