AYUTLA DE LOS LIBRES, Gro.- Ante la renuencia de la mujer indígena de dejarse esterilizar, la enfermera volteó hacia el marido y le espetó en mixteco: Pues si no quieren las mujeres, serán los hombres a los que habremos de esterilizar.

Por Pascual Salanueva Camargo, Miriam Sánchez /Fotografía

Hacía una media hora que la enfermera Mayra Ramos Benito y el doctor Ernesto Guzmán León habían llegado a la choza hecha de tablas, palos y láminas. Con el pretexto de prevenir cualquier enfermedad de los niños, le habían pedido al matrimonio que los dejara pasar y así poder auscultar a los niños.

La enfermera, el médico y un promotor, desde hacía varios días consecutivos, se habían visto obligados a remontar la abrupta montaña. Pertenecían a los servicios estatales de salud y estaban adscritos al sector 06 de la Costa Chica de Guerrero.

La Secretaría de Salud de ese estado les había encomendado la difícil misión de convencer a los indígenas mixtecos para que se dejaran esterilizar. Mayra, quien también era mixteca, confiaba en que esa situación le ganaría la confianza de la gente y eso les permitiría hacer más fácil su trabajo.

A falta de tierras de labranza y las rencillas entre los habitantes de una misma comunidad, decenas y decenas de indígenas se han visto obligados a emigrar constantemente a otras partes de la Montaña. Sin más herramientas que sus hachas y machetes, han hecho desmontes para levantar sus casas y el terreno sobrante lo han destinado preferentemente a la siembra de caña, azúcar, maíz y frijol.

Tanto en Ocotlán como en La Fátima y Ojo de Agua, difícilmente pueden verse más de cinco casas juntas. Dada la lejanía en que viven sus moradores, pueden pasar días sin que se saluden. Es más factible que se encuentren algunos de ellos en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, vendiendo sus exiguas cosechas o haciendo fila para solicitar consulta para su mujer o sus hijos, en la única clínica de salud que lleva el rimbombante nombre de Hospital General. La enfermera, el médico y el promotor, desde su llegada a esta cabecera municipal fueron dotados de un jeep por las autoridades médicas del hospital, perteneciente a la Secretaría de Salud.

Durante la mañana del primero de abril de 1998 habían retornado a la Montaña. Al no poder adentrarse el Jeep por el estrecho y sinuoso camino que lleva a las casas diseminadas en la Montaña, el médico y la enfermera se habían apeado y tras conminar al promotor para que los esperara y por ningún motivo se alejara del lugar, se internaron en el bosque.

A la mujer indígena que había salido a abrirles, le habían asegurado que el gobierno -aunque no especificaron cuál- los había mandado para que atendieran a los niños en sus propias casas. Y mientras la anfitriona les servía una bebida dulce, de color anaranjado, el doctor, por medio de la enfermera, comenzó a hacerles una serie de preguntas.

El matrimonio había procreado siete hijos. Sin embargo, y aun cuando la mayoría de ellos estaban en la casa, ninguno de los dos hizo siquiera el intento de acercárseles. Mientras la mujer permanecía con la mirada puesta en la tierra apisonada, le preguntaron al marido si tenían letrinas y si contaban con pozo de agua.

En vista de la extrema pobreza en que vivían, se habían inscrito en los programas Progresa y Procampo. Pero era tan exigua la ayuda que recibían que continuaban viviendo en la más completa penuria. El médico y la enfermera pensaban sacar provecho de esa situación.

Les prometieron que si la mujer se dejaba esterilizar, les otorgarían mensualmente mil 500 pesos. Los niños serían atendidos puntualmente en el Hospital General y recibirían una despensa atiborrada de alimentos. Con todo, la mujer se negó a ser esterilizada.

Argumentó que ni ella ni ninguna otra de las mujeres de Ocotlán se dejarían operar, porque hasta donde sabían la convalecencia duraba de dos a tres años y dado que en todo ese tiempo no podrían ayudar a trabajar a sus respectivos maridos, ellos serían los primeros en oponerse a que las esterilizaran.

El médico y la enfermera cruzaron unas palabras y tras ponerse de acuerdo, propusieron que en ese caso sería mejor que los hombres se sometieran a la vasectomía. Pero el marido tampoco aceptó. Entonces, los amagaron diciéndoles que si no aceptaban los despojarían de la ayuda de Procampo y Progresa y cada vez que acudieran con sus hijos al hospital les cobrarían las consultas.

La mujer y su marido hablaron en voz baja. El médico y la enfermera volvieron a la carga. Si el marido aceptaba ser esterilizado, en cuanto saliera de la sala de operación le regalarían 100 pesos y le darían de comer. Y por el retorno a sus casas no deberían preocuparse, pues el hospital pondría una camioneta a su disposición.

Y aunque la oferta era ridícula, el matrimonio acabó por aceptarla. Antes de que los visitantes se marcharan, le pidieron al marido que estuviera atento, pues una camioneta lo esperaría por la tarde en la entrada de Ocotlán.

Zanjado el primer obstáculo, visitaron las casas aledañas. Cuando emprendieron el regreso a Ayutla de los Libres, habían logrado convencer a siete hombres para que se hicieran la vasectomía, entre ellos a un joven de apenas 23 años y con solamente tres hijos.

Al día siguiente volvieron a remontar la montaña. Pasaron arriba de Ocotlán, pero el Jeep no se detuvo sino hasta la vereda que lleva a las casas de La Fátima. Como había ocurrido en Ocotlán, el doctor y la enfermera hablaron con todos los hombres que encontraron en sus casas. Hicieron una lista con sus nombres y convocaron a nueve en la comisaría municipal. Una vez que llegó el último, cerraron la puerta, y a partir de ese momento el médico y la enfermera desplegarían todas sus artimañas para engatusarlos y lograr que se dejaran esterilizar.

Cuando los nueve hombres de La Fátima llegarón a Ayutla de los Libres en una camioneta del Hospital General, los otros siete indígenas de Ocotlán ya habían sido esterilizados. A los nuevos pacientes del hospital les dieron de merendar y les designaron las camas en las que habrían de pernoctar esa noche. En la mañana, cuando se despertaron, dos de ellos se habían fugado.

A los siete restantes les entregaron una bata y les ordenaron que se bañaran. A las nueve de la mañana llamaron al primero de los indígenas. Unos 40 minutos después apareció éste en el umbral de la sala de operaciones, con el rostro desencajado. Enseguida se escuchó otro nombre. Esterilizado el último de ellos, les dieron de comer y les regalaron 50 pesos a cada uno. Después en la misma camioneta que los había traído los regresaron a la Montaña.

El 27 de mayo de 1999, más de un año después de los sucesos, Sabino Francisco Pedro y Felipe de Jesús Morales, dos de los “esterilizados”, de la comunidad de Ojo de Agua, presentaron un escrito ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum-Guerrero) por violación a sus derechos humanos.

Apenas un día después, el 28 de mayo de 1999, Vicente Lauro Catarino y Antonio Francisco Leobardo, promovieron por su propio derecho y en representación de Alfonso Reyes Victoriano, Bartolo Gutiérrez Fidel, Hilario García de los Santos y Miguel Angel Lauro, habitantes de Ocotlán, una queja en contra del doctor Ernesto Guzmán León, la enfermera Mayra Ramos Benito y el promotor Rafael Almazán Solís, por el mismo delito.

Ese mismo 28 de mayo la Coddehum-Guerrero recibió otro escrito de Fernando Gallardo Catarino, en representación de Alejandro Cristino Meza, Francisco Prisciliano Josefa, Felipe Rufina Celestino, Juan Santiago García, Martín García Benito, José Toribio Cornelio y Severiano Lucas Petra, de La Fátima, y en el que acusaban a esas tres personas de haberlos dejado estériles mediante engaños.

La comisión envió a sus visitadores el 29 de mayo de 1999, a La Ciénega del Sauce y Vista Hermosa, municipio de Ayutla de los Libres, donde presumiblemente había más hombres estériles. Sin embargo, a decir de los visitadores de la Coddehum-Guerrero, los entrevistados negaron la versión.

En el expediente Coddehum-Guerrero-VG/143/99-III, se destaca que en las comunidades de Ojo de Agua, la Fátima y Ocotlán, los denunciantes ratificaron sus denuncias en contra del médico, enfermera y promotor y se quejaron de sentir dolor cuando cargan cosas pesadas.

El 14 de junio de 1999, la comisión recibió tres oficios del doctor Pedro Román Martínez, director general de los Servicios Estatales de Salud, quien confirmó que tanto el doctor Ernesto Guzmán como la enfermera Mayra Ramos y el promotor Rafael Almazán, participaron en el programa de Planificación Familiar y Salud de la Mujer, en Ocotlán, La Fátima y Ojo de Agua, y según él, en ningún momento presionaron a la gente para que se dejara hacer la vasectomía, incluso, firmaron para otorgar su consentimiento.

Sin embargo, la comisión pudo comprobar que si bien los indígenas efectivamente firmaron las “hojas de autorización de los pacientes”, lo hicieron porque personal de salud “utilizaron artificios y maquinaciones engañosas para obtener el consentimiento de los quejosos, ya que atendiendo a la situación de extrema pobreza en la que se encuentran, aceptaron que se les realizara la vasectomía, creyendo que a cambio obtendrían diversos bienes necesarios para satisfacer sus necesidades más apremiantes”.

Con fecha del 17 de diciembre de 1999, la Coddehum-Guerrero emitió las siguientes recomendaciones: “…que se inicie el procedimiento administrativo interno de investigación en contra de los señores Ernesto Guzmán León, Mayra Ramos Benito y Rafael Almazán Solís, por las violaciones y daños provocados a los quejosos, a que se refiere este documento, aplicándoseles por esa institución las sanciones que procedan conforme a derecho, de acuerdo a la gravedad de los hechos cometidos”.

Más adelante se hizo saber que “en virtud de que la conducta de estos servidores públicos produjo violaciones a los derechos humanos de José Toribio Cornelio, Severiano Lucas Petra, Felipe de Jesús Morales, Sabino Francisco Pedro, Bartolo Gutiérrez Fidel, Antonio Francisco Leobardo, Vicente Lauro Catarino, Miguel Angel Lauro, Martín García Benito, Alejandro Cristino Meza, Juan Santiago García, Felipe Rufina Celestina, Rutilo Juárez Feliciano, Alfonso Reyes Victoriano, Hilario García de los Santos y Francisco Prisciliano Josefa, produciéndoles un daño patrimonial y moral se le recomienda a usted, con el debido respeto, se realicen los trámites inherentes para que esa secretaría, por los conductos adecuados, provea lo necesario para que se cumpla con lo convenido por el personal médico…”

Además, le solicita al gobernador que instruya a los servidores públicos que laboran en las comunidades para que respeten la autonomía y dignidad de los pueblos indígenas. En principio, el gobierno estatal aceptó las recomendaciones, pero como posteriormente tratara de desvirtuar algunas de ellas, se solicitó la intervención de la CNDH.

Sobre ese particular esa comisión precisó que “en este orden de ideas, de igual forma resulta importante señalar conforme al principio de concentración procesal que rige las actuaciones de los organismos no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos, una recomendación o se acepta en su totalidad o no se acepta, no admitiéndose aceptaciones parciales a la misma”.

La CNDH le pide al gobernador que cumpla con las recomendaciones 041/99 emitidas por la Coddehum-Guerrero.

Por su parte, el gobernador René Juárez Cisneros, con fecha del 18 de septiembre del 2001, le envió una misiva al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, avisándole que “se acepta en todos sus términos la recomendación aludida”. Sin embargo, desde entonces a la fecha, el gobierno estatal no ha movido un dedo para resarcir de los daños ocasionados a los indígenas que se les practicó la vasectomía y que a decir de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos-Tlapanecos (OIPMT) la cifra podría ascender a 200, toda vez que la mayoría de las víctimas prefirieron guardar silencio a sufrir el estigma de ser señalados como “estériles”.

Contralínea 7 / 1 al 31 de octubre de 2002