Pese a algunos avances legales, la minoría transgénero padece violaciones a sus derechos. Falta de acceso a identidad legal, discriminación, desigualdad en acceso a servicios públicos y agresiones componen el listado de atropellos que sufre ese segmento social

Sentada en una jardinera a la orilla de una calle del Oeste de Ciudad de México, la mujer transgénero mexicana Deborah Martínez atisba los automóviles que transitan por si un potencial cliente se aproxima.

Delgada, pelo rubio, chaqueta oscura y pantalones jeans claros, Martínez ofrece servicios sexuales de lunes a sábado, a partir de las 8 de la noche, en una manzana donde también trabajan unas 60 mujeres. Una de las mayores preocupaciones del grupo es la exposición a la violencia o incluso a la muerte.

“De acá han matado a dos o tres. Nos cuidamos entre nosotras y tratamos de ser precavidas”, aseguró a IPS esta mujer de 32 años, originaria de la capital.

A pesar de los riesgos callejeros, Martínez, quien empezó en la prostitución cuando contaba 22 años, consideró que la situación del segmento trans mejoró en los últimos años, al menos en la Ciudad de México.

 “Ahora hay más apoyo: una puede cambiarse la identidad. Quizás falta un poco más de conciencia hacia nuestros derechos”, declaró Martínez, soltera y quien tramitó en febrero la rectificación de su acta de nacimiento para acreditar su nueva identidad.

Empero, esta minoría padece violaciones a sus derechos en México, denuncian organizaciones de defensa de las personas transgénero.

Falta de acceso a identidad legal, discriminación, desigualdad en acceso a servicios públicos y agresiones componen el listado de atropellos que sufre ese segmento.

Activistas y expertos consultados por IPS coincidieron en que el quebranto al derecho a la identidad marca el inicio de la denegación de otros derechos.

“Falta el marco legal para el reconocimiento de identidad. La falta de identidad obstaculiza el acceso a derechos, como servicios sociales o vivienda. Hay una situación difícil, porque el segmento está invisibilizado. Es una situación de estigmatización, discriminación, violencia”, señaló Rocío Suárez, presidenta del no gubernamental Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

Suárez, una mujer transgénero que se ha negado a registrar el cambio de identidad, enumeró la existencia de discriminación laboral –“porque no pueden acceder a empleos”– y sanitaria, porque “no existen políticas específicas para atender a la problemática de esa población, como terapia hormonal o intervenciones quirúrgicas [para cambio de sexo]”.

Sólo el gobierno de la Ciudad de México extiende la rectificación de acta de nacimiento desde 2015, aunque entre los requisitos demanda que la persona interesada resida en la metrópoli.

Al no existir una legislación nacional sobre la identidad, discriminación y otros derechos vinculados al género, cada estado y la capital pueden legislar a su gusto sobre ello.

En 2016, el Congreso congeló una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre el matrimonio igualitario, que incluía provisiones de acceso a la identidad de género.

El concepto transgénero define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo asignado al nacer.

En México, habitado por 122 millones de personas, no existen estadísticas fiables sobre esa minoría, ataques en su contra o asesinatos. La Secretaría de Salud calcula casi 5 mil transexuales, de los cuales más de 3 mil son mujeres trans y unos 2 mil son hombres trans.

El acceso al cambio de identidad se ha convertido en un viacrucis para la población transgénero en los estados mexicanos. Juan Delgado, fundador de la no gubernamental Amicus, lo ha constatado en el litigio estratégico de esos casos en Guanajuato y Querétaro, ambos en el centro del país.

“Las personas transgénero viven un ciclo de discriminación y violencia bastante cruda. Es una situación crítica: se deniega derecho a la identidad del cual deriva una situación de violaciones a derechos. Que no se reconozca la identidad genera una violación a derechos: laborales, salud, proyecto de vida, esparcimiento”, denunció el experto.

Desde julio del año pasado, esa organización, fundada en 2015, litiga en Guanajuato y Querétaro 10 casos de hombres y mujeres que desean cambiar su identidad, pero los registros civiles se la niegan. Este año Amicus ya obtuvo tres amparos provisionales que han sido desafiados legalmente por autoridades locales.

Los avances en la Ciudad de México, cuyo gobierno autónomo permite las uniones de convivencia desde 2006 y el matrimonio igualitario desde 2009, no han desvanecido algunas percepciones sobre las minorías sexuales.

La Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México de 2013 encontró que 71 por ciento de las personas entrevistadas reconoció que la población transexual es discriminada.

Además, 4.2 por ciento de la población transexual manifestó recibir golpes sólo por su condición y 3.8 por ciento ser excluida por su trabajo sexual.

Una de las peores manifestaciones del rechazo hacia ese grupo son los crímenes de odio. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas, adscrito al no gubernamental Transgénero Europa, da cuenta que 123 personas fueron asesinadas en Brasil, 52 en México, 14 en Colombia y 14 en Venezuela, para un total global de 295 homicidios entre octubre de 2015 y septiembre pasado.

El recuento enumera 2 mil 264 asesinatos en 68 países entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2016, de los cuales 900 ocurrieron en Brasil, 271 en México, 114 en Colombia, 110 en Venezuela y 89 en Honduras.

Pero esos crímenes podrían ser mayores en México, pues muchos casos no se denuncian ni se les da seguimiento por el abandono familiar que padecen las víctimas.

En su informe de 2015 Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó que la mayoría de las mujeres trans se encuentra inmersa en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos.

Entre enero de 2013 y marzo de 2014, la CIDH documentó 176 casos de violencia no letal, sobre lo cual alertó una denuncia insuficiente.

Los expertos consultados señalan que México ha incumplido con los Principios de Yogyakarta, un conjunto de 29 principios sobre ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, empleo, salud, educación, migración y participación pública diseñados en 2006 por un grupo de expertos en esa ciudad de Indonesia.

“No se han armonizado leyes contra la discriminación, falta la tipificación de la discriminación, de crimen de odio. Hay impunidad en los crímenes. Se tiene que instrumentar leyes y políticas públicas que permitan a las poblaciones de la diversidad sexual acceder a sus derechos; se debe generar un plan de atención integral”, planteó Suárez.

La CIDH, un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA),  instauró en 2013 la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex. También recomendó a los gobiernos regionales recopilar datos sobre la violencia en contra de esos colectivos, investigar esos delitos y aplicar medidas para eliminar la discriminación.

Delgado confía en que la vía legal servirá para sentar precedentes. “Estaríamos hablando que en Guanajuato se reconoce que una persona puede acceder a la rectificación del acta de nacimiento e ir generando antecedentes para que algún día la ley sea modificada y no sea necesario acudir a instancias judiciales para garantizar el derecho a la identidad”.

Martínez, quien en una noche puede ganar más que en una semana como peluquera, espera que pronto el acceso a la identidad se generalice en México. “Debe haber derechos para todas y todos”.

Emilio Godoy/Inter Press Service

[INVESTIGACIÓN SOCIEDAD]

Contralínea 531 / del 20 al 26 de Marzo 2017

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